Por Cristian Meléndez

Organizaciones no gubernamentales que han tenido vínculos con el partido oficialista Nuevas Ideas y que, incluso, promovieron la reelección presidencial de Nayib Bukele y respaldaron las candidaturas de diputados oficialistas, recibieron fondos públicos del presupuesto general de la nación para 2025. Los legisladores que avalaron los montos, en la Comisión de Hacienda, son los mismos que fueron apoyados por al menos una de estas asociaciones.

Esta asignación de fondos públicos no solo contradice el discurso que mantuvo el partido oficialista durante su primera legislatura (2021-2024) cuando criticaba a las legislaturas anteriores por entregar dinero público a organizaciones de familiares de funcionarios, amigos y socios. La continuación de esta práctica en el bukelismo evidencia que la Asamblea aún no ha superado las presuntas irregularidades y faltas éticas que los mismos diputados de Nuevas Ideas investigaron, a través de una comisión especial que se creó en mayo de 2021 para determinar cuánto dinero público había sido otorgado a organizaciones con vinculaciones a partidos políticos y funcionarios.

Esa misma comisión contrató a un equipo de abogados penalistas —que incluía a Mario Machado, defensor legal del expresidente condenado por corrupción, Elías Antonio Saca— para que le ayudara con la investigación. Los abogados concluyeron, en un informe presentado en marzo de 2023, que las legislaturas anteriores controladas por los partidos Arena y FMLN pudieron haber cometido los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, peculado, negociaciones ilícitas y malversación de fondos. Todo eso por haber otorgado, cada año, millones de dólares a fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales que tenían vínculos partidarios o estaban ligadas a funcionarios. Una de esas organizaciones era la de la esposa del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que recibió medio millón de dólares para proyectos con alcaldías que ni siquiera sabían de la existencia de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (APDEMES). 

Con ese informe, la Asamblea aprobó un dictamen, en septiembre de 2023, en el que se recomendaba que el caso fuera enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su debida investigación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho público si la Fiscalía le está dando seguimiento a lo denunciado por los diputados.

Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, aseguró a GatoEncerrado que el proceso legislativo para asignar fondos públicos a organizaciones de sociedad civil no solo ha carecido de transparencia en el pasado, sino que continúa operando bajo la misma opacidad.

“El proceso de asignación de fondos en la Asamblea Legislativa a las organizaciones no gubernamentales no es transparente. No hay un proceso claro de qué organizaciones son beneficiarias, la motivación y la cantidad a partir de sus proyectos y necesidades. Esto permite una amplia discrecionalidad y que pueda otorgarse recursos públicos bajo criterios no objetivos”, lamentó López.

La experta en transparencia también señaló la contradicción del partido de gobierno, que mientras investigaba las legislaturas pasadas por la asignación irregular de fondos millonarios a organizaciones, reproducía la misma práctica. 

“Es una lástima que el discurso por transparencia y contra la corrupción no se corresponda con las actuaciones de los funcionarios. Hay una ausencia total de coherencia. Si actualmente se asignan recursos a organizaciones sin aplicar criterios de fiscalización y transparencia que se exigieron en el pasado, es una clara inconsistencia. La falta de criterios objetivos para la asignación de recursos a organizaciones da lugar al uso político de los fondos públicos y no al interés general, para lo cual fueron aportados por los salvadoreños”, agregó.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana  —una asociación que promueve la transparencia y el combate a la corrupción—, añadió que en la última década en que se ha dedicado a darle seguimiento al quehacer legislativo no ha encontrado “una sola evidencia” de que la Asamblea, antes del bukelismo y actualmente, haga estudios o evaluaciones sobre las instituciones a las que entrega fondos. 

“No es pública esa documentación (en el caso de que existiera). No consta. Entonces, eso pone en duda si aplican filtros rigurosos a la ahora de asignar recursos a las organizaciones”, subrayó Escobar.

Para los representantes de Cristosal y Acción Ciudadana, el problema va más allá de la histórica falta de transparencia de la Asamblea. Consideran que también se trata de una estrategia de “manipulación política” y señalan que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha fallado en su rol de fiscalizar el uso y destino de los fondos públicos, aportados por todos los salvadoreños a través de sus impuestos. Además, advierten que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) podría conocer el caso para determinar si los funcionarios han utilizado su cargo para beneficiar a familiares, amigos, socios o para asegurar votos en las elecciones.