Política
Muere expresidente Mauricio Funes en el exilio y con condenas pendientes por corrupción
El crítico experiodista Mauricio Funes representó una esperanza para los pobres históricamente marginados por las dictaduras militares y gobiernos de derecha que servían a las élites económicas del país. Pero la esperanza duró poco. Los programas sociales que impulsó quedaron opacados muy temprano en su gestión presidencial, ya que sus actos de corrupción hacían un ruido imposible de ignorar. Dos años después de entregar la Presidencia de la República, Funes buscó asilo político en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega. En El Salvador lo estaban investigando por hacer de la “partida secreta de la Presidencia” su chequera personal y por conceder tratos privilegiados a los cabecillas de las pandillas en las cárceles a cambio de una reducción de homicidios. Dos de los seis procesos judiciales en su contra concluyeron en condenas que sumaban 20 años de prisión. Para evitar ser extraditado y cumplir las condenas, el régimen de Ortega le otorgó la ciudadanía nicaragüense. Así, en el exilio y con condenas pendientes, Funes falleció en la impunidad.
Por Eugenia Velázquez y Ezequiel Barrera
Enero 22, 2024
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El primer presidente de izquierda en la historia de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, falleció la noche del 21 de enero de 2025 en Nicaragua, donde se exilió desde 2016 bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega y donde permaneció prófugo de la justicia salvadoreña, que lo terminó condenando —en ausencia— por haber negociado con pandillas y por actos de corrupción; además, enfrentaba otros cuatro procesos judiciales, por diferentes delitos, que aún no habían terminado.
El Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó que, a las 9:35 de la noche del pasado martes, Funes falleció “como resultado de una grave dolencia crónica”. Además, informó que la familia solicitó que el funeral sea realizado en ese mismo país.
A Nicaragua llegó en 2016, cuando comenzaron las investigaciones en su contra por diferentes casos de corrupción cometidos durante su gestión presidencial 2009-2014. El dictador Ortega le concedió asilo político, junto a su expareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y sus tres hijos. Luego, en 2019, el vecino país le otorgó la ciudadanía nicaragüense para rescatarlo de la extradición que El Salvador solicitó para juzgarlo, condenarlo y enviarlo a prisión.
Aunque siempre sostuvo que era inocente y que el sistema judicial salvadoreño había sido amañado en su contra, tanto la prensa independiente como las autoridades lograron reunir evidencias para demostrar que el expresidente Funes estuvo involucrado en la tregua entre pandillas de 2012 para disminuir los homicidios en el país, enriquecimiento ilícito y clientelismo utilizando al menos $351 millones de los fondos públicos para favorecer a sus amigos, socios y familiares.
Cuando llegó a la Presidencia de la República —de la mano de la exguerrilla convertida en el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y tras una premiada trayectoria como periodista televisivo agudo y valiente que inspiraba confianza en la población que lo eligió— comenzó a impulsar programas sociales sin precedentes para favorecer a los más pobres de la sociedad salvadoreña que habían sido históricamente marginados por las dictaduras militares y los gobiernos derechistas de Arena que representaban los intereses de las élites económicas del país. Bajo su mandato se creó el programa de ayudas escolares, para que los estudiantes tuvieran uniformes, zapatos y útiles escolares. Asimismo impulsó una reforma en Salud, amplió subsidios para las familias de escasos recursos y junto a su exesposa Vanda Pignato montó sedes de Ciudad Mujer para apoyar a las mujeres pobres en diferentes áreas.
Todo eso, sin embargo, quedó opacado cuando muy temprano en su gestión comenzó a utilizar fondos públicos para favorecer a sus propios intereses y los de su círculo más cercano. Además de llevar un estilo de vida lleno de excesos y lujos, muy diferente a cuando era periodista de clase media con deudas a largo plazo. Asimismo se asoció con personas de la vieja derecha corrupta que se separaron de Arena y crearon el partido Gana, mismo que en 2019 sirvió de vehículo para que Nayib Bukele llegara a la Presidencia.
Funes es el tercer presidente en ser procesado judicialmente en la historia reciente del país y es el segundo que muere en impunidad. El primero en fallecer fue el expresidente Francisco Flores, quien gobernó en el periodo 1999-2004 y quien fue acusado de malversar un donativo de $10 millones que hizo Taiwan para ayudar a los damnificados del terremoto de 2001. El único expresidente que está pagando su condena en prisión es Elías Antonio Saca, cuyo mandato comprendió desde 2004 hasta 2009. Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente de Funes y su sucesor para el periodo 2014-2019, también es investigado por corrupción y de la misma forma está exiliado.
La corrupción de Funes
En mayo de 2023, el expresidente fue condenado a 14 años de prisión, en un proceso judicial que se hizo en ausencia del acusado. Seis de esos años de prisión fue por el delito de incumplimiento de deberes y ocho por agrupaciones ilícitas. Estos delitos, según la Fiscalía General de la República (FGR), fueron cometidos por el involucramiento de su gobierno en la facilitación de una tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en sus dos facciones. De acuerdo con investigaciones periodísticas, su gobierno otorgó beneficios carcelarios a los cabecillas a cambio de que los pandilleros en libertad redujeran la cantidad de asesinatos diarios en un El Salvador que se estaba convirtiendo en la capital mundial de homicidios e inseguridad pública.
Según las investigaciones, esto provocó que las pandillas mutaran para convertirse en estructuras criminales mejor organizadas con incidencia política, capaces de utilizar la cantidad de homicidios diarios como extorsión a los políticos. Situación que, según el periodismo independiente, también ocurrió en los primeros años del gobierno de Nayib Bukele, cuando su gobierno ofreció beneficios carcelarios a la ranfla de la MS-13 (máximos cabecillas) e, incluso, liberó de la cárcel a líderes pandilleriles como Elmer Canales Rivera, alias “Crook”, para evitar su extradición a Estados Unidos y dejando su condena pendiente. No solo lo liberó sin justificación, sino que también lo ayudó a huir del país. Cuando esas negociaciones se rompieron y los casos de homicidios aumentaron a 87 en un solo fin de semana —siendo esos los tres días más violentos del presente siglo— Bukele optó por imponer el régimen de excepción.
Aparte de esa condena, el exmandatario Funes también fue condenado en julio de 2023 a otros seis años de prisión por evadir impuestos al final de su gobierno. De acuerdo con una auditoría del Ministerio de Hacienda, el exfuncionario declaró información falsa para evadir $85.1 millones en impuestos, más multas e intereses que sumados hacen un total de $200.4 millones.
La Fiscalía comenzó a revelar que había estado investigando a Funes en 2016. En ese año, señaló que el exjefe de Estado lideró una estructura administrativa para desviar $351 millones del erario público. Este dinero provenía de la partida “gastos reservados de la Presidencia”, o como se le llamaba comúnmente “la partida secreta”. Con esos fondos, pagó sus tarjetas de crédito, adquirió 14 propiedades, instaló un lujoso spa en la calle Maquilishuat y una vivienda en la residencial Lomas de Altamira; asimismo pagó impuestos de la agencia de publicidad Polistepeque que le manejó su campaña presidencial. También pagó viajes de sus familiares y personas de su círculo de confianza. Para hacer estas transacciones, el Banco Hipotecario del Estado fue clave en el entramado.
La Fiscalía también reveló que con ese dinero, incluso, Funes pagó cirugías plásticas de su excompañera de vida Ada Michell Guzmán Sigüenza, que fue con quien huyó a Nicaragua, luego de separarse de su esposa y exprimera dama Vanda Pignato.
El exfiscal general Douglas Meléndez también lo acusó, en 2018, de haber pagado sobornos al exfiscal general Luis Martínez para que omitiera investigar la tregua entre pandillas que su gobierno facilitó y que dejara de investigar las irregularidades millonarias en la construcción de la represa El Chaparral. Según la investigación, Funes habría pagado entre $10,000 y $20,000 mensuales al exfiscal con fondos que provenían de la Presidencia.
En la compleja red de prestanombres que la Fiscalía identificó para desviar fondos del Estado estaban empleados de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, como Pablo Gómez, Francisco Arteaga y Jorge Alberto Herrera. En la lista también aparece su amigo Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, quien también se convirtió en contratista del gobierno.
Además es acusado de divulgar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que es emitido por las autoridades de Estados Unidos y que advertía sobre transacciones irregulares en la administración presidencial de Francisco Flores. La divulgación de este documento no solo fue un delito de Funes, sino una estrategia para que el FMLN sacara ganancia política en las elecciones de 2014, cuando el comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén ganó las elecciones.
De político mesiánico a traidor exiliado
Funes era un destacado periodista en la televisión salvadoreña por su valentía y agudeza al entrevistar y acorralar a los gobernantes de turno. Era crítico de la realidad nacional y ocupaba su posición para cuestionar al poder económico y político del país. Con eso se ganó la confianza de la población que ya estaba cansada de cuatro gobiernos de Arena (20 años) en los que hubo privatizaciones, corrupción y desprecio por los pobres.
Con ese panorama, Funes se presentó como un político diferente y honesto, que de la mano del FMLN —la guerrilla que libró una guerra para defender a los pobres— iba a gobernar para mejorar las condiciones de los más vulnerables.
“Nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos, repito, nosotros definitivamente, no tenemos el derecho de equivocarnos. Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio ha sido inútil, es hora de emprender un camino nuevo de plena convivencia en democracia. No tenemos, por tanto, el derecho de traicionar nuestros sueños, ni de errar el camino”, dijo Funes, el 1 de junio de 2009, tras su juramento presidencial. Y la población explotó en aplausos, llena de esperanza.
Pero los aplausos duraron poco. La esperanza se esfumó cuando la población se enteró de la corrupción y de las alianzas que Funes hizo con gente de la derecha a la que antes criticaba. Así que al entregar la Presidencia se fue exiliado, sin el apoyo de las masas que lo eligieron y lo veían como su salvador.
