Hasta el octavo mes del año 2022, el Gobierno de El Salvador solo había ejecutado el 30 % de la inversión pública que estaba programada en su presupuesto anual, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Es decir, hasta agosto, la inversión en hospitales, escuelas, carreteras y otros proyectos sociales fue tan mínima que la mayor parte de lo gastado hasta ese momento era en salarios y compromisos financieros. Los economistas José Luis Magaña y Ricardo Castaneda explicaron a GatoEncerrado que esta baja ejecución se debe a una mala planificación del presupuesto y la priorización de otras áreas que no necesariamente son de beneficio para la población. 

Hasta octubre, las estadísticas fiscales sobre la ejecución presupuestaria demuestran que se ha utilizado aproximadamente el 83.64 % del presupuesto aprobado para 2022. El principal destino de los fondos ejecutados han sido las transferencias corrientes, remuneraciones y gastos financieros. A través de las transferencias corrientes es que se destinan los recursos para las instituciones descentralizadas, programas sociales y subsidios. En el caso de las remuneraciones se refiere a los salarios de los trabajadores del gobierno central. Y los gastos financieros están relacionados con la deuda pública.

El ramo de Hacienda es la entidad pública con mayor ejecución presupuestaria. Mientras tanto, los ramos de Salud, Educación y Seguridad han disminuido sus presupuestos devengados.  

Fopromid se convirtió en un pozo sin fondo 

El Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) pasó de tener un presupuesto aprobado para el año 2022 de $4 millones a $125.5 millones (exactamente $125,553,831), según los datos de la ejecución del presupuesto hasta octubre del Portal de Transparencia Fiscal.  

En lo que va del año el Fopromid ha tenido transferencias constantes. Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de Funde, explicó a esta revista que el Gobierno debería de ser más transparente y dar información de cómo se han utilizado los fondos de Fopromid. Señaló que la práctica de trasladar fondos al Fopromid comenzó en el marco de la pandemia, cuando era comprensible, pero se ha mantenido en 2021, 2022 y probablemente en 2023. 

“El Fopromid es un fondo extrapresupuestario y debería de saberse la contrapartida clara de dónde provienen esos recursos y hacia dónde se dirigen”, dijo Rodríguez. 

Más fondos para escuchas telefónicas

Con las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa entre octubre y noviembre de este año, el espionaje a periodistas, líderes sociales y opositores a través de sofisticados y costosos softwares como Pegasus ya no parece ser necesario.

Estas reformas permiten a la Fiscalía —y a cualquier autoridad competente— acceder a los datos de las personas que adquieran servicios de telefonía como su Documento Único de Identidad (DUI) y la geolocalización del lugar donde se activó el servicio, así como los registros de llamadas e información sobre cualquier tipo de comunicación electrónica que realicen los ciudadanos.

Las reformas también facilitan las escuchas telefónicas y reducen los controles sobre ellas. Así las cosas, el fiscal general impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, tendrá a su disposición el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones sin los límites que imponía la ley.

El Centro de Intervención de las Telecomunicaciones es una de las entidades que más ha recibido refuerzos presupuestarios durante 2022. Para octubre, de acuerdo a datos del Portal de Transparencia Fiscal, su presupuesto ha incrementado en 375 %, pasando de $2,912,865 a $13,847,860. 

Para Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), el incremento para el Centro de Intervenciones es legítimo para la prevención y persecución del delito; sin embargo, considera que en el contexto actual, en el que hay menos transparencia y que se están anulando los controles a través de reformas legales, este tipo de incrementos presupuestarios puede generar un ambiente propicio para vulnerar el derecho a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos. 

“La última reforma a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones anulaba de facto el trabajo que está realizando la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto a las actividades del Centro de Escuchas Telefónicas. Si cada vez son menos los controles, si cada vez hay más opacidad, y por otra parte también tenemos un ambiente en el que el poder judicial se convierte más complaciente con las peticiones de la Fiscalía, se puede facilitar la vulneración a los derechos humanos”, agregó.

Refuerzo presupuestario para Comunicaciones  

Los datos de la ejecución presupuestaria de 2022 no dejan duda: la prioridad de la presidencia de Nayib Bukele durante este año fue la publicidad y la propaganda, tal y como se vio reflejado en la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa de la Presidencia. 

Según datos de transparencia fiscal, ambas secretarías habrían gastado en tan solo seis meses todos los fondos que tenían asignados para el año, por lo que para poder seguir operando han recibido múltiples inyecciones a sus presupuestos.

La Secretaría de Prensa sumó  $639,000, para un total de $1.8 millones ($1,865,975) hasta octubre de este año, de los que ya ha gastado el 91 %. El mayor incremento lo tuvo la Secretaría de Comunicaciones que agregó $2.7 millones ($2,772,640.76), para un total de $5.2 millones ($5,202,810.76), de los que ya ha ejecutado el 92 %.

Ambas secretarías se encuentran entre los cinco rubros con mayor porcentaje de ejecución presupuestaria de la Presidencia. La Secretaría de Comunicaciones se encuentra en tercer lugar, mientras que la Secretaría de Prensa ocupa el quinto.