Merino no se hace responsable 

Pese a los distintos intentos de los diputados para entender la desproporcionada llegada de militares a la Asamblea Legislativa, si no se trataba de una operación militar, Merino se cerró a repetir que no recibió órdenes de nadie y que los militares en el lugar respondían al dispositivo de seguridad del presidente, pero que él no estaba a cargo.

“En este caso yo no he recibido ninguna orden, porque no me corresponde a mí como ministro de la defensa nacional un dispositivo para la seguridad del señor presidente. No he recibido ninguna orden en específico respecto de la situación del 9 de febrero. Es el jefe del Estado Mayor Presidencial, cuando el señor presidente va a asistir a cualquier evento, él sabe que tiene que establecer un dispositivo de seguridad y cumplir con todos los roles de seguridad que corresponden a un funcionario y eso es lo que sucedió ese día”, dijo Merino y añadió que él solo llegó a la Asamblea ese día a “supervisar” el movimiento de militares.

“Eso es lo que yo hice ese día. Pasé acá a verificar si todo se estaba desarrollando de manera normal y por eso fue mi presencia en este lugar”, aseguró.

Las dudas respecto al compromiso que la Fuerza Armada debe tener hacia  la Constitución de la República resaltaron entre algunos diputados durante la sesión. La pregunta 12 del cuestionario era: “¿Qué haría si el Presidente de la República le ordena realizar una función o actividad a la que constitucionalmente y legalmente no esté obligado?”. Merino aseguró que Bukele nunca le ha dado una orden inconstitucional. “No esperaría recibir una orden de esa naturaleza, nunca me ha dado el presidente una orden inconstitucional”.

Las dudas, sin embargo, persistieron ante las respuestas ambivalentes de Merino a preguntas como las del diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, quien inquirió: “¿Cree usted que esta acción pueda repetirse?”.

“Lo que yo puedo manifestar es que nosotros como institución jamás vamos a participar o actuar en un hecho que viole la constitución y el resto de la ley. Respecto que si pueda volver a suceder o no, es un caso hipotético que no estoy en la capacidad de determinar si pueda o no volverse a repetir bajo todas las circunstancias en que se dieron”, dijo Merino, quien para ese entonces ya se había quitado la mascarilla para hablar y, aunque no titubeaba, sus palabras se volvían aletargadas.

Merino no pudo comprometerse a no volver a participar en una movilización militar como la ocurrida ese domingo 9 de febrero en la Asamblea.

“Usted está mintiendo”, Ponce a Gallegos 

En una de sus intervenciones, el diputado Guillermo Gallegos aceptó haber participado directamente en la llegada del presidente Bukele al Salón Azul y haber estado de acuerdo con la entrada de los militares, alegando que “se iban a sentir más seguros”. Llegó a decir que ese mismo día se comunicó con Mario Ponce para pedirle permiso.

“No podemos, de alguna manera, venir y hacer ese tipo de aseveraciones. Este servidor no posee la llave ni de la oficina que ocupa. No tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día. Yo no autoricé a nadie”, aseguró Ponce interrumpiendo la participación de Gallegos.

Inmediatamente Gallegos, quien lucía ofuscado y molesto, acusó a Ponce de querer “evadir su responsabilidad”. 

“No es cierto, esa es su palabra y usted está mintiendo”, le respondió Ponce a Gallegos. Pese a los intentos de Gallegos de seguir discutiendo, Ponce volvió a ceder la palabra al resto de la bancada de Gana para seguir las repreguntas. 

Después de un receso…

La reincorporación del ministro a las 2:30 de la tarde fue menos efusiva que su primera aparición, pero siempre acompañada de los aplausos de su propia comitiva de gobierno. 

La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, le dijo que ni en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador, ni la Constitución de la República o jurisprudencia constitucional amparan el procedimiento de la Fuerza Armada ese día y cuestionó si aún así defendía la legalidad o la ilegalidad en la toma de la Asamblea Legislativa.  Merino sostuvo que “el día 9 de febrero lo que hizo el Estado Mayor Presidencial, fue proporcionarle seguridad al presidente de la República”.

Carlos Ruiz, diputado del FMLN y ex combatiente de la guerrilla, le pidió al ministro de la Defensa que especificara con qué objetivo el Ejército se tomó el congreso y si fue por orden del presidente de la República. Esto, basándose en el artículo 212 de la Constitución, que delimita la misión de la FAES a “defender la soberanía nacional, la soberanía del Estado y la integralidad del territorio” y habilita al presidente a “disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna” dentro de los márgenes de la Constitución. 

“¿En cuál de las tres alternativas inscribe usted este operativo militar?” preguntó Ruiz. Merino respondió que el hecho de que unidades de la Fuerza Armada participen no lo hace un operativo militar.

En medio del interrogatorio, Numan Salgado propuso al pleno terminar la interpelación, que tildó de “show político”, para que Merino, según él, pudiera “atender sus deberes” en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, donde volvió a inundarse por el paso de las lluvias mientras el ministro de la Defensa “perdía el tiempo con diputados”. Salgado obvió mencionar al ministro de Gobernación Mario Durán, quien tiene a cargo la Dirección General de Protección Civil y quien estaba sentado en la Asamblea como parte de la comitiva de gobierno que acompañaba al ministro de la Defensa.

Relacionar a Merino Monroy con tareas de rescate en cualquier tipo de catástrofe o emergencia no es nuevo. Las fotografías del ministro de la Defensa con el agua al pecho, con ancianos en sus brazos y luces de producción al fondo, son recurrentes en las redes sociales de cada institución del Gobierno. El papel de Protección Civil, en tanto, pasa a segundo plano para recoger los escombros de comunidades barridas por el desastre. Sea para perseguir pandilleros, diputados, algas, virus o langostas, la manu militari de Bukele es infalible.

Llegó el turno de Arena para repreguntar. El coronel retirado Mauricio Vargas hizo alarde de su carrera militar y reafirmó que, sin ninguna duda, aquello cometido el 9 febrero califica como una operación de carácter militar, una insurrección en todo su sentido, que buscaba amedrentar al congreso para obtener más dinero para las Fuerzas Armadas y una Policía Nacional con cada vez menos características de Civil. Vargas recordó que fue el mismo presidente Nayib Bukele quien admitió haber presionado a los diputados con su despliegue de fuerza bruta.

Las declaraciones de Bukele fueron vertidas en una informal entrevista que le hizo el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, Residente, quien le preguntó: “¿Pudiera explicar esto en una o dos oraciones?, ¿por qué metió a los militares al Parlamento?”. Bukele dijo: “Es una forma de presión, la Constitución nos permite convocar al Parlamento, nosotros como Gobierno, convocarlos”.

Aunque la pregunta de Vargas fue: ¿cuál es la base legal de esto?, Merino volvió a reiterar: “no se trató de una operación militar”. Agregó que para que se trate de un operativo de esta naturaleza “debe haber dos o más acciones tácticas de ataque, defensa o acción retrógrada —respuesta al fuego—. “Nuestra doctrina establece quiénes hacen estas operaciones y no hubo unidades ejecutándolas”, dijo.

La diputada Margarita Escobar, también de Arena, es hija del coronel Patricio ‘Pato’ García, artillero de la Fuerza Armada que combatió el 14 de julio de 1969 en la popularmente conocida como “Guerra del Fútbol”, entre El Salvador y Honduras. Ostentando su admiración al Ejército salvadoreño, Escobar recordó que la interpelación no es a la FAES, sino al ministro Merino Monroy en su calidad de funcionario. Le preguntó si no midió las consecuencias de acompañar al presidente en su llamado a la insurrección, separar de sus cargos a los diputados invocando a la Constitución de la República y hasta ocupar la silla del presidente legislativo.

Merino le respondió que era una pregunta de carácter político y él había llegado explicar técnicamente lo sucedido el 9 de febrero. Confesó que sí está consciente que el país “sufrió daño”, pero nunca aceptó que fue un autogolpe de Estado.

“El 9 de febrero estaba la banda de música militar, los cadetes con traje de gala con fusiles inertes. Esta generación no tiene experiencia en golpes de Estado y no la quisiéramos tener jamás. No pasó por nuestra mente. Más bien, cómo se han dado golpes de Estado se le puede preguntar a otros que sí estuvieron en esa época”, evadió Merino.

El 15 de octubre de 1979, los militares dieron un golpe de Estado en El Salvador. Junto al PDC de José Napoleón Duarte, se impusieron tres Juntas de Gobierno seguidas, por decreto ejecutivo hasta 1982. Dos años después, es el mismo Duarte el que dirigía la guerra, mientras las fuerzas de seguridad asfixiaban cualquier cosa que se pareciera, oliera o se moviera como organización popular, “en aras de perseguir la amenaza del comunismo”. Pero ni en esos años militarizados, según Vargas, se vieron militares en el congreso.

“Lo más grave de esto es que se rompe un principio moderno de la democracia, que es el balance de poderes”, comentó Vargas a GatoEncerrado.

El coronel Antonio Almendáriz, jefe de fracción del PCN, tomó su turno de repreguntar para apoyar al ministro. En lugar de cuestionarlo directamente, solo le consultó si las acciones del 9 de febrero se basaron en los circuitos para brindar seguridad al presidente que son permitidos dentro de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador. “Corríjame si me equivoco”, le pidió. “Efectivamente, fue por seguridad”, respondió Merino.