Por Xenia Oliva

Madrugón

En tres días, entre dos breves reuniones, la comisión política de la Asamblea Legislativa pasó de tener un listado de 23 candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas a un listado de 11 candidatos, para horas después anunciar el respaldo y el voto a favor de tres de los candidatos al frente de la entidad. El análisis que realizaron los diputados de cada uno de los perfiles del último listado no se hizo público. 

Para el mediodía del jueves 20 de agosto, la comisión aparentemente tenía aún discusiones pendientes sobre los candidatos. El mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, propuso continuar con la discusión el lunes de la próxima semana, pero los miembros de la comisión pidieron mantenerla abierta durante la plenaria.

A las 7:30 p. m., del jueves, la comisión política se volvió a reunir y los partidos ya llevaban listo el acuerdo. El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, anunció que la carta de su fracción era Anzora Quiroz. Leyó parte de la hoja de vida de Anzora, destacó sus logros académicos y su trayectoria dentro de la Corte de Cuentas.

Anzora actualmente es el segundo magistrado de la Corte de Cuentas. Su labor en la institución comenzó desde 1992, cuando ingresó como colaborador administrativo. A lo largo de los años fue escalando peldaños dentro de la entidad, ha sido secretario de actuaciones de las cámaras Tercera y Quinta de Primera Instancia de la CCR. “Cuando se trabaja de forma transparente se puede llegar desde abajo hasta el puesto máximo de la Corte”, dijo Reyes.

La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, propuso a María del Carmen Martínez Barahona, actual primera magistrada de la CCR. Díaz hizo lo mismo: mencionó  los logros académicos de la funcionaria y destacó que durante su gestión se promovió al Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, propuso a Julio Guillermo Bendek Panameño, actual procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Los tres elegidos aparecían en los listados de Arena, FMLN y PDC. En el listado presentado por la comisión política, Anzora contaba también con los votos del PCN y Gana, pero estos partidos cuestionaron el proceso de elección y se retiraron de la sesión plenaria. 

En el caso de Martínez Barahona, además de los votos de Arena y el FMLN, tenía los votos de Gana, PDC y CD. Mientras que Bendek Panameño solo tenía el respaldo de ARENA, FMLN y PDC.

Al momento de la votación final, realizada por la comisión política, los tres candidatos recibieron siete votos. 

Gana cuestionó el proceso de elección, no así los perfiles de los candidatos.  “Queremos que haya transparencia. No nos vamos a sumar con los votos, pero es por procedimiento, no por los profesionales”, comentó Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de Gana. Ese partido había mantenido su apoyo a la actual presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas.

El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, señaló que Gana no apoyó la elección “porque no le dieron la tajada del pastel”.

El dictamen de la elección fue votado a las 11:41 p. m., de este jueves 20 de agosto. Las juramentaciones empezaron a las 12:04 a. m., del viernes 21 de agosto. 

Los tres recibieron 59 votos a favor de los diputados de Arena, FMLN y PDC. Ponce, quien presidía la plenaria, se abstuvo de votar. El diputado independiente, Leonardo Bonilla, votó en contra. El resto de los diputados de GANA y el PCN ya se habían ido.

En un momento en que el ministro de Agricultura, Pablo Ankiler, se ha negado a brindar información a los auditores de la Corte de Cuentas sobre los gastos durante la emergencia, Arena y PDC pidieron a los nuevos magistrados que garanticen la transparencia del manejo de fondos públicos. 

“Así que tienen ese reto. Y les hago ese llamado para que de forma responsable corrijan donde tengan que corregir, adviertan donde se tenga que advertir y apliquen la ley tal como le mandata a la Constitución y las leyes secundarias”, exigió el diputado Carlos Reyes. Mientras que Rodolfo Parker agregó: “Queremos saber qué está pasando con el pisto del pueblo”. 

Una elección a oscuras

El único diputado que cuestionó la elección fue Leonado Bonilla. Dijo que fue “una elección sacada de la manga” y bajo reparto de cuotas.  Además, sostuvo que no existió deliberación pública de los perfiles de los 75 candidatos para determinar las razones de por qué decidieron votar por los tres magistrados juramentados ayer. 

“Si venir a leer el currículum de un candidato eso es fácil y eso no significa que ya se deliberó… En ningún momento, dentro de la comisión política ni la subcomisión política ha existido un análisis de perfiles”, cuestionó Bonilla.

La elección se realizó sin atender las observaciones realizadas por las distintas organizaciones de la sociedad civil. Entidades como Acción Ciudadana, Funde y Tracoda en distintas ocasiones reiteraron su preocupación por la falta de claridad desde los diputados para dar a conocer cuáles fueron los criterios para determinar qué candidatos llenaban los requisitos técnicos.

Previamente Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, había expuesto que en caso de una reelección era necesario comprobar que los funcionarios hayan tenido un desempeño relevante y satisfactorio en su cargo. “Si esto no se comprueba, no hay base para esta decisión, más allá de la conveniencia política”, dijo.

En diversas ocasiones los diputados han defendido el proceso, señalando que entrevistaron de forma pública a 73 de los 75 candidatos. Los candidatos Pablo Antonio Saravia Alfaro y Eldemira Violeta Flores Orellana no se presentaron a sus entrevistas y enviaron sus respuestas por escrito.

Pero las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano a la CCR (OCCCR) han señalado que el cuestionario que se entregó a todos los candidatos era compuesto por preguntas muy básicas que no permitían una verdadera evaluación de las cualificaciones de cada uno de ellos. Además, no se realizó una segunda ronda de preguntas al delimitar el listado de los 75 candidatos.

“Se están repitiendo los mismos errores de los últimos años en diversos procesos de elección indirecta de funcionarios y esto denota la falta de una voluntad real desde la Asamblea Legislativa para hacer cambios sustantivos que nos permita contar con procesos de elección adecuados que garanticen no solo la transparencia a lo largo del proceso, sino también que se esté eligiendo con base a criterios técnicos”, expuso Jessica Estrada de Funde.

Señaló que obviamente no se puede omitir el elemento político que rodea este tipo de elecciones, ya que son políticos quienes toman las decisiones, pero lamentablemente no se ha logrado profundizar en los elementos técnicos que deben guiar este proceso.

Estrada comentó que el observatorio entregó un baremo a la Asamblea Legislativa de los elementos y criterios que se deberían tomar en cuenta al momento de la elección, pero no fue tomado en cuenta por los diputados de la comisión. “Al menos pudo servir como orientación y guía. Al momento no se ha esclarecido cuáles son los perfiles que se estaban buscando. Tampoco se ha logrado justificar por qué un candidato es mejor que otro. Es necesario una deliberación de preferencia pública, de por qué están apoyando a estos candidatos. Es una elección en representación de toda la ciudadanía”, dijo Estrada.

Carlos Palomo, director de Tracoda, lamentó que no se haya profundizado en las cualificaciones técnicas de cada uno de los candidatos. Aunque los diputados se basaron en las hojas de vida presentadas por los candidatos, el OCCCR solicitó los anexos de estos documentos, donde se incluyeran las constancias de la Fiscalía General de la República, CCR, PDDH y Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), pero la Oficina de Información Pública de la Asamblea Informó que: “resulta materialmente imposible entregar esta información de manera parcial porque a la fecha se encuentra incompleta. Factor que imposibilita que los datos existentes sean fidedignos y veraces”.

Por esta razón, Palomo cuestionó que los diputados contaran con todos los documentos necesarios para evaluar a los candidatos. Señaló que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había recomendado que se estableciera un mecanismo adecuado para determinar por qué un candidato sobresale por encima del resto.

“Creemos que el proceso podría tener vicios por no haberse argumentado adecuadamente la elección”, expuso. Palomo añadió que, aunque Anzora Quiroz y Martínez Barahona han mantenido apertura para trabajar en conjunto con la sociedad civil, los diputados de la comisión no lograron atender las peticiones de transparencia por lo que su elección podría exponerse a otra demanda por inconstitucionalidad.

A finales de julio, la Sala de lo Constitucional de la CSJ resolvió un proceso de inconstitucionalidad por vicio de forma en la manera cómo la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados propietarios y suplentes de la CCR para el período de agosto de 2017 a agosto 2020. En su fallo, la Sala declaró inconstitucionales los decretos legislativos relacionados al nombramiento de los magistrados de la CCR, entre los que estaban Anzora Quiroz y Martínez Barahona, además de la presidenta que termina su periodo en este mes. Esto debido a que la Asamblea “omitió argumentar por qué las personas electas poseen competencia notoria según el perfil requerido, y de acuerdo a lo explicado en esta sentencia”, sostuvo la Sala. Aunque la misma Sala señaló que el pronunciamiento no impedía su postulación a una reelección: “pues el vicio de inconstitucionalidad advertido fue de forma, en el procedimiento llevado a cabo por dicha Asamblea”, sentenció.