Radio Victoria tiene para mí un significado muy especial por ser la primera emisora comunitaria que conocí, allá por el año 2005. Tiempo después, como representante de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), tuve el gran honor de conocer radios comunitarias, alternativas y populares en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina y otros países del continente. Sin embargo, estar en Radio Victoria tiene siempre un sentido particular. Lo digo en forma de reconocimiento, ahora que dicha estación celebra 30 años de existencia. 

Digo lo mismo de ADES, la Asociación de Desarrollo Económico Social, a la que también conozco desde hace más de 15 años y de la que siempre he estado cerca, en algunos momentos más y en otros menos. La amistad de Antonio Pacheco, su célebre director ejecutivo (actualmente encarcelado por orden de los que quieren imponer la minería metálica en el país), está entre las cosas más valoradas de mi vida. Lo digo también como un homenaje, dado que ADES, igual que Radio Victoria, cumple 30 años.

Radio Victoria y ADES nacieron en Santa Marta, comunidad al norte del departamento de Cabañas, integrada por ex combatientes y exiliados de la guerra civil salvadoreña, quienes -al momento de refundar su comunidad y pensar su proyecto de desarrollo comunitario- tomaron dos decisiones estratégicas: crear una asociación para gestionar cooperación solidaria y fundar un medio de comunicación propio. Así, surgió ADES, el 7 de marzo, y Radio Victoria, el 15 julio; en 1993.

Desde entonces, Radio Victoria y ADES han aportado significativamente, no sólo a las comunidades de Cabañas y otros departamentos, sino a todo el país. Menciono aquí los que considero sus dos aportes más relevantes, que representan verdaderos hitos históricos.

De Radio Victoria destaco su contribución al proceso de democratización de las comunicaciones, cuyo logro más relevante fue el reconocimiento legal de los medios comunitarios y otros sin fines de lucro, concretado con las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa, el 5 de mayo de 2016. Radio Victoria estuvo entre las emisoras más activas en la lucha impulsada por la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo).

Dicha reforma convirtió a El Salvador en el primer país de Centroamérica en incorporar a los medios comunitarios al marco legal de las comunicaciones y lo puso en sintonía con otros países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia y Ecuador, que promovieron reformas y nuevas leyes con la intención de favorecer el derecho a la comunicación y construir modelos mediáticos más plurales y diversos.

Y de ADES valoro como su mayor aporte al país la lucha decidida que permitió la aprobación, también unánime, de la Ley Prohibitiva de la Minería Metálica, el 29 de marzo de 2017, una normativa única en el mundo. Esto se logró tras una larga resistencia y movilización social que costó la vida de los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera. Vale decir que, durante esta lucha, también Radio Victoria sufrió persecución y amenazas, como represalias por respaldar a las comunidades en su defensa del agua, los ecosistemas y la vida. 

Durante más de diez años ADES puso en función de la lucha contra la minería sus capacidades técnicas, su estructura organizativa y la experiencia histórica de lucha de Santa Marta. Así ayudó a salvar al país del desastre ambiental de enormes proporciones que habría causado la explotación minera, debido la estrechez territorial, alta densidad poblacional y la crisis hídrica.

ADES también contribuyó, junto a otras organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería y los aliados internacionales, a derrotar las demandas de empresas mineras contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), en octubre de 2016. Así, contribuyó a que el Estado ahorrara cientos de millones de dólares que dichas compañías exigían como indemnización por negarles los permisos de operación.

Sin embargo, el Estado -en vez de reconocer estos aportes- arremete contra ADES ahora que el gobierno de Bukele busca reactivar la minería, a pesar de la prohibición legal. Con el fin de descabezar el movimiento ambiental en Cabañas y despejar el camino para los proyectos extractivos, los impulsores de la minería instrumentalizan a la Fiscalía y al Sistema Judicial para criminalizar a cinco líderes comunitarios de Santa Marta, entre ellos el director y el asesor legal de ADES.

Por tanto, me sumo a la demanda de libertad para ellos y los demás líderes de Santa Marta. Exijo al Estado salvadoreño que acate el llamado de Naciones Unidas de liberar inmediatamente a los defensores ambientales expresado, el pasado 16 de mayo, por la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawrol. Hacer oídos sordos a dicha petición es una afrenta al mundo que saludó, con admiración y respeto, la decisión de El Salvador de ponerse a salvo de los peligros de la explotación minera.