Entrevista
Diseño/ Karina Hernández
Juan Pappier, subdirector en funciones de la organización internacional Human Rights Watch, considera que el Régimen de Excepción difícilmente puede ser una medida de seguridad sostenida en el tiempo; por el contrario, la experiencia muestra que puede traer más violencia y menos protección en el futuro.
En El Salvador se está dando una “destrucción a pasos acelerados de cualquier garantía democrática”, advierte Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch, una organización internacional dedicada a velar por los derechos humanos y que se ha convertido en uno de los principales blancos de ataques por parte de los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y sus seguidores. No obstante, el trabajo en El Salvador de Human Rights Watch no es reciente. Sus informes sobre el país datan desde 1990 cuando señalaba la prevalencia de la impunidad de militares y miembros de los escuadrones de la muerte. Durante la última década, también documentaron las violaciones a derechos humanos cometidas por las pandillas, abusos cometidos contra la población LGBTI y la falta de acceso de justicia a las víctimas del conflicto armado.
“Creo que si nuestro trabajo ha tomado más visibilidad es porque lo hemos fortalecido por la preocupación que nos genera el desmantelamiento del Estado Derecho que ha hecho de forma tan acelerada el presidente”, expone Pappier en esta entrevista con GatoEncerrado. El investigador señala cómo en este año de Régimen de Excepción no hay indicadores de que las víctimas de pandillas estén teniendo un verdadero acceso a la justicia. Para Pappier es falso el dilema que se ha generado en el país, a partir del discurso del presidente Bukele, de que el Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos son un estorbo para los planes de seguridad.
A inicios del año pasado, previo a la implementación del Régimen de Excepción, en una entrevista usted usaba la palabra devastador para describir el retroceso en el ámbito de derechos humanos y democracia en El Salvador. Actualmente ¿cómo calificaría la situación del país?
Yo creo que lo que ha pasado en El Salvador es que Bukele se ha aprovechado de las falencias de los gobiernos anteriores para enfrentar el problema gravísimo de las maras en el país, para instaurar lo que hoy está al borde de un Estado policial. Creo que con su Régimen de Excepción y con sus políticas de seguridad ha logrado consolidar su popularidad, consolidar también su proyecto autoritario. Entiendo que muchos salvadoreños hoy se sienten más seguros y por eso apoyan estas medidas, pero me preocupa que en el largo plazo se está creando una situación en la cual no hay frenos y contrapesos que eviten el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos como las que están ocurriendo hoy en día en el país.
En términos de derechos humanos, ¿cómo evalúa también este año bajo Régimen de Excepción?
Mira, el Régimen de Excepción ha traído violaciones generalizadas a los derechos humanos. Nosotros hemos documentado en terreno detenciones arbitrarias de personas que no tienen nada que ver con las pandillas, casos de torturas, de malos tratos, desapariciones forzadas y procesos judiciales en los que se han violado las garantías más básicas del debido proceso.
Pero, por otra parte, muchos salvadoreños, como te decía, hoy se sienten más seguros porque por ejemplo la tasa de homicidios ha disminuido de forma significativa en el país y entendemos completamente esa sensación de respiro que pueden sentir muchos salvadoreños, que es en gran parte responsabilidad de las falencias de gobiernos anteriores para dar respuesta a este problema. Lo que hay que buscar urgentemente es una política de seguridad que garantiza esta seguridad de los salvadoreños que tanto se merecen, pero que a su vez sea sostenible en el tiempo, porque lo que ha ocurrido hoy en El Salvador, la política de seguridad que impone Bukele, difícilmente puede ser sostenida en el tiempo y la experiencia en el país nos muestra que puede traer más violencia y menos protección en el futuro.
Después de que Human Rights Watch reveló que tuvo acceso a una base de datos del Ministerio de Justicia que permitió corroborar graves violaciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción, ¿han obtenido alguna respuesta de parte de las autoridades salvadoreñas o internacionales tras esta revelación?
De las autoridades salvadoreñas la respuesta principal que hemos recibido son insultos, lo cual es una lástima porque nosotros hemos procurado tener una conversación productiva con ellos sobre la situación de derechos humanos y la situación de inseguridad en el país. Hemos solicitado reuniones en reiteradas ocasiones, incluyendo al presidente, pero en lugar de ellos prefieren insultar y nosotros no nos vamos a someter a una discusión basada en insultos. Si ellos quieren tener una conversación con muchísimo gusto, pero insultos en redes sociales, no, no vamos a responder.
De la comunidad internacional debo decir que creo que hay prácticamente un consenso a nivel de Europa y en los Estados Unidos sobre lo que significa el gobierno de Nayib Bukele. No un consenso pleno, pero sí hay un consenso creciente, quiero aclarar, un consenso creciente sobre lo que significa un gobierno de Nayib Bukele. Políticos tanto de centro derecha como de centro izquierda, políticos tanto del partido demócrata como del republicano en los Estados Unidos entienden el proyecto autoritario que se está viviendo en el país. Creo que hay que empezar a construir sobre la base de ese consenso para una respuesta de la comunidad internacional que tiene que ser mucho más eficaz, que tiene que ser mucho más coordinada entre Estados Unidos, Europa y gobiernos latinoamericanos, pero sobre todo una respuesta que tiene que entender por qué el presidente Bukele es tan popular y el motivo por el que él es tan popular es porque sus antecesores hicieron muy poco o nada para garantizar derechos mínimos a la población salvadoreña, como es la seguridad, como es las oportunidades económicas y como es la lucha contra la corrupción.
Siempre sobre el informe, ¿hubo algún caso que saliera de los parámetros ya conocidos o básicamente corroboró todo lo que ustedes ya habían visto con su acceso directo con las víctimas?
Lo más eficiente para mí de esa base de datos, es que muestra cómo se está utilizando de forma generalizada el delito de agrupaciones ilícitas para detener. La enorme mayoría de los detenidos son por delitos de agrupaciones ilícitas y esto es preocupante por dos motivos, primero porque este es un delito excesivamente amplio, que permite detener a personas que poco o nada tienen que ver con las pandillas. Por ejemplo, supuestos colaboradores, que está definido de forma muy amplia, como personas que se benefician directa o indirectamente de relaciones de cualquier naturaleza con las pandillas; es decir, este delito permite tener a personas de forma arbitraria, pero además el delito de agrupaciones ilícitas no hace nada para garantizarles justicia a las víctimas de las pandillas. Aquí no los están imputando por homicidio, no los están imputando por violencia sexual, no los están imputando por las atrocidades que cometen y, por lo tanto, muchas víctimas no van a recibir justicia con este proceso que se está llevando adelante.
Además, la base de datos revela otra información con la que ya contábamos, por ejemplo, tasas de hacinamiento descomunales, la situación de que hay más de mil menores de edad detenidos, el aumento desproporcionado de la población femenina que ha sido detenida y ha llevado a unas tasas de hacinamiento muy grandes en las cárceles de mujeres, entre otros datos que revela esta base.
Justo sobre este tema del acceso a la justicia, en este año de Régimen de Excepción, ¿han podido corroborar un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de las pandillas, incluyendo de los casos que ocurrieron durante la ola de homicidios que culminó con la implementación del régimen?
Nosotros no tenemos ninguna indicación de que aquí haya un acceso genuino a la justicia de las víctimas de las pandillas. La última información que conocíamos sobre la ola de violencia en marzo del año pasado, que desencadenó la declaración de Régimen de Excepción, es que no había habido condenas en relación de los responsables de esos homicidios, había habido unas pocas judicializaciones. No tenemos información más reciente porque como tú sabes en paralelo a la consolidación de este proyecto autoritario en El Salvador hay una restricción enorme a la información pública, hemos solicitado información pública a distintas entidades, incluyendo a la Fiscalía, y nos las han negado, pero también, como te decía, este hecho de usar tipos penales como el de agrupaciones ilícitas o de organizaciones terroristas en lugar de imputar delitos violentos hace que el acceso de las víctimas a la justicia sea muy limitado.
Entre los casos que Human Rights Watch ha visto durante este año, ¿cuál es la situación de estos y cuál es el tipo de apoyo que más buscan los afectados por el Régimen de Excepción?
En general, las personas que han sido detenidas de forma arbitraria en El Salvador y sus familiares, lo primero es que tienen mucho miedo, hay un temor muy grande de hablar en muchos casos, porque temen que pueden ser judicializados nuevamente o perseguidos. En segundo lugar, creo que hay una necesidad de muchos casos de asesoramiento jurídico, que no es nuestra tarea como Human Rights Watch, pero sí de muchas organizaciones que trabajan en El Salvador, y también lo que ha ocurrido es que muchas familias, en las que la persona que trabajaba ha sido detenida de forma arbitraria, hoy tienen dificultades grandes para tener un mínimo de dinero para cubrir sus necesidades básicas debido a las detenciones arbitrarias que han ocurrido en sus hogares.
Usted también habla un poco de cómo comprender la popularidad del presidente y, un poco en esa misma línea, hay distintas encuestas realizadas en el país que muestran cómo la población aprueba mucho el Régimen de Excepción y sus resultados, pero al señalar cuál es cada derecho que se suspende baja la aprobación, ¿cómo ven ustedes esta discordancia y que ha hecho falta para ampliar este mensaje de la importancia del respeto a los derechos humanos para toda la sociedad?
Yo creo que el gobierno es salvadoreño ha vendido la idea de que la democracia, que el Estado de Derecho y la seguridad son valores en conflicto, en tensión, y que para lograr la seguridad es necesario que el presidente tenga poder absoluto, es necesario que los tribunales no sean un estorbo y es necesario que haya suspensión de derechos constitucionales. Entiendo que, debido a debilidades históricas de la democracia salvadoreña, muchos salvadoreños se compensan con esta tesis. Lo que tenemos que demostrarles es que este dilema en el cual, el presidente Bukele los mete donde ellos tienen que elegir entre Estado de Derecho y seguridad es un dilema falso. En realidad, lo que muestran todos los estudios es que precisamente para combatir el crimen organizado, para lograr la seguridad, lo que hace falta es separación de poderes, lo que hace falta es capacidades de investigación técnica, lo que hace falta unas fuerzas de seguridad profesionales y nada de eso es lo que está ofreciendo Bukele. Bukele está ofreciendo un modelo de populismo punitivo, que puede traer una baja en los homicidios en el corto plazo, pero que es probable que no resuelva de forma sostenible la violencia en el país.
¿Por qué el Régimen de Excepción no es una estrategia sostenible a largo plazo?
Porque las políticas de seguridad de Bukele hacen muy poco para enfrentar las causas estructurales de la violencia en el país; hacen muy poco para enfrentar la situación de falta de oportunidades que explican en parte, no completamente, pero en parte el desarrollo y la violencia de las pandillas; hacen muy poco para fortalecer las capacidades técnicas investigativas de la Fiscalía y de los jueces para poder llevar a cabo investigaciones que desmantelen a los grupos criminales; hacen muy poco para enfrentar las economías ilícitas, que hacen que estos grupos armados prosperen en el país, por lo tanto no evita que estos grupos se reciclen o se regeneren. Por el contrario, hay políticas que crean ambientes propicios para que estos grupos se reciclen, por ejemplo, detener a una cantidad tan grande de personas, muchas de ellas detenidas de forma arbitraria, en cárceles hacinadas donde no hay capacidad suficiente para controlar esas cárceles. Bueno, eso es el escenario perfecto para que los grupos criminales recluten a personas que antes no estaban involucradas con estos grupos, pero ahora debido a estas políticas populistas están expuestas al reclutamiento. Aquí exactamente puede terminar ocurriendo algo similar a lo que ocurrió con gobiernos anteriores con los planes de mano dura y súper mano dura.
En uno de sus informes, Human Rights Watch señaló que estos abusos realizados durante el régimen han sido posibles gracias al desmantelamiento de las instituciones democráticas, ¿qué le podría deparar al país en materia de derechos humanos ante la posibilidad de más meses bajo Régimen de Excepción y una posible reelección del presidente Bukele?
Yo creo que hoy en El Salvador estamos en una situación en la cual hay muy pocas garantías para cualquier ciudadano de que no puede ser detenido cualquier día y muy pocas garantías de que tendrá un proceso judicial justo en el que podrá defenderse. Eso ha empezado como parte de una política de seguridad, detener a gente en general humilde y supuestamente vinculada a las maras, pero eso fácilmente se puede extender a otros sectores del país, por ejemplo, a los periodistas, a los líderes sociales que se pongan a políticas del gobierno. Hoy estamos en un país donde no hay independencia judicial, donde no hay separación de poderes y por lo tanto las personas cuyos derechos son violados, no tienen a dónde acudir para que haya protección de sus garantías fundamentales. Ese es el riesgo enorme que corremos en el país al permitir que Bukele lo lleve a lo que cada vez se parece más a un Estado policial.
Ya hablaba de la posibilidad de que jóvenes o niños que no habrían estado tan expuestos previamente al reclutamiento de las pandillas o grupos criminales ahora sí lo estén, además de esto, ¿qué otros impactos podría dejar el Régimen de Excepción en las futuras generaciones?
Yo creo que el impacto en el futuro del país puede ser realmente devastador porque aquí lo que estamos viendo es una destrucción a pasos acelerados de cualquier garantía democrática y esta consolidación de un proyecto autoritario, que si no se le pone freno ahora va a ser muy difícil desandar este camino en el futuro. Es una historia similar a la que vimos, por ejemplo, con Hugo Chávez en Venezuela, un líder que empieza su gobierno siendo muy popular que navega sobre esa popularidad para destruir las instituciones democráticas y que luego con esa destrucción de las instituciones democráticas y los frenos y contrapesos es capaz de ejercer el poder de forma completamente discrecional y abusiva, ese puede terminar siendo el futuro de El Salvador si no logramos poner un freno y permitir reconstruir poco a poco las instituciones democráticas en el país.
En la región ya hay políticos y seguidores del presidente Bukele que hablan de imitar las acciones de seguridad implementadas en El Salvador, ¿cómo ve esta situación de que ya haya países como Honduras siguiendo este guion y cuáles son los riesgos de que se imiten estas “estrategias de seguridad” del presidente Bukele?
Yo creo que hay políticos oportunistas que ven la popularidad de Bukele y piensan que pueden exportar el modelo y beneficiarse de tasas similares de popularidad, creo que también esto es resultado de una campaña de información, digamos una campaña de comunicación y de desinformación por parte del gobierno de Bukele, que es muy talentoso con las comunicaciones, y que ha logrado representar y ofrecer a la región una versión de los hechos que es muy distinta a la realidad. Yo creo que si todos los latinoamericanos entienden que el modelo de Bukele es un modelo en el cual el gobierno negocia a espaldas de la ciudadanía con el crimen organizado y es un modelo, a su vez, en el cual cualquier persona puede ser detenida cualquier día y no va a tener garantías básicas de debido proceso, yo creo que si esos dos factores se entienden entonces la popularidad de este tipo de propuestas va a ser mucho menor. Ahora es importante que aquellos que criticamos estas propuestas, empecemos a ofrecer alternativas en materia de seguridad porque hay un problema de seguridad serio en muchos países de la región y los ciudadanos con mucha razón están cansados de esa situación de inseguridad y quieren respuestas que los protejan y garanticen sus derechos básicos.
A través de la experiencia que Human Rights Watch ha tenido por décadas al dar seguimiento a la situación de El Salvador, ¿cómo ha sido la respuesta de los distintos gobiernos, a lo largo de los años, al tema de la defensa y respeto de los derechos humanos?
Tristemente el récord de la democracia salvadoreña ha sido muy pobre. En particular, en materia de maras y de inseguridad lo que hemos visto es una respuesta que oscila entre dos opciones: por un lado las negociaciones oscuras con grupos criminales y por otra parte políticas de mano dura. Estas dos estrategias han sido fallidas y el presidente Bukele y su gobierno han empleado las dos estrategias, en ese sentido ha sido más de lo mismo, pero la estrategia de mano dura Bukele la ha llevado más allá que sus antecesores, deteniendo una cantidad de personas que no tiene precedente en la historia reciente del país.
Los académicos de las dos principales universidades del país y hasta el líder de la iglesia católica en El Salvador llegan a la misma conclusión: reactivar la minería equivale a una destrucción ambiental del país y pone en riesgo la vida de los salvadoreños.
Ambientalistas y defensores de derechos humanos señalan que reactivar la minería metálica en El Salvador, prohibida desde 2017, sería un atentado contra la vida de los salvadoreños por la grave contaminación que deja esa industria, según quedó comprobado en informes científicos que se hicieron en el país.
Lo que Bukele insinúa con la reactivación de la minería metálica es un suicidio ambiental de El Salvador que pone en riesgo la calidad de vida de los salvadoreños
