Foto/Emerson Flores

El trabajo cosmético del Gobierno por las mujeres salvadoreñas

Karen Moreno

Karen Moreno

🗓️ 1 de junio de 2020

Lo que parecía un año de avances en el cumplimiento de derechos de las mujeres, en realidad fue lo contrario: el Gobierno las invisibilizó. El presidente Nayib Bukele presentó a su gabinete como paritario, pero solo a nivel superficial. Las ministras rara vez aparecieron ante la vista pública y la paridad no fue palpable en sus políticas públicas. Este fue un año de mejoras en seguridad, pero sin perspectiva de género. Ahora, en medio de una pandemia, el aumento alarmante de la violencia contra las mujeres ha llevado a preguntarse, tanto defensoras como parlamentarias: ¿dónde está el Isdemu?

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Karen Moreno

Karen Moreno

🗓️ 1 de junio de 2020

K

arla* sale cada vez que puede de su casa y trata de llegar a la de su madre. Toma a sus dos hijos y se escabulle entre las veredas de la comunidad rural donde vive, en el departamento de Usulután. Tiene 23 años y tuvo a su primer hija al cumplir los 13. En la vivienda de su mamá siente que está en territorio seguro. Una mañana, bajo encierro en su casa por la COVID-19, había intentado evitar una pelea más con José, su pareja. “¡Venite, semejante tonta!”, fue lo último que ella escuchó. 

Desde que el Gobierno decretó el 21 de marzo la cuarentena domiciliaria, Karla tiene miedo de quedarse en confinamiento. Su compañero de vida pasa más tiempo junto a ella porque solo va por horas a la finca, donde trabaja de vigilante. Por eso, Karla se escapa.

La reducida jornada laboral de José la pone en más riesgo de sufrir maltrato. Evita palabras hirientes y lo evita a él, como hacía dos años atrás, cuando debía esquivar las pedradas. Su gran temor es que vuelvan los golpes. Pese a todo, José es el sostén de la familia, o así es como ella lo ve. Karla no trabaja, porque él no quiere. Los $85 dólares que José gana a la quincena dan para la comida y las cuentas del hogar. Karla cuida de la casa y de los hijos, de diez y tres años. “No puedo trabajar, él no me deja. Dice que lo tengo a él para que trabaje”, dice, con voz suave, como susurrando.

Para Karla, lo que vive en la cuarentena no es violencia. Violencia era que ella tuviera que echar mano de un palo para defenderse. “Pero eso era antes”, dice como si ahora estuviera con otro José, uno renovado. De pronto, cae en la cuenta de por qué prefiere huir donde su madre: “Hoy, no me gustan las maneras (de ser de José)”.

Karla vive en la zona rural del departamento de Usulután. La violencia que su pareja ejerce sobre ella la obliga a huir de su casa hacia la de su madre, durante el confinamiento.

El encierro implementado por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19 propició otro virus: el aumento de los casos de violencia contra las mujeres. Pero en El Salvador esto no es nuevo. Las mujeres han sido históricamente vulneradas, debido a “patrones socio-culturales discriminatorios que permean la sociedad salvadoreña” y, consecuentemente, inciden en la vulneración de sus derechos, como manifiesta el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país en diciembre de 2019. 

El primer paso hacia atrás

Una de las primeras acciones del Gobierno de Nayib Bukele, cuando asumió la gestión en junio de 2019, fue cerrar la Secretaría de Inclusión Social (SIS).

Para Silvia Juárez, Coordinadora del Programa por una vida sin violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Orumusa), esta decisión tiene impactos simbólicos y políticos. “Dibuja que, desde la agenda pública, estas poblaciones dejan de ser una prioridad. En segundo lugar, hay un impacto en lo que se advertía como un avance, aunque era en algunos casos bastante limitado, precario o modesto, como el caso de la Dirección de Diversidad sexual. Representaban al final y al cabo un servicio público. Es decir, nuestros impuestos, nuestros fondos públicos utilizados y directos o dirigidos a respuesta de poblaciones que han estado en desventaja”, analiza.

Juárez explica que la línea telefónica de ayuda y atención para situaciones de odio y discriminación para la población LGBTI representó un servicio esencial y el único a nivel nacional. Por lo tanto, la desaparición de la SIS no simplemente representa un retroceso, sino “un impacto bastante negativo en cómo en la visión ética de todas las decisiones públicas pueden ocupar estas poblaciones”.

Una de las primeras acciones de Nayib Bukele al asumir la presidencia fue cerrar la Secretaría de Inclusión Social. Este era un servicio esencial para la población LGBTI.

Reducción presupuestaria 

El artículo 33 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv) contempla que las asignaciones de las partidas del Presupuesto General de la Nación deben consignar cada año recursos etiquetados en materia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, a cada una de las instancias públicas, para garantizar su cumplimiento. El artículo 34 añade que corresponde al Ministerio de Hacienda garantizarlo. Sin embargo, el Gobierno redujo los recursos.

En cuanto al presupuesto asignado para el programa Ciudad Mujer, hubo una reducción de $2,060,785, de los $11,674,540 establecidos en el presupuesto 2019. Para el cumplimiento de la Leiv y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres (Lie) en el Órgano Ejecutivo, hubo un recorte de $1,912,720; las instituciones descentralizadas, por su parte, tuvieron una reducción de $2,264 con respecto al año anterior, de acuerdo con la revisión del “Presupuesto 2020: Una perspectiva de Género”, de la organización Panorama Económico.

Ciudad Mujer, si bien no desapareció, formó parte presupuestariamente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Pero, según el planteamiento del organigrama, pasaría al nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial."Desde ahí, cuando usted incluye poblaciones que históricamente han estado en desventaja, como las mujeres y que, además, son más de la mitad de la población, con múltiples condiciones y brechas de desigualdad, a una cartera como el Desarrollo Territorial, en realidad lo que hace es diluirla”, considera Silvia Juárez.

También hubo una disminución en el presupuesto de $48,381,565 en programas con sesgos de género implícitos, como el subsidio al gas licuado, bono para educación y salud, pensión básica universal y Agricultura Familiar, en el Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para las Regiones Central y Paracentral (PRODEMOR) y Amanecer Rural. 

Repercutió, también, en los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos), clínicas comunitarias y unidades de salud, que representan atención a las personas en el primer nivel en todo el territorio nacional. En total, hubo una variación de $61,114,414 menos que el definido para 2019.

“En el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, había una línea de atención a víctimas de violencia de género que se eliminó del presupuesto 2020. Además, otra que nos parece muy preocupante, es que en el Hospital Nacional de la Mujer (…) el presupuesto aumentó, de $19 millones a $21 millones, pero si nos vamos con lupa, a ver las líneas presupuestarias en el hospital, nos damos cuenta que la atención hospitalaria tiene un recorte de $9 millones”, señala José Luis Magaña, economista de Panorama Económico.

“Al desaparecerlos o disminuirlos, solo condicionan a que se agraven las condiciones de calidad de vida y que se aumenten, por ejemplo, índices como el de mortalidad materna, mortalidad de niñez y también otras afectaciones como la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, concluye la coordinadora del Programa por una vida sin violencia de Ormusa.

El caso de Karla es un reflejo del abandono estatal y vivir la vida con un agresor es una historia repetida. Cuando tenía siete años, su padrastro comenzó a abusar sexualmente de ella. En las noches, ella dormía en el suelo. La casa en la que vivía con su madre era un espacio tan diminuto en el que cabía solo un catre y unas cuantas cosas más. Al dormir, aprovechando la ceguera de su madre por la oscuridad, el padrastro se acercaba y abusaba de ella. A veces, su madre lo sentía, pero tenía miedo. Miedo de que él les hiciera algo. Por eso nunca habló ni hizo nada para evitarlo. “Me decía cosas, que me dejara. Me amenazaba que no dijera. Y que me iba a dar pisto (dinero)”, rememora Karla. También abusó constantemente de ella cuando su madre salía a trabajar. A cambio de la violación, le entregaba $5 dólares. A los 12 años quedó embarazada. 

“A mi hija me la iban a quitar los del Isna (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia)”, cuenta. Pretendían dar la custodia a su tía, pero un juez decidió que permaneciera con ella. Cuando Karla cumplió 16 años, comenzó a trabajar en el campo recolectando maíz y alcanzó a ganar $45 dólares a la quincena. Solo llegó hasta el cuarto grado de escuela. “Yo no quería que la niña me dijera mamá”, relata Karla. Tenía vergüenza, no quería que las personas supieran que era mamá a tan corta edad. 

“No estoy de acuerdo con el aborto”

El aborto en El Salvador es penalizado. Puede variar de dos a doce años de cárcel y depende de si es consentido o propio, sin consentimiento, cometido por médico o inducido por pareja o familiares, de acuerdo a los artículos del 133 al 139 del Código Penal. En el caso de abortos extra hospitalarios, las mujeres pueden ser condenadas hasta 30 años de prisión, si las autoridades consideran que hubo homicidio.

“Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo creo que el aborto solo debe aplicarse cuando hay riesgo de la vida de la madre”, dijo Nayib Bukele a GatoEncerrado, cuando era candidato presidencial. Esta declaración provocó esperanza en las organizaciones defensoras de derechos humanos, que esperaban una posibilidad en el avance de las restricciones del aborto.

Pero ahora, su postura parece haber dado un giro. “Aunque sea hijo de un violador. Es difícil, pero el bebé no tiene la culpa”, le dijo Bukele al cantante René Perez, conocido como Residente. La declaración fue hecha a través de las redes sociales y una videollamada.

Cuando el cantante le preguntó sobre el aborto en El Salvador, Bukele respondió: “Fíjate una cosa: la gente dice ‘vamos a estar con los más vulnerables’, ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los niños, las mujeres, los ancianos, los pobres, los que son estigmatizados por ser LGBTI… Toda esta gente son los más vulnerables. Las personas con discapacidad… ¿Y qué pasa con la persona dentro del vientre de la madre? ¿No es una persona vulnerable también? Es decir, ¿por qué estamos con unos vulnerables y por qué no con todos los vulnerables?”, cuestionó el mandatario. Meses antes, había cerrado la SIS y había reducido el presupuesto a programas que precisamente pretenden reducir la brecha de desigualdad de las poblaciones vulnerables.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, una instancia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), recomendó en febrero de 2020 al Estado salvadoreño que libere a las mujeres que han sido criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas y que están encarceladas. Hasta el momento, el Gobierno no ha respondido por estas mujeres.

Ministras invisibilizadas

La mayoría de nombres de los funcionarios del gabinete de Gobierno fueron secretos hasta el momento de su juramentación. Cuando el presidente Nayib Bukele los presentó, expuso con mayor preponderancia a las ocho ministras designadas de los 16 ministerios de Estado. Esto reflejó un avance histórico, porque nunca antes hubo más de tres mujeres en estos puestos y de manera inicial en las últimas siete gestiones, según LPG Datos.

Las mujeres que aparecieron como jefas en las dependencias gubernamentales fueron la ministra de Economía, María Hayem; ministra de Educación, Karla H. de Varela; la Canciller, Alexandra Hill; ministra de Turismo, Morena Valdez; ministra de Desarrollo Local, María Chichilco; ministra de Cultura, Suecy Callejas; ministra de Vivienda, Michelle Sol; y la ministra de Salud, Ana Orellana. En el listado también aparecen otros cargos de peso: Egriselda López como embajadora de El Salvador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la comisionada presidencial de operaciones del gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. 

Pero la paridad solo fue apariencia, un mero espejismo. Para Morena Herrera, líder feminista y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, las ministras no son visibles en la gestión gubernamental. Tampoco el contenido de las políticas públicas refleja que haya una búsqueda por reducir la desigualdad de género. 

“Fue una imagen positiva. Aparecía como un rasgo de preocupación en la conformación del Gobierno. Pero más allá del valor que tenga cada una de las ministras, la paridad no está reflejada en las políticas del Gobierno. Y, por otro lado, las propias ministras aparecen invisibilizadas en la gestión gubernamental. No aparecen como parte de los sujetos más activos en el diseño de políticas del Gobierno”,  puntualiza Herrera. 

Un ejemplo concreto sobre la invisibilización de las mujeres en un cargo gubernamental sucedió con la ahora exministra de Salud, Ana Orellana. El año 2020 recibió a la población de San Salvador con agua de grifo con mal sabor y olor fétido. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) dijo que el problema se debía a la proliferación de algas en la planta potabilizadora Las Pavas. Orellana declaró que el agua era consumible, a condición de ponerla hervir. Incluso mencionó que ella la había bebido y no afectó su salud. La indignación pública no se hizo esperar. A partir de ese momento, el Gobierno la relegó y empezó a aparecer más el entonces viceministro de Salud, Francisco Alabí, hasta que en marzo el presidente lo juramentó como el nuevo ministro de Salud.

Para la líder feminista, esa manera de sustituir es negativa para la posibilidad de compartir responsabilidades de dirección del Estado para hombres y mujeres y es una conducta política que golpea a las mujeres. “Lo mismo pasó con la directora del Isdemu (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer). Yo creo que, lamentablemente, otras ministras que tienen potencial, que tienen capacidad, también están invisibilizadas en la gestión gubernamental”, añadió.  

“Hay que fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva. Ha habido un debilitamiento de los mecanismos institucionales para el avance de los derechos de las mujeres. Ha habido un debilitamiento general. En educación tampoco se lo está planteando. En educación hay nudos graves como, por ejemplo, la deserción escolar de niñas y adolescentes, que tiene un nudo bien claro en el embarazo adolescente”, evalúa Herrera, como ejemplos de la falta de paridad en las políticas públicas.

Encerrados, pero libres para matar

En 2019, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública confirmó 230 feminicidios. Esto representó una disminución de 156 casos, equivalente al 40 % si se compara con el año 2018. En cuanto a homicidios, en 2019 se cometieron 2,398, una reducción del 28 % con respecto al año anterior. El Gobierno de Nayib Bukele adjudica esta reducción a la implementación del plan Control Territorial, cuyo contenido es secreto para la sociedad civil.

Si antes de la pandemia la violencia contra las mujeres era un verdadero tormento, el confinamiento forzoso implementado a partir de marzo por el Gobierno para evitar el contagio, es una temporada en el infierno para muchas mujeres. Debido a ello, y a que en el territorio hay menos circulación de personas, la defensora de derechos Silvia Juárez, considera que la casa es un terreno fértil para que los victimarios se sientan con mayor impunidad para actuar. Generalmente, los victimarios tienen un origen en entornos cercanos de las víctimas. 

El virus del machismo y la misoginia ha matado a más mujeres que la COVID-19. Desde la implementación de la cuarentena hasta el 25 de mayo, han ocurrido 23 feminicidios, de acuerdo al seguimiento de medios que realiza Ormusa. Esa es una cifra alarmante si se compara con los 12 perpetrados en enero 2020, según el Instituto de Medicina Legal. Hasta este 25 de mayo, el Gobierno había confirmado al menos 11 muertes de mujeres por coronavirus. 

Para Juárez, los feminicidios “revelan lo que hemos venido diciendo desde un inicio: no es cierto que la pandemia en este caso vaya a tratar a todos por igual, sino que, más bien, ha puesto en evidencia nuestras desigualdades”. Las mujeres asumen labores de protección y cuidados para las familias, son las designadas para el abastecimiento de alimentos, colectar agua, pagar recibos, entre otras tareas, aclara Juárez. 

Laura Morán, coordinadora del Eje Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del equipo territorial de San Salvador de la Colectiva Feminista, registra un incremento de la violencia, sobretodo, psicológica. Del 21 de marzo al 11 de abril, el Centro de Atención de Mujeres en Situación de Violencia brindó atención a 120 mujeres a través de la línea telefónica de asesoría, mientras que en meses anteriores, se recibían entre 11 y 15 denuncias. Según esta abogada, 57 de los casos han sido de violencia psicológica. “Esta situación de hacinamiento aumenta las tensiones. La salud mental no ha sido tratada de la manera más adecuada”, considera. 

Ormusa también registra un aumento del 70 % de la violencia contra las mujeres. Según el registro del Centro de Atención Legal de Ormusa, el 49 % de las denuncias están relacionadas a vulneraciones a derechos económicos, laborales y patrimoniales. “También vemos cómo hay vulneraciones muy recurrentes, por ejemplo, a derechos que tienen que ver con labores de cuidado de hijos e hijas, violencia intrafamiliar y vemos también cómo es recurrente esta práctica de violencia psicoemocional contra las mujeres”,  manifiesta Juárez.

La violencia sexual también se ha mantenido y la cantidad de mujeres desaparecidas aumentó: en 2018 hubo 560 desaparecidas y 676 en 2019, según el Observatorio de violencia de género contra las mujeres de Ormusa.

***

Hace dos años, Karla sufría violencia física por parte de su pareja. Muchas veces, frente a sus hijos. “La niña sale a contar en casa de mamá, que nos pega. Así que todo el mundo se da cuenta (...) Yo lo que hacía era agarrar un garrote, no me dejaba”, relata, sobre la manera en la que trató de defenderse de los golpes. Para detener el abuso, Karla ha dicho que lo denunciará ante la policía. “A él no le gusta que lo amenace con eso, porque ahí seguido pasa la policía”, dice. En aquel entonces, José la obligaba a tener relaciones sexuales, aun cuando ella no quería. 

Ahora recibe gritos y también insultos en voz baja, para que los vecinos o los agentes policiales no puedan oírlo. “Me dice maldita”, detalla. Ahora que permanece más tiempo en casa por la cuarentena domiciliar, lo percibe alterado y tiene miedo de volver al tiempo en el que era violento y le tiraba piedras.

El silencio de Isdemu

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) es la institución rectora de la Leiv que, según el artículo 12, 13 y 22, debe garantizar su cumplimiento y ejecución integral y elaborar políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, parece más ausente que nunca en medio de la pandemia. Ni las organizaciones civiles ni el Órgano Legislativo pueden dar fe del trabajo de Isdemu. 

“Definitivamente Isdemu no tiene compromiso o no le importa la situación que viven las mujeres salvadoreñas, pese a que es la institución rectora de toda la normativa que debe protegerlas. Y las mujeres han sentido ese rechazo por parte del ejecutivo a través de Isdemu, que se vuelve cómplice”, manifiesta la diputada del FMLN, Dina Argueta. La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa ha intentado, sin éxito, reunirse con la institución, pero siempre hay una excusa para no rendir informe. 

GatoEncerrado ha intentado conocer la postura de Isdemu en varias ocasiones, pero ha sido imposible. El área de comunicaciones ha dicho que las entrevistas deben gestionarse en la oficina de prensa de Casa Presidencial, donde el secretario de prensa, Ernesto Sanabria, tiene la última palabra. GatoEncerrado también intentó hablar en varias ocasiones con Yuriko Salgado, diputada de Gana, para conocer su postura sobre el trabajo del Gobierno en la emergencia y del Isdemu, pero tampoco fue posible. 

***

Karla no quiere que su historia se repita en la vida de su hija. Así que cada vez que visita a su madre en esta cuarentena, se lleva a su pequeña con ella. “Yo tengo cuidado cuando se queda conmigo y el hombre se queda ahí también. Muchas veces la gente dice que él puede hacer lo mismo...”.

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