Ilustración/Leonel Pacas
La discusión para tener una ley de agua y su rechazo es histórica, polémica y de intereses económicos. GatoEncerrado revisó archivos históricos para situar desde qué momento en la historia hubo interés en proteger y regular el uso del agua en El Salvador. Esta es una breve cronología de esos momentos en la vida del país. La discusión más reciente, es decir la que tuvieron los diputados salientes, duró 15 años y estuvo marcada por la displicencia de algunos diputados, marchas en contra de la privatización y cinco diferentes propuestas de ley presentadas por organizaciones sociales, universidades, iglesias y sectores privados empresariales.
El interés público por tener una Ley de Agua en El Salvador no es nuevo. Ni siquiera tiene 15 años de antigüedad —es decir, el tiempo que la actual discusión tiene en la Asamblea Legislativa—. El tema tiene antecedentes que se remontan hasta el siglo XIX, cuando bajo la presidencia de Gerardo Barrios, en 1860, fue aprobado como bien nacional el recurso hídrico de ríos y aguas que corren por cauces naturales. Luego, más de un siglo después, en la década de 1980, fue aprobada una limitada “Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” que finalmente fue derogada.
La razón por la que el tiempo pasa sin una Ley de Agua en El Salvador tiene una explicación sencilla, según representantes de organizaciones ambientalistas y expertos hídricos consultados por GatoEncerrado: los intereses económicos de los que explotan el agua con fines comerciales están en juego y no están dispuestos a comprometer sus ganancias.
El ambientalista Carlos Flores, de ECOS El Salvador, señaló que el obstáculo en el avance de la discusión por una ley no es por falta de “contenido técnico”, sino por la “defensa de intereses económicos, que es una posición política”. Flores agregó que hay tres grandes “piedras en el camino para aprobar una Ley de Agua: la industria de la construcción, la agroindustria azucarera y la industria embotelladora”.
Luis González, director de incidencia y políticas públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indicó que históricamente ha observado que “hay presiones de sectores económicamente fuertes para que la discusión de la ley no avance (…) Los sectores que se oponen son los agroindustriales, y ahí hablamos de la caña de azúcar. Estos son los que históricamente no han pagado” por el agua que explotan.
La UNES y Cáritas presentaron, hace 15 años, una propuesta de Ley de Aguas que después, ya identificados como Foro del Agua, actualizaron en 2011 y 2013.
Las organizaciones sociales aglutinadas en el Foro del Agua y otros actores sociales, como el experto en agua y minería Andrés McKinley, defienden cinco principios fundamentales que para ellos no son negociables y que no pueden faltar en una Ley de Agua: el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, la participación ciudadana, el enfoque de cuenca, la gestión pública del agua y el acceso universal al agua potable.
“Lo que debe quedar claro es que el uso del consumo humano al agua es prioritario. Eso debe quedar reflejado en toda la ley”, señaló Wilmer Sánchez, coordinador de Articulación para Incidencia de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA).
La UCA ha sido un actor clave en el debate e incluso presentó una propuesta centrada en la institucionalidad del ente rector del agua en 2017. También presentó, junto a la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el Arzobispado y las iglesias históricas, la “Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas” en 2020. Esta última propuesta recoge elementos de las conversaciones que hubo entre la UCA y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) durante la actual administración del gobierno de Nayib Bukele.
El proyecto de ley del Foro del Agua y la Propuesta Ciudadana son dos de los cinco anteproyectos que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, periodo 2018-2021, han retomado para la discusión actual. Las otras tres propuestas son la Ley General de Aguas del MARN, presentada en 2012; la Ley sobre Gestión Integral de los Recursos Hídricos, conocida como “la de los regantes”, presentada en 2013; y la Ley Integral del Agua, conocida como LIA, de 2017.
Los diputados salientes en 2021 acordaron que el objeto de la Ley General de Aguas es regular la gestión integral de las aguas en el territorio nacional, sin importar su ubicación o estado, para asegurar su sustentabilidad y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Así lo establecieron en el artículo 1 del proyecto que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa aprobó, así como en los anteproyectos que retomaron para la discusión —salvo la Ley sobre Gestión Integral de los Recursos Hídricos de 2013 que no contiene el elemento de “derecho”, pero sí el de “acceso”—.
La Ley de Agua fue uno de los —tantos— temas de discordia entre los diputados salientes y el presidente Nayib Bukele. El momento de tensión principal ocurrió el pasado 23 de marzo, un día después del Día Mundial del Agua, cuando los diputados de la comisión aprobaron la conformación de la junta directiva de la Autoridad Nacional Hídrica. Bukele, fiel a su estilo, se adelantó a un proceso de discusión que aún no había finalizado y afirmó que si la Asamblea Legislativa saliente aprobaba una ley, él la vetaría. El presidente, incluso, creó el año pasado una nueva figura en su gabinete que bautizó como “Comisionado Presidencial para el Agua”, a quien encargó la creación de una nueva propuesta de Ley de Agua. Esa propuesta es la que Bukele quiere que la nueva Asamblea apruebe, con los votos de Nuevas Ideas, el partido que impulsó.
No sería la primera vez que, tras los avances en el articulado de una Ley de Agua, se reinicie de cero la discusión. Ocurrió en 2018, cuando los diputados descartaron 92 artículos que habían sido aprobados en el periodo 2012-2015 y que se mantuvieron en la legislatura 2015-2018. De nuevo, en 2020 se reinició la discusión, luego de que se desecharon, en 2019, 15 artículos.
Independientemente cuál propuesta de ley llegue aprobarse en la Asamblea Legislativa, los expertos hídricos y ambientalistas coinciden en que es necesario que esa ley tenga un enfoque de cuenca. Pero… ¿Qué es eso?
El enfoque de cuenca se refiere al espacio que se toma como unidad territorial para la gestión del agua y desde el que se integran las políticas de ordenamiento ambiental del territorio. Ese espacio es la cuenca hidrográfica, la cual es un “área de recogimiento de aguas lluvias, delimitada por una línea divisoria de aguas”, según la definición que aparece en la Propuesta Ciudadana.
“La cuenca hidrográfica está integrada por subcuencas, las cuales a su vez se integran por microcuencas e incluyen las aguas transfronterizas”, agrega el texto.
El territorio de cuenca está delimitado por la propia naturaleza, según explica el documento Cuencas hidrográficas en El Salvador, elaborado por la UNES y Cáritas. Una de las definiciones que presentan es que la cuenca hidrográfica es “un sistema de relaciones sociales y económicas cuya base territorial y ambiental es un sistema de aguas que fluyen a un mismo río, lago o mar”.
En otras palabras, agrega, “se le da el nombre de cuenca al área o región geográfica cuyas aguas drenan a un mismo cuerpo de agua (río, lago, estero)”.
Entre las cuencas que existen en el país está la del río Lempa, la del Río Grande y la del Lago de Coatepeque.
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