¿Por qué es falso?

El antropólogo Martínez explicó a GatoEncerrado que considera “un error de percepción de algunos funcionarios, y creo que es un error malintencionado, decir que porque hay medios o periodistas que publican acerca del fenómeno de pandilla automáticamente las están defendiendo”. 

Martínez aclaró que su trabajo no tiene relación con las acusaciones que recibe desde el gobierno: “Mi idea es tratar, desde la academia, de aportar conocimiento útil; es decir, aportar conocimiento que pueda servir a la hora de elaborar mejores programas y mejores proyectos y, en general, mejores estrategias para ir solventando un problema que venimos arrastrando (como país) desde hace varias décadas”. 

El problema, como expone Martínez, es que el gobierno ha ignorado deliberadamente ese conocimiento generado por sus investigaciones, las de otros periodistas y académicos a lo largo de los años. 

“Que no me hayan escuchado ni a mí ni a los otros académicos y pensadores, y que le hayan apostado a hacer acuerdos clandestinos, matanzas o capturas indiscriminadas ya no es responsabilidad mía. Yo nunca propuse eso”, argumentó.

Agregó que, en el fondo, los gobiernos prefieren la represión como estrategia en vez de invertir recursos y esfuerzos en implementar medidas con soluciones reales: “Es mucho más sencillo (para los gobiernos) meterlos presos o pegarles un tiro. La mayoría de gobiernos están comprometidos con su permanencia en el poder y con encontrar atajos fáciles para dar la impresión de que están resolviendo los problemas”. 

Amparo Marroquín, investigadora especializada en procesos culturales y comunicación, consideró que esa narrativa en la que se coloca a las pandillas como “el enemigo público número uno” es parte de los denominadores comunes de los gobiernos de la posguerra: “La retórica gubernamental de la posguerra lo que hace es señalar y culpabilizar a los que complejizan el discurso (de las pandillas)”. 

La académica explicó a esta revista que un discurso simple, como el de los gobiernos de la posguerra, es un discurso de causalidad única; es decir, que responsabiliza de todos los males del país únicamente a las pandillas y “no busca, en cambio, explicar que las pandillas pueden, por ejemplo, ser consecuencia de otros males”. 

En el análisis de Marroquín, hablar de lo que sucede en la sociedad no debería ser censurado ni atacado desde los gobiernos:  “Los medios de comunicación deben contar lo que pasa dentro de una sociedad y las pandillas son parte de la maquinaria criminal que la sociedad salvadoreña vive en la vida cotidiana”. 

Dennis Muñoz, abogado penalista, respalda esa opinión y asegura que el hecho de que un medio de comunicación cuente una historia determinada, que involucre o no a pandillas, no quiere decir que ese medio defienda a esos grupos.

“En ningún momento está defendiendo, es más, lo que se está ejerciendo por parte del medio de comunicación es el derecho a informar a la sociedad”, dijo Muñoz.

El investigador y académico de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, cree que el objetivo principal de esa estrategia del gobierno de atacar a los medios se reduce a deslegitimar su trabajo periodístico: “Usan esa información para afectar la imagen, la credibilidad, para dañar la reputación y minar la veracidad de sus notas. Después de repetir tanto que defienden a pandilleros o que son pandilleros, después cualquier cosa que digan o publiquen pasa a ser vista con sospecha (por las audiencias)”. 

Un discurso peligroso 

Los expertos también coinciden en que el discurso del presidente Bukele y sus funcionarios en contra de los medios no solo intenta manipular la opinión pública, sino que es peligroso porque se vuelve una invitación tácita a atacar a los periodistas y sus fuentes. 

“Lo más grave es que esa narrativa que han establecido, que han elaborado alrededor de mi persona y de mi trabajo, ha terminado afectando a algunos líderes comunitarios que han sido fuentes mías durante varios años, pues estas personas han tenido problemas en sus barrios”, lamentó el antropólogo Martínez. 

Muñoz, por su lado, explicó que no le ve ningún problema a que los periodistas, para explicar a las pandillas, platiquen con miembros de pandillas, siempre y cuando se cumplan con la ética y no se haga apología del delito: “Según la fuente de información confidencial y bajo el principio de la privacidad no debería haber problema; sin embargo, en el contexto actual, en mi opinión, es arriesgado que un periodista entreviste a alguien como una fuente de esta manera”.

El abogado advirtió que el riesgo legal se debe a las recientes reformas realizadas al Código Penal, específicamente con la creación del artículo 345-C, aprobadas el pasado 5 de abril por la Asamblea Legislativa, en el que se inserta el delito de “Elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propagandas alusivas a maras o pandillas”. Esa reforma se hizo para dictar condenas de 10 a 15 años de cárcel por “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas”.

El problema de esa reforma, como comentan los abogados consultados por esta revista, es su ambigüedad. Danilo Flores, Coordinador General del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, profundiza en ese tema y afirma que un periodista en la actualidad debe ser “cuidadoso” en la manera en cómo presenta la información. Sino, podría caer en alguno de los supuestos que menciona la ley, como generar “zozobra a la población” o “transmitir un mensaje” de las pandillas. 

“Existe un alto grado de discrecionalidad en el actual estado de cooptación de la justicia que vuelve sumamente riesgoso comunicar noticias y análisis sobre la situación referida a los temas de seguridad pública que se relacionan con el tema de maras o pandillas”, comentó. 

El investigador Picardo agregó que esas reformas ya están afectando a los periodistas, pero más allá de ellos: a los ciudadanos que tienen derechos a tener información veraz, incluso de negociaciones que los políticos hacen con las pandillas.

“Hemos visto en los últimos meses muchos periodistas de medios dedicados a la investigación exiliarse, irse, por temor a las reformas legales. Los periodistas y otros actores no se sienten seguros”, señaló Picardo.