La Policía de Bukele pasó de doblar muñecas a torturar durante la cuarentena
El régimen de excepción, la principal apuesta del Gobierno para combatir la pandemia, no solo fue poco efectivo en evitar los contagios de COVID-19, también dejó violaciones a derechos humanos, constatadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e investigadas por la Fiscalía y la Inspectoría General de Seguridad Pública. Incluso, la Sala de lo Constitucional llamó la atención al Gobierno por los hábeas corpus que estudió durante la cuarentena y régimen. A pesar de eso, el Ejecutivo ha solicitado, una vez más, un régimen de excepción para enfrentar la pandemia. La Asamblea Legislativa aún discute la propuesta.
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m.
Cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”, relató a GatoEncerrado.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro.
Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso.
El informe preliminar sobre COVID-19 y derechos humanos, elaborado por la PDDH, registró un total de 1,392 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos durante la primera parte de la cuarentena. La cuarentena llegó hasta el 16 de junio. De los datos presentados en el informe, 406 casos corresponden a personas que fueron detenidas por supuestamente haber incumplido la cuarentena entre el 21 de marzo y el 12 de mayo, fechas cuando aún estaba activa la emergencia nacional. De estos, 327 eran hombres y 78 mujeres, además de 15 casos colectivos.
Solo en el departamento de San Miguel, la PDDH reportó seis casos de personas detenidas por supuestamente incumplir la cuarentena. Pero la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 24 ciudadanos por “desobediencia de particulares” en el mismo departamento, un delito que atribuyen al supuesto incumplimiento del confinamiento. Geovanny es uno de los investigados.
La noche del 6 de abril —solo unas horas antes del arresto de Geovanny—, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó a los ministros de Seguridad Pública y Defensa Nacional que fueran más duros con quienes incumplieran la cuarentena domiciliaria obligatoria, efectuar su detención y trasladarlos a centros de cuarentena controlada.
“No quiero escuchar, no me va a importar en redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro’, ‘ay, me doblaron la muñeca’. Eso es mucho menos que se muera y la familia de otros. Así que, sí, lo van a detener y lo van a llevar a los centros de contención y ahí va a pasar 30 días con desconocidos”, aseguró el mandatario en cadena nacional.
El mandatario ordenó y los cuerpos de seguridad cumplieron. Comenzaron a doblar muñecas para reforzar la cuarentena, que en ese momento estaba amparada en el decreto ejecutivo 14; y estaba en vigencia un régimen de excepción y estado de emergencia basados en el decreto legislativo 593.
Pero a Geovanny no solo le doblaron las muñecas. También le pegaron en las costillas, lo tiraron bruscamente al suelo, lo levantaron a la fuerza, le pusieron su bicicleta en la espalda y lo hicieron caminar bajo el sol por unas siete cuadras. A su vecina Griceydi y a su esposo, Reynaldo Sánchez —diagnosticado con leucemia— también se los llevaron, junto a Marcela del Rosario, una mujer de la tercera edad que llegó al lugar para recoger las pertenencias de Geovanny.
Rolando Castillo, un hombre de 62 años que presenció el procedimiento irregular, decidió grabar todo con su teléfono para denunciar lo que él mismo califica como “un total abuso de autoridad”. En el mismo momento fue detenido por, según explicaron después los agentes de seguridad, “haber incumplido la cuarentena”.
En la intersección de la avenida Simeón Cañas y la 21 calle Oriente, del barrio San Nicolás, San Miguel, Rolando fue interrogado, golpeado y torturado. Caminó por más de 20 minutos con su propia bicicleta en la espalda, y su teléfono fue decomisado.
Una persona que iba pasando por el lugar, en su vehículo, grabó otro video del momento cuando Rolando Castillo era obligado a caminar con su bicicleta sobre el cuello.
“Cuando me vieron, me tiraron al piso dándome pechadas. Me preguntaron: ‘¿que acaso sos periodista, hijueputa?’, y me quitaron el teléfono. Después, los agentes agarraron mi bicicleta y me la engancharon en el cuello, así como llevaban al otro”, contó.
En un momento del trayecto, el manubrio de la bicicleta de Geovanny estaba atascado en el rin de la bicicleta de Rolando y el peso recaía sobre el cuello de Rolando. Media cuadra después de la 17 Calle Oriente, cerca del Banco de Fomento Agropecuario, una patrulla los detuvo. Rolando subió al vehículo con las últimas fuerzas que le quedaban, para llegar a la delegación, ubicada entre la 10ª y 8ª Avenida Sur, en el Centro de Gobierno de San Miguel. “Ahí es cuando empezó también la tortura psicológica”, dijo.
¿Centros de cuarentena o bartolinas?
De los 406 casos de detenciones reportadas por la PDDH, solo se conoce el paradero exacto de 380. Al menos 364, el 95 %, fueron llevados a centros de contención; mientras que unos 20, el 5 %, fueron trasladados a bartolinas de la PNC, a centros penitenciarios u hospitales. La Ley de Emergencia Nacional por COVID-19 y los decretos ejecutivos autorizaban a las autoridades a hacer retenciones, siempre que el riesgo de contagio fuera evidente y se hiciera un examen médico en centros de cuarentena. En la práctica, esto no ocurrió.
Rolando narró que al llegar a la delegación, la situación empeoró. Ahí, los agentes le recriminaban por haber grabado con su celular, porque según ellos “está prohibido” filmar cuando un policía comete abusos en contra de los ciudadanos. Lo sentaron en unas tablas cerca del suelo, junto al resto de detenidos. Unos minutos después, los policías llevaron páginas con detalles sobre la hora, fecha y lugar de captura que debían firmar. Al empezar a leer, un agente le arrebató la carta a Rolando y lo llevaron “al fondo”, hacia unas celdas parecidas a una bartolina.
Lo dejaron frente a tres personas en ropa interior, entre ellas una joven. “Me dijeron: ‘ahí te vas a quedar a oler mierda con los mareros’. Y les dije: ‘métame si quiere, pero déjeme avisarle a mi familia dónde estoy’”. Rolando fue regresado con el resto hasta que firmó el documento, donde aceptaba haber violado la cuarentena domiciliar y ser trasladado a un centro de contención. Recibió también su teléfono, pero sin rastros del video que grabó.
Fue en ese momento cuando los llevaron al albergue en Ciudad Mujer, de San Francisco Gotera, Morazán. Ahí sí pasaron por una evaluación médica, que consistió en la toma de temperatura y signos vitales, sin pasar por un tamizaje de COVID-19. Y aunque ninguno tenía síntomas, solo dos recuperaron su libertad.
A Rolando lo dejaron ir de inmediato después de la evaluación médica, aseguró, por su edad y porque estaba lesionado: llevaba una patada en el muslo derecho, un golpe en la rodilla izquierda, en la parte baja de su espalda, cuello y clavícula por cargar la bicicleta.
A Griceydi y su esposo los retuvieron por tres y cuatro días, respectivamente, hasta que se comprobó el diagnóstico de leucemia de Reynaldo. También por tener tres menores de edad a su cargo. Marcela del Rosario, la mujer adulta mayor que llegó por las cosas de Geovanny, también salió por motivos de salud, pero todos fueron forzados a guardar 15 días de cuarentena domiciliaria estricta.
La excepción fue Geovanny, quien sí tuvo que cumplir con el encierro por 27 días, pasando por dos pruebas de COVID-19 que “gracias a Dios resultaron negativas”. Nunca pudo ver los resultados de sus exámenes. Los médicos simplemente le decían a todos que “estaban sanos”.
La PDDH reportó al menos 48 casos en los que se ocultó la información sobre resultados de pruebas de COVID-19, y 38 por falta de examen diagnóstico. Así como 34 personas a quienes se les ocultó información fundamental para la protección de su salud y tratamiento de enfermedades, al interior de los centros de cuarentena.
Los datos también revelan 13 casos en los que se desconoce el paradero de las personas y que no logró identificarse a qué centro de contención, hospital o bartolina al que fueron trasladadas.
“Un forcejeo”, la versión de la Policía
El pasado 13 de abril, una semana después del procedimiento irregular de la Policía —y a raíz de una nota periodística del caso y entrevistas a los afectados—, la delegada de la PDDH en San Miguel emitió una resolución de seguimiento del caso para solicitar información de la PNC y del Ministerio de Salud, no sin antes calificar los hechos como “una afectación a los derechos a la integridad personal, por malos tratos; libertad personal por detención arbitraria; y seguridad personal, por coacción o intimidación”, circunstancias violatorias al artículo 2 de la Constitución de la República y numerosos tratados internacionales.
Resolvió y recomendó al jefe de la Delegación Departamental de la PNC en San Miguel iniciar la investigación para determinar la responsabilidad y las medidas disciplinarias.
Fue hasta el 16 de abril que el jefe policial de San Miguel informó a la PDDH su orden para iniciar una investigación disciplinaria en la Inspectoría General de Seguridad Pública. En el reporte se identificó la patrulla, el personal policial a cargo del procedimiento y el certificado de retención por incumplimiento de la cuarentena, impuesta en el decreto ejecutivo 14 y el legislativo 593.
A pesar de las historias narradas por las víctimas del abuso, el informe de patrullaje realizado por el Equipo Alfa 5 del departamento de Áreas Especializadas Operativas de la Delegación de San Miguel, a cargo del sargento José Margarito Martínez Chicas, justifica las intervenciones hechas el 7 de abril. Las agresiones de los policías en contra de Geovanny son calificadas en el informe como “forcejeo”.
Las detenciones de Reynaldo Sánchez, Griseydi Padilla y Marcela del Rosario se explican en el informe así: “no justificaron su permanencia en el lugar” y, según la policía, “alegaban que no les importaba andar en la calle”. Rolando tampoco justificó la razón por la que andaba fuera de su casa, según la PNC. Él, en cambio, aseguró que sí tenía un comprobante: su lista de compras a mano.
El informe policial omite la condición en que las personas fueron trasladadas a la sede de la Policía, y la grabación del vídeo. Sí incluye que el último retenido, Rolando, dijo que el procedimiento era una tortura.
“Ahora ya no puedo salir, me están acechando. Han pasado varias patrullas y abren la bocina diciendo ‘hola”, dijo Rolando, días después del incidente. Durante la cuarentena, vio varias veces un vehículo sedán color azul, con las placas P 916-422, totalmente polarizado, pasar afuera de su casa.
Durante el tiempo que estuvo en cuarentena estricta solicitó permiso para salir a comprar medicinas, pero se lo negaron. Un policía le respondió, por teléfono: “vos querés que te encierren de nuevo, ¿verdad?”.
La investigación al interior de la Policía, hasta hoy, deja varios cabos sueltos y contradicciones. A criterio del Equipo Verificador de la Sección Territorial de Control de San Miguel, en el procedimiento de retención de las cinco personas “hay indicios de conductas contrarias a la Ley Penal vigente y constitutivas de acción disciplinaria”, resume el Oficio No. 8 de la sección, realizado el 8 de abril de 2020. Sin embargo, ese equipo se limitó a recoger la versión de Rolando, el hombre de 62 años que grabó el hecho con su teléfono, sin entrevistar al resto de víctimas. Visitaron su casa el 13 de abril, para, según él, motivarlo a presentar una denuncia contra los agentes y proceder disciplinaria y penalmente.
Un investigador de la corporación policial, quien pidió conservar su anonimato, dijo a GatoEncerrado que la investigación interna de la PNC es de carácter reservado y llevará tiempo hasta que llegue a instancias como el Tribunal Interno, donde podría decidirse desde una suspensión por 90 días sin goce de sueldo hasta una destitución de los agentes involucrados. La fuente calificó de “falta grave” y “falta muy grave” las acciones de los agentes, “que se logra comprobar a través de las pruebas recogidas”.
La PDDH solicitó información del caso a la Sede de la Oficina Regional de la Fiscalía, y esta respondió que realiza una investigación en contra de 24 personas, entre las cuales están las cinco personas que fueron víctimas de la Policía, por el supuesto delito de Desobediencia de Particulares, anexando la denuncia por el delito de tortura y actos arbitrarios.
Ruth Eleonora López, abogada constitucionalista y catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), explicó que “después de ser declarados inconstitucionales los decretos por los que se les acusa, la investigación en contra de ellos (las cinco personas acusadas de desobediencia) debería desestimarse”.
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio Público no respondió si la investigación sigue activa.
Sí se violaron sus derechos
La PDDH constató en su resolución final del caso que sí hubo un confinamiento forzado de las cinco personas involucradas en el procedimiento policial, que fue ilegal y arbitrario, ya que “tres de las víctimas pretendían comprar alimentos para sus familias cuando se les intervino, retuvo y se les golpeó; una incluso estaba dentro de su casa, y el otro cerca de su vivienda y cuando llegó cerca de la escena.
La PDDH también constató hechos de violencia contra la mujer y persona adulta mayor y el derecho de estas de opinar sobre un procedimiento policial vejatorio de los derechos humanos.
La investigación de la PDDH concluyó que hubo una violación al derecho de integridad personal, trato inhumano y degradante en perjuicio de Rolando Antonio Castillo y Geovanny Alexander Ramírez, por parte de los elementos policiales identificados como José Margarito Martínez Chicas, Óscar Ernesto Hernández, Wilfredo Berríos Santos, Óscar Alexander Mejía Beltrán, del Departamento de Áreas Especializadas Operativas de la PNC en San Miguel.
La PDDH también señaló que en el incidente hubo vulneración al derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, debido a la intimidación ejercida por agentes del Estado en perjuicio de Griceydi Yamileth Padilla y Marcela del Rosario.
A todos se les violó, además, el derecho a la libertad personal por detención arbitraria, así como el derecho a la libertad de expresión o pensamiento, por buscar o difundir información relativa a actos atentatorios contra los derechos humanos, en perjuicio de Rolando.
Gladys Benítez, la delegada de Derechos Humanos en San Miguel, confirmó a GatoEncerrado que el proceso disciplinario y penal ya inició, pero las autoridades no han informado si los agentes fueron sobreseídos, suspendidos o destituidos; y tampoco si hay avances en la investigación de la Fiscalía.
“Algo que pasa en la policía es que también en la Inspectoría de Seguridad Pública tienen un límite de 24 meses (para cerrar el caso), no es un proceso ágil. Con la cuarentena hay personas que no han llegado a trabajar”, dijo. La PDDH emitirá una resolución de seguimiento en los próximos meses para constatar si se presentan avances.
El Salvador es desde 1987 firmante de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual establece que “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
