Políticas públicas alineadas con los compromisos climáticos, la COVID-19, la no criminalización de defensores ambientales, y el establecimiento de marcos jurídicos consecuentes con el Derecho Humano al Agua, entre otros, son parte de las conclusiones del onceavo Foro Centroamérica vulnerable Unida por la vida, realizado de forma virtual en octubre pasado, y en el que convergen organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de la región.

De acuerdo con el Foro, Centroamérica culmina una década de acumulación de crisis exacerbadas por un modelo de desarrollo y gestión pública que nos es capaz de propiciar condiciones que conduzcan a concretar las aspiraciones de desarrollo sustentable, sino que, por el contrario, conduce a enfrentar un Escenario de Crisis Compleja Regional

Las organizaciones participantes sostienen que la gravedad de la crisis climática y las consecuencias catastróficas de una temporada ciclónica sin precedentes en Centroamérica, una de las regiones del mundo más susceptibles a los fenómenos climáticos, es un efecto directo de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos.

El espacio regional, afirma que la forma de vida de los países principalmente del norte global, junto a la “negligente” gestión pública de los Estados de la región Centroamericana, los primeros por poca voluntad de asumir su responsabilidad de frenar la contaminación de la atmósfera; y los segundos por ser estados permisivos e incapaces  de revertir las vulnerabilidades estructurales, lo que ha llevado a   incrementar las inequidades y desigualdades sociales, lo cual desafía a gestionar el escenario regional de crisis complejas desde una perspectiva multisectorial e integradora, enfatizando el carácter diferenciado de los impactos y la gestión desde la perspectiva de igualdad y equidad de género; y demanda con urgencia la necesidad de evolucionar la gestión tradicional de riesgos, fundamentada en enfoques de derechos, igualdad y equidad de género, dando cabida a un cambio socioambiental con justicia y sustentabilidad.

“Urgimos la implementación de nuevos “marcos” políticos ambientales a niveles regional y nacional, coherentes con la crisis climática que enfrentamos, cimentadas en la promoción y fortalecimiento de la acción local, basada en la adaptación como una herramienta de lucha contra la pobreza y la mitigación que prioriza los beneficios ambientales locales, medidas que deben implementarse bajo un enfoque: sostenible, transformador e inclusivo”, reza una de las conclusiones del Foro.

Asimismo, sugieren priorizar sistemas sociales proactivos e inclusivos de alertas tempranas como base para la prevención y protección de los sistemas productivos locales esenciales bajo el enfoque de un solo bienestar: humano, animal y ambiental, para un autocuido y autogestión del territorio.

Sostienen que las crisis climáticas seguirán siendo el motor de crisis complejas en la región y postergar la gestión de la vulnerabilidad ambiental, política, social y económica de los países, solo profundizará los desastres y calamidades.

“En consecuencia, debemos actuar con sentido de urgencia que implica, transitar de sistemas de protección reactivos y coyunturales, hacia estrategias de gestión de riesgos que fortalezcan la cultura de prevención desde un enfoque social holístico regional y armonizado con los Escenarios de Crisis Complejas que atravesamos”, señalan.

Otra de las conclusiones del Foro es que la región sufre las consecuencias de una Crisis Climática que está provocando que las sociedades vivan al límite de sus posibilidades de sobrevivencia, afectando todas las actividades humanas y pone de manifiesto que el tiempo de actuar se agota. Dicen que la crisis sanitaria solo ha venido a distraer los esfuerzos públicos de pretender una recuperación, una vez más, sobre la base del extractivismo de los bienes naturales, que acentúa la vulnerabilidad de poblaciones expuestas a este fenómeno.

“Denunciamos internacionalmente que en Centroamérica el extractivismo es alentado y a la vez beneficia a elites políticas ilegítimas y corruptas, que promocionan modelos de desarrollo que estigmatizan, criminalizan y militarizan el territorio, generando una espiral la violencia sistémica que privilegia los derechos económicos individuales, en detrimento de los derechos colectivos, violenta los derechos territoriales y particularmente los ancestrales de comunidades indígenas”, expresan las organizaciones parte.

Señalan que la situación de Crisis Compleja ha sido alentada y acelerada por la promoción desmesurada del extractivismo (Monocultivos, Hidroeléctricas, Minería, Agroindustria y Zonas Especiales de Desarrollo, Megaproyectos, entre otros), lesionando derechos humanos fundamentales y profundiza los niveles de pobreza, exclusión e inequidad, con énfasis en mujeres y Pueblos Indígenas.

Otra de las conclusiones del Foro es el rechazo al enfoque tradicional de desarrollo, promovido, según las organizaciones, desde grupos privilegiados, generalmente ligado a estamentos gubernamentales, desde donde se distribuye la pobreza y se concentra la riqueza. Consideran que se debe priorizar un estilo de vida solidario con el cosmos y la red de la vida que no monetiza la naturaleza.

Por otro lado, sobre el tema de energías renovables, el Foro Centroamérica Vulnerable y Unida por la Vida, destaca su importancia como un factor determinante en las economías nacionales, y hace un llamado alrededor de los impactos ambientales que están provocando los megaproyectos energéticos en los ecosistemas y poblaciones locales.

“Continuaremos promocionando los procesos de auditoría social, exigiendo los estudios de impacto ambiental, los cuales han de estar basados en los principios de información previa, libre e informada. Insistimos y demandamos a los Estados: respetar la autodeterminación de las poblaciones que han garantizado históricamente la red que sostiene la vida y la subsistencia.

Las expresiones regionales, invitan a la academia a orientar sus esfuerzos investigativos para generar la mayor evidencia posible alrededor de la factibilidad de los proyectos de generación de energías renovables; al sector público y privado para sumarse desde la responsabilidad social; y a la cooperación internacional a fortalecer su apoyo en recursos para financiar proyectos locales respetuosos de los bienes naturales y de las decisiones colectivas comunitarias.

En cuanto a temas de género y justicia climática, las organizaciones parte del Foro expresan que las situaciones de crisis complejas ponen en evidencia que, sin justicia de género, no hay desarrollo sustentable.

“Reconocemos que en contextos de Crisis Complejas las mujeres sufrimos situaciones de riesgo, sobrecarga, discriminación exacerbadas y en algunos casos hasta privilegios desproporcionados, las cuales contribuyen al deterioro de nuestro cuerpo – territorio (persona – comunidad), ante esta realidad, reafirmamos el rol protagónico de las mujeres quienes estamos en la primera línea de defensa del territorio y asumimos con mayor responsabilidad la gestión multicrisis en cada hogar”, expresan las organizaciones parte.

Denuncian que la variabilidad política que atraviesan los países de la región, agudiza la situación de crisis complejas, y que las medidas gubernamentales de afrontamiento están cerrando los espacios de participación, decisión y acción de las mujeres, por lo que consideran urgente revertir la situación para que a partir del liderazgo efectivo de las mujeres, se pueda decidir, inducir, impulsar y garantizar el cambio efectivo y profundo que necesitan las sociedades para resurgir y afrontar consecuentemente las crisis que enfrentan.

“Consideramos preocupante que se continúe sobrecargando a las mujeres de la responsabilidad de gestionar múltiples crisis en el hogar (agua, alimentos, salud, educación, higiene y cuidados médicos, por ejemplo), alentando su migración, la cual es la última estrategia de afrontamiento de las familias para enfrentar las múltiples crisis”, concluyen.

La campaña Justicia Climática es un espacio de concertación y articulación de diversas organizaciones sociales de Centroamérica que buscan en alianzas con el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida incidir en las negociaciones climáticas en favor de los pueblos de la región.

*Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de la Federación Luterana Mundial.