Gobierno de Bukele también bloquea archivos militares tras decir que los abriría "de la A a la Z"

La promesa que hizo el presidente y comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, de abrir los archivos militares fue incumplida por la Fuerza Armada. Bukele, por su lado, guardó silencio. El Gobierno de Bukele ha calcado lo que hicieron los gobiernos anteriores de bloquear los archivos. Los abogados que representan a las víctimas de la masacre de El Mozote fueron acosados afuera del Estado Mayor, mientras intentaban acceder a los archivos.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Por Emerson Flores

Por Emerson Flores

El presidente Nayib Bukele aseguró, el 1 de noviembre de 2019, que si el juez del caso El Mozote y lugares aledaños le pedía abrir los archivos “de la A a la F”, él los abriría “de la A a la Z”, pero todo quedó en una promesa incumplida. En junio de este año, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, juramentó a los peritos archivistas que llevarían a cabo la inspección a realizarse a partir de este 21 de septiembre; pero cuando el juez, los peritos y querellantes llegaron al Estado Mayor para inspeccionar los archivos, se encontraron con un cerco militar y la orden de no dejarlos pasar. En el lugar también había una turba de veteranos de la Fuerza Armada que les gritaba y algunos hasta se acercaron al abogado David Morales para empujarlo contra un vehículo e insultarlo. 

La inspección iba a realizarse en diferentes archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), para encontrar y revisar documentos históricos y administrativos del batallón Atlacatl y del batallón Belloso de la Primera Brigada, que fueron disueltos tras la firma de los Acuerdos de Paz y que estuvieron involucrados en masacres como la de El Mozote y lugares aledaños, en diciembre de 1981.

El bloqueo de los archivos militares no es la única, ni la primera, promesa relacionada con el caso de la masacre El Mozote que incumple el presidente Bukele. El 18 de junio de 2019, cuando el mandatario recién había asumido su cargo, se comprometió con representantes de víctimas a iniciar las reparaciones que los gobiernos anteriores nunca hicieron: “Vamos a invertir en la comunidad, no solo lo que nos están pidiendo (...) Hoy sí hay voluntad, hoy por fin llegó la reparación que ustedes tanto pidieron”, dijo el presidente a las víctimas y familiares.

Ante el bloqueo de la inspección, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) dijo que la decisión es ilegal y que “conlleva un profundo desprecio por los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes”. 

“(Bukele) es un presidente más de la impunidad, del engaño y del doble discurso”, expuso APDHEM, en un comunicado. 

A la fecha, siete gobiernos han impedido el acceso a los archivos militares. El de Bukele es el primero que impide una inspección ordenada por un juez salvadoreño en archivos históricos relacionados a crímenes de guerra. 

“Lo que ha pasado es que hay una violación a la ley, una obstaculización a una diligencia judicial en el Estado Mayor. Fue bloqueado el acceso a la autoridad judicial, a los equipos técnicos, partes procesales que participaríamos en una inspección de archivos históricos en la investigación del caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños”, dijo David Morales de Cristosal, afuera del Estado Mayor.

El abogado también manifestó que el discurso del presidente Bukele de desclasificar los archivos militares ha resultado falso. “Sigue protegiendo a criminales de guerra que mataron a más de mil personas, la mitad de ellas niños y adolescentes”, mencionó. 

Supuestos veteranos del ejército se plantaron frente al Estado Mayor, para impedir el acceso al equipo técnico que llegaría a inspeccionar los archivos. Foto/Emerson Flores

Agresiones y bloqueo

El juez Guzmán llegó puntualmente a la entrada principal del Estado Mayor que se encontraba obstruida por una barricada, mientras dos militares tomaban fotografías desde una garita de vigilancia a los periodistas que hacían cobertura en el lugar. Como fue imposible ingresar por ahí, el juez intentó ir a otra entrada, pero un coronel llamado Carlos Vanegas cerró el paso y anunció que no tenía permitido el acceso. Sylvia Hidalgo, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dijo que los militares negaron la entrada bajo el argumento de que desconocían la diligencia judicial.

En las afueras del Estado Mayor y ante la mirada pasiva de los militares que impedían el acceso del juez, abogados representantes de las víctimas fueron agredidos por un grupo de personas que se identificaron como veteranos de la Fuerza Armada.

“A la acción de complicidad y desacato a orden judicial y llamado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se suma la obstaculización de acceso a inspección de archivos militares y una clara agresión contra los abogados defensores de las víctimas en el caso El Mozote”, mencionó Celia Medrano a GatoEncerrado, sobre el acoso que enfrentaron los abogados. 

Medrano, consultora en temas de migración  y derechos humanos, agregó que “la Fiscalía General de la República no solo debe actuar inmediatamente ante el desacato, también la oficina del Procurador y la misma CSJ deben generar medidas cautelares en favor de Wilfredo Medrano, David Morales, el juez Guzmán y los equipos que trabajan en representación de las víctimas”.

Mucho discurso, pero nada en la práctica

El 11 de septiembre, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, que “el pueblo tiene que conocer sobre lo ocurrido durante el conflicto armado” y que su gobierno no estaba dispuesto a esconder información.

“No solo es un compromiso judicial, sino un mandato judicial que tiene que cumplir el gobierno. Es una obligación moral que tenemos de desclasificar y de abrir todos los archivos. Aquí no tenemos por qué tener escondido nada”, dijo Ulloa.

Casi dos semanas después de esas declaraciones del vicepresidente, la justicia salvadoreña chocó contra el blindaje que han dejaron los gobiernos anteriores y el actual a los archivos del ejército salvadoreño. 

Mario Durán, el ministro de Gobernación y candidato a alcalde de San Salvador, también mencionó a las víctimas de la masacre de El Mozote como parte de las deudas de gobiernos anteriores: “Por la instrucción del presidente Nayib Bukele estuvimos en El Mozote, ahí donde falsamente lloró un expresidente, pero no hizo nada. Esos pobladores tienen un mensaje para ustedes, diputados: prohibido olvidar”, dijo durante su informe de gestión de su primer año. Su gobierno, sin embargo, lo contradijo.

Las víctimas y familiares de víctimas de El Mozote y lugares aledaños tienen claro que fue el presidente de la República quien obstaculizó la inspección de los archivos militares, según APDHEM.

 “La decisión viene del comandante general de la FAES (Nayib Bukele). Pedimos de manera categórica a la FGR que entre en oficio e investigue los acontecimientos sucedidos este día (21 de septiembre) y deduzca las responsabilidades pertinentes y los presuntos delitos cometidos, los cuales en principio se consideran en: incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, desobediencia judicial”, mencionó APDHEM en su comunicado.

“Al menos hemos intentado cumplir la ley”

Tras el bloqueo a la inspección de los archivos militares, el juez Jorge Guzmán se despidió de las instalaciones del Estado Mayor diciendo: “Al menos hemos intentado cumplir con la ley”. Luego, llegó a las oficinas del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que está cerca del Estado Mayor, para levantar un acta y hacer constancia de lo ocurrido. 

Los abogados defensores de las víctimas y la Fiscalía también se dirigieron al lugar para firmar el acta. David Morales mencionó que solicitará al juez levantar un acta de delitos, para que la Fiscalía actúe de oficio para investigar el bloqueo a los archivos militares. 

Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal “María Julia Hernández”, manifestó que lo ocurrido tiene tintes de autoritarismo: “Es la misma FAES agresiva en todo sentido. No ha cambiado nada, no hay profesionalidad. Están haciendo lo que ellos quieren, es el poder detrás del trono y que los Acuerdos de Paz nunca lograron cambiar”. 

El día 21 de septiembre se iba a iniciar una inspección en diferentes archivos del Estado Mayor de la FAES. Estos archivos contienen documentos históricos y administrativos del batallón Atlacatl y del batallón Belloso de la Primera Brigada que fueron disueltos por la firma de los Acuerdos de Paz.

Publicidad