A la par de ese crecimiento presupuestario, el presidente Bukele también le apuesta a duplicar el número de elementos de la Fuerza Armada de 20,232 a 40,000, en un periodo de cinco años como parte de su estrategia de seguridad y combate a las pandillas. “Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido un cuerpo tan grande, después de la guerra”, presumió el mandatario el 19 de julio de 2021 en el lanzamiento de la Fase IV del Plan Control Territorial (PCT) y la incorporación de 1,046 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC).
Días después, también lanzó una campaña para invitar a los jóvenes a formar parte del servicio militar y defender la patria de los enemigos “internos y externos”. En los últimos dos años, el gobierno ha estimulado el trabajo del personal militar dándoles un aumento al salario de $200; adicional a un bono de $400 para la tropa y de $150 para el personal administrativo, así como un bono de $200 para alimentación.
Bukele repite una práctica de gobiernos anteriores de usar a los militares en planes de seguridad pública; aunque, analistas y académicos consultados por GatoEncerrado coinciden en que el mandatario le ha dado un papel más protagónico a las Fuerzas Armadas, incluso la utilizó para invadir la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 con el fin de presionar la aprobación de un préstamo millonario. Por ese hecho, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) abstenerse de ejercer funciones distintas a las que le confiere la Constitución, misma orden que fue extendida a los cuerpos militares y policiales.
A criterio de los expertos, el gobierno continúa incumpliendo los Acuerdos de Paz y la reforma constitucional que delimitó las funciones de la Fuerza Armada y le dio las atribuciones de la seguridad pública a la PNC.
El capítulo 1 del documento de los Acuerdos de Paz, que posteriormente se materializó en la reforma constitucional del año 1993, desarrolló 13 puntos. Entre esos el cambio de la doctrina de la FAES, su sistema educativo, la depuración y reducción gradual de la institución hasta un 50 %, la superación de la impunidad, así como eliminación de servicios de inteligencia y batallones de infantería de reacción inmediata y suspensión del reclutamiento forzoso. El cambio de esta institución obedecía a la historia de dictaduras que había vivido el país, cuando las Fuerzas Armadas ejercían un suprapoder y cometían violaciones de derechos humanos.