He vivido el mes de mayo en un Estado catatónico, sin poder creer lo fácil que es vilipendiar la democracia y cómo actos tan atroces son fácilmente justificables cuando se tiene a disposición una maquinaria propagandística. Con mucha tristeza veo cómo el discurso de «limpiar la casa» y «transformación de raíz» se masifica para justificar la destitución y sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República por parte de 64 diputados y diputadas de la nueva legislatura. La propaganda siempre resultará útil para tratar de legitimar ese golpe de Estado. 

El espíritu de la separación y la independencia de poderes es que ninguna persona o grupo de personas tenga control absoluto de todo el aparato estatal, porque la historia de nuestro país, de los países vecinos y el resto del mundo nos ha demostrado que, cuando esto sucede, en lugar de representar beneficios para la población con reformas estructurales que den respuesta a los desafíos sociales y económicos, lo único que ocurre es un relevo en el grupo de poder por otro, mientras tanto, el Estado sigue estando cooptado por intereses particulares y esos cambios tan anhelados por quienes más lo necesitan casi nunca llegan.

Ojalá y los eventos del 1 de mayo se pudieran reducir a un simple cambio de funcionarios, en el que las nuevas personas nombradas son más independientes o menos corruptas. Sin embargo, el meollo del asunto no son las personas individuales que ejercen el cargo, sino la institucionalidad, aquello que persistirá independientemente de los y las funcionarias de turno; y el respeto al Estado de Derecho, regido por la Constitución Política de la República, que define las reglas y los principios que rigen la vida de la sociedad salvadoreña. De verdad me gustaría que las cosas fueran tan sencillas como lo presenta el discurso gubernamental y no habrá ninguna consecuencia política, económica o social de la destrucción de la independencia judicial y por ende de la independencia entre los tres poderes del Estado. 

Las preocupaciones y condenas de la comunidad internacional son señal de ello, aunque el oficialismo intente minimizarlo y ondee las banderas de la autonomía nacional y la desinformación. En los mercados internacionales también se han encendido las alarmas, por ejemplo, el precio de los bonos salvadoreños mostró una caída histórica, y aunque luego se observó una leve recuperación, comprarle bonos a nuestro país, luego de lo ocurrido el 1 de mayo, implica un alto riesgo, porque si los diputados y diputadas irrespetan y usan a su antojo la Constitución para destituir a la Sala de lo Constitucional, la más importante del país, ¿qué garantías hay de que el país honre su deuda? Estas son alertas iniciales de las implicaciones del golpe de estado técnico, los escenarios que se desarrollen a partir de ello, dependerán no solo de las acciones que tome el oficialismo, sino principalmente de las reacciones que tenga la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos. Estos escenarios aún son inciertos pueden ir desde sanciones individuales a funcionarios, sanciones financieras o migratorias a todo el país e incluso un cierre de las líneas de financiamiento con organismos internacionales. También es posible una caída en los flujos de inversión extranjera directa, una mayor fuga de capitales, lo que provocaría no solo una caída en los ingresos tributarios, sino también mayores niveles de desempleo, y por ende mayor pobreza y desigualdad. 

El escenario en el que nos encontramos es muy complejo y por demás preocupante. Nuestro país no ha sido, ni es, un país perfectamente democrático, quizás porque hemos reducido la democracia a la realización de elecciones periódicas, en donde siempre hemos tenido que escoger entre el menos peor de los candidatos; o quizás porque siempre es más fácil y legítimo hablar de construir democracia cuando las personas tienen certeza sobre la alimentación y otras necesidades básicas de su familia. Pero la democracia sigue siendo la mejor alternativa para construir una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes ciudadanos. La democracia verdadera –esa que va más allá de los discursos demagógicos, en la que las personas gozan sus derechos a la alimentación, salud, educación y seguridad, y en la que el disenso es motivo de diálogo y no de ataque– sigue valiendo la pena y nos toca ahora trabajar para recuperarla y seguirla construyendo.