Durante décadas la Fuerza Armada ha sido una escuela de valores de un buen número de ciudadanos que han prestado servicio en ella. Estos se han extendido al resto de la población ante la ausencia de valores democráticos, de tolerancia y diálogo.

Preguntemos si debemos seguir imponiendo estos valores en nuestra ciudadanía. ¿Acaso alguien duda que en nuestra sociedad no se promueve la intolerancia, el miedo, la manipulación y la impunidad? ¿Coincide la concepción del “orden” y obediencia basada en la uniformidad y homogeneidad, la restricción a cuestionar y violentar a cualquier idea contraria a la sumisión con una sociedad que pretende ser moderna?

Ese “orden” es el que nuestra sociedad caótica, desordenada y convulsa acepta y en ocasiones defiende. Ante la ausencia de valores cívicos y humanos esta institución ha sido una alternativa distorsionada y distorsionadora de nuestra realidad. Estos valores, por la historia y concepción de la institución, distan de ser los ideales para superar los problemas que enfrentamos.

Durante décadas han figurado personajes icónicos y de cuasi culto, que en cualquier democracia serían reprochables. En el pasado entregamos el poder a violadores de derechos humanos, magnicidas, verdaderos asesinos y carniceros que se ayudaban de las drogas para cometer sus atrocidades. Muchas acciones violentas se justificaron bajo el discurso de la amenaza terrorista; años después el informe de la Comisión de la Verdad demostró que la mayor parte del terrorismo provenía de la institución castrense y de los cuerpos de seguridad. Este capítulo de nuestro pasado como mínimo debería recordarnos que esas figuras (Hernández Martínez, Monterrosa o D’Aubuisson) e instituciones como la Fuerza Armada no deben dictar nunca que somos ni ser referente de valores que necesitamos incorporar para construir una sociedad diferente.

Las fuerzas armadas tienen sus límites: la defensa del territorio y la garantía de la soberanía nacional como norma básica. No hay más. No pueden ni deben atribuirse roles de asistencia social, salud, educación, formación ni de gestión ante catástrofes y mucho menos ser la base en la que se apoye la gobernabilidad ni las protagonistas en la ejecución de las políticas de un gobierno.

Para responder a las diferentes demandas sociales y garantizar derechos a toda la población, hemos de devolverle el valor al conocimiento técnico, a los saberes comunitarios, reconocer y respetar la independencia de poderes. Son los poderes del Estado quienes deben trabajar de manera conjunta para generar, por fin, esa gobernanza. Esa forma colectiva de Gobierno que sume a diferentes sectores sociales para la creación de la estrategia de país que ya hace mucho esperamos.

En pleno siglo XXI quienes apuestan por la militarización de las instituciones olvidan que en el pasado ello nos abocó a la tragedia. Hoy día el escenario es más complejo: crimen organizado, narcotráfico, violencia (homicidios, feminicidios, extorsiones, desapariciones y migraciones forzadas), el peligro latente de la penetración de las estructuras de las pandillas en las instituciones además de la actual de pandemia que va a ahondar en la desigualdad ya endémica de nuestra sociedad. Para nada estamos en el mismo escenario de hace 40 años y los efectos de una deriva autoritaria pueden ser aún peores. Quienes apuestan por la militarización no están haciendo algo nuevo, están repitiendo errores, y nuestra historia nos grita que ese no es el camino.

Hoy es momento de exigir a la Fuerza Armada que por fin rinda cuentas, desclasifique información que hace años debió ser revelada para saldar una deuda histórica, se reduzca su presupuesto, se modernice se respeten sus competencias y así, tal vez, en un futuro nos daremos cuenta –como hace 71 años lo hizo Costa Rica– que debe desaparecer.