Opinión

La Ley Bitcoin debe derogarse

Ricardo Castaneda Ancheta

Ricardo Castaneda Ancheta

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto plazo, así como la rebaja de la nota soberana de una calificadora de riesgo deberían ser razones suficientes para reconocer que se debe dar marcha atrás. 

 

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Por Ricardo Castaneda Ancheta*

El 7 de septiembre, es decir en menos de un mes, la Ley Bitcoin entrará en vigencia en El Salvador, tal como dicta el Decreto Legislativo 57. A pesar de ello, sigue sin conocerse un solo estudio técnico que demuestre cuáles son los beneficios para la población. Sigue sin existir siquiera el reglamento de esa Ley. De parte del Ejecutivo y del Legislativo lo que predomina es un estridente silencio. Y sobre la ciudadanía lo que hay es una gigantesca incertidumbre sobre lo que va a pasar. 

El gobierno o mejor dicho la familia del presidente hizo una apuesta arriesgada, de manera súbita hicieron que, por ley, el bitcóin se estableciera como moneda de curso obligatorio en el país. Lo hicieron como si se tratara de la decisión de una empresa familiar y no de una administración pública. Lo hicieron como si se tratara de una partida de Monopoly y no de una medida de política económica. 

Pero la realidad pareciera empezar a imponerse. Hay un sonoro consenso entre los diversos especialistas acerca de los riesgos de una decisión de este nivel. Desde las implicaciones en el sistema financiero, como los riesgos de que el país se convierta en un paraíso para el lavado de dinero o un paraíso fiscal. Que provoque un aumento de precios de los bienes y servicios, así como de la tasa de interés. También de las implicaciones que tendría para la balanza de pagos si no hay suficientes dólares circulando en la economía. 

Fue temerario hacerlo además cuando se estaba negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin hacérselos saber previamente. Pero fue más temerario que para una población que ya tenía que vivir con la incertidumbre de la pandemia y de una crisis económica y social que todavía sigue ahí, se le agregara innecesariamente una sobredosis de desconcierto por este tema. 

La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto plazo, así como la rebaja de la nota soberana de una calificadora de riesgo deberían ser razones suficientes para reconocer que se debe dar marcha atrás. Una característica indispensable de cualquier entidad exitosa es saber reconocer cuanto antes un error cometido para corregirlo inmediatamente. 

Sin duda las monedas virtuales son el futuro, pero serán especialmente aquellas respaldadas por bancos centrales, así como ya existe el yuan digital, seguramente habrá el dólar digital, pero previamente se están haciendo todos los estudios técnicos para ver las implicaciones de hacerlo. En El Salvador no. Se decidió que un activo virtual fuera moneda o incluso se pensó en crear una propia moneda virtual como el “colón-dólar”. Las razones detrás de esto lejos de mejorar el crecimiento económico, atraer inversiones o aumentar el empleo, dan la sensación de que eran porque para unos cuantos era una enorme oportunidad de negocio, o para otros tantos era un mecanismo perfecto para lavar dinero del narcotráfico o de la corrupción, o incluso alguno lo vio como una alternativa de enfrentar alguna posible sanción de Estados Unidos. 

A estas alturas el gobierno ya debería haberse dado cuenta que es técnicamente inviable y políticamente erróneo continuar con ese adefesio económico. Seguir adelante es el equivalente a lanzarse al precipicio sin paracaídas. Especialmente cuando la situación financiera es tan crítica, donde no se puede descartar -a pesar de que no hay acceso al flujo de caja del gobierno- que en septiembre no se cuenten con los recursos para cumplir con todos los compromisos. 

Es decir, que cuanto antes se eche para atrás con esto, mejor. Sinceramente soy de la idea que no importa cuál sea el mecanismo que se use: una inconstitucionalidad de la ley para además mostrar que es una Sala de lo Constitucional “independiente”; postergar la entrada en vigencia de la ley; o, modificarla para que quede que el uso del bitcóin sea opcional y no obligatorio. Aunque creo que lo mejor es que se derogue por completo para apagar de una vez todos los ruidos generados por esto.  

Hacerlo, además, seguramente provocaría que el acuerdo con el FMI saliera del congelador y se concretara, aunque también tendría el Ejecutivo que ceder en temas relacionados a la transparencia y a la institucionalidad. Ojalá que desde el Ejecutivo se comprenda la importancia de corregir y ceder, tanto en este tema como en otros: avanzar en una verdadera separación de poderes, asegurar la independencia de las entidades de control o la garantía irrestricta de los derechos humanos. Pues, aunque sea tarde la realidad siempre se impone y apostar en un casino virtual con el bienestar de la gente, aunque es una nueva idea realmente es muy mala. 

Ricardo Castaneda Ancheta

Ricardo Castaneda Ancheta

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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