Thomas Piketty —uno de los economistas más lúcidos e influyentes en la actualidad— advertía en 2019 que “el progreso humano existe, pero es frágil y puede hacerse añicos en cualquier momento empujado por derivas desigualitarias”. Luego de un año agitado, desde los primeros casos de Covid-19 en Centroamérica, no podríamos tener más evidencia sobre dicha afirmación. La pandemia y toda la presión que significó para nuestros países, ha deteriorado en grandes magnitudes el progreso alcanzado en términos de igualdad, pobreza y bienestar social, de una forma que no pudimos imaginarlo un año atrás. Un sector muy afectado, con graves consecuencias para los países y su gente, es la educación. Sin embargo vemos que ha prestado una atención considerable a la crisis sanitaria y algo a la crisis económica, pero no ha habido un compromiso serio con la correspondiente crisis educativa. 

La educación es importante en todas sus formas por su vinculación tanto a la salud como a los ingresos. También tiene un papel central en la formación y estructura de las (des)igualdades socioeconómicas. Además el mercado laboral demanda una calificación cada vez mayor. Y justo es el acceso a la cualificación y la difusión del conocimiento uno de los factores que ayuda a reducir las desigualdades, tanto dentro de cada país como a escala internacional. No obstante, la pandemia ha ocasionado tres problemas al sistema de educación. Primero, la significativa pérdida de aprendizaje real de los estudiantes debido al cierre de escuelas, según empieza a surgir evidencia empírica como en Bélgica. Segundo, la ampliación de la brecha de aprendizaje, perjudicando especialmente a la población más pobre debido al menor o nulo acceso a dispositivos tecnológicos e Internet, el hacinamiento de los hogares y los menores niveles educativos de las madres y padres o de quienes asisten a la población estudiantil afectada por la pandemia. Y tercero, el abrumante aumento de la deserción educativa y el potencial incremento del trabajo infantil, y así, otras repercusiones graves a lo largo de la vida de los niños y adolescentes. 

La sensación inicial de emergencia vivida desde marzo de 2020 tuvo un efecto polarizador: literalmente se dio una atomización y aislamiento de las personas en sus propias trincheras. Y, cuando las personas se ven obligadas a salir de la esfera pública y refugiarse en sus recursos privados, las diferencias en esos recursos, ya sea en el espacio físico, las relaciones o el acceso a la educación y la tecnología, se amplifican. Por eso no sorprende que la desigualdad en los resultados educativos e incluso en el nivel de aprendizaje se haya ensanchado drásticamente durante la pandemia de Covid-19 desde que las escuelas cerraron en marzo. El Banco Mundial estima que, en ausencia de una política efectiva de los gobiernos, el cierre de escuelas durante cinco meses reducirá las ganancias de por vida de estos niños en un total de USD 10.0 billones. 

Evidentemente, la situación es peor para quienes tienen menos. Pues, si algunos grupos sociales sufren las consecuencias del estancamiento o reducción de la inversión en educación, mientras otros concentran una parte cada vez mayor de los recursos destinados a formación, entonces las desigualdades en materia de empleo y salarios entre los dos grupos tendrían tendencia a aumentar. Justo ese es el peligro del estancamiento y descuido de los recursos destinados a educación durante el 2020, ante la urgente necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios y de proteger a la población por medio de diversos programas; lo cual alcanza un extremo en Honduras, donde se ha reducido la inversión en educación desde el 2011. Sin embargo también preocupan Nicaragua y Costa Rica que también han visto este tipo de gasto deteriorado recientemente. Además, porque a mayor nivel de pobreza, más importante se vuelven los servicios públicos para estos hogares, lo que generaría el incremento de desigualdades entre quienes asisten a establecimientos públicos y privados, en detrimento de los más pobres.