Foto/Emerson Flores

Alma Sánchez: “Hemos retrocedido por lo menos 10 años de gestión ambiental”

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Alma Sánchez es abogada e investigadora. Como candidata a diputada por el partido VAMOS, sus propuestas principales están enfocadas en temas de medio ambiente, cultura y urbanismo. En esta entrevista con GatoEncerrado, aborda diferentes temas como el derecho humano al agua, la minería metálica y las consultas públicas en temas ambientales. La perspectiva jurídica nunca falta en sus respuestas, ni la experiencia laboral que ha tenido a lo largo de su trayectoria. 

Durante la conversación, tampoco faltan las bromas ni las anécdotas. Sánchez también mostró su sarcasmo cuando, al ser consultada por la razón por la que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no aplicó el artículo 25 literal “b” de la Ley de Medio Ambiente en el caso de Ciudad Valle del Ángel de la familia Dueñas dice: “pobrecitos, se les olvidó”. 

Además de abordar temas ambientales, Sánchez también respondió preguntas respecto a temáticas como el matrimonio igualitario o el aborto.

¿Qué opina de la discusión actual de la Ley General de Aguas en la actual Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa?

Para hablar de la situación actual es necesario conocer un poco de todo el viacrucis que ha tenido la Ley General de Aguas. Con relación al reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, es de reconocer que es un gran logro que al fin se hayan animado a ponerlo en los dos artículos de la Constitución, los derechos individuales y en el otro artículo sobre la salud. Eso no cabe duda de que, en términos jurídicos, es un gran avance, y lo digo con propiedad pues solo los que sabemos qué es batallar en los tribunales de justicia, y hacer valor algo que tiene que ver con el agua, un derecho vinculado al agua sin reconocimiento en ningún lado frente a otros derechos que tienen inveterado reconocimiento en el tiempo y el espacio como el derecho a la propiedad privada, sabemos lo frustrante que es ir al ring con las dos manos atadas atrás, frente a un contrincante que lleva las manos sueltas que es el que quiere hacer valer su derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Entonces no hay duda de que eso es un gran logro. Ahora nos falta ratificarlo. En la Constitución, para que la reforma sea válida, necesita dos Asambleas Legislativas. Esperemos que la siguiente plana de diputados lo ratifiquen, que no solo nos estén dando el dulcito.

¿Y con la Ley General de Agua?

Con el tema de la Ley General de Aguas es un cuerpo legal que, solo los que no saben la historia de la Ley General de Aguas, dicen que tiene 15 años de estar como deuda legislativa. Los inicios de la Ley General de Aguas comenzaron a inicios de los ochenta, finales de los setenta, 79, 80, 81, por ahí, cuando no había Ministerio de Medio Ambiente, sino que era el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tuvo un enfoque muy agrarista. Ese fue el enfoque de las primeras propuestas. Iniciábamos la guerra y, pese a que hubo una Junta Revolucionaria de Gobierno, que hizo muy buenas gestiones, como por ejemplo el famoso decreto 50 que era el reglamento de control de vertidos y zonas de protección que, aún ahora, todavía pervive, pese a que le mutilaron muchos artículos de forma tácita. La Junta Revolucionaria de Gobierno nunca quiso subir de nivel, un reglamento es un reglamento, una ley es una ley. Y en aquel momento que tenía mayoría la Democracia Cristiana no quiso meterse en esa quijotada. Luego los areneros retomaron el tema, más o menos el que tuvo el valor de volverlo a retomar de forma seria, paradójicamente, fue don Hugo Barrera. Se avanzó mucho en la elaboración, pero no se logró ningún resultado en la Asamblea Legislativa, cuando también pudieron haberlo hecho. Luego el ex ministro Herman Rosa Chávez retoma los esfuerzos que había hecho la gobernabilidad anterior del gobierno arenero, o sea, no todo lo que han hecho los gobiernos anteriores ha sido completamente malo en términos hídricos. Lo retoma, obviamente lo mejora, y presenta una propuesta de Ley General de Aguas en el 2012, que es mejorada en algunos artículos por la UCA. 

 

La plataforma política de la candidata se centra en un eje ambiental y adaptación al cambio climático. También dice que apoya la ratificación del derecho al agua y saneamiento.

¿Cómo nos encontramos hoy con respecto al tema?

Hoy nos encontramos en una situación en donde yo no les veo realmente mucho compromiso. No recuerdo cuántos meses han sido, si son cinco o seis meses los que han pasado sin reunirse. Si en realidad el tema les interesara, viendo lo urgente que este es, esto lo hubieran sacado. También, el impulso que ha tenido de las otras propuestas, la Ley Integral del Agua (LIA), que fue la que presentó la ANEP; la versión que presentaron los regantes. Eso es suficiente presión como para que una comisión diga: “hay que retomar el tema”. Porque vienen años, y se van años, y la sequía se va haciendo cada vez más intensa. El fenómeno del cambio climático no va retrocediendo, va incrementando, y este impacta directamente en el tema hídrico. Entonces, esa es mi opinión. Me parece que le están dando muchas largas al asunto. Y ahora que estamos en un periodo eleccionario dicen: “la tenemos que sacar ya, antes de”. Una ley que les ha costado tanto ponerse de acuerdo en artículos que son tan importantes, como la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, entre otras cosas que me parece también deberían de pensarse muy bien, cranearse muy bien, y dejarlas muy protegidas porque se trata de la vida de la gente. 

¿Cómo cuáles?

El enfoque. Tiene que ser un enfoque integral sobre la cuenca hídrica. Tiene que dejarse un gancho para poder proponer una ley del subsector de agua potable y saneamiento. Yo he investigado sobre los fondos de agua y lo mínimo que considero que debería de haber sería un capítulo en donde veo a una empresa privada muy activa; ahí sí la veo dentro de los fondos de agua, dentro de los organismos zonales de cuenca. Pero yo me pregunto, ¿irán a sacar la ley a la carrera, solo para que la gente diga: “sí, sacaron algo”?

De las propuestas que se están tomando en cuenta para la discusión de la Ley de Agua, ¿cuál le parece que responde de forma más adecuada a las necesidades hídricas del país?

Yo hice un ejercicio de hacer una tablita de comparación entre tres propuestas. La de la UCA la puse como integrada a la que había presentado Rosa Chávez, porque hubo como un acuerdo. Y hasta el mismo ex viceministro Ángel Ibarra dijo en un video que ellos iban a retomar lo que la UCA había dicho. Dicen que después se echó para atrás, pero yo tengo ese video. En ese cuadro de comparaciones, tengo muy presente, fuera del punto superado, al menos se supone que lo está, el de la institucionalidad del agua, yo encontré tres aspectos que me hicieron mucho ruido. Y me hacen arribar que la propuesta que hizo Rosa Chávez es la que mejor se apega a la verdadera intencionalidad de lo que se conoce la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que tiene como fin la seguridad hídrica, que el enfoque no es antropocéntrico. Aunque la ley sí tiene un enfoque antropocéntrico. Tampoco es decir que no lo tiene. Pero si lo vamos a ubicar de lo mal a lo menos mal, la propuesta que hizo el Ministerio de Medio Ambiente es la más amable. 

¿Por qué?

Porque, de los dos puntos más fuertes de los que yo le puedo hablar, es el mecanismo de financiamiento sobre cómo se va a financiar la ANA pero también todas las actividades que van a emanar de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. La LIA hablaba de una tasa, pero la del MARN hablaba de un canon. Una tasa es un instrumento tributario, un canon es un instrumento no tributario. La administración con enfoque de cuenca es compleja. Una microcuenca -que sería la unidad más fácil de manejar-, se divide en suelos productores de agua, que están arriba de la cuenca; y suelos usuarios o consumidores de agua, que generalmente están en la parte baja. En los suelos productores de agua está la parte de mayor percolación hídrica. Esos de forma subterránea van a dar a un lugar donde están los usuarios. Toda esa dinámica natural, para poder hacerla funcional a fin de que la gente que está arriba no cambie el uso de suelo -es decir que pase de ser un suelo de alto valor hídrico a un suelo que no produce tanta agua-, requiere de un método para valorizar, para que los de abajo le reconozcan a los de arriba cuánto están produciendo. Esa dinámica que es compleja jurídica, técnica y naturalmente no se va a poder financiar con una tasa, porque jurisprudencialmente y doctrinariamente la tasa es el instrumento tributario más modesto, más pisirico hablando en términos salvadoreños. 

¿Y el no tributario?

Un mecanismo no tributario, que ocupa otro tipo de algoritmo, puede ser más justo. Porque va a ocupar herramientas o mecanismos de la economía ambiental o de la economía hídrica. Puede ocupar varias formas integradas, modelos matemáticos. Cuando no hay una experiencia en el país se pueden ocupar modelos matemáticos no tanto econométricos. Ese punto va a ser más bondadoso, menos egoísta, si lo hacemos a través de un mecanismo no tributario. Nos permite ocupar herramientas más reales.

¿Qué otro aspecto de los que ha analizado de las propuestas le llamó la atención?

El tema de la educación hídrica. En las propuestas, la que mejor desarrolla estos elementos de la educación y por qué debe ser importante, y cómo tienen que integrarse, es la del MARN, a mi manera de ver. También es necesario que, si se va a desarrollar como Dios manda este enfoque de los organismos zonales de cuenca, hay que ver la cuenca como lo que es. Yo siempre he puesto el ejemplo de la vaca. Usted le saca leche a la vaca y si le sigue sacando, y no le da de comer, al final ya no le va a dar leche, se va a poner huesuda y se va a morir. Si la cuenca hidrográfica es la vaca, ¿cuál es la comida de la vaca? Es el recurso arbóreo forestal que debería estar en la parte de mayor percolación. Aquí se habla de un ordenamiento territorial, pero no de un ordenamiento forestal, que son hermanos gemelos. Si vamos a hablar de esa Gestión Integrada del Recurso Hídrico, dentro de esa unidad geográfica del organismo zonal de cuenca, no podemos estar divorciados del ordenamiento forestal y territorial. Y esas son de las cosas que yo, hasta en la propuesta de 2012, se las veo flojas, aunque sea una Ley General de Aguas. 

Antes mencionaba los fondos de agua...

Es otro tema en el que hay que enfocarse porque, lamentablemente, usted al empresario lo tiene que motivar, y lo único que entiende el empresario es en términos económicos. Mientras el sistema económico no cambie, tenemos que tener mucha inteligencia emocional para ver cómo haremos para que estos cambios se produzcan. Con esto no estoy diciendo que vamos a hacerle la pleitesía al sector de la empresa privada. No, no digo eso. Estoy diciendo que hay que hacer consensos, porque si no, sencillamente, vamos a seguir como estamos.

Otro de los proyectos que se han presentado es la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas de 2020, ¿cómo está en estos puntos?

Esa, honestamente, no la he leído.Tal vez más adelante, después de darle una leídita, podría darle un juicio de valor más puntal. 

 

Alma Sánchez considera que el país ha sufrido un grave retroceso gestión ambiental y que eso afecta a las poblaciones.

Sobre el caso de Ciudad Valle del Ángel, ha mencionado que no se cumplió con el artículo 25, literal “b”, de la Ley de Medio Ambiente, el cual dice que el ministerio organizará una consulta pública en los municipios donde se desarrollará el proyecto para aquellos estudios de impacto ambiental “cuyos resultados reflejen la posibilidad de afectar la vida de la población o de amenazar riesgos para la salud y el bienestar humano y el medio ambiente”. ¿Por qué el MARN no cumplió?

La ley habilita que en el caso de las consultas públicas que tienen que ser informaciones claras y sustantivas hacia las poblaciones son tres en el tema ambiental: la que se hace dentro del estudio de impacto ambiental, que es financiada directamente por el proponente, por el titular de la actividad o proyecto; luego la consulta que se hace con el recorte de periódico, por los 10 días hábiles; y la tercera que es la que se hace cuando los proyectos se demuestra que pueden afectar significativamente el medio ambiente que es la que se hace tipo cabildo abierto, como la que establece el artículo 25, literal “b”. Es una consulta donde llega la gente que se opuso mediante la vía escrita en la consulta del 25 literal “a” y el titular de la actividad o proyecto, con su equipo técnico, explica. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque ahí consta, y no hicieron la consulta pública del 25 literal “b”. Tanto el estudio de impacto ambiental como el reporte de ponderación no lo menciona. Ellos, directamente, de la consulta de los recortillos del periódico sencillamente resolvieron.

Justamente hacia eso iba mi pregunta, ¿por qué actúa así el MARN? ¿Por qué se saltan el literal “b” del artículo 25?

¿Y usted por qué cree? (Risas) 

(Risas). Eso le pregunto a usted.

¿Usted por qué cree que lo hicieron? (Risas) Pobrecitos, se les olvidó. No se dieron cuenta de que era un proyecto que había que pasar por el 25 literal “b”. No. No hay necesidad de hurgar mucho, para interpretar que ahí hay algo. No puedo emitir un juicio de valor como abogada que soy, porque habría que irnos por la vía penal para hablar de dolo. Podría haber incluso una falsedad, pudiera ser, pero eso habría que probarlo técnicamente. Porque hay algunas cosillas por ahí que sí resultan preocupantes, para ocupar una palabra sencilla. Porque el suelo es de un alto valor hídrico, algunos de mayor valor que otros. Hay zonas que se menciona que son suelos de producción hídrica, de percolación hídrica, pero también hay alumbramientos, vertientes como las llaman las personas. No cabe la menor duda que ahí hay, no un error, ahí hay una intencionalidad de no haberlo hecho; ahora, ¿por qué?, y aquí vamos a los que hacen el activismo de calle. Sí es necesario un activismo de calle. Porque, obviamente, vamos a haber algunos gestores ambientales que no nos vamos a ir a la calle, pero vamos a tratar de taladrar el proceso con las herramientas jurídicas que nos enseñó la escuela de derecho y la práctica. Y es obvio que, si se hubiera ido a una consulta pública del literal “b”, no hubiera sencillo manejarlo y tampoco quizá ponderarlo.

Hablando del “activismo de calle”, ¿qué alcances ha tenido, no solo con el caso de Valle del Ángel, sino con otras problemáticas ambientales? ¿Cómo analiza esta actividad en defensa del ambiente?

Creo que las fuerzas se deben unir y cada quien va a hacer lo que le resulta quizá más fácil y más cómodo. En el tema de la minería metálica, no hay duda de que hubo un activismo importante, que enfrentó una presión hacia los tomadores de decisión pero, en el recorrido o la memoria histórica del tema de la minería metálica, la presión no hubiera sido tan efectiva si no hubiera habido un reporte técnico que se produjo en la evaluación ambiental estratégica del sector minero metálico.

¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente de la administración Bukele?

(Suspira) Esa pregunta duele. Yo tengo un juicio de valor y es que hemos retrocedido por lo menos 10 años de gestión ambiental. Para muestra un botón: Las consultas públicas. ¿Sabe usted cuánto duró, en términos de gestión ambiental, en años, para que el Ministerio de Medio Ambiente elaborara la guía de consulta pública del artículo 25 literal “b” de la Ley de Medio Ambiente? Hay una guía, un decreto interno del MARN, con unas reformas. Duró casi 11 años. Desde 1998 que entra en vigencia Ley de Medio Ambiente hasta 2009 que llegan Los Cuatro Fantásticos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando, gracias a su resolución sobre el caso de Las Veraneras se hizo la guía de la consulta pública del artículo 25 literal “b”, que no se ha aplicado en el caso de Ciudad Valle del Ángel. Por eso le digo: hemos retrocedido 10 años. ¿Y quiénes son los más impactados? Las poblaciones, como siempre, los eternamente marginados. Aquellos que no tienen la capacidad económica para financiar, primero, que les traduzcan ese documento técnico y tan engorroso de entender en un lenguaje accesible a la población. Por eso, haciendo un poquito de proselitismo, llevo dentro de mi plataforma una reforma a ese artículo de la Ley de Medio Ambiente. Es que no es posible que una consulta de estudios de impacto ambiental, y sobre todo de aquellos estudios fuertes de contenido, que tienen el potencial de dañar significativamente el ambiente y a las personas duren solo 10 días.

A parte del tema del agua, ¿qué otros deben discutirse con urgencia y en los que se deben tomar decisiones fundamentadas?

El tema del agua no puede verse como un feudo, aislado y divorciado de todo lo demás. Es urgente que empecemos a ver este tema de vida de forma integral con todos los otros ecosistemas jurídicos vinculados: Subsector de agua potable y saneamiento, ordenamiento forestal -que va de la mano con el ordenamiento territorial-, enfoque integrado de cuenca -pero genuino-, la parte financiera, la reforma al tema de las consultas públicas, la educación agroambiental. 

¿Cómo debería estar conformada la autoridad hídrica? ¿Deben estar los privados?

La autoridad hídrica debe ser, eminentemente, de interés público. Es decir, conformadas por entes de orden público. No veo a la empresa privada. Yo a la empresa privada la veo, como le dije anteriormente, en los organismos zonales de cuenca y en los fondos de agua.

¿Cuál sería su posición si se intentara reactivar la minería en El Salvador?

No. Como investigadora, pasé un año investigando el tema. Eso fue por el 2010, 2011, la evaluación ambiental estratégica. Porque Funes entró en 2009 y la evaluación fue en 2010. Pese que ahora hay normativa que no teníamos antes, por ejemplo la de Salud y Seguridad Ocupacional o la normativa de Ordenamiento Territorial, el país por el desorden territorial que se ha manejado todo este tiempo atrás, no. Somos un país con una importancia poblacional. En un país donde las precipitaciones hídricas son violentas y son bastantes. En un país donde hay una fuerte actividad sísmica, con mucha gente. Los que conocemos el proceso de la minería metálica, las propuestas de minería a cielo abierto, no. No estamos preparados. El Salvador no tiene las condiciones, no se puede.

Sobre el cambio climático, ¿qué propuesta en específico tiene para reducir las emisiones de carbono?

El Salvador no es un país significativo emisor de gases de efecto invernadero. Nosotros al cambio climático no le hacemos ni cosquillas. En cambio tenemos la obligación de adaptarnos. De ser lo que se conoce la adaptación al cambio climático, que fue el compromiso que se adquirió en Cancún 2009, que no lo hemos hecho. En la producción legislativa de 2009 para acá solamente se incluyó unos artículos de cambio climático en la Ley de Medio Ambiente que ya no bastan, que no son suficientes. Debe haber una Ley de Cambio Climático. Yo sí soy del criterio que tiene que haber una ley propia, ad hoc, al cambio climático con enfoque integral de gestión de riesgo. Yo podría decir como respuesta la bicicleta, pero qué cosquilla le vamos a hacer al cambio climático nosotros y vamos a descuidar el tema de la adaptación y la gestión de riesgo. 

El Salvador tiene temas pendientes en cuanto a género y diversidad sexual. ¿Cuál es su postura sobre la despenalización del aborto? 

Me hace una pregunta nada pacífica. Yo soy pro vida. Como ambientalista, soy pro vida. Como me van a decir que no soy pro vida si peleo por el agua, por el ordenamiento territorial, por los derechos de los seres sintientes. Yo sí estaría dispuesta a debatir una sola causal, que es la que reconoce Guatemala. Tenemos un estudio de caso en Guatemala. Y como le decía al principio, si nos comparamos con Guatemala, Honduras y Nicaragua somos completitamente diferentes, aunque estamos en el istmo. Y la causal es ante el inminente peligro de la vida de la madre. Como no voy a ser pro vida, solo le quiero poner un ejemplo, si yo de mi última hija tuve un mediano riesgo. “La posibilidad de que -me decían- si la niña no se compone, si no se sube y se reacomoda, yo no sé qué tan peligroso puede ser para usted eso”. Yo tenía casi 40 años cuando tuve mi última hija. Ya tenía dos hijos previos, mi marido al que quiero mucho y, cuando lo hablábamos, me decía: “yo no tengo que discutir nada; si a mí me toca decidir, yo ya sé por quién tengo que decidir. Porque si vos te vas yo me voy detrás de vos”. Y mis bichos iban a quedar huérfanos. Como no voy a ser pro vida, si pienso en esa vida. Por eso es la única causal que estaría dispuesta a debatir. Ahora, hay que reconocer algo, y es el contexto sociocultural en el que estamos. Somos un país dividido, terriblemente dividido, y, si vamos a entrar al debate de algo que nos va a dividir más, creo que podemos quizá derivarlo más para futuro.

¿Cuál es su postura sobre el matrimonio igualitario?

No. No estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.

¿Está de acuerdo con una la Ley de identidad de género? 

Identidad de género. Me agarra en curva, y yo tengo que ser muy sincera, porque no voy a hablar de lo que no conozco. Sé que hay unas propuestas. Soy sincera: no la conozco, no la he leído. Ahora, si la ley está encaminada en que haya iguales derechos en términos laborales, que no haya discriminación, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a las cuestiones de lo que dice el artículo 1 de la Constitición de la República, cómo no voy a estar de acuerdo, si somos iguales. Mi mentalidad como ambientalista: no soy binaria. No pienso en términos binarios. Pero ese es el mundo del ser. Hay que recordar que hay un mundo del deber ser y eso tiene un fuerte contexto y una connotación para la toma de decisiones. 

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