Por Gabriela Villarroel

Durante la emergencia por la COVID-19, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tomó $23,483,652 del dinero de salarios de esa institución y de otros programas de su presupuesto 2020 para hacer compras directas de granos básicos para el paquete de alimentos, y luego envió el decreto a la Asamblea Legislativa para que autorizara la transferencia. El Ejecutivo emitió dos acuerdos del Ministerio de Hacienda para avalar la movilización de ese monto. Es decir, hizo movimientos de dinero sin pedir permiso a la Asamblea y ahora quiere una validación de lo que ya gastó. 

Para reponer este gasto anticipado, el MAG está solicitando que se le transfieran fondos del Ministerio de Hacienda, que provienen del préstamo de $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la emergencia sanitaria. Sin embargo, los diputados del FMLN, Arena y PDC aseguraron que el Ejecutivo cometió varias ilegalidades y no están dispuestos a validar la transferencia sin antes escuchar al titular del MAG, Pablo Anliker.

Para eso, la Comisión de Hacienda de la Asamblea citó al ministro Anliker para que llegara, el pasado 27 de julio, a explicar los gastos; sin embargo, por segunda vez, no asistió. Envió una nota a los diputados asegurando que está a la espera de los resultados de su última prueba de COVID-19. Los diputados acordaron llamarlo para que en 15 días comparezca. De lo contrario, advirtieron que mandarán el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue el caso.

El único que asistió a la comisión fue Nelson Fuentes, quien un día después renunció al cargo de ministro de Hacienda. Fuentes ratificó la carta de Anliker y defendió la legalidad del movimiento de fondos que hizo el MAG sin la autorización de la Asamblea.

Con el presupuesto de funcionamiento del MAG se compraron 50,000 toneladas métricas de maíz, 9,000 de frijol rojo, 4,000 de frijol negro, 3,500 de arroz blanco y 3,500 de arroz precocido. Fuentes no detalló los montos pagados ni los proveedores, a pesar de la insistencia de los diputados. 

El diputado de Arena, Rodrigo Ávila, dijo que entre los detalles de las compras que hizo el MAG es necesario saber a quién le compró y cuándo. “Ese cuándo es un tema importante que habría que aclararse, porque se ha dicho que parte de esos productos ya están aquí (en el país) y que se hacen las solicitudes para adquirirlo cuando ya se compraron”, aseguró Ávila.

El Ejecutivo emitió dos acuerdos del Ministerio de Hacienda para avalar la movilización de los $23.4 millones dentro del MAG. El primero fue el acuerdo ejecutivo 374, que autorizó usar $7,687,800 que era del Plan de Agricultura Familiar (PAF) y $1,312,200 de la partida de remuneraciones para comprar $9 millones de granos básicos para consumo humano. En el acuerdo ejecutivo 400, además, el Gobierno autorizó un nuevo traslado de $6,448,050 del rubro de remuneraciones para la compra de maíz blanco, totalizando $7,760,250 que salieron de la partida para salarios de los empleados del MAG. Tanto los programas sociales como las remuneraciones son intransferibles dentro del presupuesto del Estado.

Los $8,035,602 restantes, que estaban designados a la compra de paquetes agrícolas, semilla de maíz y fertilizantes, fueron transferidos a través de una autorización de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del MAG, amparándose en la circular SAFI-002/2009, que permite reprogramaciones de rubros “entre meses de un mismo semestre”. Los gastos, sin embargo, comprometieron fondos del segundo semestre para solventar necesidades del Gobierno en el primer semestre.

La controversia legal

Durante la reunión de la comisión de hacienda, los diputados señalaron que el Ejecutivo y el MAG violaron el artículo 38, inciso 3, de la Constitución al echar mano del dinero de remuneraciones; suplantaron las atribuciones que le dan a la Asamblea los artículos 228 y 131, numeral 8, de la Constitución para reformar el presupuesto; excedieron sus facultades de lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley de la Administración Financiera del Estado (AFI) al comprometer recursos de los que no disponían; y violaron la Ley de Procedimientos Administrativos.

La diputada del FMLN Yanci Urbina preguntó al ahora exministro de Hacienda “por qué busca validar una transacción ilegal dentro de la cartera de Agricultura”. Además, reiteró que el MAG gastó recursos en una finalidad distinta a la estipulada en el presupuesto 2020 y comprometió fondos de los que no disponía.  “Están cambiando los destinos que tienen ya consideradas las partidas presupuestarias”, sostuvo la legisladora del Frente.

El exministro de Hacienda respondió que no han cometido ninguna ilegalidad y explicó que se ampararon en la ley AFI y en el decreto de emergencia 595; en tanto, dijo que el resto de valoraciones los tenía que responder el MAG.

Fuentes reconoció que las transferencias entre ministerios deben pasar por aprobación de la Asamblea; pero justificó que cuando las transferencias se dan al interior de una cartera de Estado se requiere la autorización del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. 

Fuentes citó que se basaron en el artículo 45, literal b, de la ley AFI que dice: “el Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Hacienda, autorizará las transferencias entre créditos presupuestarios de un mismo Ramo u organismo administrativo, excepto las que se declaren intransferibles”.

El siguiente paso, según el exministro, fue que Hacienda aplicó el artículo 42 de la ley AFI que dice que “no se podrá disponer ni utilizar recursos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto, excepto lo establecido en el artículo 45 de esta Ley”.

“Si yo tengo $100 de energía y tengo $100 de agua, pero me hace falta para (pagar) la energía, porque el gasto es $125, yo puedo hacer la transferencia de $25 de agua a $25 adicionales de energía. Entonces, cubre el artículo 42 que dice que no se podrán utilizar recursos si no tiene crédito, pero una vez que se hace la transferencia ya tiene crédito y en ese momento ya se cumple el artículo 43 que dice que se van a poder adquirir compromisos para poder cumplir esa necesidad”, explicó Fuentes.

Según su explicación, el artículo 42 de la ley AFI solventó la prohibición del artículo 43 de esa misma ley que prohíbe a los titulares de instituciones entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto, en forma temporal o recurrente, para el ejercicio financiero fiscal en ejecución. Esta prohibición es específica en incluir el compromiso de fondos para prestaciones y salarios de trabajadores, o negociaciones con proveedores. 

El mismo artículo establece que los contratos y compromisos firmados que vulneran la ley AFI “son nulos y sin valor alguno”. El incumplimiento del mismo, además, es causal de destitución para titulares y funcionarios infractores, en este caso Pablo Anliker, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que incurra. 

La diputada Urbina señaló que el MAG no tenía crédito presupuestario suficiente para hacer los movimientos. Explicó que el crédito presupuestario está considerado en la ley de presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa.

Otro argumento que usó Fuentes fue que se basaron en el decreto 593, artículo 12, de la declaratoria de emergencia, que según el funcionario le daba la potestad para poder garantizar las compras de bienes y servicios en el marco de la emergencia.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, contradijo al exministro. “El decreto 593 nunca pasa por encima de la Constitución de la República, nunca otorgó facultades al Órgano Ejecutivo para que él asumiera las funciones de reformar el presupuesto general de la nación. Esa es una atribución exclusiva e indelegable de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, la preguntaría sería ¿y entonces por qué vienen ahora a pedir autorización a la Asamblea Legislativa? Si tenían las facultades con base al artículo 45, literal b, (de la ley AFI) las hubieran ejercido a plenitud sin tener que venir ahora a la Asamblea Legislativa a pedir que saquemos las bolas del elefante del circo”, le reprochó.

Urbina también dijo que en el decreto original 593 que mandó el Gobierno siempre pretendió invalidar la autorización de la Asamblea; sin embargo, ellos lo modificaron y dejaron que las solicitudes de reforma presupuestaria serían conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea. 

El exministro de Hacienda también intentó escudarse en la ley del presupuesto de 2020. El artículo 13 declara intransferibles los recursos destinados a financiar actividades relacionadas con la igualdad de género, programas sociales y protección social de la mujer, niñez, adulto mayor, agricultura, población vulnerable y en pobreza extrema; y no específicamente los salarios. 

“No estamos tocando ninguno que la ley de presupuesto declara como intransferibles”, aseguró Fuentes. “No hay ninguna ilegalidad. Me parece que hay bastante confusión entre un refuerzo, una transferencia y una asignación presupuestaria, que si ustedes gustan bilateralmente se les puede ayudar con la explicación del caso”, ofreció.

Para la primera entrega de paquetes de alimentos, el MAG gastó $151.9 millones, según la memoria de labores que presentó la cartera de Estado a la Asamblea Legislativa el pasado 23 de julio. La Corte de Cuentas de la República (CCR) está elaborando un examen especial a estos fondos, después de que el ramo de Agricultura no entregara la información requerida por la institución contralora.

Advierten con enviar el caso a FGR

Los diputados de Arena, FMLN y PDC rechazaron las explicaciones del ministro de Hacienda sobre el uso de fondos del MAG, y citaron —una vez más— a Pablo Anliker para explicar el uso de fondos que, según algunos diputados, fueron malversados del erario público. 

El pasado 21 de julio, dos diputados del FMLN, Yanci Urbina y Víctor Hugo Suazo, interpusieron una petición de investigación a la Fiscalía por el posible cometimiento del delito de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y malversación de fondos del MAG. 

Con la confirmación del exministro de Hacienda, este 27 de julio, los diputados evalúan enviar el expediente al Ministerio Público, para que inicie una investigación que, según Urbina, podría implicar un antejuicio.

Por su parte, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Landaverde Rivas, informó el 27 de julio que ya se abrió una nueva línea de investigación sobre la solicitud de $23.4 millones del MAG, a petición de la Asamblea Legislativa.

“Se inició también a requerimiento de la Asamblea Legislativa la certificación de transparencia de fondos de $23 millones, es una nueva línea de investigación”, sostuvo Landaverde, y añadió que la auditoría a fondos de emergencia que utilizó el MAG sigue pendiente, pero acumula al menos seis hallazgos.

Landaverde no detalló en qué consisten dichos hallazgos; sin embargo, dijo que notificaron al ramo de Agricultura esta misma semana, para que subsane las inconsistencias encontradas en los informes.