Por Verónica Blanco

“Desde el inicio del mandato del presidente Nayib Bukele, en junio de 2019, El Salvador está viviendo una marcada regresión en materia de derechos humanos, lo cual ha colocado los cimientos de lo que podría representar una de las crisis más graves desde el fin del conflicto armado interno (1980-1992)”.  Así concluye Amnistía Internacional en su más reciente informe: “Detrás del velo de la Popularidad: Represión y regresión en materia de Derechos Humanos en El Salvador”, luego de realizar 83 entrevistas y documentar 62 casos de violaciones a derechos humanos, así como de analizar información relevante que evidencia cómo la narrativa, estrategias y medidas promovidas por Bukele se han alejado de su promesa de campaña de respeto de los derechos humanos. 

El informe describe que en El Salvador se ha concretado un modelo de represión y castigo para abordar la inseguridad y criminalidad, particularmente la relacionada con las pandillas. En lugar de atender las causas de la violencia con estrategias de prevención, reintegración y rehabilitación, el Gobierno de Bukele ha profundizado la militarización de la seguridad pública y ha recurrido a implementar regímenes de excepción: primero en 2020, durante la pandemia por COVID-19 y luego en marzo de 2022 para combatir las pandillas tras la masacre de 87 personas a causa de la ruptura del pacto con los mismos grupos criminales. El régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022, además ha sido acompañado de una serie de reformas penales que son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos porque no garantizan un juicio justo.

Durante el régimen el gobierno ha dicho que ha capturado más de 73 mil personas supuestamente vinculadas a las pandillas; sin embargo, Amnistía Internacional y diferentes organizaciones salvadoreñas han documentado que muchas han sido detenciones arbitrarias porque no se presenta una orden judicial y tampoco explican las razones de la detención.

Amnistía Internacional asegura que ha documentado 62 casos en los que ha identificando patrones recurrentes de violaciones a derechos que incluyen detenciones arbitrarias masivas; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros detención; además de desapariciones forzadas y muertes de personas bajo la custodia del Estado. Muchas de las detenciones arbitrarias fueron solo por el hecho de tener tatuajes, ser parientes de una persona perteneciente a una pandilla, contar con antecedentes penales previos de cualquier tipo o simplemente vivir en una zona con altos niveles de marginación y abandono estatal.

Del análisis de las bases de datos de tres organizaciones locales de derechos humanos, Amnistía Internacional identificó que la mayoría de los casos atendidos, relativos a detenciones arbitrarias, compartían tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas Estos hallazgos evidencian cómo esta medida está afectando de manera desproporcionada a personas en situaciones de exclusión y precariedad económica.

“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas”, dijo Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Atentado contra la libertad de expresión

El aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación, obstáculos al ejercicio del derecho a reunión pacífica y la participación en asuntos públicos, así como la falta de acceso a la información pública son también parte del informe presentado por Amnistía Internacional. 

Entre las principales tácticas que las autoridades han utilizado para estos fines están: un discurso mediático gubernamental orientado a la estigmatización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y la transparencia; el acoso al periodismo, el ocultamiento y manipulación de información pública; y el uso de tipologías penales que podrían poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

GatoEncerrado descubrió en 2022 que tres de sus periodistas y otros medios de comunicación fueron hackeados con el spyware Pegasus, desarrollado por la empresa Israelí Grupo NSO y cuyo fin se supone es la vigilancia de grupos terroristas y criminales; sin embargo, en El Salvador fue utilizado para extraer información privada de al menos 35 periodistas en el país, líderes sociales, políticos e incluso de funcionarios del mismo gobierno y del oficialismo. 

Amnistía Internacional insta en su informe a que el Estado salvadoreño ponga fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan las garantías judiciales. Además, pide que la comunidad internacional mantenga una posición firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se están registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.