Opinión

¿Una nueva normalidad ambiental?

Lourdes Molina Escalante

Lourdes Molina Escalante

@lb_esc

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

Los gobiernos centroamericanos deben evitar caer en la trampa de que el estímulo a las actividades económicas afectadas por la pandemia se traduzca en una mayor flexibilización o eliminación de las normativas y estándares ambientales vigentes.

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Si una lección debemos extraer en Centroamérica sobre la pandemia es que necesitamos replantear lo que consideramos normalidad. Y no me refiero solo a que esa normalidad se caracterizaba por serios desafíos en materia social y económica, sino también porque habíamos normalizado que el medio ambiente y los recursos naturales fueran la moneda de cambio para obtener crecimiento económico y algún grado de bienestar social en el corto plazo.

La gravedad de los problemas ambientales de esa normalidad se reflejan en aspectos como una constante y acelerada pérdida de bosques: con una cobertura forestal de apenas 38.1 %, cada año en Centroamérica toleramos la pérdida de 200 mil hectáreas de bosques. Además, desde la década de 1980, los patrones de consumo superaron la capacidad de regeneración de nuestros ecosistemas y actualmente se requerirían 1.4 territorios centroamericanos para satisfacer de manera sostenible la demanda de bienes y servicios de la población. Por si eso fuera poco, si bien no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, a nivel mundial somos una de las regiones más vulnerables al cambio climático, y así podemos continuar una lista de problemas vinculados con la pérdida de biodiversidad, desechos sólidos, pérdida de suelos, falta de acceso a agua y saneamiento, entre otros.

Tanto hemos relegado la dimensión ambiental del desarrollo que no somos siquiera conscientes que la pandemia en la que nos encontramos actualmente es una consecuencia directa de los altos niveles de degradación ambiental y sobreexplotación de recursos naturales que provocan las actividades humanas. Y eso no es algo que nos deba sorprender, ya que en la medida que las personas intervenimos y alteramos ecosistemas y áreas naturales es lógico que tengamos un mayor contacto con los animales, lo que a su vez crea las condiciones para el contagio y propagación de enfermedades transmitidas de animales a humanos.

Enfrentar los grandes problemas ambientales requerirá, por supuesto, de acciones individuales con las que cada persona se comprometa para cambiar sus patrones de comportamiento hacia unos más amigables con el medio ambiente, todas y todos debemos poner nuestro granito de arena. Pero más determinantes resultarán las acciones que se implementen desde los Estados y gobiernos centroamericanos. 

Debido a los grandes impactos económicos de la pandemia, cada uno de los Estados estará obligado a implementar políticas públicas de recuperación, lo cual es una oportunidad valiosísima para que dichas políticas se construyan con una mirada integral, multidisciplinaria y sistémica del proceso de desarrollo. La recuperación debe procurar atender los enormes desafíos sociales y económicos de la crisis con base en el reconocimiento de que el crecimiento económico está sujeto a límites ecosistémicos y que la garantía de los derechos y bienestar de la población dependen directamente de la preservación y restauración ambiental.

Por ejemplo, bien harían los Estados centroamericanos en que las políticas de recuperación contemplaran avances en la regulación de los bienes y servicios ambientales y en el reconocimiento de los derechos humanos ambientales, como el derecho al agua. Tampoco estaría de más que los Estados hagan una revisión de compromisos ambientales ya suscritos a nivel nacional e internacional, y que las políticas para la recuperación sean congruentes con ellos.

Además, los gobiernos centroamericanos deben evitar caer en la trampa de que el estímulo a las actividades económicas afectadas por la pandemia se traduzca en una mayor flexibilización o eliminación de las normativas y estándares ambientales vigentes. Este es un momento clave para priorizar el apoyo a sectores estratégicos que pueden tener sendas de crecimiento bajas en carbono, que generen empleos y que promuevan la innovación tecnológica, como la agricultura y silvicultura, la industria de reciclaje y gestión de residuos, el transporte, la energía y la infraestructura resiliente.

Los recursos públicos que se destinen a las políticas de recuperación deberían procurar la creación de fondos de innovación para una transformación industrial verde; la financiación de proyectos para la gestión de riesgos ambientales y prácticas de producción sostenibles verdes, por medio de la banca nacional, y de desarrollo, y la adopción de criterios de sostenibilidad en las compras y contrataciones públicas. Finalmente, también será necesario empezar a evaluar la implementación de impuestos verdes, la eliminación de privilegios fiscales para sectores con impactos ambientales negativos y la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles. 

En materia ambiental, retornar a la normalidad es algo que no nos podemos permitir. La crisis es una oportunidad para replantear las prioridades de nuestra  vida en sociedad y nuestro proceso de desarrollo. Es ahora cuando podemos empezar a construir una nueva normalidad, una con desarrollo económico,  justicia social y sostenibilidad ambiental.

Lourdes Molina Escalante

Lourdes Molina Escalante

@lb_esc

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

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