Por Leonel Herrera

Como en muchos otros temas, la narrativa presidencial sobre minería metálica en El Salvador está llena de falacias. Unas son exageraciones y otras son mentiras descaradas con las que Nayib Bukele intenta convencer sobre falsas bondades de la más dañina de las industrias extractivas. 

La primera tiene que ver con las enormes cantidades de minerales que —según el presidente inconstitucional—contendría el “gigantesco tesoro que Dios ha puesto bajo nuestros pies”. Sin citar ningún estudio geológico ni presentar argumentos técnicos, el gobernante de facto asegura que El Salvador es el país que tiene “la mayor cantidad de metales por kilómetro cuadrado” y su valor se cuenta no por millones, sino por “trillones de dólares”. Dice que sólo en oro serían unos “3 trillones de dólares, equivalentes al 8,000% del PIB actual del país”. 

Para Luis Parada, lo dicho por Bukele es engañoso. El célebre abogado que defendió al Estado salvadoreño frente a las demandas de las empresas mineras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), declaró al medio digital Voz Pública que las cifras del gobernante ilegal “son exageradas”. 

Voz pública aclara que la producción mundial de oro en el año 2023 fue 3,000 toneladas métricas; siendo China, Rusia y Australia los principales productores; y con un valor promedio de 1,943 dólares por cada onza, la producción total de este metal precioso alcanzó los 205,000 millones de dólares. Por tanto, el medio digital señala que “la cantidad mencionada por Bukele es entre 14 y 15 veces mayor a la cantidad de oro producido a nivel mundial”. 

Así que en este punto, la mentira y la falta de seriedad del discurso bukelista son monumentales. Se trata de una exageración fantasiosa congruente con las grandilocuencias e ínfulas de grandeza que caracterizan al relato propagandístico de la estrategia comunicacional que confirma al actual gobierno como una “autocracia desinformativa”.

La segunda mentira se refiere a los supuestos ingresos y otros beneficios económicos que podría generar la explotación minera. El maravilloso relato extractivista del presidente inconstitucional presenta a la minería de metales como la panacea que resolvería los problemas económicos y convertiría a El Salvador en un país muy rico. 

Tal afirmación esconde varios hechos que desmienten a Bukele. El primero es que la mayor parte de los ingresos, más del 95%, son para las empresas mineras; y sólo un pequeño porcentaje, 3% ó 2%, llega como “regalía” a las arcas del gobierno y de los municipios, como ha señalado José Luis Magaña y la organización “Economistas por la Vida”.

Por ejemplo: la mina “El Dorado” solo iba a generar 7 millones de dólares en seis años como ingresos fiscales; por tanto, no era cierto que la minería proveería cuantiosos recursos para “proyectos de infraestructura en todo el país” y para “limpiar el 95% de nuestros ríos”, como promete el presidente ilegal. Estos pírricos ingresos que tendría el Estado salvadoreño después resultarían insuficientes para mitigar los enormes daños ambientales que dejaría la explotación minera, algunos de los cuales son irreversibles, especialmente el drenaje ácido. 

Además, la minería de metales no es una actividad que genera empleos suficientes y de calidad para la población local, como afirma Bukele. Pacific Rim ofrecía únicamente 150 empleos en Cabañas, la mayoría de estos puestos de trabajo serían mal pagados y peligrosos, pues los obreros calificados serían traídos del extranjero. 

La explotación minera no dinamiza las economías locales, como afirma la narrativa presidencial. Al contrario, las destruye, porque la contaminación del agua y el suelo afecta la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas. Las empresas mineras extraen los recursos del subsuelo y se los llevan, sin generar economías de escala y sin desencadenar otras actividades productivas. En lugar de bienestar económico, los proyectos mineros aumentan la pobreza y la precariedad. Los costos de la minería son siempre mucho mayores que los posibles beneficios. 

A todo esto se suma el riesgo de que, una vez derogada la prohibición de la minería metálica, decenas de empresas extranjeras demanden millonarias indemnizaciones y la asignación de los permisos de explotación que les fueron negados o revertidos en el pasado. Esto provocaría una hecatombe en las finanzas públicas, pues obligaría al gobierno a endeudarse todavía más, subir el IVA, poner otros  impuestos y destinar cuantiosos recursos del presupuesto estatal para pagar dichas indemnizaciones en caso de que el Estado fuera condenado.

Para los accionistas y CEOs de Pacific Rim/Oceana Gold, Commerce Group, Martinique Minerals y otras empresas transnacionales que intentaron extraer minerales en el país, el anuncio presidencial de reactivar la minería es una gran noticia. Ésta podría ser la excusa que esperaban para sentar nuevamente a El Salvador en el banquillo de los acusados del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y otros tribunales corporativos internacionales.

La tercera falacia es la minería “verde”, “responsable” o “sostenible”. Para que la minería metálica fuera “amigable con el medioambiente” no tendría que utilizar enormes cantidades de agua, ni usar químicos mortíferos como cianuro, ni generar drenaje ácido de metales pesados, ni dejar desechos contaminados intratables. Sin embargo, a pesar de los avances e innovaciones tecnológicas en las industrias extractivas, no existe un método diferente para extraer el oro. 

Solo para dar una idea del desastre ambiental, el Foro Nacional del Agua calcula que si se reactivara la treintena de proyectos mineros en la zona norte del país, se usarían diariamente al menos 22 millones de litros de agua para la lixiviación de los metales. Sólo en su proyecto “El Dorado”, Pacific Rim pretendía utilizar 11.5 litros de agua por segundo y 750 toneladas anuales de cianuro durante los seis años de operación de la mina.

La contaminación irreversible del Río San Sebastián, en La Unión, es una evidencia contundente del daño ambiental: su agua color anaranjado, inutilizada para siempre por el drenaje ácido de una mina de hace más cien años, advierte sobre cómo podría terminar el Lempa y varios de sus ríos tributarios (Guajoyo, Sumpul, Titihuapa y otros). Más recientemente, actividades de exploración de Pacific Rim secaron fuentes de agua y arruinaron tierras agrícolas y ganaderas, en San Isidro, Cabañas.

Terminada la operación de las minas, quedan las gigantescas “lagunas de colas” con agua y lodo contaminado que representan un peligro mortal. Hay desastres ambientales y sociales cuando colapsan los diques de esas “lagunas”, sobre todo en países como El Salvador, con actividad sísmica o propensos a tormentas, huracanes y otros fenómenos climáticos. 

Por ejemplo, en Brasil, el rompimiento de un depósito de residuos mineros mató a 270 personas, en 2019: un alud de 11 millones de metros cúbicos de lodo tóxico arrasó viviendas, cultivos y todo lo que encontró a su paso en cientos de kilómetros hasta llegar al mar. En El Salvador, el incendio de la mina en El Divisadero, Morazán, mató a 85 trabajadores en 1915. El historiador Héctor Lindo señala que el hecho fue ocultado en el país y se conoce porque fue publicado en una periódico de Costa Rica.

Además de escasear y contaminar el agua con cianuro y drenaje ácido, la minería metálica también destruye hábitats de especies y otros ecosistemas, pues -en el caso de la minería a cielo abierto- derriba cerros y montañas para demoler toneladas de roca y sacar unas pocas onzas de oro. 

Por éstas y otras razones la minería metálica es la más nociva de la industrias extractivas y es muchísimo más dañina que la explotación petrolera, extracción de gas natural y cualquier otra actividad similar. No existe, al menos en la extracción de oro y otros metales preciosos, una minería que no cause irreparables daños ambientales. 

En El Salvador los daños de la minería se agravarían debido a sus condiciones geográficas, demográficas y ambientales propias. La explotación minera no es viable en un país pequeño, densamente poblado, ecológicamente deteriorado y al borde del estrés hídrico. Es distinta la minería en Argentina o Canadá, cuya amplitud territorial permite “absorber” el impacto ambiental.

La cuarta mentira es la afirmación de que la prohibición de la minería es una imposición hipócrita de otros países que no quieren que El Salvador explote sus recursos minerales mientras ellos sí lo hacen. Nada más alejado de la realidad, pues la Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue resultado de la lucha social y de un amplio consenso nacional que obligó a la Asamblea Legislativa a aprobar dicha normativa por unanimidad.

La prohibición definitiva de la minería metálica fue el segundo gran acuerdo nacional después de los Acuerdos de Paz. En este coincidieron las comunidades directamente afectadas, las organizaciones ambientalistas y todo el movimiento social, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, sectores políticos de izquierda y de derecha, las universidades y  sectores empresariales.

Armando Bukele, padre del presidente de facto, fue un férreo opositor a la minería de metales por los daños ambientales que provocaría; y el propio Nayib Bukele saludó la prohibición y cuando lanzó su candidatura presidencial en 2018 incorporó en su “Plan Cuscatlán” el cumplimiento pleno de esta ley como medida de protección del medioambiente. El autócrata también elogió el desempeño de Luis Parada en su rol de defensor del Estado salvadoreño en el CIADI.

Las presiones desde el extranjero más bien eran a favor de la minería: permitirla, no prohibirla. El lobby de las empresas mineras, organismos financieros como el Banco Mundial y otras instancias internacionales trataron de impedir la prohibición. Por tanto, esta mentira de Bukele se cae por sí sola y el autócrata se desdice a sí mismo.

Y, para terminar, la quinta falacia es que El Salvador es el único país que mantiene la “absurda” prohibición de la minería metálica. Ciertamente sólo en el país existe una prohibición definitiva de la minería metálica, debido a sus particulares condiciones territoriales, poblacionales, ambientales e hídricas, que no tiene ningún otro país. Ésta es la razón por la cual es el único en tener una prohibición total.

Sin embargo, sí existen prohibiciones parciales en muchos países del mundo. Por ejemplo: en Costa Rica está prohibida la minería a cielo abierto; y en varios países de Europa está prohibido el uso del cianuro, lo cual es una forma indirecta de prohibir la minería de oro y plata porque es imposible realizarla sin utilizar este químico tóxico.

Otros países también tienen vedas temporales o espaciales, es decir, prohíben hacer minería durante cierto tiempo o en algunos lugares específicos. En Estados Unidos y Canadá algunos estados territorialmente más grandes que El Salvador han prohibido la minería de oro y otros metales preciosos; y otros establecen regulaciones anti mineras tan fuertes que es prácticamente imposible desarrollar actividades de exploración y explotación de metales como el oro.

En resumen, es falsa o —al menos— extremadamente dudosa la enorme riqueza mineral anunciada por Bukele, porque sus datos están inflados y no se basan en ningún estudio técnico. También es falso que la minería metálica provea suficientes recursos al Estado, sea una fuente significativa de trabajo y propicie desarrollo económico. Tampoco es cierto que la extracción del oro pueda realizarse sin dañar el medioambiente. Y mentirosas son también las afirmaciones de que la prohibición de la minería es una imposición externa y que ningún otro país prohíbe esta actividad extractivista.