Por Xenia Oliva

En su primer día de labores en el IAIP y tras concluir una reunión con el resto de comisionados, Gómez Guerrero dijo en declaraciones a los periodistas que se había tratado de una sesión introductoria en la que también conoció los puntos menores de “un caso”. Añadió que esperaba comenzar a empaparse de los demás casos durante la semana.

“Lo más importante para una institución que tiene funciones contraloras del Estado, en materia de acceso a información pública, es justamente ello, seguir siendo una institución que incide en darle vigencia este derecho a la información pública que es un derivado de la libertad de expresión de todas las personas”, expuso.

Gómez Guerrero dijo que personalmente veía importante continuar el esfuerzo de garantizar que todos los ciudadanos tengan la facultad de solicitar información a las distintas instituciones públicas.

Además recalcó que el IAIP no es solo una entidad de contraloría del órgano ejecutivo. “Es una contraloría de todas las instituciones del Estado. La ciudadanía no solo acude a las instancias del órgano ejecutivo sino que a las demás dependencias de todo el aparato estatal precisamente para requerir la información que se debe de dar”, expresó Gómez Guerrero.

Añadió que comenzarían a darle prioridad a la información oficiosa que han tenido procesos atascados debido a la situación por la pandemia. “El instituto, hasta donde he estado viendo, ha hecho sus esfuerzos por mantener su actuación y también esa visión de hacerle ver a las autoridades que se tienen que adoptar mecanismos adecuados que se brinde la información que se tiene que dar”, dijo.

Un llamado a la independencia

El nombramiento de Gómez Guerrero ha generado expectativas entre los representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo ante la importancia de que se mantenga un IAIP independiente y sin injerencia políticas.  Según organizaciones, ha sido evidente el interés del actual Gobierno por controlar el IAIP al intentar poner a personas afines, como el caso del excomisionado Juan Carlos Turcios. 

Xenia Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dijo a GatoEncerrado que la gestión de Cristina Pérez como presidenta interina colocó al IAIP como un instituto dinámico con decisiones determinantes a favor de la transparencia, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente con René Cárcamo. 

“(Cristina Pérez) ha generado expectativas muy buenas, en cuanto a que funcione una de las instituciones más recientes de nuestro país en el tema de acceso a la información pública. Es lo mismo que vamos a esperar con este nuevo nombramiento”, dijo Hernández.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, compartió el sentimiento de expectativa de que el comisionado recién electo mantenga el trabajo que se venía desarrollando desde el instituto. Añadió que para ellos fue muy valiosa la apertura a la sociedad civil que mostró la gestión anterior del IAIP. Escobar señaló que esperan que el nuevo comisionado ejerza su cargo con independencia.

“La independencia es completamente crucial en este tipo de puestos, no solamente tener el conocimiento técnico, no solo la idoneidad, sino la independencia y la moralidad notoria. Ejercer con profesionalismo y dedicarse con especialización en la materia”, añadió.

Respecto a la forma en cómo se dio a conocer su nombramiento, Xenia Hernández consideró que quedó la deuda desde Presidencia de hacer transparente el proceso de elección. Además de que hubiera sido más adecuado conocer la decisión desde canales oficiales antes de que a través de rumores. Para Hernández sería bueno conocer cuáles fueron todos los criterios para elegir al nuevo presidente del IAIP.

Los otros candidatos eran Manuel Escalante propuesto por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y Eder Evelio Quintanilla, de parte de la Universidad Gerardo Barrios (UGB).

El proceso para la elección del comisionado por el sector académica estuvo marcado por controversias y se retrasó en distintas ocasiones. En marzo, cuando se presentaron a los primeros tres candidatos el proceso enfrentó una demanda contenciosa administrativa. En ese entonces los candidatos eran Gómez Guerrero y Óscar Oswaldo Campos Molina, por la UFG, así como Manuel Alejandro Alfaro Rungliancich por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

Posteriormente la elección estaba programada para inicios de julio, pero distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que había indicios de querer controlar al IAIP y coartar sus funciones. Los señalamientos se enfocaron contra el excandidato Óscar Campos Molina, quien fue inscrito en un plazo extraordinario. Además señalaron que Campos Molina es funcionario público del gobierno. Tras las denuncias, Campos Molina renunció a la candidatura y el Ministerio de Educación suspendió la elección. El único candidato que volvió a ser postulado y participar en la elección fue Gómez Guerrero.