El aborto ha estado presente en diferentes situaciones a lo largo de la historia. Independientemente de las razones por las que se da, es una práctica social que ha trascendido. Con el pasar del tiempo, la religión como poder de manipulación ideológica mediante su influencia en la política, específicamente en la ejecución y cumplimiento de leyes, ha convertido esta práctica en un delito punible que se castiga con cárcel en varios países a nivel mundial.

Aunque es importante mencionar que algunos países han tenido grandes avances en cuanto a su despenalización absoluta o incluso por alguna de las 4 casuales o por todas. Las 4 causales se conocen como: 1) Por la salud y vida de las mujeres, que es cuando el embarazo pone en riesgo la salud, la vida e integridad de las niñas y las mujeres; 2) por violación sexual; 3) cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y 4) por trata de personas. 

En El Salvador el aborto no siempre fue ilegal. En 1973 se despenalizó el aborto terapéutico, en caso de violación, y el aborto eugenésico, cuando el bebé presenta anomalías genéticas, malformaciones o enfermedades graves. Fue hasta principios de 1997 que se derogaron estas excepciones al aborto en el Código Penal salvadoreño, correspondientes a los artículos del 133 al 141 del mismo y con fundamento Constitucional en los artículos 1, 2 y 32.

A pesar de que desde 1997 esta práctica se volvió punible, existen casos como el de Manuela, mujer salvadoreña con cáncer linfático condenada a 30 años de cárcel tras perder a su bebé y morir esposada a la cama de un hospital. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que en 2021 condenó al estado salvadoreño por criminalizarla,  pese a que consultó en reiteradas ocasiones al sistema de salud público y este, por su condición económica, le privó totalmente de sus servicios, llevándola hasta la muerte. 

De todas formas, ese mismo año, la Asamblea Legislativa, aún sin haberla estudiado, archivó la propuesta de ley titulada “Propuesta Beatriz”, que buscaba la despenalización del aborto por sus 4 causales. Dicha propuesta se presentó en 2016 por diversas organizaciones feministas. 

Por otro lado, mientras el gobierno sigue tomando acciones terminadas en políticas públicas que no protegen ni aseguran los derechos humanos de las mujeres, los índices de embarazos en adolescentes producto de violaciones sexuales siguen en aumento. Ante estos escenarios, el aborto se convierte en una opción para las mujeres que por, cualquier razón, desean dar por culminado su embarazo, buscando las formas y bajo condiciones que en muchas ocasiones pueden poner en riesgo su vida, producto del nulo accionar del gobierno en temas de salud pública; pues, cuando una mujer está embarazada y no quiere estarlo, va a ser hasta lo imposible por abortar aun sabiendo que las penas por esto pueden ser de 30 a 50 años de cárcel, más la serie de traumas psicológicos que conlleva.

Obligar a niñas y mujeres a parir, cuando no desean estarlo, es una tortura que desencadena en una serie de sucesos sociales que repercuten negativamente en la vida de las mujeres, pues está demostrado que: “cuando una adolescente queda embarazada o tiene un hijo,  su salud, su educación, su potencial de obtener ingresos, y todo su futuro pueden estar en peligro, puede quedar atrapada en una vida sumida en la pobreza, la exclusión y la impotencia”.

Entonces, archivar iniciativas de ley, como la “Propuesta Beatriz”, no solamente es una acción que violenta los derechos humanos de las mujeres, sino les quita el poder decidir si quieren o no estar embarazadas y pone en riesgo sus vidas. 

Es por ello que, en esta conmemoración 2022 , a las 129 mujeres que fueron incendiadas y calcinadas en Nueva York, Estados Unidos, este 8 de marzo, las mujeres seguimos y seguiremos gritando: ¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO! Por la salud y vida de las niñas y mujeres.