Gobierno de Bukele esconde sus gastos, contratos, estadísticas y planes
Por Xenia Oliva
El secretismo deambula en los pasillos de las instituciones públicas. Reservar información que era considerada de carácter público se volvió la norma en el actual gobierno. Especialistas en transparencia advierten que se ha caído en un abuso del mecanismo de reserva de información que provee la Ley de Acceso a la Información.
El presidente Nayib Bukele está por cumplir cuatro años en el poder. En este tiempo, una de las prácticas recurrentes de su estilo de gobernar ha sido el secretismo y el ocultamiento de la información que por ley debería ser pública. Ha implementado esta política institucional en contra de la transparencia en medio de señalamientos por casos de corrupción cometidos durante su gestión. Hasta la fecha, los salvadoreños siguen sin saber en qué consiste el Plan Nacional de Salud, el Plan Control Territorial, cómo fue el proceso de adquisición de las vacunas contra la COVID-19 y cómo se registraron las cabinas que se adquirieron para el proceso de vacunación. En 2022, el Ministerio de Salud reservó la información relacionada a los procesos de adquisición de vacunas contra la viruela símica, el Ministerio de Hacienda reservó la información sobre las auditorías que realizó a las alcaldías para evaluar la ejecución de los recursos transferidos por la emergencia por la pandemia, el Ministerio de Cultura reservó el proceso en el que se explica cómo ocurrió la adjudicación de un espacio a Starbucks en el Café Teatro del Teatro Nacional de San Salvador. Además, Medio Ambiente reservó documentos que contengan información sobre el tratamiento y disposición final de los materiales contaminados por plomo de la exfábrica Baterías de El Salvador S.A. de C. V. y Gobernación ha incluido en su índice de reserva los “contratos de empresas (promotoras de espectáculos públicos con participación de artistas internacionales) con artistas, resguardando en el expediente de la selección de espectáculos internacionales”.
Toda esta información forma parte de las decenas de documentos que distintas instituciones gubernamentales han añadido a sus índices de información reservada; en la mayoría de los casos, la información recibe un candado por un período mayor a un año, llegando a clasificarse como confidencial por hasta siete años.
GatoEncerrado revisó los índices actualizados de información reservada de 22 entidades de gobierno, además de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República. Los ministerios se eligieron debido al impacto que su labor tiene en la vida de los salvadoreños. En algunos casos, esta reserva implica que los ciudadanos no tengan acceso a la información relacionada con los proyectos que la Dirección de Obras Municipales (DOM) realiza en sus municipios.
“La política actual del órgano ejecutivo no es la transparencia; al contrario, es la reserva de toda la información, el ocultamiento de toda la información posible para evitar la fiscalización ciudadana, desde cualquier ámbito que se quiera llegar a hacer”, expuso Xenia Hernández, especialista en acceso a información.
Hernández señaló que el abuso de la reserva de información responde a una política de ocultamiento de información dentro de las instituciones del Estado.
De igual forma, la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Claudia Liduvina Escobar, consideró que actualmente existe una dinámica de ocultar la información en lugar de buscar que, en la medida de lo posible, haya más transparencia desde las instituciones públicas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un pronunciamiento titulado “Corrupción y Régimen de Excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno”, en septiembre de 2022, en el que señaló que desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele la confidencialidad en la gestión pública pasó a ser la norma, no la excepción. A la vez que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dejó de tener independencia.
“El derecho al acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción ya que permite implementar la auditoría ciudadana a los actos del gobierno y promueve una mayor rendición de cuentas”, indicó WOLA.
Esa rendición de cuentas hizo posible que casos de corrupción como el del expresidente Mauricio Funes y el exdiputado Sigfrido Reyes se dieran a conocer a través del derecho al acceso a la información pública.
Pese a los candados actuales en el acceso a la información, casos de corrupción en el gobierno de Bukele han logrado ser conocidos a través de investigaciones periodísticas o por las listas de la Sección 353 de Actores Corruptos y Anti Democráticos (lista Engel) emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Entre ellos están los casos de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, quien fue incluida en la lista Engel por incurrir en casos de corrupción significativa usando fondos públicos para beneficio personal. A finales del año pasado, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) la investigó por presuntamente haber beneficiado a una familiar con una beca valorada en miles de dólares.
El actual director de Centros Penales, Osiris Luna, también fue incluido en la lista Engel de 2021 por haber cometido actos de corrupción relacionados a contratos gubernamentales y sobornos durante su gestión. El índice de información reservada de la Dirección General de Centros Penales no se ha actualizado desde septiembre 2020.
Otro exfuncionario del Gobierno de Bukele que habría estado involucrado en actos de corrupción es el exministro de Agricultura, Pablo Anlinker, quien apareció en la lista Engel por cometer “serios actos de corrupción y malversación de fondos”.
Previo a la toma del Órgano Judicial y la Fiscalía, la Corte de Cuentas había iniciado a finales de 2020 una auditoría por el uso de fondos y la compra de paquetes alimentarios que realizó el Ministerio de Agricultura. Actualmente, los documentos relacionados al Programa de Asistencia Alimentaria a la población afectada por la emergencia COVID-19 en El Salvador-PES tienen una reserva total por cinco años.
GatoEncerrado también reveló que el ministro de Salud, Francisco Alabí, firmó un contrato por $225 mil en el que benefició a una empresa familiar. La Fiscalía, liderada por el fiscal general destituido, Raúl Melara, inició una investigación por las compras realizadas durante la pandemia e incluso allanó distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de Salud.
Esto solo es una muestra de la larga lista de reservas y los casos de presunta corrupción cometida por funcionarios del Gobierno de Bukele.
Salud vuelve a ocultar su plan nacional
El pasado 13 de septiembre de 2022, el Ministerio de Salud (Minsal) volvió a ampliar el plazo de reserva del documento que contiene el Plan Nacional de Salud y sus anexos por dos años más. Este plan nunca ha sido de conocimiento público; de hecho, GatoEncerrado reveló que fue lanzado oficialmente sin haberse terminado de elaborar. El 11 de junio de 2022, la misma cartera de Estado volvió a reservar los documentos relacionados a los “mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para COVID-19”. En diciembre del mismo año, reservó de forma total, por tres años, los procesos de adquisición de vacunas contra la viruela símica. Además, el 6 de febrero de 2023, incluyó en su índice de información reservada todos los “Expedientes con documentación que se encuentre vinculada a un proceso judicial o administrativo o con diligencias en sede fiscal que se encuentren en trámite”, restringiendo su acceso al público de forma total por cinco años.
Wilson Sandoval, abogado del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), señaló que, una vez realizada la compra de insumos, como las vacunas, la información debería estar disponible, porque la adjudicación es un proceso concluido que puede ser transparentado.
En el caso de la información sobre las vacunas contra la Covid-19, la viruela símica y el registro de las cabinas para vacunación, el Minsal argumentó lo mismo: Quedan en reserva bajo el artículo 19, literal “d”, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que se refiere a que puede ser reservada cuando “ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Al respecto, Sandoval sostuvo que esto no tiene fundamento jurídico. “Al contrario, lo que podría salvar vidas de la ciudadanía es que la información sea pública. ¿En qué se basa el Ministerio de Salud para decir que pone en riesgo la vida de la gente saber el laboratorio (al que compraron las vacunas), el número de lotes que ha comprado, la cantidad y cuándo se compró?”, cuestionó.
Respecto a los expedientes vinculados a procesos judiciales, Sandoval dijo que generalmente se reservan porque son procesos que se encuentran en deliberación, pero que le llamaba la atención la forma general en la que se han reservado.
La excomisionada Escobar señaló que le sorprende el plazo con el que se reservó la información, ya que podría haberse colocado un tiempo prudencial de un año, para ver si el proceso en que están relacionados los documentos concluye o no: “Pero estos plazos dan a entender que hay algo de fondo que no se quiere dar a conocer. Además, deben ser bien justificados, no solo un atarrayazo general”, dijo Escobar.
Para Escobar, el hecho de que el Plan Nacional de Salud siga siendo reservado, pese a que es de interés público, puede llegar a considerarse como una reserva ilegal: “No hay fundamento que lleve a un gobierno a reservar un plan nacional de salud; lo que se debe de buscar es que la población, la ciudadanía en general, conozca cuáles son las medidas que están tomando para proteger y garantizar ese derecho a la salud. No tiene discusión, esa reserva es totalmente ilegal y sus prórrogas son ilegales también y no responden al interés ni a la prevalencia del interés público”, resaltó Escobar.
El curioso secretismo que rodea a la DOM y a Gobernación
El pasado 20 de enero de 2023, la Dirección de Obras Municipales (DOM) colgó en su sitio de transparencia su índice de información reservada actualizado a diciembre de 2022. Según el índice, hay 29 documentos o expedientes que han sido declarados con reserva total por un período de siete años. No obstante, al leer la descripción de cada documento se nota que todos son muy generales, dando la impresión de que puede abarcar a todos los proyectos en los que está involucrada la DOM. De este total de documentos, 22 fueron reservados el mismo día, el 9 de febrero de 2022, incluyendo expedientes que fueron descritos simplemente como: “Orden de cambio”, “Fotocopia de última declaración de pago a cuenta”, “Informe final del supervisor”, “Disponibilidad presupuestaria de cada proyecto”.
La mayoría de las reservas se basaron en el literal “H” del artículo 19 de la LAIP, que dice: “La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.
Graciela Ayala, abogada de ALAC, también cuestionó este argumento señalando que la DOM no ha justificado en su índice cuál es la ventaja indebida que pueden generar documentos como una memoria o una orden de cambio. Desde su punto de vista, algunas de estas reservas pueden caer en lo absurdo.
“Básicamente se vuelve una institución en la que no se puede ni consultar siquiera un simple memorándum”, dijo Ayala, quien señaló que el índice vuelve a la DOM una institución cerrada. La última vez que la DOM colgó información relacionada a contrataciones y adquisiciones en su portal de transparencia fue en julio de 2022.
Ayala señaló que la reserva podría ser justificable cuando se está en proceso de adjudicación, pero una vez la adjudicación queda en firme la información relacionada a este caso debería ser pública.
“El ciudadano y la sociedad en general tiene derecho a saber en qué término se adjudicó, cuál es la obra que se va a ejecutar, por quiénes se está ejecutando. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos nuestra facultad de fiscalizar las obras que se están haciendo, la gestión de los buenos recursos”.
Otro punto que la DOM declaró en reserva por siete años, el pasado 7 de octubre, fue: “Características contenidas en la tarjeta de circulación de cada vehículo institucional, bitácora de uso y detalle de combustible consumido por cada vehículo”. Ayala dijo que esto le llamaba la atención, ya que por lo general la información relacionada a los vehículos institucionales es básica. La DOM alegó que era reservada por el literal “D”, del artículo 19; es decir, porque es información que puede “poner en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Ayala se preguntó, ante esta reserva de información: ¿Cómo saber el uso del combustible consumido, después de que ya realizaron los viajes, puede poner en peligro a las personas?
Agregó que, en los meses posteriores a la creación de la DOM, cuando ella solicitaba el informe del Director Ejecutivo al poco tiempo lo subían a su portal de transparencia, pero actualmente también ha sido declarado en reserva.
“Este informe es importante porque ahí decían las obras, los municipios, las partes contratistas, los administradores de contrato”.
Sandoval explicó que ya existen antecedentes de declaraciones del IAIP en las que ha señalado a Obras Públicas que, una vez esté en firme la licitación y ejecutada la obra, ya no tiene sentido la reserva de la información sobre los proyectos.
“No considero que sea un hecho aleatorio. Es una estrategia oscura, legal para que en los próximos siete años la gente no pueda saber cómo son ejecutados los fondos en la DOM. No es una reserva ilegal, pero también es una cuestión que le impide a la gente saber”, dijo Sandoval.
De acuerdo con su análisis, la DOM evita que los ciudadanos puedan conocer más sobre los proyectos que realizan en sus municipios: “La discrecionalidad más la reserva de información puede arrojar un tema de corrupción”, consideró.
En el caso del Ministerio de Gobernación, la última vez que actualizó su índice de información reservada fue el 22 de febrero de 2023, cuando colgó en su portal de transparencia todo lo que ha catalogado como reservado hasta diciembre de 2022. A diferencia de los índices anteriores, en esta ocasión la cantidad de documentos reservados pasó a ser de 90, la mayoría fueron declarados como confidenciales en un mismo día: el 5 de diciembre de 2022. Además, la mayoría son documentos bajo el rubro temático de auditoría interna, incluyendo los planes de trabajo de 2019 a 2023.
José Marinero, especialista en derecho administrativo y políticas públicas, dijo que estas reservas tendrían que ser más específicas y contar con una justificación por cada caso. “Tiene que ser explicado por qué constituyen una razón excepcional para ocultar, para quitar de la vista del público dicha información”.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que en el caso de las auditorías lo normal es que no sean públicas en el período de su desarrollo, pero si ya no hay un proceso en curso, se ha cerrado el trámite y subsanado las observaciones o los hallazgos, deberían estar disponibles. Por ello, la cantidad de años a las que se les ha puesto candado podría considerarse excesiva.
“A mi criterio, el gobierno evita hacer pública información que pueda hacerles susceptibles a cuestionamientos”, dijo el especialista.
Con respecto al tema de las auditorías, otras entidades como el Ministerio de Educación también reservó por siete años información relacionada a los exámenes especiales de la infraestructura de distintos centros educativos. Entre la información reservada se contemplaba el inicio de auditoría, su planificación, ejecución e informe.
Fiscalía vuelve a reservar sus datos estadísticos
El 8 de diciembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) amplió el carácter de información reservada para los datos estadísticos que provengan de casos de investigación, independientemente de la etapa en la que se encuentre, incluyendo datos como el departamento en el que ocurrió el hecho, edad y sexo de la víctima, entre otros. Este tipo de información estadística solía estar disponible al público vía la Oficina de Acceso a la Información de esa institución. La Fiscalía también reservó los datos relacionados a fosas y cementerios clandestinos.
El 2022 fue el año cuando la Fiscalía añadió más documentos a su índice de información reservada, lo que coincide con el tiempo que lleva en el cargo el fiscal general impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado. Siete de los nueve casos de información agregados al índice, la reservada fue declarada el 18 de julio de 2022. La Fiscalía reservó la información comprendida a sus contrataciones directas y libre gestión relacionadas a software, hardware y herramientas de análisis de información e investigación del delito. Esto se da en medio de un año en el que se ha mantenido un régimen de excepción por el que se ha suspendido el derecho a la privacidad de las comunicaciones, además oficialismo ha aprobado reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, así como la creación de figuras como la de agentes digitales, que facilitan aún más el espionaje de los ciudadanos.
También ha decretado como confidencial los acuerdos institucionales, expedientes y procesos sobre adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios realizados durante el régimen de excepción, así como los viajes hechos por funcionarios y empleados de la Fiscalía y la información relacionada a la contratación de personal.
“Si bien es cierto que la Fiscalía tiene un rol especial porque es la entidad que se encarga de la persecución del delito, y obviamente eso implica que va a ser más restrictiva para entregar su información, en alguna medida parte de las reservas que se imponen, al menos a nuestro juicio, son excesivas”, dijo Carlos Palomo, director de Tracoda.
Palomo explicó que desde Tracoda solicitaron datos relacionados al software que utiliza la Fiscalía y la respuesta fue que todo está en reserva. En otra solicitud, en la que pedían datos estadísticos, la Fiscalía respondió dando el nombre del sistema informático que usa para gestionar los casos, el Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP) . “Por un lado dicen que todos los nombres de los softwares son reservados, pero en otra solicitud sí dan el nombre del software. Uno se da cuenta que la reserva está mal hecha”, dijo Palomo.
Añadió que, a su juicio, la sociedad tiene derecho a saber qué tipo de herramientas informáticas están usando, ya que así se puede valorar si la información se está captando legítimamente o si se está usando tecnología que puede ser abusiva y que vulnere derechos humanos.
“Es importante saber que no se estén utilizando tecnologías vulneradoras de derechos humanos o que propicien la vulneración de los derechos humanos”, dijo Palomo.
Escobar de Acción Ciudadana dijo que la información estadística relacionada a los procesos de selección, contratación y movimientos de personal que la Fiscalía les había entregado con anterioridad también fue declarada como reservada.
Hacienda reserva información sobre donantes de partidos y uso de fondos durante la pandemia
El 12 de enero de 2022, el Ministerio de Hacienda decretó como reservada por siete años la información contenida en los informes y expedientes de las auditorías a la ejecución de los recursos transferidos a los Gobiernos Municipales, durante la pandemia COVID-19.
Previamente, el 13 de julio declaró bajo reserva, también por siete años, la información contenida en expedientes que aborden casos de violencia contra la mujer “independientemente de la unidad organizativa en donde se originen”.
El 4 de julio también reservó la documentación relacionada con procedimientos de denuncias vinculadas a la investigación de delitos contra la Hacienda Pública u otros y los documentos relacionados a “Opiniones a procedimientos o hallazgos de las unidades fiscalizadoras sobre casos de auditorías en proceso u otras, a unidades internas”.
Aunque no lo especifica en el índice de información reservada, entre estos rubros también se encontraría la información relacionada a los donantes de partidos políticos.
Escobar expuso que cuando Acción Ciudadana hizo una solicitud de información a Hacienda sobre estos datos, que en años anteriores se podía encontrar en la página web de la institución, la respuesta fue que no podrían entregarla porque existe un proceso judicial en curso relacionado con la información que ellos requirieron en su solicitud.
Escobar señaló que la información de los donantes de partidos políticos reportados a Hacienda era información básica y de dominio público, por lo que lamentó que en la actual gestión ha dejado de entregarse.
Un IAIP que da las espaldas
Para Eduardo Escobar, el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública ha venido en detrimento en favor de la ciudadanía. “Cada vez está resolviendo menos casos y los que sí resuelve lo hace en contra del ciudadano y a favor de la institución”.
Escobar puso como ejemplo que el año pasado el IAIP llegó a cuestionar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa una resolución que el mismo instituto había hecho en años anteriores con otros comisionados. Era referente a la información de las agendas de reuniones y audiencias de los diputados de la Asamblea Legislativa. Previamente el IAIP había ordenado que era información pública, pero después de la apelación de la Asamblea acudieron a una audiencia en la Cámara de lo Contencioso, donde los comisionados del IAIP actual justificaron que la resolución anterior fue excesiva y por eso tuvo revertirse para dejar en reserva la información.
La excomisionada del IAIP expuso que parte de las funciones del Instituto son recibir los índices de reserva de cada una de las instituciones y analizarlas. Señaló que la mayoría de los índices actuales omiten la necesidad de argumentar adecuadamente por qué están reservando cada documento.
“Las instituciones públicas están abusando, porque saben que hay una protección, saben que también hay una complicidad en este actuar de reservas de información y cada vez vemos muchas más reservas, al menos de las que nos damos cuenta”, dijo.
Sandoval recordó que hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que indicaba que la mera mención de artículos de la LAIP no eran justificantes para reservar la información.
“De la mayoría de los índices que hemos hablado tienen el mismo error del oficial de Acceso a la Información Pública, reservan sin explicar la reserva; es decir, sin describir por qué están fundamentando la reserva y solo invocan los artículos de la LAIP”, dijo Sandoval.
Pocas son las entidades como la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que añaden una explicación de la justificación de la reserva en sus índices.
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El secretismo que bloquea las críticas a las gestiones públicas
El abuso de la figura de la reserva en la información que otrora podría considerarse pública también es la respuesta a blindar al gobierno ante críticas por posibles fallas en su gestión. Jonathan Sisco, abogado anticorrupción y justicia de Cristosal, consideró que hay un grave incumplimiento de las obligaciones de las instituciones del Ejecutivo al negar esta información. “Estamos en una época de oscurantismo”, dijo. Sisco añadió que estas reservas actualmente no se podrán revertir, ya que el gobierno actual cuenta con el apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública.
“Yo creo que es una estrategia bien calculada y deliberada. Prefieren asumir el costo de crítica pública a la opacidad que el costo de crítica a la respuesta de su política pública”, consideró Marinero, quien señaló que los funcionarios se sienten vulnerables a la respuesta de la población y a verse obligados a dar explicaciones y que prefieren que las críticas se enfoquen en que están ocultando información.
Una de las consecuencias de esta opacidad, según Xenia Hernández, es que la ciudadanía no está debidamente informada sobre el uso de los recursos públicos.
“No solo los fondos públicos, sino que (hay falta de información sobre) cómo se hacen las tomas de decisiones y qué es lo que ha pasado con las actuaciones de estos servidores públicos, ¿ha habido delitos, mal uso de los fondos públicos, decisiones que no respondieron a principios de ética y transparencia?”, señaló Hernández.
La excomisionada del IAIP dijo que el derecho de acceso a la información pública en El Salvador aún era muy naciente e iba caminando paso a paso, pero actualmente hay mayores obstáculos y menor disponibilidad de la información.
La exfuncionaria expuso que desde que ella estaba en el IAIP persistía la necesidad de lograr transmitir a la población salvadoreña la importancia del derecho al acceso a la información pública, como herramienta para conquistar otros derechos humanos.
Señaló que un reflejo de que la población no tiene acceso a la información pública es que deja de exigir sus derechos y puede ser presa de la manipulación incluso a la hora de votar.
“El derecho de información pública te permite cambiar tu vida, te permite que llegue agua a tu casa, te permite saber qué derechos tenemos en materia de salud, te permite saber si el dinero que llega al Estado está regresando para los ciudadanos. Entonces el derecho de información pública es como una puerta que permite entrar a una serie de derechos humanos”, dijo Escobar.
