La sorpresiva renuncia “por motivos de fuerza mayor” del presidente del Banco Central de Reserva (BCR) luego de cumplir con un mandato de ley y un trabajo técnicamente correcto, fue seguida de la no menos rápida ocupación de la vacante por un funcionario asociado al partido político del presidente que carece de las competencias que exige el cargo. Similar falta de idoneidad acusa la nueva Embajadora en Washington, cuyo nombramiento parece constituir un premio demostrativo, luego de apoyar abiertamente al ejecutivo desde una afiliación partidaria opositora. 

Por supuesto, se trata de cargos individuales cuya salario mensual sobrepasa, a lo bestia, los $619.90 que ingresa en promedio una familia a nivel nacional. Y aunque todo esto siempre tiene que ver con dinero, las consecuencias no solo son económicas. Este tipo de nombramientos visibilizan un proceso cultural perverso, un verdadero sabotaje al futuro: el desprecio por la meritocracia. Es decir, la desvalorización del esfuerzo, de la dilatada adquisición de conocimientos y del refinamiento de capacidades que, eventualmente, debería conducir a merecer reconocimiento o la obtención de un empleo o cargo. 

El capitalismo promueve una meritocracia que cifra la superación personal en talentos especiales. Esta lectura constituye un enmascaramiento individualista de las desventajas estructurales que impiden superarse a muchos (género, clase social, etc.), a pesar de contar con la voluntad y las competencias para hacerlo. Aquí, por tanto, se habla de una meritocracia humanista: aquella que reconoce la importancia del esfuerzo y no niega la posible existencia de aptitudes singulares, pero tampoco ignora la necesidad de promover el goce común de condiciones de partida equitativas en sociedades desiguales.

En un país en el que muy pocos nacen en cuna de oro y un mayor grado académico incrementa la probabilidad de ubicarse más arriba en la escala salarial, resulta insultante, desmoralizador y esquizoide insistir a los jóvenes que estudien y no migren, mientras se exhibe con toda desfachatez que lo que paga es tener los amigos o los familiares correctos, una moral flexible, educación baja o incompleta y el servilismo como carta de presentación.

Igual se torpedea la meritocracia cuando se espera que los ciudadanos conozcan y se apeguen a las leyes, pero cada día aparecen funcionarios que la tuercen, la interpretan o la incumplen a placer. Si la pareja ofreciera excusas ridículas constantemente y fuera tan opaca con el manejo del dinero, cabría sospechar de infidelidad; si un empleado en cualquier empresa seria faltara reiteradamente a las normas de su lugar de trabajo, terminaría despedido; si en una defensa de tesis doctoral o un congreso académico el ponente afirmara que algo “es falso porque es falso”, sería tachado de charlatán o sería reprobado. Cuando los locos gestionan el manicomio, la sociedad termina con camisa de fuerza, por ignorancia, indiferencia o complicidad, encerrada en un sistema cíclico e irracional que premia la estupidez y la irresponsabilidad.

Los funcionarios son agentes de socialización política, figuras públicas, modelos de comportamiento. El desprecio por la meritocracia desde arriba incita al mercenarismo político y hasta cimienta tendencias criminógenas, pues la política se transforma en una red cómplice de cinismo y transgresión en la que todo vale, que a su vez los de abajo creen justificado imitar. 

Si el funcionamiento de la política permite medir la salud de los valores predominantes en una sociedad, nuestro país aqueja una severa bancarrota moral. Una ciénaga de indecencia de larga data –y esto es lo descorazonador y tenebroso– que la nueva clase política solo ha venido a enturbiar. Mientras, muchos niños, niñas y jóvenes, colegiales y universitarios, luchan por arrancarle señal wifi al cielo para no perder sus clases en ese otro confinamiento interminable de la enseñanza virtual, con la esperanza de que algún día su esfuerzo valga la pena.