Foto/Emerson Flores
Un plan de seguridad confidencial y desconocido
Mario Beltrán
🗓️ 2 de junio de 2020
Tres especialistas en seguridad, criminología y antropología consultados por GatoEncerrado, coinciden en que la opaca estrategia de seguridad en el primer año de Gobierno del presidente Nayib Bukele contradice sus promesas de campaña en el “Plan Cuscatlán”. Prometió tratar la seguridad bajo el concepto de cultura de paz y con el apoyo de la sociedad civil, pero en la práctica ha irrespetado los derechos humanos y sigue sin explicar su plan de seguridad.
Mario Beltrán
🗓️ 2 de junio de 2020
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l 20 de junio de 2019, es decir 20 días después de haber asumido la Presidencia de El Salvador, Nayib Bukele reveló que tiene un plan de seguridad denominado “Control Territorial”. Un año después, los homicidios han disminuido considerablemente. Para ponerlo en cifras: el primer año del expresidente Salvador Sánchez Cerén cerró con un promedio de 12.7 homicidios diarios, mientras que el primer año de Bukele concluyó con 4.3 y con una tendencia a la baja, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, ha insistido hasta la saciedad que el éxito en el desplome de la cantidad de homicidios se debe al plan Control Territorial. Ese plan, sin embargo, todavía es un misterio. Hasta hoy, nadie de la sociedad civil ha logrado revisar el documento y solo se sabe, por lo que el presidente ha revelado a cuenta gotas, que se compone de fases que incluyen “modernización de cuerpos de seguridad, prevención y combate al crimen”. Ese plan, siendo tan confidencial, ni siquiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha logrado revisarlo, aunque ha sido explícita en solicitarlo.
El ministro Rogelio reiteró, durante una improvisada rendición de cuentas del informe del primer año, que el Gobierno heredó un país con una tasa de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes; pero que en diciembre de 2019 cerraron el año con 36 homicidios por cada 100 mil habitantes. En lo que va de 2020, según dijo, se logró bajar a 21 por cada 100 mil habitantes.
Si bien los homicidios han disminuido notablemente en el primer año de la administración Bukele, para analistas y expertos en temas de seguridad hay algo que no termina de encajar por lo opaco del plan Control Territorial.
Carlos Carcach, experto en estadística, economía y criminología, dijo a GatoEncerrado que no se le puede atribuir a la gestión Bukele una reducción de homicidios que, en realidad, venía desde 2017 con el plan “El Salvador Seguro”, implementado por el último gobierno del FMLN.
“El mérito del gobierno actual es haber logrado sostener esta tendencia a la baja (…) Es posible que los supuestos grandes productores de asesinatos, las pandillas, ante las acciones relativamente contundentes por la PNC desde 2017 hayan evolucionado hacia otro tipo de actividades ilícitas que no demandan el uso de los asesinatos como medio de coerción o de sembrar temor”, dijo Carcach.
Agregó que la tregua de 2012 y 2013, ocurrida durante el gobierno de Mauricio Funes, permitió un reacomodo de las pandillas, sobre todo de la Mara Salvatrucha (MS-13). Las pandillas modificaron sus estrategias para disminuir homicidios, a menos que quieran mandar un mensaje de poder al incrementarlos.
El análisis de Carcach coincide con la opinión de Juan Martínez d´Aubuisson, antropólogo y coautor del libro “El Niño de Hollywood” y autor del libro ” Ver, Oír y Callar. Un año con la Mara Salvatrucha 13”.
En 2015, los enfrentamientos de la PNC con pandilleros debilitaron a los grupos criminales. Para 2016, las medidas extraordinarias de incomunicación entre líderes encarcelados y pandilleros de barrio se fue debilitando.
¿Tregua?
Martínez d´Aubuisson tiene una lectura que coincide con la de Carcach sobre la posibilidad de que haya acercamiento entre el gobierno Bukele y las pandillas para encontrar un punto medio por un ganar-ganar, aunque no necesariamente puede ser llamado tregua o acuerdo.
“Creo que más que tregua, al menos no como la pasada, ha habido ciertos acercamientos entre personeros del gobierno de Nayib Bukele y ciertas facciones de ciertas pandillas”, opinó Martínez d´Aubuisson.
Si ese acercamiento existe, aún no se sabe qué puede haber en medio para que las pandillas ganen algo por mantener la tendencia a la baja de homicidios.
“Si lo piensas bien, al reducir los homicidios ganan las pandillas porque tienen menos persecución, pueden subsistir en las sombras, porque pueden desarrollar una lógica económica. Del lado del gobierno tienen menos homicidios y pueden vender una idea de mayor efectividad en sus planes nacionales”, dijo Martínez d´Aubuisson.
Jeannette Aguilar, investigadora en temas de violencia e inseguridad, coincide en que los homicidios comenzaron a caer desde 2016 y no desde la llegada de Bukele. Sostiene que el actual gobierno maneja la seguridad en dimensiones que no corresponden con los enfoques criminológicos ni con seguridad ciudadana. Pone en la base de todo la percepción, el marketing y discurso de mano dura; pero en lo privado toma acuerdos con grupos de poder fáctico con graves consecuencias para la seguridad futura del país.
“En esta lógica, se ha podido pactar con las pandillas y posiblemente con otros actores de la violencia, la reducción de los homicidios, pero no la reducción de otros delitos que tienen una elevada afectación en gran parte de la población, como las extorsiones, las desapariciones forzadas y las violaciones”, aseguró Aguilar.
La investigadora añade que desde la llegada de Bukele al poder, “parece haber menor énfasis en la persecución de la delincuencia organizada” como el contrabando, el tráfico de armas y de drogas. “Delitos que ni siquiera se mencionan en las prioridades de los órganos de persecución del delito”.
La especialista sostiene que no hay evidencia de que el plan Control Territorial sea la clave para la disminución de homicidios. De hecho, va más allá y lo califica como una “estrategia publicitaria”, más que de seguridad ciudadana.
Una mano dura improvisada
Los tres especialistas advierten que el hermetismo y la improvisación son características en común en el manejo de la seguridad y otros planes de este gobierno. De acuerdo con Carcach, quizá no existe como tal un “Plan Control Territorial” y se trate solamente de una versión ensayo-error del gobierno.
“El plan Control Territorial mismo carece de claridad. Ni siquiera se sabe de cuántas fases consiste. ¿Será que estas van al infinito? La implementación del plan contradice mucho de los postulados del plan Cuscatlán en lo que tiene que ver con los derechos humanos”, dijo a esta revista.
Martínez d´Aubuisson, en tanto, califica de “peligroso” que la dinámica del actual gobierno sea ocultar y mentir. “Este gobierno se ha caracterizado por su hermetismo. No me sorprende que en el marco de la seguridad pública hagan lo mismo. En seguridad le importa muchísimo no revelarnos lo que sucede ni lo que planean. Y, por otro lado, les parece una apuesta fundamental mentirnos. Lo vimos, por ejemplo, en el ataque al bus de la 102 donde nos mintieron. Es peligroso que, con una trayectoria de ocultar información, también se oculte el plan de seguridad”, expuso.
La investigadora Aguilar afirma que el secretismo del plan responde a que no existe, y que ello permite la desprofesionalización de la gestión pública en la que el país ha caído con el actual gobierno.
“Es un gobierno que improvisa, oculta información, miente, manipula, ignora los criterios técnicos en la toma de decisiones y decide unilateralmente con base a criterios políticos y no técnicos”, apuntó Aguilar.
De acuerdo con la investigadora, lo que el Gobierno lanzó fue una presentación en powerpoint de pocas páginas, en las que se ilustraba una especie de plan militar que mostraba la distribución de las fuerzas de seguridad en sectores de los territorios. “Allí no había objetivos estratégicos, principios, ejes de trabajo, indicadores de seguimiento, o de progreso y menos indicadores de impacto. Nada. Lo que sí hay es una sofisticada estrategia de propaganda publicitaria para impactar y manipular a la opinión pública”, agregó.
En diciembre de 2019, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, dijo a GatoEncerrado que llevaba tres meses sin conocer el plan, y por lo tanto sin tener la oportunidad de analizarlo para saber si en algún punto era violatorio de derechos.
“Es que no existe. Es decir, no existe físicamente. Un documento no existe. Al menos a mí no me lo han dado”, dijo.
Durante el primer año de gobierno, Bukele ha mantenido un discurso y acciones manoduristas y vengativas contra las pandillas, al punto de autorizar uso de fuerza letal si se resistían al arresto, o de encerrar a pandilleros de diferentes estructuras en una misma celda, “sin ver un rayo de sol”.
Según Carcach, este discurso vengativo es alimentado por el respaldo de la población, que quiere el exterminio de las pandillas, muy a costa del autoritarismo en el país. “Las pandillas son un poco como el COVID-19, en el sentido que su dinámica evolutiva es independiente de lo que el gobierno haga o deje de hacer”, dijo el criminólogo.
Aunque, para el antropólogo, este tipo de mensajes y campañas gubernamentales no son bien recibidas por las pandillas, tampoco cree que sean bien recibidas, en general, en los barrios. “La gente sabe qué significan estas medidas represivas para los jóvenes y las personas de los barrios, no solo para los pandilleros”, opinó.
Agregó que los mensajes explícitos que autorizan a la Policía, al Gobierno y a la misma sociedad a atacar a los pandilleros es muy peligroso, sobre todo porque en el pasado estos encuentros han sido muy dramáticos.
De acuerdo con Aguilar, estos discursos obedecen a acciones populistas y demagogas, que legitiman los excesos, abusos, el uso letal de la fuerza de los cuerpos de seguridad y generan en la población un rechazo a las políticas de prevención y rehabilitación, además de justificar políticas deshumanizantes de la población privada de libertad en centros penitenciarios.
“Respetar los derechos y garantías de aquellos que cometen un delito es una obligación, no es una opción para las autoridades (…) Bajo la justificación de perseguir el delito, comete ilegalidades, vulnera los derechos humanos y se convierte también en un delincuente”, dijo la investigadora.
En un fin de semana, y luego de una considerable baja en las cifras, hubo un repunte de homicidios: 60 muertos entre el 24 y el 26 de abril.
Según Martínez d´Aubuisson, se trató de un mensaje de insatisfacción de las pandillas hacia el Gobierno. “Es posible que se hayan roto algunos acuerdos y, sobre todo, expectativas de parte de la pandilla con el Gobierno. En su momento, dije que había que esperar unas semanas y podían pasar dos cosas: el inicio de una guerra o un mensaje. Creo que era esto último. No sabemos qué quería decir este mensaje. Sí sabemos que las pandillas hablan a través de homicidios, subirlos significa algo, bajarlos significa otra cosa”.
El Gobierno, por su lado, tiene dos lecturas de ese incremento de homicidios. La primera, es que se trata de disputas territoriales entre pandillas o contra el Estado, debido a que el plan “Control Territorial” les está ganando terreno. La segunda, según el ministro Rivas, en una entrevista televisiva del 1 de mayo, “coincide, y tenemos información que también así fue, con la salida de un privado de libertad el cual quedó en libertad por un vencimiento de su plazo”. Esta sería una persona, miembro de la MS-13, es el responsable de incentivar a los pandilleros en libertad a incrementar los homicidios de ese fin de semana, según la narrativa oficial.
El repunte, según Bukele, lo obligó a endurecer las medidas carcelarias, declarando emergencia en todos los centros penales, ordenando requisas, incomunicación, encierro total y unificación de reos de diferentes pandillas en una misma celda sellada, así como el uso de fuerza letal a la PNC y Fuerza Armada.
Las imágenes de reos en cuclillas le dieron la vuelta al mundo. Eliot Engel, presidente del comité de relaciones exteriores, y Albio Sires, presidente del subcomité de asuntos del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, exigieron, por medio de una carta, a Bukele no usar la emergencia contra la COVID-19 como excusa para atropellar derechos humanos ni desafiar el orden democrático.
“Las fotografías publicadas son innecesariamente degradantes. Nosotros entendemos la necesidad de parar la violencia de las pandillas en El Salvador y responsabilizar a todos los autores intelectuales de todos los homicidios. Al mismo tiempo, creemos que la lucha contra la delincuencia organizada debe hacerse de una manera que respete las normas internacionales y no contribuya a la propagación de enfermedades”, señalaron los congresistas.
In a letter to Bukele, Engel & Sires underscored that #COVID19 protections must not be used as pretext for govt overreach.
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) April 29, 2020
"While we are all in uncharted territory, we believe that respect for democratic institutions & fundamental human rights is more important now than ever." pic.twitter.com/v0xTr2PdlT
Un gobierno que menosprecia el consejo de la sociedad civil
El Plan Cuscatlán también detalla que “se pretende resolver la problemática de seguridad con un enfoque de Plan de Nación a largo plazo, con la participación de la sociedad civil, empresa privada, sector público y con la infusión de Nuevas Ideas en la vida política nacional”.
Esa promesa fue incumplida desde que Bukele llegó a la presidencia, cuando decidió disolver el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC). Con eso también cerró la puerta a que la sociedad civil estuviera involucrada en las decisiones en torno a la seguridad.
Carcach dijo a esta revista que el menosprecio de Bukele a sectores de la sociedad civil que lo critican podría estar encaminado a buscar un sistema totalitario.
“La sociedad civil es un conglomerado tan difuso como diverso y con agendas diferentes. Si lo vemos desde la perspectiva democrática, es claro que el presidente está trabajando para debilitar las instituciones y quizás moverse a un estado totalitario. Mucha gente clama por otro (Maximiliano Hernández) Martínez y por la vuelta de la guardia nacional”, opinó Carcach.
La investigadora Aguilar sostuvo que aunque no hay una fórmula del éxito para erradicar el crimen, parte de las soluciones están en el trabajo en conjunto entre el Gobierno y actores sociales.
“La intolerancia a la crítica, la descalificación de los actores sociales, las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, no solo revela el talante autoritario del gobierno, sino su profunda ignorancia y desprecio del papel y la contribución que las organizaciones de la sociedad civil y los distintos organismos de derechos humanos han dado a la sociedad salvadoreña desde el período del conflicto armado y durante la posguerra”, expresó Aguilar.
Para la especialista en seguridad, las organizaciones de la sociedad civil han suplido con frecuencia el rol de protección y atención del Estado.
“Descalificarlas (a las organizaciones de sociedad civil) y satanizarlas no solo es signo de una profunda ignorancia sobre el rol que estas organizaciones han jugado en la sociedad, sino una enorme torpeza política que terminará por dejar más aislado al Gobierno de actores que podrían ser eventuales aliados en la lucha contra la pobreza, la criminalidad, el desarrollo social, entre otros”, advirtió.
Seguridad, militarización y presupuesto
El Gobierno ha dejado claro, por el presupuesto que entregó para 2020, que una de sus prioridades es la seguridad con el uso de militares. El presupuesto revela que el Ministerio de la Defensa Nacional pasó de tener $145.1 millones en 2019 a $220.3 millones en 2020. Un incremento significativo, tomando en cuenta que para ese reajuste dejó fuera programas para jóvenes e hizo recortes en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El uso de militares es, además, parte de su estrategia para gobernar, más allá de la seguridad pública. Cuando insistió, hasta la saciedad, para que los diputados le aprobaran un préstamo de $109 millones para financiar su plan de seguridad, militarizó la Asamblea Legislativa y luego usurpó la silla del presidente del Órgano Legislativo. Su actuación sugirió que quería disolver el congreso, de la mano de los militares, para cumplir con sus propósitos y obtener el dinero que decía necesitar para financiar su plan Control Territorial que aún es desconocido.
Conclusiones
Carcach concluye que el gran desafío del Gobierno para los próximos cuatro años restantes es ganar el control del territorio para neutralizar a las pandillas.
Aguilar, considera que después de la pandemia el país quedará sumido en una crisis económica y social de grandes dimensiones, agravadas por la crisis política e institucional generada por la gestión “autoritaria” del poder del actual gobierno.
“En el ámbito de la seguridad, posiblemente como resultado de los mayores niveles de pobreza y desempleo se incrementará la delincuencia común y la criminalidad organizada encontrará mayores nichos para operar. Esto demandará al Gobierno la puesta en marcha de una verdadera estrategia de seguridad, que se integre a los esfuerzos de recuperación económica, política fiscal y política social. Esto no será posible sin la búsqueda de acuerdos de nación, diálogo, consenso y colaboración entre el Gobierno y los diferentes sectores”, opinó Aguilar.