Durante décadas El Salvador se ha caracterizado por ser un país excluyente y desigual, a pesar de que políticos y empresarios insisten en el discurso de atraer el “desarrollo” invirtiendo en diferentes sectores, expresando que El Salvador está por convertirse plenamente en un país de renta media, “el Singapur de Latinoamérica”; la situación de pobreza con la que cientos de personas sobreviven al día indica que este problema está lejos de acabar. 

En los dos años de la administración Bukele hemos visto cómo se exalta la figura del “salvadoreño de a pie” al igual que en gobiernos anteriores, sin embargo, sigue sin ser prioridad la creación de oportunidades reales para estas personas. Los sectores productivos elementales de nuestra economía no están recuperados por completo, mientras que la “Nueva” Asamblea Legislativa sigue aprobando dócilmente préstamos que de un momento a otro pueden pasar factura principalmente al “salvadoreño de a pie”, que tanto afirman proteger y supuestamente en torno a quién legislan. Esto no es una sentencia vacía, sino que cuando un país tiende a endeudarse en exceso, sólo puede aumentar los impuestos, recortar gastos o aumentar la deuda. 

Esto ya lo hemos visto en Latinoamérica, en Chile, Ecuador, Colombia y otros países, las medidas que estos gobiernos implementaron para cubrir sus gastos causaron el mayor descontento social que se ha vivido en la región en los últimos años, y estos gobiernos han respondido de igual manera, con represión y al final de cuentas, retrocediendo a regañadientes, mientras que la población sigue exigiendo una política económica que los tome en cuenta. 

Por esto, el gobierno busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le permita un margen de maniobra en su política económica. Sin embargo, con el debilitamiento institucional y la escasa o nula rendición de cuentas, este acuerdo corre peligro, por lo que ahora, con una situación financiera cada vez más insostenible, se ha optado por un experimento que ningún país se hubiera atrevido a realizar, convertir al Bitcoin en una moneda de curso legal. 

El debate de este experimento va más allá de la opinión que uno tenga acerca de la criptomonedas, concepto que para muchos salvadoreños no queda del todo claro. La realidad es que esta medida difícilmente pueda contrarrestar la desigualdad, al contrario, abre la posibilidad de profundizarla, ya que no responde a las demandas de las mayorías populares. Más bien, esta medida parece responder a intereses particulares y no a la población más vulnerable, pues aparece como cortina mediática para desviar la atención sobre diferentes hechos que ponen en riesgo la imagen del gobierno. 

Creer que esta medida permite que el poder adquisitivo de la población aumentará y que habrá una mayor apertura económica, corresponde a un punto de vista homogéneo y reducido de la realidad, no contempla el factor heterogéneo y multifacético de ella. No debemos limitarnos a la pobreza monetaria, ya que este es un problema multidimensional. La inclusión social, capacidad productiva, institucional y financiera brindan una visión más profunda de la complejidad de países como el nuestro. Las condiciones preexistentes de la economía salvadoreña pueden ser una bomba de tiempo para que el mínimo cambio en el status quo se transforme en un caos. 

Ver el “desarrollo” según el nivel de ingreso per cápita u otras métricas tradicionales hacen olvidarnos que detrás de esos números hay personas y brechas estructurales propias que reducen nuestra capacidad para generar un crecimiento inclusivo, realista a nuestra condición y capaz de ocuparse de los problemas de pobreza y desigualdad. No parece que la existencia de un plan gubernamental para tratar estas condiciones sea el foco de las políticas públicas, más bien, parece que están orientadas a poner parches sin ocuparse del problema en sí, mantener esta narrativa deja en claro que tanto la desigualdad como la pobreza continúan sin ser prioridad para el Estado. 

El desarrollo debe estar enfocado en una política social, que abarque al sector formal, informal, académico, entre otros, que busque soluciones para fortalecer la educación, la salud y la generación de empleos bien remunerados, un cambio progresivo que traiga un enfoque ambiental y garantice una seguridad social para los sectores más vulnerables. La deuda más grande de este modelo ha sido con las personas, nosotros, los estudiantes, debemos estar atentos y exigir a las autoridades la seriedad que requiere el manejo de fondos públicos. La dolarización llegó a El Salvador impuesta por un partido en específico y la misma línea sigue esta surreal “Bitcoinización” de la economía salvadoreña, sin discusión, sin estudios, sin información más allá de su característica volatilidad. 

En realidad, El Salvador no podrá cambiar el destino de la mayoría siendo presa de modelos económicos importados que simulan producir el milagroso rebalse para los que ni siquiera pueden humedecer el estéril llano de la pobreza. Para estas personas lo que queda es esperar a que una desdicha mayor no ocurra, que de eso, El Salvador conoce muy bien.