Tiene a cargo la unidad de Acción Política de ICEFI. Es especialista en política fiscal. En 2009 y 2010 se desempeñó como viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. En años anteriores, también fungió en ese Ministerio como asesor técnico y luego director de análisis y evaluación fiscal. Ha sido consultor independiente en temas de política fiscal para diversas instancias y entidades, entre ellas el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal de Guatemala (comisión del pacto fiscal 2006-2008), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo de Trabajo de Política Tributaria de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, y el Internacional Budget Project. En la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala fue consultor en temas de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es Licenciado en Matemática de la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un Certificado de Tributación Internacional de la Universidad de Harvard.
No es una tarea fácil ni sencilla. Generalmente las habilidades de oratoria, el carisma y otras cualidades atractivas de los políticos parecen funcionar de manera muy efectiva para engañar al electorado.
Por Ricardo Barrientos*
Una estimación adecuada del costo fiscal puede distinguir entre una oferta política seria y otra demagógica o populista.
Es natural y deseable que durante las campañas electorales las y los candidatos expongan su oferta política, las propuestas de acción, cambio o innovación con las que esperan convencer al electorado. Son especialmente valiosas cuando se trata de candidaturas presidenciales porque refieren al ámbito del poder Ejecutivo, el principal administrador de los recursos públicos.
Sin embargo, la clase política centroamericana, al igual que la de la gran mayoría del resto del mundo, padece una pérdida crítica de credibilidad ante el electorado. Al punto que dedicarse a la actividad político partidaria es casi sinónimo de ser mentiroso, corrupto o tramposo. Por supuesto, esta es una generalización imperfecta inválida e injusta, pero profundamente arraigada en nuestras sociedades por la frecuencia y descaro con el que, lamentablemente, la mayoría de los políticos mienten y engañan a sus electores.
Un aspecto fundamental e indispensable para empezar a rescatar a las incipientes democracias centroamericanas de la caída en picada a la que pareciera que está condenada la región, es elevar el nivel y la calidad del debate y la participación durante los procesos electorales. La ciudadanía debe recuperar un rol activo frente a la clase política, emprendiendo una lucha para erradicar la demagogia y el engaño sistemático al electorado.
No es una tarea fácil ni sencilla. Generalmente las habilidades de oratoria, el carisma y otras cualidades atractivas de los políticos parecen funcionar de manera muy efectiva para engañar al electorado. Además, las canciones y los slogans pegajosos, despliegues propagandísticos, el reparto de regalos y dádivas, y los discursos y prácticas populistas, de derecha e izquierda, suelen, en muchos casos, resultar más efectivos e importantes que las propuestas programáticas, los planes de gobierno y otros elementos de una oferta política seria.
Sin embargo, ante este nivel tan agudo de degradación y pérdida de calidad de la oferta política y la forma de hacer una campaña electoral, propuestas carentes de viabilidad y respaldo técnico hasta lucen serias y creíbles. Un demagogo hábil puede destacar entre las canciones y los regalos haciendo propuestas que parecen serias y viables, como rebajas de impuestos, obras faraónicas de infraestructura, subsidios y toda suerte de beneficios.
Esta forma «sofisticada» de demagogia electoral es más complicada de atacar y erradicar, toda vez, el político hábil, la sabe disfrazar de convincente, y porque generalmente toca las necesidades sentidas del electorado. Desenmascararlos y exponer su naturaleza falsa y engañosa requiere de rigor técnico y conocimientos sobre cómo funcionan las finanzas de un Estado.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha diseñado y puesto en práctica algunas herramientas que coadyuvan a identificar propuestas demagógicas, diferenciándolas de las serias y que merecen ser escuchadas y analizadas por el electorado. Se trata de pruebas o preguntas que es sencillo responder. Por ejemplo, para la típica promesa electoral para otorgar un subsidio, incrementar el número de agentes de policía en una zona afectada por el crimen, regalar medicamentos o construir una carretera, una primera pregunta básica es ¿se plantean metas o indicadores de cumplimiento para lo que se promete?
Cuando se establecen metas o medios de verificación, quien hace la propuesta introduce un grado de seriedad y credibilidad porque de manera anticipada está sometiéndose a la supervisión y escrutinio ciudadano. Por supuesto, no es una garantía de cumplimiento, pero por lo menos constituye un indicio de mayor seriedad que cuando no se establecen metas. Una segunda pregunta es ¿se estimó el costo fiscal de cumplirlo? Este es un elemento fundamental, ya que la propuesta se aleja de ejercicios de creatividad u ofertas muy atractivas y deseables, pero que son excesivamente costosas, a todas luces excediendo la capacidad fiscal de un país.
Suponiendo que se ha estimado el costo fiscal, una pregunta sucesiva sería ¿se estableció si el cumplimiento de la promesa requerirá gasto público adicional? En caso se proponga que no implicará gasto público adicional, tratándose de acciones nuevas, ¿se especificó qué rubros de gasto existentes serían eliminados, y reemplazados por lo que se propone? En caso sí implique gasto público adicional, entonces cabe preguntar ¿se especificó la fuente de financiamiento para este gasto adicional? Y acá, las respuestas básicamente son sólo dos, ingresos corrientes adicionales, principalmente impuestos, o deuda pública.
El análisis puede profundizarse más, ya que, si se trata de financiar el gasto adicional con impuestos, ¿directos o indirectos? ¿Se espera incrementar la recaudación de impuestos vía medidas administrativas y reducir la evasión y el incumplimiento, o se impulsará una reforma tributaria que incluya medidas de política como incrementar tasas o suprimir exenciones? Si se va a financiar con deuda pública, ¿interna o externa? ¿Préstamos con instituciones financieras internacionales, o deuda bonificada colocada en la banca privada y los mercados de capitales?
Una de las inconsistencias comunes que más acercan a propuestas de planes de gobierno a la demagogia es, por un lado, ofrecer grandes acciones y beneficios que inevitablemente incrementarán el gasto público, pero, simultáneamente, por otro lado, ofrecer rebajar los impuestos y generosos privilegios fiscales. El analista cuidadoso puede advertir que, a menos que se contemple un incremento el endeudamiento público, no se estaría financiado el crecimiento en el déficit fiscal resultante de más gastos con menos ingresos. Simple aritmética aplicada al discurso y las promesas de los políticos en campaña.
Estos ejercicios pudieran parecer exclusivos del denominado mundo desarrollado, de las democracias más maduras y funcionales, y no de la realidad centroamericana actual. Sin embargo, el Icefi los ha realizado en procesos electorales de Guatemala y El Salvador, claramente identificando propuestas de corte demagógico, la mayoría, y lamentablemente en muchos casos ganadoras presidenciales, pero también propuestas muy bien elaboradas que han soportado el rigor de estos exámenes técnicos, pero que, lamentablemente, rara vez son las ganadores electorales.
La historia ha demostrado que los electorados aprenden. Por lo que, si estos ejercicios se hicieran más seguido y por más personas, ciertamente constituirían una contribución más efectiva para mejorar la calidad de nuestras democracias, con menos demagogia.
Tiene a cargo la unidad de Acción Política de ICEFI. Es especialista en política fiscal. En 2009 y 2010 se desempeñó como viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. En años anteriores, también fungió en ese Ministerio como asesor técnico y luego director de análisis y evaluación fiscal. Ha sido consultor independiente en temas de política fiscal para diversas instancias y entidades, entre ellas el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal de Guatemala (comisión del pacto fiscal 2006-2008), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo de Trabajo de Política Tributaria de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, y el Internacional Budget Project. En la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala fue consultor en temas de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es Licenciado en Matemática de la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un Certificado de Tributación Internacional de la Universidad de Harvard.