Recientemente en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anuncia dos noticias importantes: la primera, emite resolución donde ordena que los contratos con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y CanSino, así como el mecanismo COVAX, deben ser dados a conocer por parte del gobierno de México, y en caso de haber causales de reserva justificada, esta no puede ser mayor de dos años y el segundo, acuerda por unanimidad que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte mexicana, por normativa de datos personales, que consideran vulnera derechos fundamentales. Ambas acciones responden a su carácter de ente garante del Derecho de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales. 

En Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT)  ha venido realizando diversas acciones en función de la promoción de la garantía del Derecho de Acceso a la información Pública. La presidenta de dicho ente, la doctora Gloria de la Fuente, mantiene pronunciamientos permanentes sobre la transparencia y la confianza que esta genera en la medida que sea percibida por la sociedad de manera clara. El CPLT cuenta con mecanismos de evaluación periódica en materia de transparencia activa y derecho de acceso a la información a entes obligados; así como rinde cuentas de su gestión a través del programa Cuenta Pública Participativa.

En El Salvador, en los últimos meses del 2019 hasta agosto del 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició un trabajo fuerte para lograr dar trámite a los casos ingresados en años anteriores -sacar la mora- era una tarea prioritaria; de igual manera, apostó en dar a conocer resoluciones del IAIP en casos de interés público y tener un compromiso con gestión en la entrega de la información pública relacionada con violaciones de derechos humanos en el periodo del conflicto armado. 

A pesar de la pandemia y de tener suspendidos los plazos administrativos, el IAIP mantuvo un rol activo como ente garante del Derecho de acceso a la Información Pública (DAIP), emitió directrices para los entes obligados sobre el manejo de datos personales y de acceso a la información pública en el contexto del COVID 19. Como un acto sin precedentes, presentó una inconstitucionalidad a la normativa que limitó el ejercicio del DAIP por la suspensión de los plazos durante el periodo de confinamiento obligatorio anteriormente citados. 

Debo mencionar, que en este tiempo se tuvo una apertura a la prensa sin distinción y se creó un espacio de acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, al que se le llamó Mesa por la Transparencia, contando con la participación de más de 25 expresiones organizativas. Se elaboró un monitoreo de los niveles de transparencia en el periodo del confinamiento que fue totalmente público donde se logró verificar el comportamiento de los entes obligados en materia de transparencia en ese periodo de crisis. La característica del pleno en estos momentos era que, a pesar de las diferencias propias de un colegiado, tenían en común su compromiso con la institucionalidad y con la promoción y garantía del DAIP, la protección de los datos personales, la gestión documental y archivo.

Todo cambia con la nueva configuración de comisionados del IAIP que inicia a partir de agosto de 2020, con el discurso de una nueva dinámica de trabajo: han cambiado criterios resolutivos generando retrocesos en materia de acceso a la información pública, cerraron las sesiones de pleno al escrutinio público; dejaron de aprobar y publicar el informe de evaluación del desempeño en materia de transparencia y gestión documental y archivo, hasta el punto de estar de acuerdo con el inicio del procedimiento de la nulidad del mismo; suspendieron la deliberación de casos sobre todo aquellos de gran relevancia nacional así como las audiencias sin justificación legal; suspenden la mesa de transparencia con las organizaciones de la sociedad civil; guardan silencio sobre las denuncias de reserva de información relacionada con la gestión, tratamiento y administración de la pandemia por COVID 19 y por qué no decirlo, se mantienen sin pronunciamiento alguno, sobre la pérdida de la competencia como ente garante de la protección de datos personales en el sector público con la reciente aprobación de la nueva normativa en esa materia, que desde mi opinión constituye otro golpe al IAIP.

¿Pero, este es el IAIP que merecemos?  Rotundamente la respuesta es NO. La ciudadanía salvadoreña merece un ente garante del derecho de acceso a la información pública (DAIP), con un pleno de comisionados y comisionadas con autonomía e independencia -siguiendo el ejemplo de sus homólogos- por mencionar algunos al inicio de este artículo, con la capacidad de posicionar el IAIP como una institución que elige como camino los principios de la Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP) y de los criterios resolutivos a nivel internacional en esta materia.

Digo “merecemos”- en esta oportunidad me incluyo- en mi calidad de ciudadana, ya que a partir del día 23 de abril se me notificó la suspensión de mi cargo como comisionada del IAIP por parte de la Presidencia de la República, señalándome de “atentar contra el buen funcionamiento del IAIP”; sin duda esta decisión fue por sostener que el IAIP debe ser respetado y su autonomía e independencia fortalecida, sin injerencia de ningún tipo. 

Este país y su gente, necesita y merece una entidad GARANTE del acceso a la información pública que esté a la altura del contexto particular que vivimos como sociedad y que haga su trabajo, al servicio de la ciudadanía y no de quienes estén en los gobiernos, porque es precisamente a estos, a los que debe fiscalizar y acompañar a que cumplan con su compromiso legal en función de la transparencia y la rendición de cuentas.