Sobre el caso de Ciudad Valle del Ángel, ha mencionado que no se cumplió con el artículo 25, literal “b”, de la Ley de Medio Ambiente, el cual dice que el ministerio organizará una consulta pública en los municipios donde se desarrollará el proyecto para aquellos estudios de impacto ambiental “cuyos resultados reflejen la posibilidad de afectar la vida de la población o de amenazar riesgos para la salud y el bienestar humano y el medio ambiente”. ¿Por qué el MARN no cumplió?

La ley habilita que en el caso de las consultas públicas que tienen que ser informaciones claras y sustantivas hacia las poblaciones son tres en el tema ambiental: la que se hace dentro del estudio de impacto ambiental, que es financiada directamente por el proponente, por el titular de la actividad o proyecto; luego la consulta que se hace con el recorte de periódico, por los 10 días hábiles; y la tercera que es la que se hace cuando los proyectos se demuestra que pueden afectar significativamente el medio ambiente que es la que se hace tipo cabildo abierto, como la que establece el artículo 25, literal “b”. Es una consulta donde llega la gente que se opuso mediante la vía escrita en la consulta del 25 literal “a” y el titular de la actividad o proyecto, con su equipo técnico, explica. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque ahí consta, y no hicieron la consulta pública del 25 literal “b”. Tanto el estudio de impacto ambiental como el reporte de ponderación no lo menciona. Ellos, directamente, de la consulta de los recortillos del periódico sencillamente resolvieron.

Justamente hacia eso iba mi pregunta, ¿por qué actúa así el MARN? ¿Por qué se saltan el literal “b” del artículo 25?

¿Y usted por qué cree? (Risas) 

(Risas). Eso le pregunto a usted.

¿Usted por qué cree que lo hicieron? (Risas) Pobrecitos, se les olvidó. No se dieron cuenta de que era un proyecto que había que pasar por el 25 literal “b”. No. No hay necesidad de hurgar mucho, para interpretar que ahí hay algo. No puedo emitir un juicio de valor como abogada que soy, porque habría que irnos por la vía penal para hablar de dolo. Podría haber incluso una falsedad, pudiera ser, pero eso habría que probarlo técnicamente. Porque hay algunas cosillas por ahí que sí resultan preocupantes, para ocupar una palabra sencilla. Porque el suelo es de un alto valor hídrico, algunos de mayor valor que otros. Hay zonas que se menciona que son suelos de producción hídrica, de percolación hídrica, pero también hay alumbramientos, vertientes como las llaman las personas. No cabe la menor duda que ahí hay, no un error, ahí hay una intencionalidad de no haberlo hecho; ahora, ¿por qué?, y aquí vamos a los que hacen el activismo de calle. Sí es necesario un activismo de calle. Porque, obviamente, vamos a haber algunos gestores ambientales que no nos vamos a ir a la calle, pero vamos a tratar de taladrar el proceso con las herramientas jurídicas que nos enseñó la escuela de derecho y la práctica. Y es obvio que, si se hubiera ido a una consulta pública del literal “b”, no hubiera sencillo manejarlo y tampoco quizá ponderarlo.

Hablando del “activismo de calle”, ¿qué alcances ha tenido, no solo con el caso de Valle del Ángel, sino con otras problemáticas ambientales? ¿Cómo analiza esta actividad en defensa del ambiente?

Creo que las fuerzas se deben unir y cada quien va a hacer lo que le resulta quizá más fácil y más cómodo. En el tema de la minería metálica, no hay duda de que hubo un activismo importante, que enfrentó una presión hacia los tomadores de decisión pero, en el recorrido o la memoria histórica del tema de la minería metálica, la presión no hubiera sido tan efectiva si no hubiera habido un reporte técnico que se produjo en la evaluación ambiental estratégica del sector minero metálico.

¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente de la administración Bukele?

(Suspira) Esa pregunta duele. Yo tengo un juicio de valor y es que hemos retrocedido por lo menos 10 años de gestión ambiental. Para muestra un botón: Las consultas públicas. ¿Sabe usted cuánto duró, en términos de gestión ambiental, en años, para que el Ministerio de Medio Ambiente elaborara la guía de consulta pública del artículo 25 literal “b” de la Ley de Medio Ambiente? Hay una guía, un decreto interno del MARN, con unas reformas. Duró casi 11 años. Desde 1998 que entra en vigencia Ley de Medio Ambiente hasta 2009 que llegan Los Cuatro Fantásticos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando, gracias a su resolución sobre el caso de Las Veraneras se hizo la guía de la consulta pública del artículo 25 literal “b”, que no se ha aplicado en el caso de Ciudad Valle del Ángel. Por eso le digo: hemos retrocedido 10 años. ¿Y quiénes son los más impactados? Las poblaciones, como siempre, los eternamente marginados. Aquellos que no tienen la capacidad económica para financiar, primero, que les traduzcan ese documento técnico y tan engorroso de entender en un lenguaje accesible a la población. Por eso, haciendo un poquito de proselitismo, llevo dentro de mi plataforma una reforma a ese artículo de la Ley de Medio Ambiente. Es que no es posible que una consulta de estudios de impacto ambiental, y sobre todo de aquellos estudios fuertes de contenido, que tienen el potencial de dañar significativamente el ambiente y a las personas duren solo 10 días.

A parte del tema del agua, ¿qué otros deben discutirse con urgencia y en los que se deben tomar decisiones fundamentadas?

El tema del agua no puede verse como un feudo, aislado y divorciado de todo lo demás. Es urgente que empecemos a ver este tema de vida de forma integral con todos los otros ecosistemas jurídicos vinculados: Subsector de agua potable y saneamiento, ordenamiento forestal -que va de la mano con el ordenamiento territorial-, enfoque integrado de cuenca -pero genuino-, la parte financiera, la reforma al tema de las consultas públicas, la educación agroambiental. 

¿Cómo debería estar conformada la autoridad hídrica? ¿Deben estar los privados?

La autoridad hídrica debe ser, eminentemente, de interés público. Es decir, conformadas por entes de orden público. No veo a la empresa privada. Yo a la empresa privada la veo, como le dije anteriormente, en los organismos zonales de cuenca y en los fondos de agua.

¿Cuál sería su posición si se intentara reactivar la minería en El Salvador?

No. Como investigadora, pasé un año investigando el tema. Eso fue por el 2010, 2011, la evaluación ambiental estratégica. Porque Funes entró en 2009 y la evaluación fue en 2010. Pese que ahora hay normativa que no teníamos antes, por ejemplo la de Salud y Seguridad Ocupacional o la normativa de Ordenamiento Territorial, el país por el desorden territorial que se ha manejado todo este tiempo atrás, no. Somos un país con una importancia poblacional. En un país donde las precipitaciones hídricas son violentas y son bastantes. En un país donde hay una fuerte actividad sísmica, con mucha gente. Los que conocemos el proceso de la minería metálica, las propuestas de minería a cielo abierto, no. No estamos preparados. El Salvador no tiene las condiciones, no se puede.

Sobre el cambio climático, ¿qué propuesta en específico tiene para reducir las emisiones de carbono?

El Salvador no es un país significativo emisor de gases de efecto invernadero. Nosotros al cambio climático no le hacemos ni cosquillas. En cambio tenemos la obligación de adaptarnos. De ser lo que se conoce la adaptación al cambio climático, que fue el compromiso que se adquirió en Cancún 2009, que no lo hemos hecho. En la producción legislativa de 2009 para acá solamente se incluyó unos artículos de cambio climático en la Ley de Medio Ambiente que ya no bastan, que no son suficientes. Debe haber una Ley de Cambio Climático. Yo sí soy del criterio que tiene que haber una ley propia, ad hoc, al cambio climático con enfoque integral de gestión de riesgo. Yo podría decir como respuesta la bicicleta, pero qué cosquilla le vamos a hacer al cambio climático nosotros y vamos a descuidar el tema de la adaptación y la gestión de riesgo. 

El Salvador tiene temas pendientes en cuanto a género y diversidad sexual. ¿Cuál es su postura sobre la despenalización del aborto? 

Me hace una pregunta nada pacífica. Yo soy pro vida. Como ambientalista, soy pro vida. Como me van a decir que no soy pro vida si peleo por el agua, por el ordenamiento territorial, por los derechos de los seres sintientes. Yo sí estaría dispuesta a debatir una sola causal, que es la que reconoce Guatemala. Tenemos un estudio de caso en Guatemala. Y como le decía al principio, si nos comparamos con Guatemala, Honduras y Nicaragua somos completitamente diferentes, aunque estamos en el istmo. Y la causal es ante el inminente peligro de la vida de la madre. Como no voy a ser pro vida, solo le quiero poner un ejemplo, si yo de mi última hija tuve un mediano riesgo. “La posibilidad de que -me decían- si la niña no se compone, si no se sube y se reacomoda, yo no sé qué tan peligroso puede ser para usted eso”. Yo tenía casi 40 años cuando tuve mi última hija. Ya tenía dos hijos previos, mi marido al que quiero mucho y, cuando lo hablábamos, me decía: “yo no tengo que discutir nada; si a mí me toca decidir, yo ya sé por quién tengo que decidir. Porque si vos te vas yo me voy detrás de vos”. Y mis bichos iban a quedar huérfanos. Como no voy a ser pro vida, si pienso en esa vida. Por eso es la única causal que estaría dispuesta a debatir. Ahora, hay que reconocer algo, y es el contexto sociocultural en el que estamos. Somos un país dividido, terriblemente dividido, y, si vamos a entrar al debate de algo que nos va a dividir más, creo que podemos quizá derivarlo más para futuro.

¿Cuál es su postura sobre el matrimonio igualitario?

No. No estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.

¿Está de acuerdo con una la Ley de identidad de género? 

Identidad de género. Me agarra en curva, y yo tengo que ser muy sincera, porque no voy a hablar de lo que no conozco. Sé que hay unas propuestas. Soy sincera: no la conozco, no la he leído. Ahora, si la ley está encaminada en que haya iguales derechos en términos laborales, que no haya discriminación, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a las cuestiones de lo que dice el artículo 1 de la Constitición de la República, cómo no voy a estar de acuerdo, si somos iguales. Mi mentalidad como ambientalista: no soy binaria. No pienso en términos binarios. Pero ese es el mundo del ser. Hay que recordar que hay un mundo del deber ser y eso tiene un fuerte contexto y una connotación para la toma de decisiones.