Las prácticas criminales relacionadas con el comercio están íntimamente vinculadas con el nivel de corrupción que se percibe en cada país; con el nivel de control y especialización de las aduanas,  particularmente con la posibilidad de ejecutar verificaciones de declaraciones previo al arribo y la certificación de puertos con sus principales socios comerciales, pero también con la dedicación de las aduanas al control tributario como estrategia de trabajo primario, en lugar del establecimiento de mecanismos de control más amplio de la comisión de delitos en general y una mayor dedicación a la facilitación del comercio.

Como tal, es fácil explicar porqué Nicaragua y Honduras, en ese orden, son los países de la región con mayor importancia en los flujos ilícitos de capital, dado a que ambos disponen de los mayores niveles de percepción de la corrupción en la región, pero también porque presentan aparatos aduaneros muy débiles, los que, en su mayor parte, no solo están dedicados a una tarea de verificación con fines puramente tributarios, sino que además, muchos de sus procesos continúan siendo manuales, careciendo de la utilización de mecanismos electrónicos.

En sentido contrario, aunque todavía prolifera la existencia de flujos ilícitos de capital en la región, la certificación de los puertos, especialmente con Estados Unidos de América, ha ayudado a disminuir la defraudación y el trasiego de ilícitos por medio del comercio; sin embargo, a nivel regional aun está el desafío de controlar el comercio intracentroamericano que ocupa un importante papel.   Como tal, todavía, mucho del comercio que realizan con Panamá el resto de naciones centroamericanas, debe ser verificado a profundidad para evitar la utilización de prácticas, especialmente de subfacturación de importaciones (dado a que en Panamá todo se origina desde zonas libres de comercio) que dañan el cobro de impuestos y alimentan la informalidad.   Sobre este último particular, debe recordarse que Panamá ha sido señalado y continúa en observación por parte de Gafilat, como uno de los países en donde no se persigue con la suficiente rigidez el delito tributario, dentro de ellos los relacionados con el flujo de comercio ilícito.

Otra práctica que apenas empieza y de la que no existen resultados que puedan ser analizados en forma apropiada para toda la región, es la de control de precios de transferencia, en donde algunos países, como Costa Rica ante su inclusión en la OCDE, han implementado nuevas técnicas, a fin de evitar sanciones posteriores.  Además, la mayor parte de la legislación de precios de transferencia vigente en la región, aun se encuentra a un nivel incipiente, mientras que los aparatos de control de tributación internacional aun disponen de personal que apenas inicia a formar su capacidad de control.

Debe recordarse que la mayor parte de los países de la región no han suscrito el Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua con los países del Foro de Transparencia Global, o el mismo no está vigente, debido a limitaciones relacionadas con el intercambio de información o por decisiones políticas.   También, aún está pendiente para varios países la disponibilidad de registros de beneficiarios finales que permita la identificación,  particularmente para casos  de precios de transferencia, de las transacciones ilícitas con entidades relacionadas.   Además, gran parte de los países no disponen de las suficientes herramientas tecnológicas para controlar los flujos comerciales, al margen de que se han multiplicado los regímenes de zonas francas que carecen de control para el manejo de mercancías, haciendo factible la ejecución de  ilícitos tributarios y de otra índole.

El camino aún es largo, pero la implementación de las mejoras inicia con la decisión de las autoridades por querer ser transparente, lo que permitirá una mayor disponibilidad futura de recursos para promover el desarrollo de las poblaciones en la región.