Una consulta pública “manipulada”

Zamora también aseguró que la consulta pública que hizo la empresa “no fue representativa” y además las preguntas estaban sesgadas o formuladas con la intención de manipular la opinión de los habitantes que participaron. 

Esto último que menciona Zamora consta en la página 13 del Estudio de Impacto Ambiental que presentó Avícola Salvadoreña ante el MARN. En el segundo párrafo de la página queda claro que la pregunta que hicieron los encuestadores de la empresa “casa por casa” estaba relacionada con la “urgente necesidad de la apertura de nuevas fuentes de trabajo”. 

“Algunos habitantes cuando les preguntaban si querían trabajo cerca de la zona, obviamente dijeron que sí. Es que cualquier persona del área rural va a responder que sí a la pregunta de si quiere trabajo cerca. Pero si le preguntan si está de acuerdo con la construcción de una granja que va a producir casi cuatro millones de pollos al año, obvio la gente va a pensarlo”, criticó Zamora. 

En la misma página, la empresa consignó que los habitantes encuestados “expresaron su preocupación por los efectos de contaminación” que deja una granja de aves. Pero, inmediatamente, en el documento se minimiza la opinión de la población y atribuyen esa “preocupación” a la “mala experiencia de comunidades vecinas de otras granjas (…) que les genera prejuicio”.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga una verdadera consulta pública, no esa encuesta que se hizo. Una verdadera consulta que tenga una participación representativa de las comunidades”, agregó Zamora. 

De acuerdo con un análisis de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), los principales impactos potenciales de la granja son la sobreexplotación de los recursos hídricos que puede tener como consecuencia la escasez de agua, mal manejo de las aguas residuales de tipo especial, la propagación de malos olores y contaminación del aire que pueden provocar enfermedades en los habitantes que no tienen los suficientes recursos económicos para medicinas y todo esto, como suele ocurrir, afectará más a las mujeres.

Esta revista intentó contactar, por correo electrónico y en tres ocasiones distintas, a Guillermo Francisco Barrera Córdova, apoderado especial de Avícola Salvadoreña. Pero en ninguna de las ocasiones hubo respuesta a las preguntas puntuales acerca de los señalamientos de las comunidades y el proceso sancionatorio que está siguiendo la alcaldía en contra de la empresa. 

Karla González, abogada de Plataforma Global que acompaña legalmente a las comunidades en el caso, explicó a GatoEncerrado que cuando el proceso sancionatorio de la alcaldía termine y se bloquee la instalación de la granja o se le imponga una multa, la empresa deberá cumplir. De lo contrario cometería el delito de desacato y el caso podría llegar hasta instancias judiciales.

“La empresa fue notificada en dos ocasiones, de parte de la alcaldía, para que se acercara a solicitar la certificación que exige la ordenanza municipal. En las dos ocasiones ellos sí respondieron, pero resulta que ellos alegan que se tenga por recibidos los documentos que ya se tienen gestionados ante el ministerio. Pero, el propio ministerio, en su propia resolución, dice que ellos deben seguir los procedimientos locales y eso es lo que ellos están obviando”, dijo la abogada González.