El Derecho de Acceso a la Información Pública y la transparencia han permitido el combate a la corrupción en sus diversas manifestaciones: abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, enriquecimiento de funcionarios a costa de las arcas públicas, actos de concesión para el beneficio de amigos o familiares del funcionario público; y así, una lista interminable de corruptelas halladas gracias al ejercicio de este derecho.

Si bien lo anterior constituye una finalidad esencial de este derecho, es necesario saber que el acceso a la información pública no reporta únicamente ese beneficio. Existen otras dimensiones de la vida pública que dependen del acceso a la información pública. Una de estas aristas es el espacio cívico, es decir, el contexto que propicia que la sociedad desempeñe una función en la vida política, económica, social, ambiental y cultural dentro de la organización socio-política. 

Sin acceso a la información pública el espacio cívico se reduce, se empobrece, puesto que, al carecerse de información –sea mediante su bloqueo o acceso deficiente-, las condiciones de establecer un debate público e informado desaparecen lentamente; así como las condiciones de posibilidad para promover y consolidar la participación política de comunidades, organizaciones sociales, colectivos, entre otros, en asuntos de relevancia nacional.

Lo anterior no es algo que ignore Nuevas Ideas, de hecho, el oscurantismo, la opacidad y el recelo que muestran los funcionarios de este Gobierno respecto del manejo de la cosa pública constituyen actuaciones que las hacen con toda la voluntad, con todo el ánimo y el conocimiento que, al impedir el acceso a la información, están lapidando el espacio cívico y; como contracara, establecen un ejercicio del poder encriptado que se mueve en la oscuridad y excluye de la toma de decisiones a actores sociales clave.

Bukele, y su partido Nuevas Ideas, empezaron con esta encriptación del poder y lapidación del espacio cívico desde los primeros días de su Gobierno, eliminando espacios de participación ciudadana, tales como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia –uno de sus fines era promover la participación de la Sociedad en la toma de decisiones en materia de seguridad pública-. Luego, se empezó a consolidar como principio fundamental de la actuación pública el oscurantismo y la opacidad a través del bloqueo de acceso a la información pública por parte de diferentes Instituciones Públicas: Instituto de Acceso a la Información Pública, Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados; y así, una lista interminable de instituciones que, al nombrarlas todas, se detectará que todo el Gobierno actual, en sus distintos niveles, se rige por los anti-principios de mínima publicidad, difusión restricta, dilación, reserva de cuentas y presunción de reserva de la información.

Este debilitamiento del espacio cívico mediante el bloqueo de acceso a la información pública fragua un escenario cómodo para que Bukele y Nuevas Ideas actúen sin mayores controles que los que ejercen los órganos del Estado entre sí –cooptados, también, por lo que los controles carecen de credibilidad y eficacia-. Que el espacio cívico se exacerbe significa que la Sociedad, en general, se encuentra permanentemente restringida en el ejercicio de sus derechos constitucionales-fundamentales.

Este contexto posibilita el ejercicio abusivo del poder, la manipulación de hechos y datos, el cierre de mecanismos de participación ciudadana, la imposibilidad del desarrollo del ejercicio a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, de asociación; detenciones arbitrarias, criminalización y persecución política. Todo esto es consecuencia directa de la minimización del espacio a través de la política de opacidad que Bukele ha implementado en el ejercicio de las funciones y competencias de las distintas entidades estatales, la cual se sustenta en la denegatoria infundada y masiva del acceso a la información pública; denegatorias que pueden caracterizarse por ser descaradas, burdas y sinsentido.

Frente a este contexto de peligro y amenaza es esencial unir fuerzas, formar una fuerza social suficiente que genere condiciones para la defensa de un espacio cívico que Bukele deteriora día a día, que lo debilita y que, en caso de no defender lo poco que queda de este espacio, desaparecerá ante una encriptación de poder que se ejerce sin control alguno. En este sentido, la labor de denuncia, de articulación y acción conjunta ante la falta de transparencia, por parte de diversos actores sociales, es fundamental para fortalecer el espacio cívico, el cual nos pertenece a todas y todos y, por lo tanto, cargamos con la obligación de evitar su muerte.