Por Leonel Herrera

Nayib Bukele ha presentado la detención de Eugenio Chicas como una acción de su “lucha contra la corrupción”, ahora impulsada por una pantomima de “Ley Anticorrupción” con la que el presidente inconstitucional intenta engañar al Fondo Monetario Internacional (FMI) haciéndole creer que cumple con una de sus condiciones para desembolsar el postergado préstamo de 1,400 millones de dólares.

“Lucha contra la corrupción”, escribió el gobernante ilegítimo en sus redes sociales, compartiendo la publicación de la Fiscalía General de la República (FGR) con el expresidente de Tribunal Supremo Electoral (TSE) esposado y escoltado por dos agentes policiales (como probablemente Bukele deseaba ver a Chicas desde cuando éste le ganó en los tribunales una demanda por difamación y calumnia, cuando se burló de sus diputados y protestó simbólicamente contra el Bitcoin en la Asamblea Legislativa, cuando testificó en el juicio que sobreseyó a los ambientalistas de Santa Marta y ADES o cada vez que Chicas criticaba sus abusos de poder, violaciones de derechos humanos y atropellos contra la democracia).

El chiste de la “lucha contra la corrupción” es un chiste mal contado y repetitivo que aparece siempre que el presidente ilegal necesita distraer a la población: un mal chiste que hasta a muchos simpatizantes del oficialismo desagrada cada vez más. De hecho, en una de las publicaciones de Bukele varios de sus seguidores reaccionaron reclamando que “porqué la ley (anticorrupción) sólo se aplica al bando contrario” o que “cuándo serán procesados Osiris Luna, Carolina Recinos, Pablo Anliker y otras “figuritas” del oficialismo señaladas de corrupción.

Ciertamente, el autócrata dice combatir la corrupción mientras mantiene la administración pública en la opacidad con declaraciones ilegales de reserva de información, protege a sus funcionarios señalados de actos de corrupción y esconde miles de millones de dólares en el Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), los fondos reservados de la presidencia y otras nuevas “partidas secretas”. 

El inconstitucional habla de combatir la corrupción mientras se agarra el dinero de los pensionados y cotizantes del sistema previsional, asigna de manera intransparente megaproyectos a empresa extranjeras, oculta la información sobre los proyectos de minería metálica, se niega a transparentar el fideicomiso del Bitcoin, no rinde cuentas sobre el acelerado proceso de enriquecimiento de su grupo familiar y celebra la pérdida de financiamiento de medios periodísticos independientes que han revelado posibles casos de corrupción de su gobierno. 

En marzo de 2020 el ahora presidente inconstitucional prometió que él mismo “metería presos” a los funcionarios que “tocaran (se robaran) un centavo” de los fondos públicos que se utilizarían para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19; pero nunca procesó a ningún funcionario. Lo que sí hizo fue cerrar la fugaz Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) cuándo se enteró que ésta investigaba doce casos de corrupción en el uso de dichos fondos y asesoraba a la Fiscalía (del exfiscal Raúl Melara) en otros 25 casos. 

Más recientemente, en noviembre de 2023, Bukele otra vez “le pidió” públicamente (en una reunión de gabinete ministerial transmitida en cadena nacional de medios de comunicación) a su fiscal general Rodolfo Delgado que investigara a todos sus funcionarios que podrían estar cometiendo irregularidades en su desempeño y en el manejo de recursos públicos. Nuevamente, más de un año después, ningún funcionario gubernamental ha sido procesado. 

A los que sí ha procesado el flamante fiscal oficialista es a políticos opositores y exfuncionarios de gobiernos anteriores; por ejemplo: a mediados de enero, poco después de ser reelecto en el cargo, Delgado inauguró su nuevo período con demandas civiles por supuesto enriquecimiento ilícito contra Guillermo Mata y Norma Guevara, exdiputados del FMLN. Dicha acusación es ridícula, ya que —según argumentó en una entrevista televisiva uno de los señalados— ninguno de ellos tuvo acceso a fondos públicos más allá de su salario como legisladores. 

Esto muestra claramente que el fiscal general no fue reelecto para hacer valer la legalidad y para defender los intereses del Estado y de la sociedad, como dice la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la FGR, sino para perseguir judicialmente a disidentes y opositores del régimen bukelista. Es oportuno recordar que durante su primer mandato, lo primero que hizo Delgado fue desbaratar la unidad fiscal y perseguir a los fiscales que investigaban casos de corrupción de la administración de Bukele y la negociación de éste con los jefes de las pandillas. 

Ahora Nayib Bukele aparece con su “Ley Anticorrupción” solicitada por el FMI y presenta a Eugenio Chicas como el nuevo “corrupto” a perseguir. No está claro si el exdiputado, expresidente del TSE y exsecretario presidencial de comunicaciones se enriqueció ilícitamente (como dice la Fiscalía y los tribunales del régimen bukeliano); lo que sí parece bastante obvio es que la captura arbitraria del reconocido político de izquierda está movida por razones más políticas que jurídicas. Se trata de un nuevo episodio del chiste de la “lucha contra la corrupción” del presidente de uno de los gobiernos que se perfila como uno de los más corruptos de la historia del país.