Por Mario Beltrán

El Salvador es el país más deforestado de América Latina al cierre de 2024, según datos que la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) recoge en su balance ambiental. La organización señala que esta deforestación tiene como causas la expansión agrícola y de urbanización, la tala ilegal de árboles y la permisividad gubernamental para la ejecución de proyectos privados y públicos que han destruido los bosques y la biodiversidad salvadoreña.

“Si la pérdida de la vegetación original no es sustituida, se generan problemas en tres direcciones: los suelos pierden su capacidad de retener humedad, perdiendo la capacidad de filtrar el agua para alimentar siembras, laderas y mantos acuíferos; en segundo lugar, aumenta el volumen de las corrientes superficiales de agua arrastrando capas de suelo fértiles generando erosión; y, en tercer lugar, el humano pierde la capacidad de cosecha y uso del agua lluvia”, explicó Mauricio Sermeño, presidente de la UNES, en el balance anual.

La UNES también subraya que, para el cierre de este año, El Salvador posee deterioro de suelos e inseguridad hídrica; es decir, escasez de agua subterránea y superficial. Además, inseguridad alimentaria, que dicho en otras palabras provoca un aumento en los precios de la canasta básica alimentaria. 

Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que la canasta básica alimentaria hasta octubre de este año tuvo un promedio anual en su precio de $256.22; lo que significa que es uno de los precios anuales más altos en la última década.

Esta realidad afecta principalmente a la población más empobrecida y vulnerable, por lo que, según la UNES, es necesario que las autoridades ejecuten planes para garantizar el derecho humano a la alimentación, promoviendo y fortaleciendo la soberanía alimentaria, mediante prácticas agroecológicas y la creación de una reserva estratégica de alimentos, la eliminación del IVA a la canasta básica alimentaria y la prohibición de agrotóxicos nocivos para la salud humana.

Otro factor que ha afectado al medio ambiente salvadoreño este año, según los ambientalistas, es el daño a los manglares y a las zonas costeras, provocado por el turismo y el descontrolado uso de agroquímicos y pesticidas que van a parar a cuencas bajas y al mar.

“No existen disposiciones para evitar contaminación en la zona costera por pesticidas y fertilizantes, usados principalmente en la agricultura, pero también en la industria cañera como es el glifosato. Esto sigue siendo una materia muy pendiente que queremos resaltar en nuestro balance ambiental, aunque es más grave en la costa por la escorrentía y las cuencas bajas, y ahí son las zonas costeras las que reciben todos estos contaminantes”, denunció Carolina Amaya, del equipo de dirección de UNES.

Los ambientalistas también señalan que la crisis alimentaria también obedece al cambio climático, generado en su mayoría por la contaminación del aire. 

“La ciencia nos está alertando que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Entre 2001 y 2022, la temperatura media de la región estuvo entre los 25 y los 26 grados centígrados, con mayor intensidad en el corredor seco que alcanzó los 30 grados. Según las proyecciones climáticas, es probable que la región alcance un incremento de 1.5 grados en 2025”, afirmó la organización.

Ante la situación amnbiental crítica con la que cierra el año El Salvador, la UNES hizo un llamado a los tres poderes del Estado. A la Asamblea Legislativa le pide que agilice la aprobación o reformas de leyes ambientales urgentes que tiene pendientes, como la reforma constitucional para incluir el derecho humano al agua y a la alimentación, la ley del subsector de agua potable y saneamiento, prohibición de agrotóxicos, entre otros. Al Órgano Ejecutivo, la UNES insta a que cumpla la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de Riego y Avenamiento, Ley de Áreas Naturales Protegidas, entre otras. Asimismo, urgen acciones gubernamentales para la gestión estratégica integral de los riesgos que pase de un enfoque de emergencia a un enfoque prospectivo. Le piden, además, al Ejecutivo una política integral de manejo de residuos sólidos, rompiendo el monopolio de la basura y no impulsar la minería metálica en el país. También le instan a no dar permisos ambientales sin el debido proceso de estudio de impacto ambiental.

Sobre este último tema, la UNES pidió públicamente al presidente Nayib Bukele que se informe mejor sobre las consecuencias de la minería: "Ya existen estudios científicos comprobados de que dicha actividad es inviable en El Salvador", recalcó Naomi Dueñas, técnica de la UNES.

“Tenemos la confianza de que el señor presidente de la República desea lo mejor para el país. Lo invitamos para que profundice más en su investigación sobre las consecuencias que puede tomar con una decisión de estas. Creemos que no debe pensar en otra cosa más que en esto”, afirmó Mauricio Sermeño.

Según la UNES, si la minería se reactiva, ocasionaría la pérdida de al menos un tercio del territorio nacional; es decir, unos siete mil kilómetros cuadrados aproximadamente.

Por último, la UNES instó al Órgano Judicial a que le dé más información a la población sobre el funcionamiento y atribuciones de los tribunales ambientales; que fomente la formación del Órgano Judicial en legislación ambiental, promueva la protección de las personas defensoras ambientales del país mediante la creación de políticas públicas y la ratificación de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.