A mayor privatización y desigualdad, más caos

 Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

Aunque los formuladores de políticas no pueden cambiar rápidamente aspectos como la estructura demográfica y los niveles de desigualdad, sí tienen el control de políticas como la de reducción de costos o la privatización.

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Por Michelle Molina*

El COVID-19 no discrimina por riqueza, raza, estatus social o cualquier otra “etiqueta”; pero sí que afecta desproporcionadamente más a los pobres, a las minorías étnicas, los precarizados y las mujeres. Además de los impactos en salud y mortalidad, la pandemia exacerba las vulnerabilidades y expone las fragilidades y desigualdades estructurales, especialmente, en países con sistemas de protección social débiles y que han pasado por procesos de privatización. En resumen, la COVID-19 es un crudo recordatorio del precio que pagamos por la desigualdad y las debilidades que hemos permitido en los sistemas de salud, la protección social, los servicios públicos y la protección del medio ambiente. 

Diversos factores determinan la tasa de mortalidad de la COVID-19 de un país: la capacidad del sistema de salud, las medidas de confinamiento adecuadas, la calidad del liderazgo político, la coherencia de la respuesta gubernamental, la extensión de viajes internacionales y la estructura etaria poblacional. Sin embargo, según Jeffrey Sachs, Nobel de Economía, la característica estructural que determina muchos otros factores, es la distribución de ingresos y riqueza de cada país. La mayor desigualdad implica necesariamente una mayor proporción de trabajadores de bajos ingresos o que dependen del sector informal, como trabajadoras domésticas, repartidores hasta trabajadores de construcción, que deben continuar su vida diaria, incluso ante el riesgo de infección. Más desigualdad también significa más hogares viviendo en condiciones de pobreza y hacinamiento, y con falta de agua potable y saneamiento, dificultando implementar las medidas preventivas.

La desigualdad es inherente al modelo económico imperante, siempre acompañado de las ideas de achicar el Estado y dejarle el bienestar al azar del mercado. Por ejemplo, por años se ha ninguneado el sistema público de salud, ocasionando que muchos países tengan sistemas de salud mixtos o hasta predominantemente privados, y consecuentemente, con grandes desigualdades de acceso. Ha sido demostrado que las sociedades más desiguales suelen tener peores condiciones generales de salud. Y en cambio, los países que han alcanzado un crecimiento ampliamente compartido, han demostrado una mejor capacidad conteniendo la primera ola de la COVID-19. 

Un estudio de Cecilia Calderón y Jacob Assa sobre la COVID-19 evidenció que los recortes en el gasto público en salud y la privatización de este sector se relacionaron con más casos y una mayor mortalidad. Un aumento del 10.0 % en el gasto privado en salud resultaba en un aumento del 4.85 % en los casos de COVID-19 y del 6.91 % en las muertes. Algunas de las tasas de mortalidad más altas fueron las de Estados Unidos, Italia y España que tienen alrededor de 3 camas de hospital por cada 1,000 personas, lo cual se asocia con menos muertes por el virus. Mientras que los sistemas menos privatizados suelen tener una mayor proporción de camas hospitalarias, como Alemania (8.2), Corea del Sur (10.9) y Japón (13.4). Dichos hallazgos resaltan la importancia de sopesar las ganancias a corto plazo, de unos pocos, de privatizar la atención médica, con los riesgos de menor capacidad, cobertura menos equitativa y menor adherencia a los estándares médicos para toda la población.

Estos resultados también pueden darnos luces al analizar los casos de El Salvador y Guatemala. Ambos enfrentaron procesos fuertes de privatización de sus sistemas de atención médica, especialmente en el nivel primario, a raíz del Consenso de Washington; ello se puede constatar en el peso del gasto privado en salud, como porcentaje del gasto total. No obstante, a diferencia de Guatemala, El Salvador emprendió un proceso para buscar recuperar la salud pública desde 2004; llegando a acercarse a las razones del gasto público-privado de la OECD. Lastimosamente, desde 2016, este indicador se ha deteriorado, cuando se estableció un enfoque de austeridad en el gasto social. Ahora bien, tanto Guatemala como El Salvador tienen un gasto per cápita en salud muy por debajo del promedio de Latinoamérica, del mundo, y de la OCDE. A su vez, estas reflexiones dan insumos valiosos a considerar, ante cualquier intento de privatizar la salud o los institutos de Seguridad Social.

 

Décadas de negligencia pública y gastos insuficientes nos han llevado al punto de quiebre en nuestros sistemas políticos e incluso sociales y fiscales. Pero la historia nos muestra que el caos ofrece tremendas oportunidades para romper el statu quo. La respuesta para abordar las desigualdades existentes y para alcanzar una respuesta más equitativa al impacto inmediato y a largo plazo de la pandemia de la COVID-19 debe ser sistemática, e integrar las dimensiones de salud, economía, social, y ambiental; sin perder de vista el estratégico rol que juega el Estado. Aunque los formuladores de políticas no pueden cambiar rápidamente aspectos como la estructura demográfica y los niveles de desigualdad, sí tienen el control de políticas como la de reducción de costos o la privatización, que no abonan a una mejor capacidad de atención del Estado ni a una sociedad más inclusiva, como sí lo hacen las apuestas por la protección social universal.

 Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

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