Las encuestas de opinión pública son un instrumento relevante que dan cuenta de la percepción ciudadana acerca de diferentes temas de interés nacional. Encuestas representativas, con una metodología rigurosa y transparente permiten aproximarse, por ejemplo, a la aprobación o desaprobación ciudadana de algunas medidas adoptadas por la administración pública.

No obstante, en varias ocasiones se suele realizar una lectura incorrecta o imprecisa de los hallazgos de una encuesta. Usos inadecuados de la información de estos instrumentos se relacionan, por ejemplo, con dar resultados basados en una muestra que no tiene un alcance estadístico suficiente o sin evaluar la calidad de las estimaciones (ver Cepal, 2020: 9-24); también ante confusiones entre conceptos técnicos, cuando algunas personas suelen confundir, por ejemplo, intención de voto, preferencia partidaria, identificación partidista o nivel de simpatía (ver Fundaungo, 2020: 9-11).

Otro tipo de error —y en el que se suele reflexionar menos— radica en no considerar el nivel de conocimiento y comprensión que la ciudadanía entrevistada pueda tener sobre ciertos conceptos, para brindar una valoración informada. El análisis de esta situación puede brindar insumos para la defensa del orden social y acercarse más a los problemas que más aquejan a la ciudadanía. La democracia, como definición abstracta, suele ser objeto en este debate.

En un importante grupo poblacional está interiorizada una definición minimalista de democracia, donde la condición necesaria para hablar de su existencia radica únicamente en la presencia de elecciones periódicas. Sin embargo, una visión más amplia de la democracia incluye la existencia de participación ciudadana mediante mecanismos no electorales, libertad de expresión y de prensa, transparencia en el uso de recursos, acceso a información pública, ausencia de conductas autoritarias por parte de líderes políticos, garantía de libertades cívicas y políticas a la ciudadanía, respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, diálogo y apertura al debate con grupos de diferente naturaleza y pensamiento, existencia de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.

En este sentido vale la pena preguntarse, ¿qué entiende la gente por democracia, en términos concretos?

Un estudio de opinión pública que analizó las actitudes hacia la democracia entre la población salvadoreña (ver Fundaungo, 2021) consultó a las personas qué entendían por democracia. Las respuestas fueron clasificadas como normativas (o “correctas”) y no normativas (o “incorrectas”). Fue revelador encontrar que menos de la mitad (43.9 %) de las personas tiene un conocimiento básico de qué es una democracia (43.9 %), muchas manejan la definición minimalista. Por otro lado, la tercera parte (34.6 %) no sabía qué contestar. El 15.6 % dio una respuesta no normativa (o “incorrecta”) y el 5.6 % no respondió a la interrogante.

En un contexto en donde la defensa de la democracia ha tomado auge entre distintos grupos sociales, el hallazgo anterior debe ser señal de alerta, pues la mayoría de la ciudadanía desconoce los preceptos mínimos que debe considerar una democracia como forma de gobierno y, por ende, puede subestimar las implicaciones de un régimen con tendencias autoritarias. Posiblemente vean que la democracia no ha logrado solventar problemas de otra índole (como los económicos); sin embargo, también es posible que ignoren o subestimen los costos de vivir en un régimen autoritario: basta con revisar nuestra historia durante el siglo XX, que evidencia las consecuencias de vivir bajo un régimen político autoritario. Los Acuerdos de Paz han sido un punto de partida para posicionar la democracia como forma de gobierno, es un proceso paulatino que no debe ser truncado.

Lo anterior debe invitarnos como sociedad civil organizada a contribuir, desde diferentes campos de intervención, a la formación de una ciudadanía más informada, reflexiva, participativa e involucrada en los problemas de la nación. Empoderar a la ciudadanía es condición necesaria (mas no suficiente) para generar transformaciones en el país. 

Esto exige, por parte de las personas, un mayor interés en la coyuntura del país. Una situación más desafiante se plantea a universidades, centros de pensamiento, organizaciones comunitarias y sociedad civil organizada: no basta con decir que una medida es inconstitucional o que atenta contra la democracia (en términos abstractos) para incidir en la opinión ciudadana, también debemos hacerle entender a la población cómo estas medidas (que a veces parecen lejanas a su círculo cotidiano) impactan en su vida familiar y personal. 

A su vez, es necesario articular los descontentos y críticas de la ciudadanía hacia los gobernantes de turno y materializarlas en espacios organizados que incentiven a las personas a manifestarse contra aquellas decisiones que consideran que afectan su vida y el rumbo del país. La voz del pueblo no debe ser subestimada ni silenciada. Será responsabilidad de los dirigentes políticos y gobernantes tomar estos mensajes con el respeto y prioridad debida. Menospreciarlos los alejaría de los valores democráticos.

Contribuyamos a fomentar un espacio político de debate informado, que aterrice en solventar las demandas sociales particulares (y a veces poco escuchadas) de la población salvadoreña. Sigamos expresando de manera pacífica, respetuosa y articulada nuestras diversas demandas ciudadanas hacia aquellos que gobiernan. Exijamos más consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones, también menos confrontación y egocentrismo, porque figuras mesiánicas no necesariamente representan los intereses de las mayorías. Democracia se fortalece con más democracia.