Esta semana se conmemoraron los Días Internacionales de los Bosques y del Agua, un momento idóneo para reflexionar el rol de estos dos recursos en el desarrollo de la región centroamericana y la importancia de contar con políticas públicas que promuevan su protección, conservación y adecuada gestión.

Desde una perspectiva ambiental, Centroamérica es una región insostenible, y los diferentes indicadores ambientales dan cuenta de ello. A pesar de que los bosques tienen múltiples beneficios ecológicos, económicos y sociales, en la región estos se encuentran bajo la amenaza permanente de incendios forestales, deforestación, crecimiento de la frontera agrícola y procesos de urbanización. Como consecuencia tan solo entre 1990 y 2020, en la región se han perdido alrededor de 5.3 millones de hectáreas de bosque, para dimensionarlo mejor esto equivaldría a 2.5 veces el territorio salvadoreño o la casi la mitad del hondureño. Durante esas dos décadas, únicamente Costa Rica fue capaz de incrementar su cobertura forestal lo que  en gran medida se explica por la adopción deliberada de políticas públicas de conservación; los cambios legales e institucionales del sector forestal; el cambio hacia una ganadería extensiva; y, a la implementación de programas de pagos por servicios ambientales. 

En el caso del agua, hablamos de un recurso fundamental para la región, tiene un rol clave en la producción de alimentos, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y, por supuesto es indispensable para la supervivencia de las personas. Sin embargo, aunque la oferta hídrica promedio de la región (16,632 m3 por habitante al año) se encuentra por encima de los requerimientos mínimos para evitar su escasez, aún hay una gran parte de la población centroamericana que no puede disfrutar el derecho al agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Esta realidad es particularmente más notoria en el ámbito rural. Esto tiene relación con múltiples factores como la degradación de las cuencas, la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, los procesos de salinización de las aguas subterráneas de las zonas costeras, la débil gobernanza del recurso, y por supuesto a los impactos del cambio climático en la región.

Los párrafos anteriores evidencian que la riqueza natural es un factor estratégico para el desarrollo de la región por lo que sino se hace nada por frenar y revertir su deterioro, se corre el riesgo de menoscabar las posibilidades de crecimiento económico, pero sobre todo de mejorar el bienestar de las personas. Ante este escenario si bien hay acciones individuales que cada persona puede impulsar para cuidar el agua, los bosques y el resto de los recursos naturales, la dimensión del problema requiere la actuación deliberada de los Estados. Y esto no es algo novedoso, las diferentes Constituciones Políticas centroamericanas establecen la obligación de los Estados de proteger los recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano; además, cada país ha adoptado diferentes acuerdos y convenciones internacionales en las que se comprometen a impulsar un desarrollo sostenible, no solo desde una perspectiva económica, sino también social y ambiental.

Pero para ser efectivo, el rol de los Estados deberá concretarse en políticas públicas integrales que como mínimo busquen crear y fortalecer los sistemas de información ambiental a nivel local, nacional y regional para una mejor toma de decisiones; regular los bienes y servicios ambientales y reconocer de los derechos humanos ambientales, como el derecho al agua; fortalecer las normativas, regulaciones y estándares ambientales vigentes; priorizar el apoyo a sectores estratégicos que no dependan del uso intensivo de recursos naturales; prohibir actividades claramente dañinas en términos ambientales como la minería; y, desde luego, fortalecer el rol de la política fiscal en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental con más y mejores presupuestos para las entidades rectoras en materia ambiental y forestal, mayores inversiones en acción climática, implementación de impuestos verdes, y eliminación de privilegios fiscales para sectores con impactos negativos en el agua y los bosques. 

Cada país de la región debe avanzar en la adopción de políticas públicas ambientalmente sostenibles, el costo de no hacerlo puede ser muy alto y elementos básicos para la vida de las personas, como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente, podrían verse afectados de manera irremediable.