Opinión

Los Acuerdos de Paz y el derecho a la vivienda

Verónica Montes

Verónica Montes

Economista, actual directora General de TECHO en El Salvador, con experiencia de trabajo en organizaciones no gubernamentales en la implementación de programas y coordinación de evaluaciones asociadas al desarrollo comunitario con enfoque educativo y económico a través del trabajo con niñez y juventud.

La paz inicia en lo individual y personal, pero la sociedad y el entorno pueden contribuir al desarrollo de individuos sanos y productivos que posteriormente puedan construir de manera responsable la paz en colectividad. Pensar en generar entornos adecuados, promoviendo la vivienda y el hábitat saludable a donde aún no es posible sería un buen inicio.

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Por Verónica Montes*

Cuando en 1992 realizaban la firma de los Acuerdos de Paz, ocurría un hecho importante que marcaba el compromiso y la aspiración de iniciar una nueva etapa en la historia de El Salvador. Esa en la que el conflicto armado y principalmente la pérdida de vidas dejarían de ser el camino elegido. ¡Por lo tanto una decisión loable!

Desde entonces, haber finalizado una época de tantas restricciones en la vida diaria, zozobra y temor ha sido importante para la construcción de una nueva sociedad. Nuevos avances en materia de creación de política pública desde las nuevas instituciones tuvieron lugar, nuevos servicios, una nueva forma de hacer economía y de gobernar. Con ello, la defensa de los derechos humanos y de la vida cobró otro sentido y nuevos retos fueron surgiendo, aún con muchos caminos por recorrer. No se pueden negar los importantes avances en materia educativa, de salud, economía, demográfica y muchos otros ejes.

En materia de vivienda, desde 1993 con la creación del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, anteriormente Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, se han aplicado medidas orientadas a apoyar a unidades familiares con ingresos bajos (entre cero y dos salarios mínimos) mediante créditos, subsidios, seguridad jurídica sobre la propiedad y seguridad física en el alojamiento. Facilitando la compra de terrenos o viviendas, legalización de terrenos, y mejoramiento de viviendas. 

El país ha dado pasos en el avance para la reducción del déficit habitacional, pasando en 2015 por la creación de una propuesta de Política Nacional de Vivienda y Hábitat y más recientemente en 2019 con la propuesta de un nuevo Ministerio de Vivienda.

El inicio de un año nuevo y la conmemoración del aniversario de los Acuerdos de Paz nos recuerdan que la paz ha tomado un nuevo significado. Contar con un entorno favorable para el desarrollo de la vida en armonía es necesario, este entorno debe considerar relaciones familiares, vecinales y comunitarias seguras, respetuosas y fuertes. Por otro lado, se debe promover acceso a condiciones de vida digna y es indispensable reconocer el rol de la vivienda como catalizador de muchos otros derechos.

La paz inicia en lo individual y personal, pero la sociedad y el entorno pueden contribuir al desarrollo de individuos sanos y productivos que posteriormente puedan construir de manera responsable la paz en colectividad. Pensar en generar entornos adecuados, promoviendo la vivienda y el hábitat saludable a donde aún no es posible sería un buen inicio.

Reconocer el derecho humano a la vivienda y a un hábitat adecuado será entonces determinante para dar pasos tangibles en esa idealización de paz; requiere especial atención a la promoción de garantías para el acceso a la vivienda de interés social (VIS); reconocer la producción de hábitat y vivienda como un dinamizador de la economía; apostar por una reducción significativa del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda por medio de la planificación territorial y urbana y el desarrollo económico del país; y por último, pero sumamente trascendental, fomentar el desarrollo de espacios urbanos y el equipamiento que contribuya a la cohesión social en el país (Propuesta de Política Nacional de Vivienda, 2015).

Verónica Montes

Verónica Montes

*Economista, actual directora General de TECHO en El Salvador, con experiencia de trabajo en organizaciones no gubernamentales en la implementación de programas y coordinación de evaluaciones asociadas al desarrollo comunitario con enfoque educativo y económico a través del trabajo con niñez y juventud.

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