Periodista y comunicador. Ha trabajado en medios alternativos y organizaciones sociales. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
(Carta a la ciudadanía democrática.)
Por Leonel Herrera Lemus*
El pasado jueves 24 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, realizó una cadena de radio, televisión y redes sociales en la que juramentó a dos nuevos funcionarios de su gabinete, desmintió “información negativa” sobre su gestión y expuso sus razones para no permitir la inspección de los archivos militares ordenada por el juez que lleva la causa penal por la masacre de El Mozote y que él mismo había prometido abrirlos de la “A a la Z”.
En su alocución, de casi dos horas, el mandatario también hizo lo que ya es costumbre en sus discursos: despotricar contra otras instituciones estatales, descalificar a sus adversarios políticos, estigmatizar a defensores de derechos humanos y atacar a medios que han revelado negociaciones de su gobierno con pandillas y publicado irregularidades en el manejo de fondos públicos que podrían constituir delitos de corrupción. El mandatario, incluso, ninguneó a congresistas demócratas y republicanos que critican su gestión, porque “no representan ni al 3 % del congreso estadounidense”.
La cadena incluyó una conferencia de prensa con preguntas cuyas respuestas el presidente tenía preparadas, había hasta videos para responderlas y agradeció a quienes las hicieron. Sin embargo, periodistas investigativos “se colaron en la fila” -como él mismo les increpó- y, entonces, Bukele perdió la compostura, se puso colérico, los insultó y acusó de publicar mentiras, de tener un agenda contra él y responder a sus financistas.
La más vil y obscena de esas mentiras es -desde luego- decir que Bukele ataca a la prensa o que sus funcionarios niegan el acceso a información pública, pues el gobernante mostró como prueba la “desclasificación de los archivos de El Mozote” y haber permitido a “periodistas incómodos” participar en la conferencia aun cuando el guion original solo tenía previsto preguntas de “periodistas cómodos”.
A continuación, diez tesis sobre el mensaje de la referida cadena, que podrían ser insumos para una carta urgente a la población democrática.
En 1655 un joven monarca francés, un “milenial” de aquella época, que se hizo llamar “Luis el Grande” o “Rey Sol”, dijo, ante el parlamento de París: “El Estado Soy Yo”. 365 años después, el presidente salvadoreño también parece asumirse por encima de las leyes y las instituciones. En su cadena de medios evidenció la incomodidad que le genera respetar la independencia de poderes, la institucionalidad, el estado de derecho y -en general- las reglas de la democracia; además, el rol crítico del periodismo y la contraloría social de su gestión.
Sin embargo, en el actual gobierno la Fuerza Armada ha recuperado el protagonismo político de antaño y ahora su Comandante General, el presidente Bukele, la proyecta como un poder paralelo, autónomo y exento de cumplir algunas leyes y acatar órdenes judiciales que considera incorrectas, “ilegales” o inconvenientes para la institución castrense.
La primera sucedió con el engaño del 19 de junio de 2019, cuando invitó a familiares de las víctimas a un banquete en Casa Presidencial y les ofreció en vano que procuraría verdad y justicia. La segunda fue el pasado 21 de septiembre, con el bloqueo a los archivos militares, por las razones contradictorias, insuficientes y poco convincentes esgrimidas por Bukele en su cadena: “los archivos no existen”, “un Juez de San Francisco Gotera no tiene competencia”, “el procurador Apolonio es inconstitucional”, “es una maniobra política del FMLN que no abrió los archivos cuando gobernó” o porque pueden ser descubiertos detalles del exitoso Plan Control Territorial o hipotéticos planes secretos para recuperar la Isla Conejo ocupada por Honduras. Y la tercera fue el día de la cadena, con la designación de la nueva embajadora ante Estados Unidos, la exdiputada arenera Milena Mayorga, una orgullosa admiradora del coronel Domingo Monterrosa, el responsable material de la masacre de El Mozote.
La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote no podría ser más certera y precisa al definir a Bukele como “un presidente más de la impunidad, el engaño y la doble moral”.
Esto indica que la influencia del gobierno de Donald Trump está, incluso, en decisiones domésticas del Ejecutivo salvadoreño; además de la incidencia en temas más estratégicos o de política exterior como la reciente elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde Bukele apoyó y celebró el nombramiento del estadounidense Mauricio Claver-Carone, violentando el multilateralismo continental y un consenso de 60 años sobre que dicho cargo lo ocuparía siempre un latinoamericano. A finales de marzo, en plena cuarentena y sin hacer mucho ruido, Bukele apoyó la reelección del paladín de Washington, Luis Almagro, como secretario general de la OEA.
En 2021, Bukele consumará en forma democrática el asalto al Parlamento que no culminó el pasado 9 de febrero, cuando tomó la sede legislativa acompañado de militares y policías. En aquel momento no “apretó el botón” -como él mismo dijo- porque Dios le pidió paciencia y decidió esperar un año más para expulsar electoralmente a los diputados.
La reelección en sí misma no es antidemocrática, pues gobernantes democráticos pueden liderar proyectos nacionales incluyentes por más de una período: Lula da Silva se reeligió en Brasil fortaleciendo la democracia y Angela Merkel lleva 15 años en el poder en Alemania sin instaurar una dictadura, para citar dos ejemplos positivos de reelección. Sin embargo, ¿que pasaría si es reelecto alguien como Bukele, con visión y carácter autoritario, autócrata, megalómano, prepotente, intolerante, políticamente inmaduro, mentiroso, reacio a la transparencia y rendición de cuentas, sin vocación democrática y sin un proyecto de país claramente definido?
Este discurso de ataque a “los demás” -que podría instigar actos de violencia física- anula la presunción de inocencia, el derecho al honor y sobrepasa los límites de la libertad de expresión referidos a no difamar, calumniar, difundir noticias falsas, promover estereotipos sexistas, hacer apología de la violencia y legitimar la discriminación por raza, religión o pensamiento político, establecidos en la Constitución, leyes y tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño. En la cadena, el presidente llamó corruptos a diputados y alcaldes que quizás lo sean, pero no han sido condenados por un juez y llamó esbirros de un partido político a un juez, al procurador de Derechos Humanos, a un exrector universitario y a organizaciones que defienden los derechos de las víctimas.
Este “discurso fake” y de “post-verdad” no va a variar mientras mantenga en la población el impacto logrado hasta hoy.
Con esto, Bukele confirma que repetirá religiosamente el mantra neoliberal-extractivista de gobiernos anteriores y que como mandatario no ha aprendido la principal lección de la pandemia de la COVID-19 relacionada con la urgencia de cambiar las lógicas imperantes de producción, consumo y de relación con la naturaleza como condición necesaria para continuar la vida en el planeta.
Bukele sigue fiel a la regla de guardar silencio en temas espinosos donde no tiene argumentos convincentes y mantenerse en la ofensiva cuando las corrientes de opinión le son favorables, independientemente del interés público y la necesidad de una comunicación real con la gente.
Periodista y comunicador. Ha trabajado en medios alternativos y organizaciones sociales. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).