Gobierno de Bukele bloquea por cuarta vez inspección de archivos militares

El juez de San Francisco Gotera, Morazán, retomó esta semana las diligencias de inspección a los archivos militares relacionados con el caso El Mozote y lugares aledaños. Pero la historia se repitió, como en septiembre: militares con fusiles en mano le impidieron el ingreso a las instalaciones militares, bajo el beneplácito y respaldo del presidente Nayib Bukele.

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Por Emerson Flores

Por Emerson Flores

Karen Moreno

Karen Moreno

El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, vio obstaculizada su labor por segunda vez el 12 de octubre, por tercera vez el 13 de octubre y por cuarta vez este 14 de octubre, por parte de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), mientras intentaba ingresar a las instalaciones militares, con los peritos, para revisar los archivos militares que podrían estar relacionados con la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.

El 12 de octubre, el capitán Natán Ortiz y dos abogadas recibieron al juez frente al portón de la Primera Brigada de la Fuerza Aérea, en Ilopango, para informarle que no podía ingresar. “Primero, porque el presidente (Nayib Bukele) entregó la documentación. Segundo, porque nosotros tenemos resguardadas todas las planificaciones que hacemos día a día, y eso sí está resguardado por la Constitución de la República”, justificó, escuetamente, ante el juez Guzmán.

Una abogada del equipo jurídico de la FAES agregó que la institución “no cuenta con la información” que el juez y los peritos buscan.

“Ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución armada, y nosotros estamos haciendo una valoración conforme a los derechos humanos. Lo que se está investigando son delitos de lesa humanidad. Ante ello, déjeme decirle que ya hay resolución de la Sala donde se dijo que se debía abrir los archivos militares”, indicó Guzmán.

El juez también hizo referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la que obliga al Estado de El Salvador a abrir los archivos militares, y a una jurisprudencia de la CIDH. “Así que yo creo que la negativa no tiene un fundamento”, concluyó el juez.

Tras el bloqueo de ese día, el juez se trasladó al Centro Judicial “Isidro Menéndez” para levantar un acta como constancia de lo ocurrido.

El 13 de octubre, el juez Guzmán continuó con la diligencia judicial de inspeccionar los archivos militares en la Segunda Brigada Aérea de Comalapa. Le acompañaron las partes procesales y técnicas, pero la historia se repitió. Diez militares, con sus fusiles, custodiaban el acceso al cuartel.

Un capitán, de nombre Carlos Escobar, fue el que se acercó al juez, quien se quedó detrás de una barricada. Escobar argumentó que la Segunda Brigada Aérea había sido creada en 1986 y empezó a funcionar hasta 1987 y que, por lo tanto, dicha unidad no cuenta con información del caso.

“No se está negando el acceso a los archivos militares”, espetó Escobar. Y luego agregó que la información sobre planes militares se encuentra en un solo lugar y que estos son de carácter secreto y están protegidos bajo la Constitución de la República.

“Yo no vengo a discutir o a convencerlos a ustedes de que se está haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes secretos (...) el Ministerio de Defensa y la Fuerza Armada como institución deben someterse y obedecer las decisiones judiciales”, declaró el juez.

La asesora jurídica de la Fuerza Aérea, quien también estuvo presente durante el bloqueo realizado el 12 de octubre en Ilopango, le reiteró al juez que en el lugar hay planes militares y que se encuentran protegidos por la Constitución.

El juez Guzmán preguntó al capitán Escobar quién le había dado la orden de impedir su ingreso, pero Escobar guardó silencio. “Gracias por venir”, dijo la asesora jurídica, quien no quiso identificarse y le dio la espalda al juez.

De esta manera se impidió el ingreso del juez, quien después se dirigió a Casa Presidencial para entregar un escrito dirigido al Presidente Nayib Bukele, en el que detalló que la siguiente inspección sería este 14 de octubre en la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad.

Este miércoles 14 de octubre, el juez también se presentó en la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”, ubicada en San Juan Opico, para continuar con las inspecciones. Pero una vez más, el ingreso fue negado.

La oficial de artillería que atendió al juez en la entrada de la Unidad Militar no quiso identificarse y tampoco quiso revelar quién le había ordenado bloquear el ingreso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron este nuevo bloqueo y recordaron al Gobierno del presidente Nayib Bukele su comunicado del 8 de octubre, en el que expresaban su gran preocupación debido al incumplimiento de una orden judicial por parte del Ministro de Defensa René Merino.

“La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reafirmado que, en causas de esa naturaleza, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar información requerida por las autoridades encargadas de la investigación o de proceso pendientes”, detallaba la CIDH en su comunicado.

UN BLOQUEO SISTEMÁTICO 

El 21 de septiembre, el juez intentó iniciar las diligencias de inspección de archivos militares, acompañado por los equipos técnicos y judiciales, en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, pero se encontró con un cerco militar y la orden de no dejarlo pasar. En esa ocasión, fue el coronel Carlos Vanegas quien comunicó la orden superior de no dejar realizar la inspección judicial.

Dos días después, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, sostuvo el 23 de septiembre que Bukele ha cumplido su promesa de abrir los archivos “de la A a la Z”, a pesar de obstaculizar el peritaje de los expedientes militares, con barricadas, uniformados con fusiles y amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La noche de ese 23 de septiembre, el presidente Bukele aseguró en cadena nacional de radio y televisión que los archivos militares relacionados a la masacre fueron sustraídos o destruidos y que la información que quedaba de lo ocurrido había sido desclasificada por él y que esta sería enviada al juez. También insistió en que las órdenes judiciales no tienen jurisdicción en la FAES.

“Déjeme decirle que (...) el tribunal no tiene ninguna documentación”, desmintió Guzmán, tras las declaraciones de Bukele.

David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal y querellante en el caso de El Mozote, dijo a GatoEncerrado que “hasta donde tenemos conocimiento las partes, eso (la información supuestamente desclasificada por Bukele) no ha sido entregado, ni a la Fiscalía ni al tribunal. En el informe que debió rendir el presidente Bukele y el ministro de la defensa al tribunal, simplemente sentaron postura de que no permitirían inspecciones judiciales, pero no agregaron la información que presuntamente existe y que hubieran estado en las cajas que mostró el presidente durante la cadena de radio y televisión”.

Ante las diligencias de inspección ordenadas por el juez Guzmán, el ministro de la Defensa fue ante la Sala de lo Constitucional argumentando que la FAES no ha sido parte del proceso penal por el caso El Mozote, para exponer “lo perjudicial que podría ser para la defensa nacional ejecutar el peritaje ordenado por el juez, ya que en esos documentos constan planes militares secretos”. La Sala, en respuesta, declaró improcedente el amparo del ministro de la Defensa.

Los magistrados concluyeron, según la resolución, que “no se observa que la inspección de los documentos cause un agravio en la FAES, porque en el proceso penal investigan los hechos ocurridos en 1981 en la masacre, pese a que se alega que constituyen información de planes militares secretos, por lo que dicho argumento no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad”.

LA ETERNA PROMESA INCUMPLIDA

En julio de 2018, la Sala de lo Constitucional resolvió que la sentencia de 2016 que declaraba inconstitucional la Ley de Amnistía no fue cumplida por el Estado salvadoreño bajo la administración del segundo gobierno del FMLN y la Asamblea Legislativa, debido a la ausencia de una nueva Ley de Reconciliación Nacional elaborado por parte de la Asamblea Legislativa, y un instructivo de naturaleza ejecutiva, que permitiera proteger y eliminar obstáculos de carácter burocrático.

“En ese momento, se le ordena emitir ese instructivo, que no cumple ni el presidente (Sánchez Cerén) ni tampoco el ministro de Defensa, que en ese momento era Munguía Payes. Actualmente, el presidente de la República Nayib Bukele y el ministro de Defensa (Merino Monroy) tienen la misma obligación, porque el mandato está vigente”, dijo a GatoEncerrado Hector Carrillo, director de acceso a la justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de derechos humanos de la UCA (Idhuca), sostiene que el Órgano Ejecutivo tiene todas las potestades para contribuir con la justicia, y una de ellas es permitir el acceso a los archivos militares, sin necesidad de una ley de reconciliación.

“Existen muchas posibilidades de actuación dentro del Órgano Ejecutivo sin necesidad de ley. Por ejemplo, el primero es la colaboración hacia la justicia. Incluso las mismas resoluciones de la Sala de lo Constitucional anterior establecieron que mientras no existiera una ley de reconciliación nacional, el presidente y el Ministerio de Defensa debían dictar un instructivo que permitiera el acceso a los archivos militares relativos al conflicto armado”, dijo Escalante a GatoEncerrado.

En relación al papel que debe jugar la Fiscalía General de la República (FGR), tanto Morales como Carrillo esperan que no sea pasiva y que tiene un gran reto, porque hay dos hechos consumados en las diligencias del juez que investiga los hechos ocurridos en la matanza del Mozote. Los posibles delitos cometidos, tanto por las personas que han impedido el ingreso como quienes emitieron la orden, son actos arbitrarios y desobediencia a una orden judicial.

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