Foto/Emerson Flores

Ministro de Defensa niega su responsabilidad en el 9F y señala al jefe del EMP

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, enfrentó una interpelación de 12 horas en la Asamblea Legislativa, por los hechos ocurridos el 9F. Su libreto fue que la invasión al congreso "no fue una operación militar" y tampoco una violación a la Constitución y a la institucionalidad. Se aferró a su discurso de que los militares llegaron para dar seguridad al presidente Nayib Bukele, cuando llegó a ocupar la silla presidencial del Órgano Legislativo. La seguridad del presidente y la actuación de los militares durante ese día, según el ministro de Defensa, es responsabilidad del jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Manuel Antonio Acevedo López. Merino Monroy es el tercer funcionario del gobierno de Bukele en ser interpelado.

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Por Xenia Oliva

Por Xenia Oliva

Gabriela Villarroel

Gabriela Villarroel

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, es excelente en memorizar libretos y no salirse de las líneas bajo ninguna circunstancia.  Durante las 12 horas de interpelación en la Asamblea Legislativa por los hechos ocurridos previo y durante el domingo 9 de febrero —cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, irrumpió en el congreso con militares—, el ministro se mantuvo inmutable en su cacofonía de que lo sucedido "no fue un operativo militar", que todo se trató de "un dispositivo de seguridad para el presidente” y que él llegó al lugar para "supervisar” la entrada del mandatario y la ocupación de la silla presidencial del Órgano Legislativo, bajo la excusa de presionar con militares armados a los diputados para que aprobaran $109 millones de un préstamo para financiar el plan nacional de seguridad. El ministro también señaló que, en todo caso, el único responsable de la actuación de los militares durante el 9-F es el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Manuel Antonio Acevedo López. Ese día, los militares sitiaron la Asamblea y hasta ubicaron a francotiradores en edificios cercanos.

Horas antes de que iniciara la sesión especial de interpelación, este 21 de agosto, un grupo de sindicalistas del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) realizó una marcha en apoyo a Merino. La marcha salió desde el Hospital Médico Quirúrgico hacia los portones de la Asamblea Legislativa, donde quemaron banderas de Arena y FMLN y reventaron morteros, como una especie de acción de recapitulación para recordar parte del ambiente que se vivió el 9-F, aunque con menos personas que las que llegaron ese domingo.

El diputado Guillermo Gallegos salió a saludarlos y a recibir de parte de Ricardo Monge, representante del STISSS, una pieza de correspondencia para demostrar su rechazo a la interpelación. Desde ese momento, Gallegos cimentó la actitud que mantendría junto al resto de los diputados de Gana. “Es un juicio político para desestabilizar. No encontramos ninguna causa para que suceda esto”, manifestó.

Poco antes de que iniciara la sesión, Merino Monroy, quien ya había ingresado a la Asamblea Legislativa, se acercó al portón para saludar a los manifestantes. Desde ese momento, Merino se mantuvo acompañado de su propia comitiva, compuesta por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina; la comisionada de Operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos; el ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga; y tres candidatos de Nuevas Ideas: el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro –ambos aspirantes a diputados por San Salvador–, y el ministro de Gobernación y candidato a la comuna capitalina, Mario Durán.

La interpelación

La sesión plenaria inició con 43 diputados presentes. A las 9:30 de la mañana, Merino pasó a sentarse al estrado del Salón Azul, junto al viceministro de la Defensa, Ennio Elvidio Rivera Aguilar; el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Tejada Murcia y Miguel Ángel Rivas Bonilla.

El cuestionario para interpelar a Merino contaba con 17 preguntas, enfocadas en las bases legales de lo ocurrido el 9 de febrero,  los objetivos de lo ocurrido y sobre quién recae la responsabilidad de la movilización de los militares. Merino contestó las 17 preguntas de forma lacónica, leyendo todas las respuestas, las mismas que repitió en la ronda de repreguntas, inmutable y como un buen actor que se memoriza cada palabra del libreto.

Durante todas las horas que duró la interpelación, prácticamente la única pregunta a la que Merino brindó una respuesta cerrada con un contundente “no” fue la primera que decía: “Señor ministro, al haber adoptado una postura a nivel político en los eventos del 9 de febrero de 2020; ¿ya consideró solicitar a esta fecha, su baja?”.

A lo que Merino respondió: “No, no lo he considerado. Estoy en total desacuerdo con la aseveración que ustedes han hecho referente a que mi persona y la institución han adoptado una posición política. Categóricamente no es cierto”.

Por el resto de la sesión, Merino se mantuvo apegado al guion. “Insisto, no se dio ninguna operación militar en esta Asamblea Legislativa”, repetía. El funcionario argumentó con respuestas técnicas relacionadas a los procedimientos militares para negar que la movilización de los soldados ese domingo se tratara de un operativo.

La otra base de sus respuestas fue que todo se trató de un dispositivo de seguridad enfocado en proteger al presidente Bukele.

En cuatro ocasiones, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, intentó cuestionar a Merino sobre en quién recaía la responsabilidad del dispositivo, la movilización de los militares y su intrusión a la Asamblea Legislativa; pero Merino se mantuvo en un repaso de la misma respuesta con distintas palabras. La deliberación entre Parker y Merino llevó a que diputados de Gana se quejaran en voz alta sobre Parker y que los funcionarios de gobierno también interrumpieran con aplausos o cuchicheos.

La actitud de proferir gritos, aplausos y sonidos de reclamo se mantuvo durante la sesión por parte de los funcionarios y los diputados. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, quien jugó un papel pasivo entre mediar y coartar participaciones tuvo que pedir sosiego en diversas ocasiones. Ponce nunca presionó a Merino para que respondiera y ante la negativa del funcionario se limitaba a pedir a los diputados que hicieran la siguiente pregunta y que si no estaban satisfechos con la respuesta lo establecieran en el dictamen que elaborará la comisión política. 

Tanto Arena como el FMLN y el PDC se mantuvieron enfocados en sacar respuestas a Merino, mientras que la bancada de Gana y el diputado Juan José Martel, del CD, se dedicaron a felicitarlo y cuestionar la interpelación. En el PCN, la actitud fue mixta, José Almendáriz se mostraba a favor de Merino, mientras que Raúl Beltrán Bonilla intentó cuestionar lo ocurrido.

Miembros del gabinete de gobierno y del Estado Mayor acompañaron al ministro Monroy y aplaudieron sus intervenciones. Foto/Emerson Flores

Merino no se hace responsable 

Pese a los distintos intentos de los diputados para entender la desproporcionada llegada de militares a la Asamblea Legislativa, si no se trataba de una operación militar, Merino se cerró a repetir que no recibió órdenes de nadie y que los militares en el lugar respondían al dispositivo de seguridad del presidente, pero que él no estaba a cargo.

“En este caso yo no he recibido ninguna orden, porque no me corresponde a mí como ministro de la defensa nacional un dispositivo para la seguridad del señor presidente. No he recibido ninguna orden en específico respecto de la situación del 9 de febrero. Es el jefe del Estado Mayor Presidencial, cuando el señor presidente va a asistir a cualquier evento, él sabe que tiene que establecer un dispositivo de seguridad y cumplir con todos los roles de seguridad que corresponden a un funcionario y eso es lo que sucedió ese día”, dijo Merino y añadió que él solo llegó a la Asamblea ese día a "supervisar" el movimiento de militares.

“Eso es lo que yo hice ese día. Pasé acá a verificar si todo se estaba desarrollando de manera normal y por eso fue mi presencia en este lugar”, aseguró.

Las dudas respecto al compromiso que la Fuerza Armada debe tener hacia  la Constitución de la República resaltaron entre algunos diputados durante la sesión. La pregunta 12 del cuestionario era: “¿Qué haría si el Presidente de la República le ordena realizar una función o actividad a la que constitucionalmente y legalmente no esté obligado?”. Merino aseguró que Bukele nunca le ha dado una orden inconstitucional. “No esperaría recibir una orden de esa naturaleza, nunca me ha dado el presidente una orden inconstitucional”.

Las dudas, sin embargo, persistieron ante las respuestas ambivalentes de Merino a preguntas como las del diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, quien inquirió: “¿Cree usted que esta acción pueda repetirse?”.

“Lo que yo puedo manifestar es que nosotros como institución jamás vamos a participar o actuar en un hecho que viole la constitución y el resto de la ley. Respecto que si pueda volver a suceder o no, es un caso hipotético que no estoy en la capacidad de determinar si pueda o no volverse a repetir bajo todas las circunstancias en que se dieron”, dijo Merino, quien para ese entonces ya se había quitado la mascarilla para hablar y, aunque no titubeaba, sus palabras se volvían aletargadas.

Merino no pudo comprometerse a no volver a participar en una movilización militar como la ocurrida ese domingo 9 de febrero en la Asamblea.

"Usted está mintiendo", Ponce a Gallegos 

En una de sus intervenciones, el diputado Guillermo Gallegos aceptó haber participado directamente en la llegada del presidente Bukele al Salón Azul y haber estado de acuerdo con la entrada de los militares, alegando que “se iban a sentir más seguros”. Llegó a decir que ese mismo día se comunicó con Mario Ponce para pedirle permiso.

“No podemos, de alguna manera, venir y hacer ese tipo de aseveraciones. Este servidor no posee la llave ni de la oficina que ocupa. No tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día. Yo no autoricé a nadie”, aseguró Ponce interrumpiendo la participación de Gallegos.

Inmediatamente Gallegos, quien lucía ofuscado y molesto, acusó a Ponce de querer “evadir su responsabilidad”. 

“No es cierto, esa es su palabra y usted está mintiendo”, le respondió Ponce a Gallegos. Pese a los intentos de Gallegos de seguir discutiendo, Ponce volvió a ceder la palabra al resto de la bancada de Gana para seguir las repreguntas. 

Después de un receso…

La reincorporación del ministro a las 2:30 de la tarde fue menos efusiva que su primera aparición, pero siempre acompañada de los aplausos de su propia comitiva de gobierno. 

La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, le dijo que ni en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador, ni la Constitución de la República o jurisprudencia constitucional amparan el procedimiento de la Fuerza Armada ese día y cuestionó si aún así defendía la legalidad o la ilegalidad en la toma de la Asamblea Legislativa.  Merino sostuvo que “el día 9 de febrero lo que hizo el Estado Mayor Presidencial, fue proporcionarle seguridad al presidente de la República".

Carlos Ruiz, diputado del FMLN y ex combatiente de la guerrilla, le pidió al ministro de la Defensa que especificara con qué objetivo el Ejército se tomó el congreso y si fue por orden del presidente de la República. Esto, basándose en el artículo 212 de la Constitución, que delimita la misión de la FAES a "defender la soberanía nacional, la soberanía del Estado y la integralidad del territorio" y habilita al presidente a "disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna" dentro de los márgenes de la Constitución. 

"¿En cuál de las tres alternativas inscribe usted este operativo militar?" preguntó Ruiz. Merino respondió que el hecho de que unidades de la Fuerza Armada participen no lo hace un operativo militar.

En medio del interrogatorio, Numan Salgado propuso al pleno terminar la interpelación, que tildó de “show político”, para que Merino, según él, pudiera “atender sus deberes” en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, donde volvió a inundarse por el paso de las lluvias mientras el ministro de la Defensa “perdía el tiempo con diputados”. Salgado obvió mencionar al ministro de Gobernación Mario Durán, quien tiene a cargo la Dirección General de Protección Civil y quien estaba sentado en la Asamblea como parte de la comitiva de gobierno que acompañaba al ministro de la Defensa.

Relacionar a Merino Monroy con tareas de rescate en cualquier tipo de catástrofe o emergencia no es nuevo. Las fotografías del ministro de la Defensa con el agua al pecho, con ancianos en sus brazos y luces de producción al fondo, son recurrentes en las redes sociales de cada institución del Gobierno. El papel de Protección Civil, en tanto, pasa a segundo plano para recoger los escombros de comunidades barridas por el desastre. Sea para perseguir pandilleros, diputados, algas, virus o langostas, la manu militari de Bukele es infalible.

Llegó el turno de Arena para repreguntar. El coronel retirado Mauricio Vargas hizo alarde de su carrera militar y reafirmó que, sin ninguna duda, aquello cometido el 9 febrero califica como una operación de carácter militar, una insurrección en todo su sentido, que buscaba amedrentar al congreso para obtener más dinero para las Fuerzas Armadas y una Policía Nacional con cada vez menos características de Civil. Vargas recordó que fue el mismo presidente Nayib Bukele quien admitió haber presionado a los diputados con su despliegue de fuerza bruta.

Las declaraciones de Bukele fueron vertidas en una informal entrevista que le hizo el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, Residente, quien le preguntó: “¿Pudiera explicar esto en una o dos oraciones?, ¿por qué metió a los militares al Parlamento?”. Bukele dijo: “Es una forma de presión, la Constitución nos permite convocar al Parlamento, nosotros como Gobierno, convocarlos”.

Aunque la pregunta de Vargas fue: ¿cuál es la base legal de esto?, Merino volvió a reiterar: “no se trató de una operación militar”. Agregó que para que se trate de un operativo de esta naturaleza “debe haber dos o más acciones tácticas de ataque, defensa o acción retrógrada —respuesta al fuego—. “Nuestra doctrina establece quiénes hacen estas operaciones y no hubo unidades ejecutándolas”, dijo.

La diputada Margarita Escobar, también de Arena, es hija del coronel Patricio ‘Pato’ García, artillero de la Fuerza Armada que combatió el 14 de julio de 1969 en la popularmente conocida como "Guerra del Fútbol", entre El Salvador y Honduras. Ostentando su admiración al Ejército salvadoreño, Escobar recordó que la interpelación no es a la FAES, sino al ministro Merino Monroy en su calidad de funcionario. Le preguntó si no midió las consecuencias de acompañar al presidente en su llamado a la insurrección, separar de sus cargos a los diputados invocando a la Constitución de la República y hasta ocupar la silla del presidente legislativo.

Merino le respondió que era una pregunta de carácter político y él había llegado explicar técnicamente lo sucedido el 9 de febrero. Confesó que sí está consciente que el país “sufrió daño”, pero nunca aceptó que fue un autogolpe de Estado.

“El 9 de febrero estaba la banda de música militar, los cadetes con traje de gala con fusiles inertes. Esta generación no tiene experiencia en golpes de Estado y no la quisiéramos tener jamás. No pasó por nuestra mente. Más bien, cómo se han dado golpes de Estado se le puede preguntar a otros que sí estuvieron en esa época”, evadió Merino.

El 15 de octubre de 1979, los militares dieron un golpe de Estado en El Salvador. Junto al PDC de José Napoleón Duarte, se impusieron tres Juntas de Gobierno seguidas, por decreto ejecutivo hasta 1982. Dos años después, es el mismo Duarte el que dirigía la guerra, mientras las fuerzas de seguridad asfixiaban cualquier cosa que se pareciera, oliera o se moviera como organización popular, "en aras de perseguir la amenaza del comunismo". Pero ni en esos años militarizados, según Vargas, se vieron militares en el congreso.

“Lo más grave de esto es que se rompe un principio moderno de la democracia, que es el balance de poderes”, comentó Vargas a GatoEncerrado.

El coronel Antonio Almendáriz, jefe de fracción del PCN, tomó su turno de repreguntar para apoyar al ministro. En lugar de cuestionarlo directamente, solo le consultó si las acciones del 9 de febrero se basaron en los circuitos para brindar seguridad al presidente que son permitidos dentro de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador. “Corríjame si me equivoco”, le pidió. “Efectivamente, fue por seguridad”, respondió Merino.

Durante la interpelación el ministro Merino respondió a 17 preguntas formuladas por los diputados. El acto finalizó sin que haya respondido por sus actos del 9F. Foto/Emerson Flores

Las unidades especiales al servicio del presidente

El jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, fue uno de los más críticos en la interpelación. Apoyándose en la resolución de inconstitucionalidad 6-2020 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitida el 11 de febrero de 2020 , Parker fundamentó que la Fuerza Armada no está al servicio de la seguridad personal del presidente y le solicitó conocer qué unidades ingresaron al parlamento, transgrediendo este principio constitucional. 

Merino insistió en que fue un procedimiento “normal” de seguridad y hubo fuerzas especiales que apoyaron al jefe del Estado Mayor Presidencial porque “no había otras cerca” y es legítimo coordinar esfuerzos cuando no hay suficientes tropas. 

Parker le preguntó “¿cuántos militares había en el dispositivo y si estaban cargadas sus armas?”. El ministro de la Defensa dijo desconocer el número de militares presentes en el congreso, pero admitió que los elementos portan sus armas cargadas. Esto, a pesar que antes dijo que los fusiles eran “inertes”, es decir, carecían de un mecanismo de disparo, según explicaron militares de carrera a GatoEncerrado.

Parker cuestionó también si la Fuerza Armada estaba lista a seguir las instrucciones del comandante general, Nayib Bukele, para tomarse la Asamblea Legislativa “si él hubiera querido”, tal como declaró al periódico español El País, a solo horas de haber salido del congreso.

Merino no le respondió a Parker, pero aprovechó para recordarle su participación en la masacre de los sacerdotes jesuitas y el supuesto encubrimiento de este crimen de guerra por parte del legislador. Parker le dijo que “si quiere discutir asuntos personales, lo hacemos cuando quiera. Pero aquí no se va a detener la interpelación", le respondió con una sonrisa. 

Diputadas de ARENA y FMLN hacen llegar copias de la LEIV al ministro Merino, después que este cuestionara la capacidad de comprensión de la diputada Dina Argueta. Foto/Emerson Flores

Expresiones de violencia política contra mujeres en la interpelación

La discusión sobre qué fuerzas especiales se instalaron en el parlamento, el 9 febrero, escaló una vez más con las repreguntas del FMLN. La diputada de esa fracción, Dina Argueta, mostró una fotografía con un soldado parte de la Brigada de Paracaidistas, parte del Comando de Fuerzas Especiales de la FAES, y preguntó a Merino quien fue el encargado del procedimiento militar en esta Asamblea, el nombre y rango que ocupa.

El ministro le respondió que había “tratado todo el día de explicar lo más básico de las organizaciones de tarea, de las unidades fundamentales de la FAES, de las relaciones de mando (...) pero el no poner atención o no tener quizás la capacidad de poder asimilar eso, es la que nos hace decir situaciones como esa”.

Inmediatamente se escucharon los abucheos de las diputadas y los aplausos del gabinete de Gobierno.  Yanci Urbina y Cristina Cornejo, ambas miembros de la junta directiva y diputadas del FMLN, se acercaron al presidente de la Asamblea para pedir un receso y este lo concedió. 

En la telvisión no se vio, pero en ese momento, las diputadas de Arena y FMLN se acercaron al ministro de la Defensa para reclamarle respeto y entregarle una copia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV), donde se constata que las palabras del ministro fueron una transgresión del artículo 55, literal c, que impone una sanción por hacer expresiones de violencia como “burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación”.

En Twitter, la secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, sin embargo, tergiversó lo ocurrido y acusó a las diputadas de “gritarle y lanzarle papeles” al ministro. 

Cuando se retomó la transmisión, Argueta desmintió a la secretaría de Comunicaciones y dijo que se entregó una copia de la LEIV al ministro y al Alto Mando para que entiendan que no puede haber expresiones de violencia en su contra. La misma ley citó Milena Mayorga, ex diputada de Arena y ahora  independiente, porque no se le permitió el uso de la palabra durante las 12 horas de interpelación.

El diputado Jorge Schafik Hándal volvió a cuestionar qué unidades de la Fuerza Armada participaron el 9 febrero, cuáles fueron las órdenes expresas que recibieron y qué hacían las otras unidades en el resto de San Salvador buscando a diputados en sus casas y en la convención del FMLN.

Merino, finalmente, reconoció que en el 9 febrero participaron elementos del Estado Mayor Presidencial, la Fuerza de Tarea “MARTE” del Comando Zeus y de la Brigada Especial de Seguridad Militar, y aunque no negó que militares “se encontraran” con diputados, dijo que todo era parte de “patrullajes en zonas habituales”.

La diputada Margarita Escobar y varios miembros del grupo parlamentario de ARENA llevaron imágenes de lo sucedido el 9F. Foto/Emerson Flores

¿De quién fue la orden, Ministro?

El ministro de la Defensa fue explícito en nombrar al Estado Mayor Presidencial como responsable directo del dispositivo de seguridad del presidente Bukele y de dirigir a fuerzas especiales no competentes en tareas de seguridad personal para invadir el congreso.

Maytee Iraheta, de Arena, le preguntó el nombre del jefe del Estado Mayor Presidencial que ordenó el ingreso de militares el 9 febrero. Merino le respondió que no era su competencia revelar esa información.

El presidente Nayib Bukele nombró como jefe del Estado Mayor Presidencial al General de Brigada Manuel Antonio Acevedo López. El 31 de diciembre de 2019, fue ascendido a su actual grado junto al entonces capitán de Navío Merino Monroy —ahora Contra Almirante de la Fuerza Naval— en una cuestionada orden general del Ministerio de la Defensa Nacional.

El subjefe de fracción de Arena, Julio Fabián, fue más directo. Le preguntó cuál es el nombre del jefe del Estado Mayor Presidencial y qué hacía el comandante de la Brigada Especial de seguridad militar (Roberto García Ochoa), en el recinto legislativo durante el 9 de febrero. Merino evitó nombrarlos y se limitó a responder que, como él, llegaron a supervisar a sus respectivas tropas. 

“No me ha dado el nombre. En vista de que no me lo puede proporcionar, me quiero permitir preguntar, si usted y los altos miembros de la Fuerza Armada, conocen al general de Brigada Manuel Antonio Acevedo López, y en qué lugar se encuentra y en qué cargo estaba el domingo 9 de febrero”, interrogó Fabián. 

Merino echó los hombros hacía atrás y respondió “Sí, lo conozco”, seguido por una especie de celebración de su comitiva por la respuestas exiguas.

Fabián presionó para conocer qué hacía Acevedo en ese momento y lo único que obtuvo fue otra respuesta gris. “Dónde estaba no es mi obligación conocerlo”, respondió Merino.

Ricardo Godoy, diputado de Arena, retomó la pregunta de su colega y desde su curul le mostró a Merino donde Acevedo López aparecía parado detrás del presidente Nayib Bukele ocupando la silla del presidente legislativo.

“¿Es este el militar en cuestión?”, preguntó Godoy. Merino se mantuvo serio y respondió “sí, el jefe del Estado Mayor Presidencial es el que asiste al señor presidente en todas sus actividades”, respondió dos veces seguidas, ante la misma pregunta.

El diputado Alberto Romero dijo que esta sería la primera persona que tendría que llamar la comisión especial que investiga los hechos del 9 de febrero. 

La diputada del FMLN, Karina Sosa, preguntó si hay un informe que constate la labor de supervisión del ministro de la Defensa y el resto de altos mandos del Ejército, pero Merino indicó que este no existe tal documento. “Yo no me hago autoinformes", dijo.

“Mi casa fue militarizada”, la denuncia de un diputado

René Portillo Cuadra, de Arena, pidió dar por terminada la interpelación contra el ministro de Defensa, pero antes denunció públicamente haber sido víctima de persecución el 8 de febrero. "Lo que voy a decir lo sabe mi familia y lo saben los tres embajadores a quienes les llamé el 9 de febrero. Esto que voy a decir nunca lo había dicho. Mi casa fue militarizada el sábado 8 de febrero, casi desde las cero horas. Es una situación complicada, mis hijos, mi esposa, es una situación que no queremos volver a vivir con mi familia y estoy seguro que usted no dio esa orden”, le dijo a Merino.

La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, respaldó finalizar la interpelación convencida que, con las declaraciones del ministro, “se confirma una ruptura del Estado democrático el 9 de febrero” y agregó que “lo que más preocupa es que ni siquiera haya un compromiso por parte del ministro de la Defensa a cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y garantizar que circunstancias como las del 9F no volverán a ocurrir”, dijo.

El diputado Rodolfo Parker concluyó que "el 9 febrero hubo una operación fuera de la ley, una irrupción a la Asamblea Legislativa, violando la independencia de poderes y con un propósito final de destituir a los diputados”.

A las 9:34 de la noche, con 68 votos a favor, finalizó la interpelación al ministro de la Defensa. Mientras Merino y sus acompañantes salieron del Salón Azul, los diputados de Gana le aplaudieron y la comitiva del Gobierno estaba lista para recibirlo y hacerse una selfie. 

Fiscalía no ve elementos para imputación 

Un día antes que se realizara la interpelación, distintos canales de las instituciones de Gobierno realizaron una breve campaña enfocada en defender la imagen de Merino usando el hashtag “Apoyo al ministro de Defensa”. La cuenta de Secretaría de Prensa de la Presidencia compartió un video de más de dos minutos donde enaltecía a Merino. Horas antes, la misma cuenta de la Presidencia había compartido clips de una entrevista que el fiscal general, Raúl Melara, brindó a Canal 12. 

Melara declaró que en la Fiscalía no han encontrado elementos para comenzar un proceso de imputación por delito ante lo ocurrido ese domingo 9 de febrero. Aunque sí consideraba que hubo un acto de “militarización”. 

“Algunos diputados nos han pedido explicaciones. Nosotros no podemos basarnos en ansiedades, en percepciones, qué difícil sería la institucionalidad del país si la fiscalía se prestara a eso”, dijo Melara. “Tenemos que basarnos en hechos concretos, tenemos que tener evidencia real para poder realizar una imputación. Tengo que ser lo más transparente en este caso. Hasta este día no tenemos los suficientes elementos como para poder hacerlo”, añadió. 

Los diputados de todas las fracciones estudian ahora si emitirán un recomendable —no vinculante— para destituir al ministro de la Defensa Nacional. Sin embargo, algunos creen que podrían adjuntarse los insumos obtenidos de la interpelación para una acusación formal contra Merino Monroy. 

El diputado Ricardo Velásquez Parker, de Arena, solicitó durante el proceso que se certifique el acta de interpelación y se remita a la Fiscalía. A su criterio, “las declaraciones del ministro revelan los delitos de sedición, actos arbitrarios, coacción y actos agravantes”. 

En el caso que el fiscal general no actúe frente a este documento, advirtió, “cualquier ciudadano de la República puede interponer una querella contra el ministro Merino Monroy”. 

El diputado de Arena y coronel retirado, Mauricio Vargas, comentó a GatoEncerrado que la comisión especial para investigar los hechos del 9F, una instancia legislativa creada además del recurso de interpelación, podría tener acceso a estos insumos y valorar las acciones pertinentes. “Considero que pudo existir una cantidad de delitos, incluso relativos a la ley de la carrera militar, que dice que el señalamiento más grave que se puede hacer a un militar es el incumplimiento de la Constitución”, indicó.

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