Opinión

A un año de la pandemia: crecientes desafíos para la educación

Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

La pobreza y la desigualdad económica excluyen de oportunidades a demasiados centroamericanos ahora y, sin cambiar la estrategia y el rumbo, lo harán también en el futuro. 

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Por Michelle Molina*

Thomas Piketty —uno de los economistas más lúcidos e influyentes en la actualidad— advertía en 2019 que “el progreso humano existe, pero es frágil y puede hacerse añicos en cualquier momento empujado por derivas desigualitarias”. Luego de un año agitado, desde los primeros casos de Covid-19 en Centroamérica, no podríamos tener más evidencia sobre dicha afirmación. La pandemia y toda la presión que significó para nuestros países, ha deteriorado en grandes magnitudes el progreso alcanzado en términos de igualdad, pobreza y bienestar social, de una forma que no pudimos imaginarlo un año atrás. Un sector muy afectado, con graves consecuencias para los países y su gente, es la educación. Sin embargo vemos que ha prestado una atención considerable a la crisis sanitaria y algo a la crisis económica, pero no ha habido un compromiso serio con la correspondiente crisis educativa. 

La educación es importante en todas sus formas por su vinculación tanto a la salud como a los ingresos. También tiene un papel central en la formación y estructura de las (des)igualdades socioeconómicas. Además el mercado laboral demanda una calificación cada vez mayor. Y justo es el acceso a la cualificación y la difusión del conocimiento uno de los factores que ayuda a reducir las desigualdades, tanto dentro de cada país como a escala internacional. No obstante, la pandemia ha ocasionado tres problemas al sistema de educación. Primero, la significativa pérdida de aprendizaje real de los estudiantes debido al cierre de escuelas, según empieza a surgir evidencia empírica como en Bélgica. Segundo, la ampliación de la brecha de aprendizaje, perjudicando especialmente a la población más pobre debido al menor o nulo acceso a dispositivos tecnológicos e Internet, el hacinamiento de los hogares y los menores niveles educativos de las madres y padres o de quienes asisten a la población estudiantil afectada por la pandemia. Y tercero, el abrumante aumento de la deserción educativa y el potencial incremento del trabajo infantil, y así, otras repercusiones graves a lo largo de la vida de los niños y adolescentes. 

La sensación inicial de emergencia vivida desde marzo de 2020 tuvo un efecto polarizador: literalmente se dio una atomización y aislamiento de las personas en sus propias trincheras. Y, cuando las personas se ven obligadas a salir de la esfera pública y refugiarse en sus recursos privados, las diferencias en esos recursos, ya sea en el espacio físico, las relaciones o el acceso a la educación y la tecnología, se amplifican. Por eso no sorprende que la desigualdad en los resultados educativos e incluso en el nivel de aprendizaje se haya ensanchado drásticamente durante la pandemia de Covid-19 desde que las escuelas cerraron en marzo. El Banco Mundial estima que, en ausencia de una política efectiva de los gobiernos, el cierre de escuelas durante cinco meses reducirá las ganancias de por vida de estos niños en un total de USD 10.0 billones. 

Evidentemente, la situación es peor para quienes tienen menos. Pues, si algunos grupos sociales sufren las consecuencias del estancamiento o reducción de la inversión en educación, mientras otros concentran una parte cada vez mayor de los recursos destinados a formación, entonces las desigualdades en materia de empleo y salarios entre los dos grupos tendrían tendencia a aumentar. Justo ese es el peligro del estancamiento y descuido de los recursos destinados a educación durante el 2020, ante la urgente necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios y de proteger a la población por medio de diversos programas; lo cual alcanza un extremo en Honduras, donde se ha reducido la inversión en educación desde el 2011. Sin embargo también preocupan Nicaragua y Costa Rica que también han visto este tipo de gasto deteriorado recientemente. Además, porque a mayor nivel de pobreza, más importante se vuelven los servicios públicos para estos hogares, lo que generaría el incremento de desigualdades entre quienes asisten a establecimientos públicos y privados, en detrimento de los más pobres.

Esto raya lo absurdo, pues los resultados educativos de una persona deberían reflejar su esfuerzo y talento individual, no los recursos y privilegios a los que tiene acceso. La pobreza y la desigualdad económica excluyen de oportunidades a demasiados centroamericanos ahora y, sin cambiar la estrategia y el rumbo, lo harán también en el futuro. Sin embargo, la desigualdad exacerbada ya venía de antes. La brecha en los resultados y las perspectivas posteriores a la escuela de los niños de diferentes orígenes socioeconómicos es un problema de larga data en Centroamérica, no solo para aquellos cuyas oportunidades están limitadas por calificaciones débiles, sino para la sociedad a la que pertenecen. Esta segregación también se da en Estados Unidos, pues su sistema educativo está descentralizado, lo que quiere decir que su financiamiento también depende de los impuestos locales, específicamente de los impuestos a la propiedad. Esto es importante porque finalmente este fenómeno puede generar desigualdades considerables en función de la riqueza de cada municipio, ampliando las brechas cada vez más. Esta misma segregación es más sutil en Centroamérica, pues el sistema educativo se compone de forma diferente. 

Ante un Estado ausente, se da una privatización por defecto, por inercia del Estado, que sigue haciendo lo mismo de siempre: financiar insuficientemente la educación, desviar recursos por medio del clientelismo y de la corrupción y enfocarse casi exclusivamente en el nivel primario. Así, los actores privados han llenado estos vacíos y la educación de calidad es cada vez más un privilegio. Y su impacto sobre la movilidad económica preocupa porque encierran y perpetúan las desigualdades en los resultados económicos entre la niñez adolescente indígena, pobre, que habita en áreas rurales.

Por el otro lado, no puede pasarse desapercibido que una proporción relevante de estudiantes asisten a instituciones privadas. El acceso a la educación y especialmente conforme aumenta el nivel educativo, depende fuertemente del sector privado, y por ende, de los ingresos de sus madres y padres. Del total de estudiantes, los que asisten a establecimientos primarios corresponden al 24.02 % en El Salvador (2019), 11.4 % en Honduras (2017) y 27.6 % en Guatemala (2020), según datos oficiales; y en este último, se llegó a registrar que 1 de cada 2 estudiantes de secundaria asiste a instituciones privadas. Esto es importante ya que, en particular, los colegios privados han sido muy afectados por la caída de ingresos de los hogares muchos no han podido continuar pagando las cuotas mensuales, o incluso por la percepción de pérdida de calidad por la modalidad a distancia, se resisten a pagar las cuotas completas. Esto representa un desafío importante para las políticas públicas de Centroamérica. Solo en Guatemala, alrededor de 1,000 instituciones privadas se vieron obligadas a cerrar en 2020. Esto se vuelve relevante, más allá de la discusión de primacía o no de la educación pública, sino por la creciente dependencia del sector privado para el acceso a la educación, y los efectos que su reciente deterioro podría ocasionar. 

Entonces, la verdadera discusión es ¿qué va a hacer el Estado y cómo garantizamos una educación de calidad? Pues no solo se trata de un mero servicio sino que de un derecho. Si una medida del tipo de sociedad está relacionada con lo bien que esta cuida a sus jóvenes, el último año es una acusación condenatoria a nuestra región. El deterioro y los retrocesos en la educación son verdaderamente desalentadores. La política escolar no puede por sí sola resolver los numerosos problemas asociados con la pobreza, especialmente cuando esta última está aumentando; por lo que se requieren de estrategias integrales. Sin embargo, los Estados tienen la obligación de atender estos desafíos en la educación, y garantizar el derecho de todos a acceder a ella. 

Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

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