Por Carmen Valeria Escobar

La compra por $225 mil en botas para personal médico que hizo el Ministerio de Salud a una empresa de familiares del ministro de Salud, Francisco Alabi, es parte de los contratos irregulares que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando, tras recibir tres avisos por presunta corrupción que le hizo llegar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies). 

Uno de los avisos de la Cicies detallaba que el proceso de compra adjudicado a la empresa de los familiares de Alabi, de nombre Autodo S.A de C.V., tenía un giro comercial diferente al objeto de la compra y que fue el único proveedor invitado a ofertar, tal como lo investigó y reveló GatoEncerrado en junio de este año. En el mismo aviso, la Cicies determinó que fue José Ángel Montoya Quiñonez, primo del ministro Alabí, quien hizo la primera entrega de botas de hule a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) del Ministerio de Salud. La Cicies, además, señaló que esa compra y la forma en que ocurrió puede calificar como el delito de actos arbitrarios, contemplado en el artículo 320 del código penal; y el delito de negociaciones ilícitas, contemplado en el artículo 328 del mismo código.

En una conferencia de prensa, de este 12 de noviembre, cuatro fiscales de la dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, detallaron que además de esa compra a los familiares de Alabi hay otros 16 contratos y compras irregulares que hizo el gobierno de Nayib Bukele en medio de la pandemia por COVID-19. 

Los fiscales no precisaron a cuánto ascienden los montos sumados de todos los casos, pero sí explicaron que desde el inicio de la investigación han sido obstaculizados por el gobierno de Bukele a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y empleados del Ministerio de Salud.

Los fiscales narraron que durante la mañana del 9 de noviembre llegaron a las instalaciones del Ministerio de Salud para hacer un allanamiento al despacho del ministro Francisco Alabí e incautar documentos, computadoras y equipos que tenían relación con las compras hechas por el gobierno durante la emergencia sanitaria.

El equipo de fiscales, denominado “Compras covid”, también detalló que son 20 instituciones las que están incluidas en el allanamiento, entre las que se encuentran la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Hacienda.  

Pero el lugar donde tuvieron más problemas, bloqueos y obstaculización fue en el Ministerio de Salud; donde el martes por la tarde, miembros de la Policía llegaron para entorpecer el procedimiento de investigación y pedir licencias de portación de armas a los agentes de seguridad que acompañaban a los fiscales. Esa noche, un poco más de 80 fiscales se hicieron presentes en las instalaciones del Ministerio para acuerpar al equipo “Compras covid” de la Fiscalía.

La noche siguiente, durante una conferencia de prensa, el ministro Francisco Alabi acusó a la Fiscalía de realizar el allanamiento bajo irregularidades y aseguró que los fiscales entraron a la fuerza y sin mostrar una orden judicial, sin acreditarse y armados. El ministro también dijo que, a raíz de los allanamientos, las compras de medicamentos y equipos que se iban a comprar en noviembre han sido suspendidas y advirtió que eso tendrá consecuencias en el personal médico que se quedará sin mascarillas, caretas y botas.

El equipo de fiscales, a cargo del allanamiento, desmintió al ministro Alabi y aseguró que todo el procedimiento se hizo con base en la legalidad, con orden judicial y sin alterar el trabajo del personal que labora en el Ministerio de Salud. Los fiscales también explicaron que ante los bloqueos y obstaculización que encontraron en el allanamiento, tuvieron que solicitar una prórroga judicial para extender la diligencia hasta el 14 de noviembre. De todo eso, según los fiscales, dejaron constancia y copia a las autoridades del Ministerio. 

Los fiscales también denunciaron que fueron intimidados por el subdirector de investigaciones de la Policía, Douglas García Funes, quien llegó con prepotencia, mientras los fiscales intentaban buscar información para la investigación. Los policías que acompañaban al subdirector se quitaron de su uniforme el Orden Numerario Institucional (ONI) para no ser identificados y bloquearon el trabajo de los fiscales. Además, señalaron que otra persona que obstaculizó la investigación fue Jorge Castro, el asesor jurídico del Ministerio.

Los fiscales también dijeron que todavía están analizando si deben presentar un aviso contra todos los que han obstaculizado la investigación.