Foto/Emerson Flores
Funcionarios que obstaculicen auditorías de Corte de Cuentas podrían ser castigados con prisión
Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, junto a representantes de la sociedad civil, presentaron una serie de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas, al Código Penal y a la Ley de Sociedades de Economía Mixta para reforzar los mecanismos de fiscalización de la Corte. Los magistrados han señalado que sus auditores han enfrentado bloqueos al momento de supervisar el manejo de los fondos públicos.
Por Xenia Oliva
De uno a tres años de prisión podría enfrentar cualquier persona que obstruya de forma ilegal las auditorías del manejo de los fondos públicos que hace la Corte de Cuentas de la República (CCR) en instituciones de gobierno, autónomas y sociedades o empresas que administren dinero o recursos públicos. Esto es parte de las propuestas de reformas a la ley de la CCR y al Código Penal que fueron presentadas, este 16 de febrero, a la Asamblea Legislativa por los tres magistrados de la Corte de Cuentas junto a representantes de organizaciones civiles que conforman el Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Roberto Anzora Quiroz, presidente de la CCR, detalló que se presentaron reformas importantes a tres cuerpos normativos. Para la Ley de la CCR se han propuesto 15 reformas, enfocadas en el tema de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Entre estas destacan reformas al numeral 16 del artículo 5 de la ley. Actualmente, establece que la Corte puede exigir a entidades, organismos y servidores del sector público cualquier informe o documento que se considere necesario para el ejercicio de sus funciones. Al numeral se añadió que: “La información o documentación requerida, deberá ser proporcionada en un plazo mínimo de tres días hábiles o en los plazos que establezca la Corte o sus representantes, en todo caso, no excederá quince días hábiles”.
María Martínez Barahona, primera magistrada de la CCR, señaló que la institución se enfrenta al problema de que las entidades públicas no permiten el ingreso de los auditores o tampoco dan acceso a la información solicitada. También hay casos en los que las entidades implementan tácticas de dilación para alargar aún más el proceso. “Eso al final afecta el rol fiscalizador de la Corte de Cuentas”, dijo Martínez Barahona.
En agosto, los tres magistrados de la CCR firmaron y enviaron una misiva al presidente de la República, Nayib Bukele, en la que le solicitaban que instruyera al ministro de Agricultura, Pablo Anlinker, para que entregara la información sobre gastos realizados para la emergencia. La Corte había estado solicitando estos datos desde mayo; sin embargo, el ministro Anliker mantenía prórrogas para evitar pasar por el proceso.
El documento presentado ante la Asamblea Legislativa señala que han transcurrido 25 años desde que la Ley de la Corte de Cuentas de la República fue promulgada, por lo que es necesario una reforma “para responder a los principios, criterios y disposiciones relativos a la transparencia”.
La ley ya establece el “acceso irrestricto” que debe tener la Corte de Cuentas y sus auditores a “registros, archivos y documentos que sustentan la información e inclusive a las operaciones en sí, en cuanto la naturaleza de la auditoría lo requiera”, pero la propuesta de reforma incluye que al artículo 45 se agregue que los auditores deben tener acceso a “sistemas informáticos y bases de datos”. Además, es este artículo que la reforma propone incluir una sección (artículo 45-A) que aborde las consecuencias de negar el acceso irrestricto.
El nuevo artículo establece que si se niega el ingreso, acceso o entrega de la información, la Corte puede conceder un plazo de cinco días hábiles para cumplir. De lo contrario, la CCR podrá acudir ante un Juez de Paz de la localidad para que este “ordene el acceso irrestricto y la entrega de la información solicitada”. Además, se certificará a la Fiscalía General de la República para que realice una investigación.
Prisión a quienes obstaculicen a la Corte
Anzora expuso que también han solicitado que la obstrucción a las labores de fiscalización de la Corte sea sancionada. La magistrada Martínez Barahona señaló que, en vista de las constantes acciones de obstaculización a la Corte, han visto necesario tener esta herramienta para garantizar un acceso irrestricto a la información de las entidades, tanto públicas como privadas, que hacen uso de los fondos públicos.
El nuevo artículo a incluir en el Código Penal sería el 321-A y se refiere a la obstrucción de las labores de fiscalización de la CCR, el cual quedaría así:
“Artículo 321-A.- El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, o el encargado de un servicio público que obstruya ilegalmente las labores de fiscalización de la Corte de Cuentas de la República o cualquier otra entidad que ejerza fiscalización, serán sancionados con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo público o para optar al ejercicio de empleo o cargo público por igual tiempo. Se entenderá por obstrucción de las labores de fiscalización, no permitir el ingreso a la entidad auditada, no entregar la información solicitada por los auditores o su entrega es de forma incompleta y cualquier otra acción que dilate o retrase de forma indebida el ejercicio de las labores de la Corte de Cuentas de la República”.
Martínez reiteró que estas medidas son necesarias porque aunque en la Ley de la CCR ya se indica el acceso irrestricto de los auditores a la información, esto suele quedarse hasta ahí. “No existe un mecanismo para hacer viable ese acceso irrestricto a las entidades y a la información, que es muy importante. La acción de control de la Corte tiene un tope, tiene un límite”, expuso.
Al mismo tiempo, la reforma a la Ley de Sociedades Mixtas busca que la Corte también pueda fiscalizar a las empresas de economía mixta que manejen fondos públicos.
“Las reformas van dirigidas a la fiscalización de los fondos públicos, a cualquier entidad pública, privada o por economía mixta que administre fondos públicos. Ese es el alcance de fiscalización que se pretende que se reforme a través de este proyecto”, señaló Anzora.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, consideró que las propuestas eran importantes. “Tienen que tener acompañamiento de esta Asamblea Legislativa para poder combatir la corrupción del presente, pasado y futuro. No se trata de una dedicatoria a nadie sino de tratar de adecuar nuestras normativas y fortalecer nuestras instituciones contraloras con las herramientas jurídicas pertinentes”, dijo.
Añadió que próximamente se hará una propuesta a la reforma constitucional de la no prescripción de los delitos por corrupción. “Tenemos que hacer ese esfuerzo y esperamos que nos acompañen las organizaciones sociales”, dijo Ponce.
El diputado sostuvo que también es necesario crear un sistema de probidad y transparencia integrado por la Corte de Cuentas, junto a instituciones como la Superintendencia de Sistemas Financieros, el Centro Nacional de Registros, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal de Ética Gubernamental y Sertracen. “Las personas que sustraen recursos buscan la manera de limpiar esos recursos productos de ilícitos. Tenemos que ver la situación como un todo, pero eso será más adelante”, expuso Ponce.
Javier Castro, el director de Estudios Legales de Fusades y una de las organizaciones que ha acompañado el análisis y formulación de las reformas, dijo que el objetivo ha sido fortalecer el trabajo que realiza la Corte de Cuentas, al proveer más herramientas para que pueda cumplir su mandato constitucional.
Castro dijo que, a través de mesas técnicas con distintas entidades como Tracoda y Acción Ciudadana, estudiaron por varios meses el tema de las reformas junto a la Corte de Cuentas.
Señaló que no es posible que haya una Corte de Cuentas que no tenga las herramientas para garantizar un acceso a la información de los entes obligados a someterse a auditorías. “Aclarar que no hay zonas exentas del control de la CCR cuando se trata de fondos públicos. Bajo la denominación que sea. Ahora que se ha puesto empresas que se llaman públicas, pero son sociedades anónimas con fondos públicos o sociedades de economía mixta, cualquier entidad en la que existan recursos públicos está sujeta a la auditoría de la corte de cuentas”, sostuvo.
Durante la presentación de propuesta de reforma en la Asamblea Legislativa, participaron los diputados Rodolfo Parker del PDC, Carlos Reyes de ARENA y Shafick Handal del FMLN. Parker y Reyes se comprometieron a iniciar el estudio de las propuestas.
“Lo que nosotros vemos es la capacidad real de llegar a la documentación, porque esa es la base de todo. Pierde sentido y potencia la acción de la Corte de Cuentas, si los funcionarios dejan a su discrecionalidad cuando entregan la información o cuando permitan acceso a la información. Queremos evitar que la Corte de Cuentas aunque tenga la capacidad constitucional, no pueda ejercerla adecuadamente”, añadió Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
