Foto/Emerson Flores

Fiscalía pide antejuicio contra el director de la Policía por incumplimiento de deberes

La Fiscalía acusa al director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad Pública del delito de incumplimiento de deberes, debido a que no acató la orden de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos durante la pandemia. En el requerimiento, al que tuvo acceso GatoEncerrado, la Fiscalía señaló que Mauricio Arriaza Chicas realizó valoraciones y que su única función debía ser obedecer, no contraargumentar. El fiscal Raúl Melara dijo que la Policía Nacional Civil es una institución no deliberante y que debe de cumplir la Constitución y lo que le ordenen las leyes.

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Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Asamblea Legislativa una denuncia de antejuicio y petición de desafuero en contra del director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad Pública ad honorem, Mauricio Arriaza Chicas, por incumplir la orden de una comisión especial de la Asamblea Legislativa de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. 

La Fiscalía acusa al director de la PNC del presunto delito de incumplimiento de deberes, el cual está previsto en el artículo 321 del Código Penal y es sancionado con cuatro a seis años de cárcel e inhabilitación del cargo por el mismo periodo. 

El director de la PNC goza de fuero constitucional luego de que el 9 de octubre, el presidente de la República Nayib Bukele lo nombró como viceministro de seguridad, según consta en la publicación del Diario Oficial, del 12 de octubre. Con ello, Bukele le dio inmunidad y para que la Fiscalía lo pueda acusar ante los juzgados como cualquier ciudadano, la Asamblea debe someterlo a un antejuicio y decidir con 43 votos si le quitan o no el fuero.  

Arriaza Chicas también se rehusó a hacer comparecer ante la comisión al ministro de Salud, Francisco Alabí; sin embargo, ese caso no es retomado como parte de los hechos que se relacionan en el requerimiento de 30 páginas entregado por dos fiscales, de la Unidad de Delitos Relativos a la Administración de Justicia de la Fiscalía, ante la oficina de recepción de la Asamblea, este 10 de noviembre a las 10:24 a. m.  GatoEncerrado tuvo acceso a la copia de la denuncia.

Origen del antejuicio

La comisión especial que investiga el uso de fondos y deuda aprobada en el marco de la pandemia por COVID-19 citó en cuatro ocasiones al ministro de Hacienda para que diera un informe de la colocación de deuda, ya sea de corto o largo plazo, entre marzo y agosto de 2020.  En cartas enviadas a la Asamblea, el funcionario argumentó que no podía asistir porque tenía  saturada la agenda con otros compromisos; entre ellos, la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021.

En la quinta y última convocatoria programada para el 2 octubre, la comisión decidió pedir el apoyo al director de la policía para que lo llevara por la fuerza. En lugar de cumplir la orden, Arriaza Chicas justificó que la invitación se giró el 30 de septiembre, último día para que Zelaya presentara el proyecto de presupuesto 2021 ante la Asamblea. Aunque, en realidad, ese 2 de octubre Zelaya se encontraba en una verificación de avances de la construcción de un parque eólico en Metapán.

Por esa razón, Arriaza Chicas valoró que no se configuraba el supuesto legal para hacer comparecer al ministro. De paso, pidió reprogramar la cita al ministro. 

Al respecto, la Fiscalía indicó en el requerimiento que el director de la Policía no tenía la facultad para contraargumentar, cuestionar o sugerir modificaciones a la decisión tomada por la autoridad competente, en ese caso la comisión especial. También señaló que su única obligación legal era dar cumplimiento a la orden, conforme al artículo 165 del Código Procesal Penal. Además, el Ministerio Público detalló que el director de la Policía cometió una invasión a las atribuciones de la comisión y con claridad un incumplimiento de sus propias obligaciones, pues era la única facultada para dar por válida la justificación del ministro.

“Lo anterior representa un quebrantamiento del principio de legalidad de las actuaciones de los funcionarios consagrados en el artículo 86 inciso 3  de la Constitución que establece: los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, cita el requerimiento en la página 10. 

El fiscal general, Raúl Melara, dijo en la entrevista de Frente a Frente que tiene una excelente relación con el comisionado Arriaza Chicas y le tiene aprecio, “pero este no es un tema de cariño, este es un tema de cumplimiento de la ley”. 

Melara agregó que como fiscal no puede permitir que la Policía desobedezca las órdenes de quién sea y debe acatarlas siempre y cuando estas sean legales y “en este caso era una orden legal”.

“No me pueden decir a mí que el director de la Policía, quien sea, cualquier comisionado o autoridad de la Policía va a recibir una orden de una autoridad y le va a decir: 'ah no mire, yo aquí creo que no, entonces se la devuelvo'. ¿Qué va a pasar? Quiere decir eso que si yo en alguna ocasión le mando una orden de detención administrativa contra un violador, contra un agresor de mujeres… Contra quien sea, Él (director de la policía) me va a decir: 'no, mire, yo creo que usted aquí se ha equivocado, entonces no,  le devuelvo la orden'. Eso no puede ser.  La Policía Nacional Civil es una institución no deliberante y debe de cumplir la Constitución y lo que le ordenen las leyes”, aseguró en la entrevista.

En tanto, el presidente de la República salió en defensa del director de la Policía tras conocer la presentación del requerimiento fiscal. Según la versión de Bukele, se trata de un intento por desmantelar el “plan control territorial”. Además, alegó que el “delito” fue desobedecer una orden ilegal de los diputados.

El ministro de Hacienda relacionó el tema con presiones por la campaña electoral sobre los funcionarios de elección de segundo grado y con “intereses mezquinos” de hacer fracasar el plan de seguridad.

El requerimiento entrará en la sesión plenaria de este jueves 12 de noviembre y pasará a análisis de la comisión de legislación, la cual decidirá si procede la creación de una comisión especial de antejuicio para que decida si le quita o no el fuero.

El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Handal, adelantó que su partido tiene listos los 23 votos para votar a favor de quitarle el fuero a Arriaza Chicas. Por su parte, el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, sostuvo que su partido tendrá que analizarlo y tomar una decisión colegiada. 

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