Crisis ambiental
El bukelismo reactiva la minería metálica pese al rechazo de la población y sin estudios científicos que la respalden
En la última plenaria del año, en vísperas de navidad, 57 diputados del oficialismo y sus aliados celebraron haber aprobado la reactivación de la minería metálica en el país, a pesar de que 61 de cada 100 salvadoreños rechazan la minería metálica, según la más reciente encuesta de la UCA. Los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, caracterizados por obedecer las órdenes de Nayib Bukele y aprobar todo lo que reciben de Casa Presidencial sin objetar nada, siguieron su habitual proceso exprés de saltarse el debate legislativo y el estudio técnico de la Ley General de la Minería Metálica.
Por Francisco Otero
Diciembre 24, 2024
Los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la Ley General de la Minería Metálica, este 23 de diciembre y en vísperas de navidad, de forma inconsulta y sin pasar por un debate legislativo en el que se presentaran nuevos informes para superar los estudios científicos que llevaron a la prohibición de la actividad minera en 2017. Los estudios científicos señalaban que El Salvador, siendo el segundo país con más deterioro ambiental de Las Américas, no tenía la capacidad para garantizar un control de daños que paulatinamente serían irreversibles y que acelerarían la escasez de agua, contaminación y enfermedades en la población.
A pesar de las advertencias de esos estudios científicos y de que la academia, la iglesia católica, los ambientalistas y que, incluso, la mayoría de la población rechaza la minería metálica en el país, los 57 diputados siguieron el guion que los caracteriza: obedecieron las órdenes e intereses del mandatario Nayib Bukele y aprobaron la ley, sin objetar nada. Luego, se pusieron de pie, aplaudieron y celebraron haber reactivado la minería metálica, a pesar del rechazo generalizado de los distintos sectores de la sociedad salvadoreña y de las graves consecuencias.
#Minería | Diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, PCN y PDC, aprueban la Ley General de #MineríaMetálica. Los partidos Vamos y ARENA votaron en contra de la normativa. pic.twitter.com/XR5u2TQyHc
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) December 23, 2024
El bukelismo ignoró a las mayorías
Desde que Bukele —presidente inconstitucional de El Salvador— anunció sus intenciones de revertir la prohibición de la minería metálica, tan solo 26 días antes de la aprobación de la ley, distintos sectores de la sociedad salvadoreña pidieron públicamente que no se derogara la prohibición de la minería. Ese rechazo a la minería no fue solo de ciudadanos organizados, sino también de la mayoría de la población.
El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) hizo una encuesta en todo el territorio nacional, entre el 5 y el 17 de diciembre, y descubrió que 61 de cada 100 salvadoreños rechazan la minería metálica. Además, la mayoría de los encuestados lo tienen claro: “los principales beneficiados con la riqueza generada por la minería metálica serán las élites económicas nacionales e internacionales, y el gobierno”. Dicho en otras palabras, los encuestados no consideran que la actividad minera sea un beneficio económico para los pobres.
Según el vicerrector de proyección social de la UCA, Omar Serrano, “esta encuesta evidencia que la opinión de la mayoría de la población está en consonancia con lo que dice la ciencia sobre la minería metálica y con lo que han revelado estudios serios sobre la situación medioambiental de El Salvador; es decir, es una opinión informada”.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, insistió el domingo 22 de diciembre en que la Asamblea no debía aprobar la reactivación de la minería y señaló que “no se trata de una discusión política partidista, sino de la protección de la vida y la salud de las personas”.
Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador pide a las autoridades que no se apruebe una nueva ley de la #minería.
— Arquidiócesis de San Salvador (@arzobispadoss) December 23, 2024
Se trata de proteger la vida y la salud de las personas.#NoALaMineríaEnElSalvador pic.twitter.com/0Iu8zQXs7M
En la mañana de este 23 de diciembre, ecologistas y ciudadanos organizados se congregaron frente a la entrada principal de la Asamblea Legislativa para protestar en contra del dictamen favorable que fue aprobado por la comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el pasado 21 de diciembre, en una sola sesión que duró poco más de dos horas en las que no se presentó ningún tipo de estudio científico para respaldar la reactivación de la minería metálica en el país.
Los ecologistas fueron recibidos por Agentes del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes les impidieron el paso con barricadas. En el lugar, diferentes líderes sociales exigieron a los diputados que no aprobaran la ley. Pero, unas horas más tarde, fueron ignorados y la ley fue aprobada.
“Estamos frente a este Órgano Legislativo para exigir que no deroguen esa ley que fue aprobada por unanimidad y con consenso nacional en el año 2017”, expresó, tras la barricada, Vidalina Morales, directora de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES Santa Marta), quien además aconsejó a los diputados oficialistas: “En esta ocasión no deberían hacer caso a su patrón (Nayib Bukele), como lo han venido haciendo en tantas oportunidades al aprobar leyes que afectan enormemente al pueblo”.
Morales agregó que las personas que viven cerca de los proyectos mineros saben que “se contaminaría aún más el agua de las comunidades y la salud de las personas empeorará”. Las declaraciones de Morales coinciden con la respuesta de 8 de cada 10 encuestados de la UCA, quienes consideran “muy peligroso” vivir cerca de una mina.
“¿Por qué decimos no a la minería? Porque para obtener una onza de oro se necesitan enormes cantidades de agua. Oro que no llegará a las comunidades, sino a las empresas transnacionales y a los políticos”, denunció Claudia Rodríguez, de la organización Mujeres Ambientalistas de El Salvador.
Carlos Flores, del Foro del Agua, calificó la nueva ley como “un conjunto de engaños”. Señaló que, aunque el artículo 8 prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras, no menciona el uso de otros químicos tóxicos como el cianuro, que también deja graves consecuencias ambientales y sociales.
En su intervención, el franciscano Fray Edison Zamora, de Caminata Ecológica, comparó a los diputados oficialistas con Herodes: “Si esta Asamblea aprueba una ley que permite la minería, serán otros Herodes, que buscan matar a los inocentes y a las futuras generaciones, porque el proyecto de minería es de destrucción”.
Tras la aprobación de la ley, la Universidad de El Salvador (UES) también se pronunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. La única universidad pública, que bajo la administración Bukele se ha mostrado genuflexa, en el tema de la minería sí ha discrepado con el gobierno. En su comunicado señaló que rechaza la Ley General de la Minería Metálica porque “todos los estudios científicos demuestran que las actividades mineras, no importa su escala o tipo, generan impactos sociales y ambientales graves, y en muchos casos irreversibles, situación que impactará negativamente aún más a El Salvador, debido a su limitada dimensión territorial, alta densidad poblacional y recursos hídricos en estado crítico”.
Por lo que solicitó a Bukele que no sancione la ley; es decir, que no le dé el aval presidencial para convertirla en ley de la República. Asimismo, lo exhortó a considerar el impacto a corto, mediano y largo plazo de las actividades de exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos”.
La ley y sus implicaciones
A la 1:53 de la tarde del 23 de diciembre, los 54 diputados oficialistas y sus tres aliados sumaron 57 votos para aprobar la Ley General de Minería Metálica, sin mayor discusión jurídica ni científica. Este tipo de aprobación exprés, en la que no hay fundamentos legales ni argumentos científicos, ha caracterizado a la Asamblea Legislativa desde que es controlada por Nayib Bukele. Solamente los dos diputados de Arena y la diputada de Vamos votaron en contra y exigieron un debate legislativo. Pero al ser una oposición tan raquítica, esos tres votos no cambiaron nada.
La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, criticó que “el 23 de diciembre de 2024 será un día triste y lamentable por la aprobación de una ley inconsulta y vergonzosa que atenta contra la vida de los salvadoreños”.
Con la ley, el Estado salvadoreño controlado por el bukelismo permite nuevamente la actividad minera. Según las explicaciones de Bukele, en las que no citó estudios científicos específicos, en el país pueden extraerse aproximadamente 50 millones de onzas de oro, valoradas en $3 billones. Además de otros tipos de metales. Lo que omitió en sus explicaciones es lo que han señalado la academia, los ecologistas y hasta la iglesia: la minería responsable no existe y lo obvio es que va a contaminar la poca agua que queda en este país que atraviesa una crisis hídrica. Especialmente, el agua del río Lempa, que es el más importante porque abastece aproximadamente a 4 millones de salvadoreños. La contaminación, además, alcanzará al suelo, al aire y dejará afectaciones a la fauna y flora.
La ley destaca, sin respaldo científico, que la minería ayudará a “potenciar el desarrollo del país para mejorar la calidad de vida de la población en general, explotando los recursos naturales, respetando el medio ambiente” y agrega que “trae la creación de empleo, mejora la infraestructura y aumenta los ingresos del gobierno, contribuyendo al crecimiento económico del país”.
En cuanto a la ejecución de los proyectos mineros, el artículo 6 de la ley dice que “el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica”. Sin embargo, también deja vía libre a cualquier empresa privada para realizar esta misma tarea, al estipular que la actividad minera podrá realizarse “a través de sociedades en las que el Estado posea participación accionaria”.
La diputada de Arena, Marcela Villatoro, acusó de “mentirosos” a los diputados oficialistas por aprobar un artículo tan ambiguo como el 6, en el que se establece que el Estado sería el único autorizado para realizar las actividades mineras, seguido de una autorización para que cualquier otra entidad participe: “El Estado fácilmente puede crear una empresa donde tenga un 1% de acciones y otra empresa privada puede tener un 99% y llevarse lo que hay en el país”, dijo la diputada.
El artículo 8 señala que se “prohíbe la utilización de mercurio y cualquier otra sustancia no autorizada previamente por la Dirección Minera en las actividades comprendidas en el ciclo minero”. Esto se debe a los daños ambientales y sociales que genera la utilización de este químico para la extracción de oro. Sin embargo, en la ley no se dice nada sobre otros elementos sumamente tóxicos, como el cianuro y el arsénico, que pueden causar la muerte de seres humanos que consumen aguas contaminadas, según estudios científicos.
El artículo 18 establece que la realización de las actividades de exploración, explotación y procesamiento de recursos minerales metálicos debe realizarse de forma “racional y sustentable”. Además, “el encargado de esta actividad deberá ser un profesional experto y con experiencia comprobada en materia de minería”. Según la diputada oficialista Elisa Rosales, estos son los elementos más relevantes de esta nueva ley, porque reduce el alcance por parte de particulares sin relación con el Estado. De acuerdo con la legisladora, en las explotaciones mineras del pasado el Estado no era un actor determinante, lo que llevó “a malas experiencias”. Por ello, esta ley garantiza, según ella, que en esta ocasión será distinto.
Este nuevo cuerpo jurídico otorga la responsabilidad a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para la regulación de las actividades previas a la explotación minera. Esto incluye la autorización de los estudios de reconocimiento superficial, así como la operación de plantas de procesamiento de minerales y la movilización de materia prima extraída y procesada.
También establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto con la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA), deben realizar la vigilancia y cumplimiento de las condiciones medioambientales y de preservación de los recursos hídricos derivadas de las actividades mineras.
Entre las obligaciones para que se obtenga el permiso para realizar la actividad minera están: “Presentar un manual de seguridad minera, permitir las labores de inspección en cualquiera de sus instalaciones, presentar informes anuales que contengan operaciones técnicas mineras, volúmenes de extracción, producción y comercialización de material, y cumplir con la legislación en materia ambiental y laboral”.
El artículo 19 establece que todas las actividades relativas a la explotación, extracción y procesamiento minero requerirán un plan para su cierre de operaciones, el cual tendrá dos fases: cierre técnico y remediación ambiental del ciclo minero, que será responsabilidad del MARN.
Las infracciones graves se sancionarán con multas de entre 100 y 500 salarios mínimos mensuales para el sector comercio, mientras que las infracciones muy graves se sancionarán con multas de entre 501 y 1,000 salarios mínimos mensuales para el mismo sector.
Las consecuencias y los antecedentes ignorados por el bukelismo
Andrés McKinley, experto en agua y minería de la UCA, señaló que las concentraciones de oro en El Salvador son muy bajas, por lo que “para obtener seis gramos de oro, se necesita procesar una tonelada de tierra y roca, lo que implica que para lograr suficiente oro para una onza, hay que procesar más de 20 toneladas de material”.
Otro problema es la sobreexplotación del agua para procesar oro y plata: “La minería requiere enormes cantidades de agua en cada fase del proceso. Las minas en Centroamérica utilizan, en promedio, más de un millón de litros de agua diarios”, dijo Mckinley.
El académico también mostró preocupación por el estrés hídrico en el país: “Vivimos en un país donde no existe suficiente agua para solventar las necesidades básicas de las personas”.
El drenaje ácido de minas es otro fenómeno preocupante. Según McKinley, “esto ocurre cuando la roca que se está explotando tiene altos contenidos de sulfuro. Al exponerse al oxígeno y al agua de lluvia, se convierte en ácido sulfúrico, que penetra los ríos y se filtra a los mantos acuíferos”.
Según un estudio realizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), titulado “El lado oscuro del oro: Impactos de la minería metálica en El Salvador”, en el proceso de extracción minera del oro o lixiviación se utilizan diversos químicos tóxicos para separar el metal de los demás materiales, como el cianuro.
El mismo estudio sugiere que el arsénico, un semi-metal altamente tóxico, puede contaminar de forma continua los ecosistemas superficiales y los mantos acuíferos, además de causar la muerte de quienes estén expuestos a él.
Una de las experiencias mineras en El Salvador que ilustra cuán contaminante puede ser esta actividad para el medio ambiente es la del río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, entre 2001 y 2013. Expertos internacionales y del MARN visitaron el lugar para evaluar los impactos de la minería. Las conclusiones arrojaron que el agua ya estaba contaminada. Según informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el agua del río y en las tierras aledañas había presencia de mercurio, cobre y arsénico, además de manganeso, hierro, aluminio, cianuro, plomo, zinc, selenio, sulfatos, boro, níquel y litio.
En el año 2017, la Asamblea Legislativa prohibió totalmente la minería metálica en El Salvador tras una larga batalla legal e internacional entre la minera Pacific Rim (Oceana Gold) y el Estado salvadoreño. Además de una lucha social que dejó asesinatos de ambientalistas impunes hasta la actualidad y estudios científicos que indican los impactos negativos al medio ambiente y al desarrollo social y económico de la población salvadoreña.
Antes de la prohibición de la minería metálica, organismos internacionales y nacionales ya habían advertido de forma técnica que El Salvador no tenía las condiciones para permitir esta actividad. En 2010, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas clasificó a El Salvador como el segundo país con mayor deterioro ambiental en Las Américas, solo después de Haití. En 2011, el MARN hizo una evaluación ambiental del sector minero y concluyó que el país era tan vulnerable que no podía garantizar un control eficaz ante el riesgo de impactos ambientales y sociales.
