Funcionarios de Hacienda podrían ser sancionados por difundir información reservada

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Xenia Oliva

Xenia Oliva

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha comenzado a tramitar una denuncia en contra del Ministerio de Hacienda, además de iniciar un proceso sancionatorio en contra de dos funcionarios a cargo de la Dirección de Administración Financiera e Innovación. Las acciones fueron tomadas debido a una denuncia interpuesta por la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda) tras detectar una fuga masiva de datos privados de millones de salvadoreños desde la página web de Hacienda.

Tracoda descubrió que en un servidor de Hacienda, que era de acceso público, se encontraba una base de datos que contenía información personal de aproximadamente cinco millones de ciudadanos salvadoreños. Los archivos eran de libre acceso y cualquier persona que encontrara los enlaces en la página de Hacienda podía descargarlos, desde agosto de 2019. Entre los datos se encontraban los nombres completos, los números de Documento Único de Identidad (DUI), fecha de nacimiento, sexo, así como si la persona está viva.

GatoEncerrado pudo corroborar la existencia de estos archivos en la página web de Hacienda. Observó que se podían descargar sin ningún tipo de solicitud de autorización y que no se había tomado ninguna medida para proteger la información de millones de salvadoreños.

Ante la denuncia, el IAIP determinó que era procedente tramitar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio contra el director y subdirector de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (Dinafi).

El Instituto expuso que los funcionarios podrían ser sancionados por “entregar o difundir información reservada o confidencial”. La infracción está tipificada en el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública como una infracción grave y su sanción pecuniaria podría ser entre 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios.

Además, indicó que los funcionarios de Hacienda tienen siete días hábiles, a partir del momento en que sean notificados de la admisión de la denuncia, para remitir su defensa ante el IAIP.

Ante la solicitud de Tracoda de imponer como medida cautelar la orden de eliminar el acceso público a las bases de datos, el IAIP observó que los enlaces que la asociación había provisto ya no funcionaban. El acceso a dicho servidor de Hacienda dejó de funcionar el mismo día que GatoEncerrado publicó una nota en la que alertaba sobre la fuga de datos, el pasado 10 de julio.

Previamente en una entrevista televisiva, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo que pidió tanto a la Dirección de Administración Financiera como a la Dirección de Impuestos Internos un análisis de lo que había ocurrido. Fuentes dijo que “había un servidor abierto de la exdirectora de Impuestos Internos, que aparentemente había dejado ahí, no sé con qué razones”.

Escuetamente añadió que pidió una auditoría interna para poder determinar qué pasó y que al tener los resultados podría dar más aclaraciones.

Fuentes no se refirió al hecho de que las bases de datos habrían estado disponibles para ser descargadas desde agosto de 2019. Ni a las repercusiones legales que esta fuga de datos podría acarrear tanto para los responsables como para las víctimas.  Tracoda informó que no descarta interponer denuncias adicionales contra funcionarios de la Dinafi por acciones relacionadas al caso. 

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