No olvidemos la educación
marzo 22, 2023
Ilustración Leonel Pacas
El monopolio de datos que deja al personal de salud con una estrategia a ciegas
Por Julia Gavarrete
@PetizaGavarrete
Xenia Oliva
@Begoliva
El Ministerio de Salud incumplió sus propios lineamientos en cuanto al manejo de datos de COVID-19. Esto ha llevado a que haya una especie de monopolio de quienes manejan la información y el uso que se le da para las estrategias de combate a la pandemia. La consecuencia: el personal de salud de los niveles regionales y primer nivel trabaja a ciegas y sin el equipo adecuado. Eso, a su vez, ha facilitado el contagio del personal y pacientes, incluso en lugares que están bajo el control del Estado, como centros del ISNA, el Sara Zaldívar y centros penitenciarios.
“Bien, mi amor, yo creo que ya pronto voy a estar con ustedes”, dijo Telma Escobar al teléfono, antes de despedirse de una compañera de trabajo. Telma, una enfermera de la unidad de salud de la Santa Lucía, Ilopango, había estado convaleciente días atrás. Una aparente gripe la obligó a recuperarse en su casa, en total aislamiento. Llevaba varios días de no aparecerse por la unidad de salud: su madre había fallecido el 13 de junio a causa de un paro respiratorio que no le permitió llegar al hospital. Vivían juntas. No pasó mucho de esa muerte cuando Telma enfermó también. Al colgar la llamada, ella creía estar casi recuperada. Pero al día siguiente de esa conversación, Telma había fallecido.
Una persona cercana a la enfermera, quien pidió la reserva de su nombre, contó a GatoEncerrado que Telma murió en Sonsonate. “Para allá se la llevaron; en el Seguro (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) no la quisieron atender porque están colapsados”. El diagnóstico de Telma: una neumonía atípica.
Para el 29 de junio, la imagen de Telma comenzaba a recorrer las redes sociales. “#LutoEnElSalvador HÉROE EN PRIMERA LÍNEA, ENFERMERA TELMA ESCOBAR”, se leía en las primeras líneas de un texto colgado por Profesionales de Enfermería de El Salvador a través de su página en Facebook.
Telma tenía un poco más de 50 años y unos 25 años siendo enfermera. Había sido destacada en la unidad de salud de la Santa Lucía, en Ilopango, una zona populosa al sur de San Salvador y donde los primeros contagios por la COVID-19 comenzaron registrarse a finales de abril. Cada semana, Telma salía de la Santa Lucía para hacer chequeos de rutina en el Centro de Inserción Social (CIS) Femenino de Ilopango, donde hay menores de edad en conflicto con la ley y que están bajo la administración del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (Isna). Telma, otra enfermera y un médico eran los encargados de visitar el CIS femenino, cada jueves, solo por chequeos muy puntuales con las chicas que lo requerían. Permanecían en el lugar entre las 8:00 y 11:00 de la mañana.
El CIS Femenino es uno de los centros del Isna donde, para el 20 de junio, seis chicas habían dado positivo a COVID-19. Esos contagios dentro del CIS Femenino fueron denunciados por trabajadores del Isna, quienes también hicieron público el contagio de otros 22 niños del Complejo de Integración Social (Cisna) de San Martín. Esos niños fueron trasladados durante la noche al hotel Mesón de María, según una orden dada por la primera dama, Gabriela de Bukele. Jayme Magaña, involucrada en el proyecto institucional de derechos humanos de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), recibió las denuncias de esos contagios.
Magaña dijo a GatoEncerrado que los contagios se atribuyen, según las denuncias que documentó, a cambios en el personal que atiende a los menores. De acuerdo con los denunciantes, los cambios de personal se hicieron sin esperar los resultados de tamizajes hechos al equipo que entraría a turno de 21 días.
“Es muy probable que ya hubiera gente contagiada al momento del intercambio y no dijeran que tenían los síntomas o los médicos no los revisaron”, declaró Magaña.
Entre sus documentos, la abogada también guarda las denuncias que ha hecho el personal que labora movilizando a pacientes positivos y que se ha visto contagiado. Uno de los datos que sostiene es que de 100 motoristas, según información que pudo confirmar, 55 tenían el virus. “Ellos tienen miedo de ser procesados (destituidos), porque muchos han tenido que seguir trabajando siendo asintomáticos”, detalló sobre la información que recolectó y que presentó ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).
De acuerdo con la abogada, hay una cadena de contagios a la que se le debe prestar atención, sobre todo porque se trata de lugares donde el contacto con el exterior se ha visto limitado. En el CIS Femenino, por ejemplo, cuando se declaró el estado de emergencia, el 11 de marzo, las menores dejaron de recibir visitas, paquetes con ropa o equipo de limpieza o comida. El contacto con sus parientes quedó limitado a llamadas telefónicas de no más de dos minutos o cinco, con suerte. Aunque se conoció que seis de las chicas permanecen en aislamiento, Magaña sostuvo que aún no han recibido la atención médica adecuada. GatoEncerrado pudo confirmar que para el 29 de junio a las 25 menores ya les habían practicado una segunda prueba. No hubo más positivos.
En el CIS Femenino Ilopango, bajo la administración del Isna, seis menores dieron positivo a COVID-19. Foto: Émerson Flores
El 22 de junio, Magaña, en calidad de abogada de la República, presentó un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) en las oficinas de la Sultana, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, por el posible cometimiento del delito o falta en estos casos. “Puede ser que sea una línea de negligencia que se debe de investigar”, explicó.
Para amarrar su hipótesis también suma otros casos, como lo ocurrido en el Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”. Ahí, el 8 de junio se supo de 15 ancianos que fallecieron por contagios. Aunque el ministro de Salud, Francisco Alabí, en conferencia de prensa, confirmó los casos dentro del Sara Zaldívar, pero en ese momento solo dijo que se trataba de tres muertes.
Magaña insistió en que dentro de los traslados, los motoristas son uno de los grupos que más se han visto afectados. Es en ese “ínterin entre el Sara Saldívar e ISNA es que hay 35 personas contagiadas”, que trabajan como conductores en diferentes dependencias y que fueron puestos a disposición de la emergencia. “Otro subregistro”, añadió.
Salud, sin cumplir sus propios lineamientos
Pese a que el país se encuentra en medio de una de las peores pandemias que ha tenido que enfrentar en su historia, no se han usado por completo todas las herramientas que ya se habían establecido ante este tipo de eventos para poder desarrollar estrategias epidemiológicas a escala nacional. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en El Salvador (VIGEPES) creado con el objetivo de “orientar oportunamente las estrategias de prevención y control” no se utilizó para notificar los casos confirmados de COVID-19, y hasta hace poco comenzó a usarse para que las distintas dependencias del Ministerio de Salud reportaran los casos sospechosos.
En cambio, la información de los casos confirmados ha sido manejada en un documento de hojas de cálculo en Google Drive, al que solo algunas personas del Gobierno tienen acceso, según fue confirmado por esta revista a través de distintas fuentes.
Esta decisión contradice los lineamientos establecidos por el mismo Ministerio de Salud para la atención clínica de personas con COVID-19. La tercera edición del documento de lineamientos indicaba que los resultados de las pruebas de laboratorio para COVID-19 tienen que ser notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en línea (VIGEPES).
Fue a través de la filtración de un memorándum que se conoció que, pese a las solicitudes para que se autorizara subir los resultados de los análisis realizados de pruebas PCR para COVID-19 a la plataforma en línea del sistema VIGEPES, las jefaturas del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública no tenían los permisos. Ese laboratorio es el encargado de procesar todas las muestras para diagnóstico COVID-19. El memorándum era dirigido a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, Xochil Sandoval.
“Como Departamento de Laboratorio Nacional de Salud Pública (DLNSP)/ Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública (LVSP) consideramos indispensable ya que al momento y por indicaciones de delegados de CAPRES, únicamente se emite una base de datos en Excel que es enviada vía whatsapp al señor ministro de Salud y delegados de CAPRES. De igual manera, cuando un resultado es solicitado al DLNSP/LVSP por los usuarios del sistema nacional de salud, se ha recibido la indicación verbal de no dar ningún tipo de información si no es al señor ministro de Salud y delegados de CAPRES”, exponían a Sandoval.
La preocupación del personal del laboratorio era válida ya que estaban incumpliendo los lineamientos del propio Minsal al no subir estos datos al sistema.
El Sistema VIGEPES es un portal en línea del Ministerio de Salud donde se reportan los casos que se detectan a escala nacional de más de 90 enfermedades. El sistema ha sido usado para el manejo de datos de distintas enfermedades que se han establecido como de notificación obligatoria, entre estas están el H1N1, dengue, zika y chikunguña.
Los lineamientos técnicos del VIGEPES, publicados en agosto de 2019 por la actual gestión, indicaban que “este sistema ha servido a través de los años para identificar brotes epidémicos de enfermedades, los cuales han sido intervenidos inmediatamente, logrando disminuir los daños en la salud de los salvadoreños, así como la diseminación a las poblaciones de países vecinos o del continente americana”.
En el documento se añade que la Organización Panamericana de la Salud lo ha catalogado como uno de los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica de Centro América.
Al monopolizar el manejo de los datos confirmados de COVID-19 en un documento al que pocos tienen acceso, se cortó la posibilidad de que los tomadores de decisión a nivel local y regional, como directores de unidades de salud y hospitales de segundo nivel, pudieran hacer análisis de sus datos y determinar las medidas que debían tomar con base a estrategias epidemiológicas.
Por ejemplo, los datos sobre COVID-19 publicados en el portal del Gobierno solo informan sobre los casos confirmados por municipio. En el VIGEPES la información es más detallada, por ejemplo se cuenta con la edad y dirección del paciente, por lo que se puede determinar si hay colonias o cantones donde se están dando brotes. O dónde sería necesario realizar más pruebas.
“El tema con el VIGEPES es que es un sistema hecho para facilitar el flujo de la información de cara a la toma de decisiones a todo nivel. Supongo que no lo han querido utilizar (ni aún quieren con los confirmados) por el temor a que se conozca la realidad. En el VIGEPES no es que cualquiera tenga acceso, por supuesto, pero indudablemente temen que estando la información en él, antes o después se divulgue y no por un leak del sistema, me refiero a que simplemente las direcciones regionales, departamentales (SIBASI) y hospitales conocerían los casos que les corresponden”, expuso una fuente que laboró en el Minsal, con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema.
Tras el memorándum, comenzó a darse la indicación al personal de salud que debían notificar los casos sospechosos al VIGEPES, pero siguen sin notificarse los casos confirmados. Pese a que los mismos lineamientos del VIGEPES establecen: “A todo caso sospechoso notificado se le debe dar seguimiento para que cuando se confirme, en el establecimiento que lo notificó, debe agregarse en el sistema VIGEPES la confirmación respectiva, para que aparezca como caso confirmado en los reportes finales”.
En la circular, el personal del laboratorio también alertaba sobre la incertidumbre y dificultades que enfrentaban en su labor al estar recibiendo indicaciones de delegados de Casa Presidencial para que se diera prioridad a ciertas muestras sobre otras. A través de este memo se conoció que quienes emitían estas indicaciones son asesores de origen venezolano que laboran en CAPRES, Miguel Arvelo y Sara Hanna. Sus indicaciones habían llevado a que se dejara pendiente el procesamiento de alrededor de 1,674 muestras recibidas previamente, según el memo.
La respuesta del ministro de Salud, Francisco Alabí, fue que el memorándum “tenía un sentido negativo” y en cuanto a las pruebas que no se habían procesado, dijo que fue porque se volvió a hacer el tamizaje, debido a que el tiempo había pasado desde que se tomaron las pruebas a los pacientes.
“Sin temor a equivocarme, el VIGEPES no lo han usado en esta pandemia”, expuso el epidemiólogo Ricardo Lara. “Creo que teníamos un buen sistema de vigilancia epidemiológico, pero lastimosamente no lo utilizaron en forma adecuada. Creo que hemos estado trabajando con información a ciegas. No fueron acordes con la dinámica de actualización de casos”, añadió Lara.
A inicios de junio también comenzó a repetirse una situación. En distintas ocasiones, tanto en conferencias de prensa como en entrevistas, el ministro de Salud, Francisco Alabí, comenzó a hablar sobre lo inevitable de un subregistro de los casos. Reiteró que es algo que existe en todos los países.
Alabí dijo que al entrar a la fase tres de la epidemia se tenía que dar un cambio en el manejo de las pruebas y a quiénes se las iban a tomar. En una entrevista televisiva realizada el 1 de junio, Alabí dijo que “vamos a priorizar las pruebas de COVID-19 al personal de primera línea y personas vulnerables. No disminuyen, sino se reorientan a este grupo”.
El 7 de junio, la cuenta del Ministerio de Salud en Twitter publicó que la cabina de diagnóstico COVID-19 se encontraba tomando pruebas en el municipio de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. A la fecha, en dicho municipio se han confirmado 46 casos.
Nuestros equipos realizan toma de pruebas, en San Pedro Perulapan, para la detección oportuna de casos #COVID19.
— Ministerio de Salud (@SaludSV) June 7, 2020
¡Juntos saldremos adelante! pic.twitter.com/yMciWzs7TA
“Tenemos que priorizar las pocas pruebas que tenemos a un específico en particular”, insistió Alabí, el 9 de junio en otra entrevista televisiva .
Esta semana, un médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) conoció el resultado de su prueba de COVID-19. Era positivo. La respuesta la recibió casi una semana después de haberse tomado la prueba y en un principio se dio cuenta por otras personas antes de ser notificado formalmente. Lograr que le hicieran la prueba no fue fácil, a pesar de las afirmaciones del ministro de Salud. Solo logró que se la hicieran gracias a la presión de los otros compañeros de su departamento. Explicó que cada vez es más difícil para el personal de salud lograr que les tomen las pruebas.
Para él hubiera sido ideal que, cuando inició la fase comunitaria y se anunció la búsqueda de nexos, también llegaran a los hospitales a realizar pruebas a las personas que estaban pasando consulta.
“La gente seguía llegando a los hospitales de tercer nivel, pese a lo que se había recomendado. No se tomó en cuenta la cultura de la gente. Yo he atendido a personas que llegan en la madrugada por malestares que no son emergencias en lugar de haber ido a las clínicas. Hubieran empezado por tamizar a toda la gente que llegaba a los hospitales. El manejo epidemiológico tendría que haber pensado en salvaguardar los hospitales, poner un filtro”, dijo el médico.
El epidemiólogo Ricardo Lara agregó que “el problema de base viene de la desinformación, del mal manejo de la información epidemiológica. El resultado es que no pudieron tomar las medidas sanitarias adecuadas y ahora solo piensan en confinamiento y régimen de excepción. Tendrían que irse a los municipios que tienen más reportes de casos sospechosos. Ir a ver qué dicen las administraciones de los cementerios”.
Una fuente del Ministerio de Salud, quien corroboró el uso de una hoja de cálculo en Google Drive donde se manejan los datos de los casos confirmados por COVID-19, dijo a esta revista que el haber subido los datos al VIGEPES hubiera servido para alertar al menos al primer nivel de atención sobre la situación en cada una de sus zonas y emitir al menos más medidas de prevención entre el personal de salud.
Conoció que la razón de por qué los datos no se subieron al VIGEPES fue para que no “hubiera filtración”. Pero desde su punto de vista, el acceso a estos datos hubiera servido de alguna forma al personal y a sus comunidades.
La fuente también cuestionó la forma en cómo se trasladarán después estos datos a este sistema. Ya que existe el riesgo de que haya alguna manipulación o se oculten datos.
Durante una conferencia de prensa realizada el jueves 2 de julio por la tarde, Alabí fue enfático en responder a GatoEncerrado que no existe un monopolio de datos, sino subregistros importantes. Repitió que es una situación que enfrentan otros países, como Estados Unidos. Dijo que el subregistro que existe en el país se debe a las dificultades que conlleva registrar tantas muestras. Pero cuando esta revista cuestionó sobre si la no notificación de datos en el sistema VIGEPES influye en el diseño adecuado de una estrategia para atender la pandemia en todos los niveles, el ministro se limitó a decir que “eso no va a mejorar las características o complicaciones que puedan tener la pandemia”.
El epidemiólogo Lara, por su lado, explicó e insistió en que no se debe confundir subregistro con lo que ha ocurrido con el sistema VIGEPES.
“Una cosa es subregistro y otra cosa es ocultamiento de información. Siempre se ha hablado que en todos los países hay un subregistro del 20 % al 30 %. Aquí hubo ocultamiento de información que no llegó a todo el personal de salud, no se ocupó en ninguna parte, ni para el personal de salud ni para la estratificación privada de la mesa sectorial de salud del Ministerio, mientras se quería dar una visión de que la pandemia se estaba manejando de una forma extraordinaria”.
Personal médico, a la deriva
Ana es enfermera en una unidad de salud al norte de San Salvador. En marzo, estuvo en un centro de contención cuidando a personas en cuarentena controlada. Desde entonces, no le han practicado una segunda prueba de COVID-19. Ella, quien para esta publicación pidió omitir su nombre real, ha entrado en contacto con personal médico que se ha contagiado o ha fallecido por covid. Cuando le ha preguntado a su jefe de su unidad si les harán más pruebas, la respuesta que recibe es: “¿Cuál es el problema?, si a todos nos va a dar”.
El mayor inconveniente que ve Ana es que hay unidades de salud en donde los protocolos no son muy claros: en algunas, se sabe que si no es emergencia, no se atiende al paciente. En otras unidades, como las de ella, las consultas no paran. A falta de equipo de bioseguridad, su temor es la alta exposición en la que continúan. “Yo tengo que comprar mis propios lentes, mis mascarillas, el alcohol gel, si no andamos expuestos”, comentó. El único personal que suele usar gabachón y gorro es el que es enviado a turnos.
Telma, la enfermera de Santa Lucía, solía usar ese gabachón y su gorro cuando salía de la unidad de salud al Isna. En la clínica de la Santa Lucía, Telma ha sido la primera que falleció aparentemente por covid. Aunque no se ha manejado como tal, sino como neumonía atípica, los protocolos que le practicaron fueron los mismos que los de una persona que ha fallecido por el virus. De los 22 empleados de esa unidad de salud, GatoEncerrado conoció que cinco ya han sido incapacitados: una persona de saneamiento, una secretaria, dos médicos y una enfermera.
La enfermera Telma Escobar trabajaba en la unidad de salud de la Santa Lucía, en Ilopango. Desde ahí de trasladaba al CIS Femenino Ilopango. Foto: Émerson Flores
Este es otro problema denunciado por empleados del Isna. Según las llamadas que la abogada Jayme Magaña registró, el no tener equipo de bioseguridad ha sido uno de los principales factores que ha propiciado los contagios entre el personal médico, como entre los que se encargan de movilizar a pacientes positivos. Al no tener tampoco químicos de desinfección de los vehículos y que los pacientes sanos y enfermos se movilizan en las mismas circunstancias, dice Magaña, “es que creen hay más contagios de los que se esperaría en los trabajadores de primera línea”.
Especialistas han visto con gravedad lo que ha sucedido dentro del Isna, como en el Cisna, el Sara Zaldívar, inclusive, en centros penales. A esto se suma también contagios dentro del CIS Tonacatepeque, de menores, donde los casos habrían comenzado en una de las dos cocinas, según confirmó la PDDH.
El procurador adjunto para la Niñez y Juventud de la PDDH, Ulises Rivas, dijo a esta revista que han enviado diferentes oficios a la dirección del Isna como del CIS para que determinen de qué manera es que se dieron estos contagios. El plazo para obtener una respuesta fue el martes 30 de junio. Hasta entonces, según Rivas, todavía no se había obtenido información sobre la población que se vio contagiada como del trabajo que estarían haciendo, en coordinación con el Ministerio de Salud, para evitar que se propague el virus.
Sobre los casos del ISNA, el ministro Alabí dijo que “no hay población en el país que no pueda estar expuesta”, dado la cantidad asintomáticos que permiten la transmisión del virus. “En ese contexto podemos entender que no va a haber un lugar donde no se pueda desarrollar la enfermedad”, dijo. Además, aseguró que la mayoría de los casos del Isna se han recuperado, solo uno sigue en tratamiento.
Para el infectólogo de adultos y miembro del Observatorio del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, lo que ha ocurrido con el manejo de los datos y la situación del reiterado subregistro se puede explicar con la atención que se le da a un paciente: para un tratamiento adecuado necesitan un buen diagnóstico, con una buena historia clínica y un buen examen físico.
“Si yo no tengo datos reales, si yo manipulo los datos y creo un subregistro con el objetivo de manipulación de datos, que no son objetivos de salud pública, obviamente las medidas de salud pública van a ser erróneas”, explicó.
La abogada Magaña no cree que los números que se reflejan son los reales: “Yo estoy dando pésame todos los días en redes sociales y ya no cuadran esos 200 muertos”.
