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Director de Protección a Víctimas permitió violencia sexual y vulneración a menores
Las mujeres sobrevivientes de violencia que colaboran con la justicia e ingresan a las casas de seguridad de la UTE sufren más violencia. Bajo la tutela del Estado, hay mujeres y menores de edad que han denunciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos intentos de violación, acoso y vulneración de derechos humanos. El director de Protección a Víctimas de la UTE fue declarado por la Procuraduría de los Derechos Humanos como uno de los responsables de permitir la revictimización en los albergues. A pesar de los señalamientos de la Procuraduría sigue en el cargo.
Por Mónica Campos
Por Xenia Oliva
Mujeres sobrevivientes de violencia que colaboran con la justicia salvadoreña para procesar y condenar a los culpables de algún crimen, ingresan al Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE). Pero en las casas de seguridad, donde son llevadas para garantizar su vida e integridad física, no están seguras. Desde 2014 hasta la fecha, hay nueve casos documentados de agresiones sexuales, intentos de violación y vulneraciones a diferentes tipos de derechos humanos. En esas casas, bajo la tutela del Estado, los principales agresores sexuales son los agentes policiales asignados a la protección de las víctimas; mientras que los responsables de vulnerar derechos son empleados de la UTE, quienes de forma directa han cometido arbitrariedades y negligencias.
Uno de esos casos, según consta en los archivos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ocurrió en 2015 y es el de tres hermanas identificadas por sus nombres en clave como Fernanda, Mirna y Johana —quien ingresó a la casa de seguridad con sus cuatro hijas menores de edad—. Todas estaban ahí porque necesitaban protección para colaborar en un proceso judicial por un caso de trata de personas.
Al poco tiempo de estar en el programa de protección, las tres hermanas denunciaron que los agentes supernumerarios de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC), asignados a las casas de seguridad, las acosaron sexualmente e incluso hubo un intento de violación.
Johana describió, ante la PDDH, que los agentes policiales les exigían favores sexuales a cambio de brindarles mayores comodidades. Relató que en una ocasión, uno de los agentes la sometió con fuerza para intentar violarla, pero ella se resistió. Tras el forcejeo, Johana terminó con rasguños en el abdomen. Para tener evidencias de lo ocurrido, en un arrojo de valentía, pidió su teléfono celular para tomarse fotografías, pero su dispositivo fue decomisado.
Fernanda dijo a la PDDH que decidió salir de la casa de seguridad hacia un albergue administrado por organizaciones de sociedad civil, para evitar que los agentes siguieran acosándola.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos y quien acompañó el caso de las tres hermanas mientras trabajaba para la organización Cristosal, explicó a GatoEncerrado que además de ser víctimas de un caso de trata, sufrieron revictimización y que el acoso no solo lo sufrieron las hermanas, sino también las hijas de Johana. En una ocasión, mientras las niñas se estaban bañando, los agentes cortaron el agua y ellas tuvieron que salir del baño sin haberse quitado el jabón. También les quitaban la llave de las habitaciones en las que dormían.
Además de las agresiones sexuales, Johana denunció que la encargada de comunicaciones de la UTE, Patricia Guadalupe Figueroa, intentó arrebatarle su hija de un año. Figueroa insistió en que la niña podía tener mejores condiciones de vida fuera de la casa de seguridad y, como casi cualquier cosa era mejor que estar en ese lugar, Johana aceptó que su hija fuera cuidada por Figueroa bajo el acuerdo firmado de que podría verla con frecuencia. Pero pasó un año y Johana no pudo ver a su niña.
La PDDH investigó el caso y encontró que Figueroa había iniciado, el 13 de mayo de 2015, el proceso de adopción de la niña sin el consentimiento de Johana. Para lograrlo, Figueroa había hecho que Johana firmara hojas en blanco. La Procuraduría también encontró que, por el caso judicial en el que estaban colaborando, Johana, sus dos hermanas y sus dos hijas mayores estaban en un proceso para acceder a un asilo en el extranjero. Y aunque Johana pensaba que su bebé también estaba incluida en el proceso de asilo, Figueroa había incidido para que la niña fuera excluida del proceso.
En su resolución, la Procuraduría resolvió que la actuación de Figueroa se realizó al margen de la ley y de las políticas de protección en materia de niñez y adolescencia. Calificó el hecho como “falta grave” y señaló como responsables a la UTE, a la Unidad de Víctimas del Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Migración.
Además, la Procuraduría coordinó la reunificación de la niña con Johana, pero no fue fácil. Fue necesaria la intervención del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia, que pidió a la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia de San Salvador que iniciara el trámite de reunificación familiar. Luego de un largo proceso, en diciembre de 2015, Figueroa fue obligada a entregar la niña a su madre.
La defensora Medrano fue testigo del momento del reencuentro. Medrano recuerda que, a pesar de tener un año sin verse, las reacciones de ambas confirmaron que reunirlas fue lo correcto.
Este caso de violencia sexual en las casas de seguridad de la UTE e intento de despojar a una niña de su familia ocurrió en 2015 y 2016. Las víctimas ahora están fuera del país, gracias a que su asilo fue concedido. Aunque todo pasó hace seis años, el caso sigue teniendo vigencia por la impunidad. Las personas, además de los agentes policiales, que fueron declaradas responsables por la PDDH siguen trabajando en la UTE. El director de protección a víctimas, Mauricio Rodríguez, sigue en el cargo; asimismo la encargada del área de comunicaciones, Patricia Figueroa.
Hace seis años, en la investigación del caso, el director de protección a víctimas le dijo a la Procuraduría que estaba tomando medidas para “evitar más casos”. El funcionario también dijo lo mismo a GatoEncerrado, en octubre de este año, cuando fue entrevistado como parte de este reportaje. Sin embargo, a pesar de las declaraciones y del paso de los años, las denuncias han seguido llegando a la PDDH. La más reciente fue en noviembre de 2020, cuando un menor de edad denunció que su derecho a la alimentación adecuada había sido violentada en la casa de seguridad.
Específicamente, sobre el caso de la niña, el director Rodríguez dijo a esta revista que prácticamente todo fue un mal entendido: “La persona (Patricia Figueroa) quiso colaborar, ayudar. Después ella (Johana) dijo que no, que no podía dar en adopción. A veces, por ayudar se puede dañar. Pero mire, yo digo, a veces es mejor volverse un poquito apático”, justificó.
Rodríguez también explicó que tras el intento de violación facilitó el traslado de Johana a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al agente policial y que se realizara peritajes en el Instituto de Medicina Legal (IML). Esto fue corroborado por la Procuraduría; sin embargo Johana aseguró que la investigación nunca avanzó y que a pesar de observar cambios administrativos, el policía-agresor sexual continuó trabajando en la casa de seguridad.
La Procuraduría, en su resolución, consideró las diligencias realizadas por Rodríguez como “meros formalismos carentes de efectividad al momento de solventar o corregir los hechos”. Y aseguró que hubo vacíos e inconsistencias en los procedimientos.
La Procuradora Adjunta de Migración y Seguridad de la PDDH, María Silvia Campos, dijo a GatoEncerrado que, en la actualidad, las casas de seguridad de la UTE siguen sin ser adecuadas para albergar víctimas.
“Sabemos que las condiciones de las casas de seguridad no son adecuadas para ciertas personas en vulnerabilidad; por ejemplo, víctimas de trata. No hay albergues para víctimas de trata mayores de 18 años”, explicó la procuradora, quien además señaló que el único albergue para víctimas de trata de personas en el país lo tiene el Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia y es exclusivo para menores de edad.
Una historia repetida
Esta no era la primera vez que Johana estaba en una casa de seguridad. Meses antes, había sido testigo de un crimen y denunció. Mientras el proceso penal por ese caso seguía su curso, Johana se mantuvo en resguardo, pero cuando finalizó tuvo que salir y volver a su casa. “Si bien es cierto, se había condenado a miembros del grupo delictivo que ella denunció, el resto seguía fuera”, contó Medrano.
Un día, Johana iba camino a casa cuando un grupo de hombres la retuvo, la violaron y quedó embarazada.
“Ella fue agredida como represalia por haber denunciado (a los que fueron condenados en el primer caso en el que colaboró). Ahí están las fallas de la época, y que aún siguen, con respecto a este tipo de programas. Las víctimas son albergadas en este tipo de casas de seguridad en lo que el proceso penal se desarrolla, pero una vez concluido este proceso, independientemente de sus resultados, ya no hay continuidad y las víctimas quedan fuera del programa. La mayoría se ve obligada a regresar a su lugar de origen”, explicó Medrano.
Tras la violación, Johana y sus hermanas pidieron ayuda e ingresaron al programa de protección a víctimas de la UTE. Fue en ese momento cuando agentes policiales las agredieron sexualmente en las casas de seguridad y uno de ellos intentó violar a Johana.
Más denuncias
La más reciente de las nueve denuncias que ha documentado la Procuraduría es la que un menor de edad presentó en noviembre de 2020, cuando describió que tenía ya tres años de estar en una casa de seguridad en la que no le daban la alimentación adecuada. Explicó que permanecía en el albergue a pesar de que el proceso judicial para el que colaboraba ya había terminado y que tenía interés de obtener un asilo en el extranjero.
Con la denuncia, la Procuraduría solicitó información a la UTE y a la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía. En respuesta, ambas instituciones dijeron que no podían dar información debido a que no podían relevar datos de las personas albergadas. Lo único que ofreció la UTE fue entregar unas hojas de registro de kits alimenticios e higiene del menor.
En su resolución, la Procuraduría señaló que la UTE violó los derechos relativos a la niñez y adolescencia, consagrados en el artículo 2 de la Constitución de la República. Al final, la PDDH decidió archivar el caso, ya que no pudo obtener la información necesaria para verificar todos los puntos denunciados por el menor de edad.
La procuradora adjunta, sin embargo, aseguró a esta revista que ha podido constatar las condiciones precarias en las que habitan las personas que son parte del programa y están en las casas de seguridad: “Las casas de la UTE sí tienen presupuesto, pero en algunas ocasiones que hemos visitado sí vemos las condiciones precarias”, expresó.
El presupuesto del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la UTE ha fluctuado entre leves aumentos y recortes. En 2021 se elevó $784,000, con respecto al año anterior; pero en el proyecto de presupuesto 2022 la propuesta es una disminución de $157,824.
El director de Protección a Víctimas, Mauricio Rodríguez, admitió ante GatoEncerrado que el presupuesto es insuficiente para la demanda de solicitudes de medidas de protección que recibe su oficina cada mes.
“Nosotros tenemos un presupuesto señalado y siempre solicitamos un refuerzo presupuestario. Hoy por hoy, hemos recibido el refuerzo para efecto de poder paliar también algunas necesidades”, dijo Rodríguez.
La defensora Medrano señaló que el problema no solo es la falta de un adecuado presupuesto: “Indiscutiblemente para mí aún no existe un enfoque desde las víctimas en todos estos programas. Desde las instituciones públicas se actúa como si se le está haciendo un favor a las víctimas”.
Sin medidas de reparación
Como no existe un verdadero enfoque de atención a las víctimas, Medrano agregó que en los casos denunciados en la Procuraduría se evidencia que la UTE no aplica un enfoque de género Este caso aún trae un sinsabor a Medrano, ella lo calificó como un proceso muy fuerte en el que se evidenció que la UTE no aplica el enfoque de género en sus casos y revictimiza.
Medrano recordó que en el caso de intento de violación de Johana, el director Rodríguez llegó, incluso, a decir cosas desconectadas de la realidad y la situación como que no podía evitar noviazgos en el interior de las casas de seguridad.
La resolución de la Procuraduría, en la que se responsabilizaba al director Rodríguez de violación a derechos humanos en las casas de seguridad, también señala que debe ser destituido. Tras la resolución, Rodríguez interpuso un recurso de revisión para evitar su destitución.
“Era claro que él no caía en la cuenta de que estábamos frente a un caso de acoso sexual y de revictimización y que había prácticamente una red de trata en su mismo programa, a través de los cuerpos del PPI con víctimas albergadas o testigos criteriados. Simplemente no asumía. Cuando se planteó el caso de la empleada, que se negaba a regresarle su bebé a la víctima principal, él dijo claramente que él no podía inmiscuirse en aspectos personales”, añadió la defensora Medrano.
Pese al recurso interpuesto, la PDDH reiteró su resolución en la que responsabilizaba a Rodríguez por violación a derechos humanos.
Después de la resolución, Rodríguez dijo a esta revista que una de las medidas principales que tomó fue eliminar el contacto entre empleados y los usuarios de los albergues: “Yo no tuve ninguna vinculación con ellos, pero la única relación era que yo era el director y lógicamente, pues, se dieron instrucciones de que ninguna persona puede tener contacto ya más allá de lo profesional”, dijo el funcionario, quien estaba siendo grabado por su encargada de comunicaciones, Patricia Figueroa, señalada de separar a la niña de su madre.
La procuradora adjunta Campos aseguró que las medidas que se tomaron fueron insuficientes: “Las recomendaciones deberían de ser de obligatorio cumplimiento para las autoridades, porque surgen de la misma Constitución de la República, lamentablemente no pueden ser coercibles; es decir, no podemos hacerlas cumplir por la fuerza”, dijo.
Campos consideró que el declarar responsabilidad a un funcionario tiene bastante repercusión, tanto a nivel de funcionarios como hacia la institución; sin embargo, ambas personas continúan en funciones. Además, señaló que las víctimas no recibieron medidas de reparación. “Se dieron mejoras dentro del centro, pero eso no es suficiente, porque la reparación de la víctima en sí no se ha realizado”, concluyó.
