Es engañoso que el sistema de salud salvadoreño se ha "transformado" como afirma el director de Fosalud
En una entrevista de la televisión gubernamental, el director de Fosalud afirmó que en los últimos cuatro años el sistema de salud del país pasó de lo “obsoleto” y “arruinado” a un sistema “cambiado” y “transformado”. Sin embargo, la falta de acceso a la información del Ministerio de Salud, las denuncias de médicos ante el desabastecimiento de medicamentos, la reducción en el presupuesto de atención primaria y la disminución de la cobertura de vacunas desmienten las declaraciones del funcionario.
Por Karla Arévalo
Agosto 29, 2023
El director ejecutivo del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), Carlos Núñez, afirmó en una entrevista televisiva que el sistema de salud de El Salvador se ha “transformado” en los últimos cuatros años, pese a que el gobierno enfrentó la pandemia del COVID-19.
“Teníamos más de 30 años de tener un sistema de salud bastante obsoleto, bastante arruinado. Me imagino el presidente (Nayib Bukele) recibir un sistema de salud así y transformarlo, cambiarlo aun con una pandemia en nuestros hombros (…) Hay cambios drásticos en el sistema de primero, segundo y tercer nivel, vacunación, abastecimiento de medicamentos”, afirmó el funcionario el pasado 18 de julio en la entrevista “AM” del canal gubernamental 10.
La declaración, sin embargo, encaja en la definición de “Engañosa”, que es una de las categorías bajo las que Ojo De Gato hace verificaciones al discurso de los funcionarios. De acuerdo con datos de la cobertura de vacunación y de presupuesto al área de prevención, así como las opiniones de médicos, El Salvador aún no logra “transformar” su sistema de salud como lo asegura el funcionario.
¿Por qué es engañosa la afirmación?
El doctor e infectólogo Iván Solano Leiva explicó a GatoEncerrado que para “transformar” el sistema de salud se deben revisar varios aspectos que actualmente siguen igual que hace cuatro años.
“Para afirmar que un sistema de salud se ha transformado, primero hay que revisar el porcentaje de demanda satisfecha versus el porcentaje de demanda insatisfecha de la población que pasa consulta. También si hay provisión o abastecimiento de medicamentos. Otro aspecto es la cobertura de vacunación, sobre todo en niños menores de cinco años. Luego, evaluar si hay vigilancia epidemiológica adecuada y conocer a qué le apuesta el gobierno, si a un sistema de atención preventivo o a un sistema de atención curativo”, explicó el doctor Iván Solano Leiva a GatoEncerrado.
En El Salvador, el acceso a la información sobre el funcionamiento de la red de salud pública es nulo. Desde 2020, el Ministerio de Salud le puso candado a 49 sistemas informáticos institucionales que llevan el registro del comportamiento de las enfermedades comunes y crónicas en el país. No es posible acceder al abastecimiento de insumos en los hospitales nacionales públicos o conocer en qué consiste el Plan Nacional de Salud y sus anexos. De modo que las estadísticas sobre la población satisfecha o insatisfecha con el servicio que presta la red pública de salud también está fuera del radar de la opinión pública.
Lo que sí ha sido posible documentar —a través de denuncias de sindicatos y médicos— es el desabastecimiento de medicinas en la red nacional de salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El doctor Jorge Panameño, miembro del Colegio Médico, dijo a esta revista que el desabastecimiento está comprobado.
“Hemos recabado información tanto de colegas trabajadores de la red de salud como usuarios de la red donde se nos confirma que ese desabastecimiento sigue permanente. Hay personas que llegan por una receta y tienen que ir a comprarla”. Asimismo, añadió que los empleados de la red han sido amenazados con el despido o con el encarcelamiento si revelan esos datos.
Pero el problema no es reciente: el Foro Nacional de Salud de El Salvador denunció a finales de 2022 sobre el desabastecimiento de medicamentos durante ese año “en todos los niveles de atención y hasta en el Seguro Social, que teniendo el ingreso del dinero no garantiza los medicamentos para los usuarios. Igual pasa con los medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el colesterol”, señaló en una conferencia de prensa, Morena Murillo del Foro, tras evaluar el funcionamiento del sistema de salud el año pasado.
Ante las múltiples denuncias, el ISSS admitió en febrero que no contaba con algunas medicinas en sus unidades de salud y hospitales debido a un supuesto “incumplimiento de contratos” por parte de los laboratorios farmacéuticos que proveen los medicamentos. La aclaración ocurrió luego de que el Sindicato de Médicos Trabajadores (Simetrisss) expusiera la falta de al menos 80 tipos de medicinas.
En torno a la cobertura de vacunación, los datos tampoco son alentadores. En julio de este año, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dio a conocer la cobertura de vacunación en sus Estados miembros. En el caso de El Salvador, hay una caída en la cobertura de todas las vacunas esenciales, cuyos porcentajes rondan entre el 58 % y el 86 %. Esto significa que el país no logró en 2022 recuperar su cobertura de inmunización previo a la pandemia de la COVID-19.
“Deberíamos tener al menos un 95 % de cobertura en la población menor de cinco años. El Salvador tiene un promedio de vacunación del 76 %. Y eso que estamos hablando de vacunas que están en el esquema público, no estamos hablando de vacunas adicionales en el sistema privado”, agregó Solano Leiva.
Asimismo, al evaluar la respuesta del Ministerio de Salud en torno a la atención primaria o Primer Nivel de Atención —que consiste en el primer contacto con los pacientes a través de unidades médicas —, los presupuestos aprobados en los últimos cinco años revelan una disminución del gasto gubernamental en el área que tanto para Solano Leiva como Panameño es de mayor importancia, pues le apuesta a la prevención, educación y detección temprana de enfermedades.
En 2019, la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno de Salvador Sánchez Cerén $212 millones de dólares para atender el Primer Nivel de Atención en Salud. Un monto que ha ido disminuyendo hasta los $198 millones aprobados recientemente para esa área.
“Hay una situación crítica en el primer nivel de atención. Siempre hemos dicho que en el primer nivel de atención se garantiza la atención del 80 % de las enfermedades que son prevenibles (…) Tenemos cada vez menos promotores de salud en las comunidades, hay menos gente haciendo la función de la prevención de las enfermedades y hay cierre de equipos comunitarios familiares”, agregó Murillo, del Foro Nacional de Salud.
En abril de este año, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que el gobierno de Bukele ha priorizado el pago de la deuda pública por sobre la salud o la educación. Esto ante la falta de acceso a financiamiento en los mercados de capital. La partida presupuestaria más grande para 2023 es la del pago de la deuda pública con $2,134 millones de dólares destinados para ese propósito. Muy por encima de los $1,131 millones destinados para salud o los $1,502 millones para el ramo de educación.
También hay promesas incumplidas para este quinquenio: pese a que los hospitales Rosales y Nejapa tenían los fondos para ser construidos desde el inicio del gobierno de Bukele, ninguno de los dos se ha terminado. Contrario a eso, el presidente Bukele dijo el pasado 15 de junio que los hospitales se construirán con fondos del gobierno sin explicar el destino que tuvo el préstamo para ese propósito de $170 millones.
Crisis entre médicos y gobierno
Desde hace varios meses, el Colegio Médico le ha pedido al gobierno de Bukele una mesa de diálogo para subsanar lo que llaman una “crisis del sector salud” tras supuestas carencias de personal médico, equipos, insumos y medicamentos, y “acoso permanente hacia el personal de salud con amenazas de despido u otras sanciones”. Pero esas solicitudes de reunión no han tenido respuesta de parte del gobierno.Recientemente, el Gobierno de Bukele suspendió a 47 médicos del Hospital Rosales quienes participaron en un paro de labores en apoyo a las doctoras Beatriz Monteagudo y Ángela Ferrer, sancionadas y separadas de sus labores el 20 de mayo tras publicar sus opiniones en redes sociales debido a la tragedia en el estadio Cuscatlán, donde fallecieron nueve personas. El Colegio Médico expuso que hay “falta de voluntad” para ese diálogo y una “mordaza”.
